Esta tesis está compuesta de introducción, cuatro capítulos con sus respectivas introducción y conclusiones, conclusiones generales y una enumeración final de las fuentes primarias y secundarias consultadas para la elaboración del trabajo. Para la división de la investigación en capítulos no he primado un criterio cronológico o geográfico sino temático. La razón reside en la propia lectura del material primario. Obviamente, las cartas de los ciudadanos a las autoridades se ven condicionadas por factores como la localidad desde la que son escritas, o la fecha en que se emiten. No es un detalle despreciable que la comunidad aragonesa quedara dividida, atravesada por una larga línea de frente de más de mil kilómetros. Este hecho determinó la propia guerra en el territorio nacional, e influyó decisivamente en las experiencias vitales que se tuvieron y por lo tanto en las prácticas de ciudadanía que se esgrimieron a uno u otro lado del frente.164
Al fin y al cabo, la duda de los primeros días sobre hacia qué lado se inclinaría la balanza, quién se haría con el control de la localidad, si los insurgentes o los republicanos, llevó a decisiones rápidas dependiendo del pasado político o del ambiente de tensión en los pueblos. Los vecinos y vecinas, temiendo que sus nombres estuviesen entre aquellos que eran señalados como objetivo para la eliminación física del enemigo, podían haber huido a la retaguardia del enemigo, o haberse escondido o emigrado si su militancia o compromiso social había sido republicano en la zona oeste o derechista en la zona este. También podían estar ya muertos, víctimas de la violencia política, o presos, o movilizados por uno u otro ejército.165 Cuestiones como estas explican
164 La llegada de las columnas catalanas organizadas desde el Comité de Milicias Antifascistas
recuperaron la zona oriental de Aragón para la República, de manera que en torno a finales de agosto de 1936 el panorama que quedó dibujado era una línea más o menos vertical que dividía la geografía en dos mitades. La mitad occidental, la zona oeste de Aragón, quedaría del lado de los sublevados, posteriormente llamados nacionales, de modo que la guerra se cuajó en las actuales comarcas de la Jacetania, Cinco Villas, la Hoya de Huesca, quedando los pueblos más cercanos a Barbastro controlados por las fuerzas leales, Borja, Zaragoza, Calatayud, la cuenca del Jiloca, la Sierra de Albarracín, Teruel... Las tres capitales de provincia quedaron del lado franquista, Zaragoza, Huesca y Teruel, aunque ésta última fue recuperada por el Ejército Popular de la República en el invierno de 1937
165 Si hablamos de vidas humanas, podemos apuntar que la capacidad de los hospitales de la
ciudad de Zaragoza y del cementerio de Torrero se vio desbordada, hasta el punto de que ya a principios de agosto de 1936 el Ayuntamiento pedía que la apertura improvisada de zanjas se acelerase con compresores que debían ser llevados al cementerio. Por su parte, las salas de los hospitales y la Facultad de Medicina sirvieron como depósito municipal de cadáveres. Además, las redadas que se llevaban a cabo en los barrios de la ciudad supusieron la detención masiva de personas que, posteriormente, eran conducidos a la cárcel de Torrero, «donde quedaban recluidos hasta que se les ponía delante del pelotón de fusilamiento». No
que de los más de trece mil expedientes de responsabilidad civil y política consultados, sean poco más de tres mil quinientas las personas que realmente estaban presentes, viviendo en sus municipios de vecindad, mientras los expedientes se tramitaban con toda su carga punitiva e impositiva. A su vez, este hecho arroja luz sobre el momento de intervención de los afectados y sobre sus reclamaciones, que van desde la denuncia del procedimiento, las explicaciones sobre el modo en que tal proceso les afecta y les sume en la indigencia, la protesta ante el saqueo de bienes, la indignación por el modo en que se embargaba su patrimonio, pasando por el intento de reducción del importe de la multa, la dilación en el pago de la sanción pecuniaria o la utilización de diferentes herramientas del débil que rebajasen el impacto de la Ley.
Con todo y sin despreciar los condicionantes que estas variables suponen y que serán convenientemente atendidos, hemos optado por una división temática de la tesis en la que, de un lado, se primen las propias prácticas de ciudadanía, categorizadas y explicadas en sus métodos e idiosincrasias, para de otro, conectarlas entre ellas para poder observar el cuadro total. Y es que estos patrones tienen más que ver con el mensaje que se intenta verter en estas mismas misivas que con el hecho de estar en guerra o ya en plena dictadura. En este sentido muchas de estas cartas a los poderosos están atravesadas por un lenguaje de deferencia necesario para poner en marcha el mismo recurso de protesta, pero esto es así en 1937, en 1940 y en 1944. Creemos que ello es debido a que las medidas de represión e incautación económica se ponían en marcha por las fuerzas rebeldes en el mismo momento en que los territorios aragoneses eran conquistados.
El primero de los capítulos («Esta justicia no es limpia ni justa». Las
reclamaciones de derechos individual y colectivamente) analiza las razones que los
procesados y procesadas por la Ley de Responsabilidades Políticas esgrimieron
obstante no eran pocas las ocasiones en que los presos no llegaban a Torrero y eran fusilados en algún descampado, tapia, o a orillas del Canal Imperial de la ciudad, habiendo pasado a la posteridad en el Registro Civil de Defunciones como “hombre desconocido” y “mujer”.Así, en cinco meses, se ejecutaron a 2597 personas en la ciudad de Zaragoza. De ellos, casi la mitad eran vecinos de barrios obreros, como Delicias, San José, Venecia, Arrabal y barrios rurales: eran agricultores, labradores y jornaleros. La otra mitad, una mezcla entre población asalariada y pequeña y mediana burguesía de barrios como la Madalena, San Pablo, Las Fuentes o Independencia: obreros, albañiles, pintores o electricistas. También profesiones liberales: abogados, profesores, estudiantes, etc. Información y cita en Julita CIFUENTES y María Pilar MALUENDA: “De las urnas a los cuarteles: la destrucción de las bases sociales republicanas en Zaragoza”: en Julián CASANOVA, Ángela CENARRO, Julita CIFUENTES, Pilar MALUENDA, Pilar SALOMÓN: El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Zaragoza, Mira, 1992, p. 57 y siguientes.
para mostrar su disconformidad con los principios procesales de la Ley. Mediante la visibilización de aspectos como la arbitrariedad y amplitud de la misma o la incorporación, con fuerza de prueba (irrebatible en la práctica), de la mera rumorología, de afirmaciones inconcretas o injustificadas y de comentarios abstractos, estas personas dibujaban un escenario que calificaban abiertamente de injusto. En una guerra contra el civil166 y en una posguerra contra el vencido,
el discurso del odio y la anti-reconciliación fue esencial para la construcción de la comunidad de la victoria. Este mismo discurso también fue, desde bien temprano, puesto en evidencia por parte de sus víctimas como una estrategia en contra del derecho a justicia, a la privacidad, a participar de la comunidad, y como una maniobra que amenazaba la libertad de movimiento, de pensamiento, o de expresión.167
Al poner por escrito estas vulneraciones de derechos que se describían como primarios e inquebrantables, se conectaba el ordenamiento jurídico de la dictadura con la vulneración del Estado de derecho. Este primer capítulo es por lo tanto un repaso a algunas de las expresiones mediante las cuales la ciudadanía le recordaba al régimen que intentar construir el aparato legal para su legitimidad distaba mucho de construir justicia. Además, aunque son mayoría las reclamaciones de justicia hechas de manera individual, historiaremos varias de las iniciativas puestas en marcha de manera colectiva en los municipios aragoneses. Hablamos aquí de protestas colectivas ante autoridades, redes de apoyo, protección y defensa mutua ante desarmes judiciales y apelaciones a un sentido de justicia que identifica el maltrato y los responsables, las autoridades y los vecinos que habían sacado beneficio de su desgracia.
En el segundo capítulo (Ni memoria, ni justicia, ni pan. La reivindicación de las
vidas dignas y de las vidas supervivientes) permanecemos en el campo de las
desposesiones más inmateriales, más intangibles y más relacionadas con el campo de la ética. Trabajamos el tema de la memoria tal y como lo abordaron los familiares de personas asesinadas por el bando vencedor. En primer lugar, atenderemos a su denuncia de la invisibilización de estas muertes, así como de la violencia familiar y estructural que tales muertes trajeron consigo. Para ello, ante
166 Javier RODRIGO: “Presentación. Retaguardia: un espacio de transformación”, Ayer, 76,
2009, cita de pp. 17-18 y la conexión frente-retaguardia en pp. 15-17.
167 La idea de la anti-reconciliación como fundamento esencial del régimen en Peter
ANDERSON: “¿Amigo o enemigo? La construcción de la verdad franquista sobre el pasado en guerra tras la ocupación”, en Óscar RODRÍGUEZ BARREIRA (ed.): El
Franquismo desde los márgenes: Campesinos, mujeres, delatores, menores..., Lleida, Espai/Temps,
todo viudas, mujeres, de personas que habían estado vinculadas a las culturas políticas de la izquierda española, pusieron de manifiesto tanto la privatización del sufrimiento social por parte del bando vencedor, como la usura de la memoria que suponía desterrar las vidas y memorias de sus maridos de la esfera pública en la que se podía sepultar, llorar y lamentar sus pérdidas. En la reivindicación de sus vidas ejercían el derecho a la memoria y recordaban que sus muertos no habían sido algo fortuito, sino que los agentes de la violencia eran parte del entramado social, y que quienes habían conseguido la disrupción violenta de sus vidas eran quienes ahora ostentaban el poder político y económico de sus municipios.
Una segunda esfera, también trabajada en el segundo capítulo, ligaba este derecho inmaterial a la memoria de los suyos y a la necesidad de dar un digno adiós, con la situación material y económica en que quedaban sus familias. Al fin y al cabo, la violencia física se ejerció principalmente sobre varones y fueron principalmente mujeres quienes quedaron como cabezas de familia monomarentales. Mujeres a las que, de un lado, el modelo ideal de feminidad junto con la legislación franquista quería fuera del trabajo remunerado, y quienes por otra parte estaban recibiendo sobre sus propios patrimonios los efectos del artículo 15 de la LRP, aquel que establecía que las sanciones económicas se harían efectivas, “por encima de los cadáveres” de los procesados, es decir, a cargo del causal de los herederos.
El tercer capítulo («Lo que reclamo es lo mío». Negociación de los artículos de la ley
y reapropiación de recursos para la vida material) desciende de las quejas, denuncias y
reivindicaciones sobre el propio procedimiento de Ley, así como de lo que implicaba la puesta en marcha de la Ley en el ámbito de la memoria y de las vidas familiar para los y las descendientes, a cuestiones concretas emanadas de los artículos. Mediante la negociación de artículos concretos de la Ley, aquellos que se referían a los informes patrimoniales, al pago de la sanción en plazos, a las circunstancias atenuantes del expediente, o a la reforma de la Ley de 1942. Gracias al recurso de la negociación por parte de los represaliados y represaliadas podemos comprobar cuáles fueron las estrategias de mímesis y de circularidad de los discursos desde arriba, en el sentido en que el lenguaje oficial fue puesto de manifiesto para hacerse con la empatía del régimen, pero también para explicar las propias microhistorias e historias locales de la Guerra Civil.
Por otra parte, estas demandas, plenamente materiales y vinculadas con los patrimonios personales y familiares, estaban conectadas de manera directa con unas reivindicaciones que traspasaban la propia negociación. Y es que al demandar sus bienes, estas personas exigían el derecho a recuperarlos, cuando
les habían sido arrebatados, o a conservarlos, cuando éstos estaban en peligro. De esta manera, vemos cómo se conecta la demanda de una soberanía sobre las condiciones materiales de existencia, y no una petición de beneficencia o asistencia al Estado. Se planteaba el derecho pues a tener una dignidad económica.
El último capítulo (Performatividad del género como estrategia del débil y entrada en
la comunidad nacional) se detiene a analizar tanto los modelos hegemónicos de
masculinidad y feminidad, como de qué manera las características asociadas a hombres y mujeres fueron exaltadas por los procesados y procesadas para hacerse con el beneficio de la duda del Tribunal. Mediante su presentación como hombres de orden, trabajadores y apolíticos, los varones represaliados quisieron vincularse con un canon de hombre que le garantizaba al régimen la integración de estos hombres en el Nuevo Estado. De la misma manera, las mujeres recordaron y exaltaron conductas de religiosidad, así como labores de cuidado y maternidad, que debían servirles como pasaporte de entrada en la comunidad nacional. Al trabajar la utilización del género como herramienta del débil calibramos el alcance de esta performatividad así como que fuera precisamente este canal el más seguro para la entrada en la comunidad nacional.
En este sentido, el orden de los capítulos sí influye en el producto. Tras atender a demandas y reivindicaciones que tenían que ver con una idea de justicia más universal y con derechos particulares muy en la línea de los posteriormente denominados como derechos humanos, o del iusnaturalismo: el derecho a justicia, a privacidad, a memoria, a propiedad y vida digna, queremos detallar cómo la petición de estos derechos, el éxito de estas quejas, dependería al fin de cómo sus demandantes se consiguieran vincular con los benefactores. Es por ello que el último de los derechos, el que los englobaba todos, el derecho a tener derechos, debió negociarse tanto con los artículos concretos de la Ley, como a través de la performatividad, de la puesta en marcha del discurso, del universo social, cultural y de género del franquismo. Y eso significaba presentarse como buenos ciudadanos, como hombres y mujeres decentes, de orden, religiosos,