Bacteriological Analysis

El conflicto armado interno tuvo efectos dramáticos y dejó secuelas graves en la vida económica, social, política, cultural y emocional de la población Ayacuchana, agudizando la pobreza y viejos problemas estructurales de la región. Las mujeres Ayacuchanas, principalmente rurales, por vivir en la zona más golpeada por la violencia política y su condición de pobreza y exclusión, fueron expuestas a un conjunto de vejámenes y acciones violatorias de sus derechos humanos fundamentales, en su condición de madres, esposas, hijas o hermanas de aquellas personas que eran consideradas sospechosas o involucradas con alguna de las fuerzas en conflicto.

Si bien las mujeres no fueron blancos directos de violencia, ellas sufrieron el dolor por los daños y violaciones de los derechos humanos de sus familiares y vecinos secuestrados, detenidos, desaparecidos o asesinados, pero muchas también sufrieron de manera directa amenazas y maltratos psicológicos permanentes, torturas y castigos físicos, violaciones sexuales e incluso asesinatos, tanto por las fuerzas del orden como por los grupos alzados en armas. En zonas de control de Sendero Luminoso fueron obligadas a retiradas intempestivas junto a sus hijos a zonas inhóspitas, sin provisiones de ropa ni alimentos, exponiéndose a las inclemencias del tiempo, incluso a trabajos forzados con privaciones de alimentación, educación de los hijos y acceso a servicios de salud.

Estos problemas, sumados a la destrucción de la infraestructura productiva y el tejido social, produjeron graves secuelas de tipo psicológico, económico y social en la vida de las mujeres y sus familias, que a la fecha no han podido superar. Si bien las mujeres sacaron fuerzas del dolor para hacer frente a la adversidad de la violencia y la pobreza, asumiendo la representación de la familia y la comunidad, desarrollando estrategias ocupacionales y de consumo para garantizar la sobrevivencia de sus hijos, así como de ancianos y huérfanos, no recibieron apoyo del Estado.

Los programas asistencialistas del Estado no llegaron a quienes más sufrían y, a pesar de beneficiar a algunos, no ayudó a superar los problemas y más bien generó dependencia. Recién en el periodo de la relativa pacificación, después de la captura de Abimael Guzmán, líder máximo de Sendero Luminoso, con el Programa de Apoyo al Retorno y Repoblamiento (PAR), las familias afectadas recibieron apoyo puntual del Estado en cuanto a rehabilitación de viviendas, infraestructura productiva y de servicios, siempre acompañados de programas de asistencia.

Estos programas no consideraron las necesidades específicas de las mujeres, particularmente de aquellas que perdieron a sus esposos y familiares, o cuya familia se desintegró como efecto de la violencia, colocándolas como jefas de hogar, que necesitaban de un apoyo más sostenido para reparar su salud física y mental, y tener acceso a actividades económicas para generar ingresos y mantener a su familia.

Las estrategias ocupacionales y de protección a la familia que desarrollaron las mujeres superando dificultades propias de su género, tradicionalmente marginado, son una lección valiosa que merece ser analizada, revalorada y expresada en políticas públicas locales, regionales e incluso nacionales, que garanticen potenciar las iniciativas y experiencias a través de programas de reparación y desarrollo integral.

Las mujeres reconocen que los programas sociales de emergencia han significado un apoyo en las épocas difíciles, pero al mismo tiempo manifiestan su rechazo al asistencialismo que se ha perennizado en zonas de pobreza, declarando que les genera

conformismo, dependencia y que no las ayuda a desarrollar sus capacidades como lo pudieran hacer los proyectos productivos sostenidos y sostenibles. Expresan que “no quieren seguir estirando la mano para recibir un apoyo que pronto se acaba, y que quieren trabajo porque tienen cerebro, manos y pies para trabajar”.

Las mujeres han demostrado capacidad de gestión de pequeños proyectos productivos de manera organizada, lo que requieren es un apoyo financiero, capacitación, asesoría técnica y un mercado para colocar su producción en condiciones favorables. Además existe una experiencia valiosa de apoyo de algunas municipalidades integrantes del AMUVRAE (Asociación de Municipalidades del Valle del Río Apurímac y el Ene) al garantizar la compra de lácteos y productos de la zona, transformados por las mujeres del valle (Sivia) para el Programa Vaso de Leche de sus jurisdicciones, que a través de una iniciativa regional y una ordenanza municipal podría ser replicado en otras municipalidades de la región.

Otra de las demandas importantes de las mujeres es la atención de la salud mental, terriblemente afectada durante el proceso de la violencia, lo cual se expresa en el miedo, rencor, sentimientos de culpa, tristezas no superadas, ansiedad, insomnio, somatización en dolencias físicas, pérdida de la memoria, etc.; cuya desatención se está expresando en otras formas de violencia en la vida cotidiana, problemas de relaciones humanas y, hasta cierto punto, incapacidad para reconstruir los lazos sociales rotos.

Por el rol importante de la familia, es de urgente necesidad atender la salud mental de la población, prioritariamente de las mujeres, para que ellas a su vez puedan contribuir en el mejoramiento de la salud mental de la familia y de la comunidad. Ellas han demostrado una capacidad de resiliencia para hacer frente a situaciones dolorosas y difíciles y en base a esa experiencia, ellas necesitan de apoyo necesario, de atención, capacitación y manejo de herramientas básicas que contribuyan a su restablecimiento y desarrollo como sujetos de derecho, para replicar en su entorno.

Consideramos importante visualizar y reconocer el aporte fundamental que cumplen las mujeres en el desarrollo de la familia, la comunidad y sociedad en general; pero fundamentalmente el rol importante que jugaron durante el proceso del conflicto armado interno y post conflicto, en la defensa de los derechos humanos en todos sus aspectos: la pacificación, la búsqueda de la verdad y la justicia, que siguen clamando; incidiendo en el diseño e implementación de políticas públicas desde los municipios que contribuyan al desarrollo integral de las mujeres.

La reparación como señala el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, es una obligación y responsabilidad ética del Estado, en reconocimiento y afirmación de la dignidad humana de quienes fueron víctimas y sufrieron daños materiales, físicos y emocionales, brindando ayuda y soporte para que la población, y en este caso las mujeres, recobre la confianza y se restablezcan los lazos rotos con la sociedad y el Estado.

A la fecha se han venido dando iniciativas regionales y locales de reparación en el marco del plan integral de reparaciones aprobado por el gobierno, experiencias dignas de replicar, por eso planteamos la necesidad de incidir en la aprobación e implementación de políticas públicas a nivel de algunos gobiernos locales, a fin de que se inicie con un programa de apoyo a las mujeres afectadas por la violencia en dos distritos de la provincia de Huanta: Santillana y Sivia.

Existen condiciones favorables para la consecución de la propuesta, en la medida que se tiene en el Gobierno Regional como consejera a una ex regidora provincial de Huanta y ex presidenta de la Red Regional de Regidoras de Ayacucho; así mismo la Gerencia de Desarrollo Productivo del Gobierno Regional de Ayacucho, está a cargo de una mujer, psicóloga de profesión y empresaria, ex presidenta de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza; ambas con interés de apoyar proyectos de desarrollo a favor de las mujeres. Por otro lado, la gestión anterior del Gobierno Regional ha creado el Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana (IRMA), que necesita entrar en actividad a favor de las mujeres de la región.

El Consejo Regional de Reparaciones de Ayacucho (CORA) que está integrado por instituciones públicas afines a los temas de reparación, representantes de las ONGs de la Región, representantes de alcaldes y organizaciones de afectadas, junto con la Coordinadora de Trabajo con Mujeres de Ayacucho/ Red Nacional de Promoción de la Mujer, la Red de Salud Mental y Derechos Humanos de Ayacucho (COTMA/RNPM) y la Federación Departamental de Clubes de Madres de Ayacucho (FEDECMA), serán aliados importantes en la gestión de la ordenanza.