Computer-Aided Qualitative Analysis

La desaparición de Estado ha sido un mito de la era neoliberal. Por ejemplo, Lyotard (1979) planteó el fin de los metarrelatos, entre ellos el del Estado. El filósofo

francés opone las metanarrativas de la era moderna a las pequeñas narrativas de la era posmoderna. Los grandes relatos que dieron sustento ideológico, político y filosófico a la modernidad fueron destruidos por una “pluralidad de los juegos del lenguaje”, donde las nuevas tecnología comunicacionales y la informática jugaron un papel trascendental en su destrucción. Estos elementos novedosos dan paso a un mundo lingüístico y simbólico, partiendo del plano filosófico y llegando al aspecto económico, donde la nueva economía posmoderna demanda producciones inmateriales. Para Lyotard, es la era posindustrial donde los Estados dejan su producción moderna centrada en las materias. Al necesitar el mundo un nuevo modelo interpretativo de la producción simbólica e inmaterial, se necesita una nueva interpretación de lo que le daba sustento a la modernidad: los metarrelatos del Estado, los héroes y los sujetos revolucionarios. Es por esto que Lyotard afirma desde un comienzo:

Simplificando al máximo, se tiene por «postmoderna» la incredulidad con respecto a los metarrelatos. Ésta es, sin duda, un efecto del progreso de las ciencias; pero ese progreso, a su vez, la presupone. Al desuso del dispositivo metanarrativo de legitimación corresponde especial entre la crisis de la filosofía metafísica, y la de la institución universitaria que dependía de ella. La función narrativa pierde sus functores, el gran héroe, los grandes peligros, los grandes periplos y el gran propósito. (Lyotard, 1979: 4)

No es casual que el discurso de Lyotard, surgido a finales de la década de los 70, coincida con el desarrollo del neoliberalismo, sucedido en la misma década, y que, además, se propenda en los dos por el fin del Estado. Los presupuestos antiestatales neoliberales van de la mano con la doctrina de la posmodernidad, siendo esta la reacción académica producto de los cambios históricos presentados después de la crisis de 1973 (Vega, 2007). Esta primera visión intelectual del fin del Estado ha prevalecido desde entonces en los centros universitarios. Posterior a esta posición, sucedieron dos hechos históricos trascendentales que dieron un nuevo impulso al miro del fin de la desaparición de los Estados: la caída del Muro de Berlín y la apertura económica y desintegración de la URSS.

Para el momento, dos superpotencias formaban un mundo bipolar, Estados Unidos y la URSS, apoyando un sin número de confrontaciones bélicas en el sudeste asiático, África y América Latina con el fin de exterminar la ideología contraria. Al ser vencida la URSS por el bloque capitalista encabezado por EE.UU, después de un largo desgaste bélico (Vega, 2007: 178-185), el mundo se quedó sin contrapesos. El modelo neoliberal, gestado desde los 70, quedó con el camino libre para ser implantado en todo el mundo,

comenzando con la moribunda Rusia y sus ex naciones socialistas. El “libre mercado” implantado mediante acuerdos de libre comercio desventajosos para los países del Sur – como el caso de México en 1994 (Vega, 2007:149-176)5- precisaba de una retórica antinacional que lograra convencer a los pueblos de recibir de una manera natural la aplanadora neoliberal. Esta excusa argumentaba el fin de los Estados nación, justificando una apertura de las fronteras económicas y una libre movilidad de personas, capitales y mercancías. La pretendida “libertad económica del mercado” moldeó el mito del derrumbe de las fronteras estatales y el fin del Estado como institución.

Es en este contexto que aparece una particular teoría puesta de moda durante unos años: el Imperio. Para Toni Negri y Michael Hardt (1997), el nuevo mundo no tiene países dominantes, potencias invasoras ni imperialismos clásicos. El “nuevo orden mundial” – según los autores- es el resultado de un equilibrio internacional pacífico y en constante expansión.

El imperio solo puede ser visto como una República universal, una red de estructura y poder y contrapeso, estructurada en una arquitectura inclusiva e ilimitada. La expansión del Imperio no tiene nada en común con la expansión imperialista, no se basa en Estados nacionales inclinados a la conquista, el saqueo, la masacre o la colonización de pueblos en la esclavitud. A diferencia de esta imperialismo, el Imperio expande y consolida sus estructuras de poder (…) finalmente, recordar que las bases del desarrollo y la expansión del Imperio es la búsqueda de la paz. (Negri y Hardt, 1997: 43)

La visión de los dos autores hace recordar a la República universal de la famosa saga Star Wars, un espacio donde seres de los más lejanos planetas tenían voz y voto, dentro de un sistema pacífico que mantenía el equilibrio de fuerzas en la galaxia. Lastimosamente la ciencia ficción se quedó sólo en los filmes de George Lucas, en nuestra realidad fue algo distinto. La inexistencia del Imperio, y por ende la pulverización de la teoría de Negri y Hardt, fue comprobada con el 11 de septiembre de 2001, con el ataque a Afganistán en 2002 y la invasión a Irak en 2003.

El atentado del 11 de septiembre de 2001 fue la muestra de la existencia de unos pueblos oprimidos durante años por el imperialismo estadounidense y bajo el yugo talibán de Ossama Ben Laden, ex alumno de la CIA y, por años, amigo de Estados Unidos. Este país fue reconocido como centro del “mal”, en la retórica religiosa fundamentalista

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También ver: Carmen Lira Saade, Carlos Mendoza, Zapatistas. Crónica de una rebelión, Canal Seis de Julio. 120 minutos. 2003.

musulmana. No fue un ataque en contra del Imperio, esa entidad etérea que Negri y Hardt explicaban como una “República universal”, sino fue un ataque contra un país, una nación y un Estado identificado por un grupo de combatientes como el origen de sus males sociales, económicos, culturales históricos.

La respuesta estadounidense fue en contra de otro Estado, Afganistán. Cuatro meses duró el bombardeo que sacó del poder a los Talibanes, régimen que EE.UU ayudó a colocar y mantener en el poder desde 1984. Y no salieron de allí los estadounidenses por largo tiempo, manteniendo el control del país y de las reservas de gas, objetivo por el que incursionaron. Después vino la invasión de EE.UU a Irak. Con este hecho se acaban los cimientos de la teoría de Imperio. En primer lugar, se relaciona falsamente a Sadam Hussein con Al Qaeda y se sentencia su régimen a la destrucción total. En segundo lugar, se pasa por encima de la ONU, desconociendo su negativa a un ataque militar. Éste se realiza con una coalición conformada por EE.UU, Reino Unido, Alemania, Francia y Japón, bajo la amenaza estadounidense de actuar solos en caso que nadie quiera frenar a Hussein (Ramonet, 2005). En tercer lugar, EE.UU se quedó por más de diez años en suelo iraquí, controlando las terceras reservas de petróleo más grandes del mundo (Harvey, 2003).

La invasión de Irak terminó siendo una expansión imperialista6 (Harvey, 2003), por parte de un Estado poderoso inclinado a la conquista, el saqueo, la masacre y la colonización, tal como lo negaba Negri y Hardt. El mundo de paz bajo la República Universal solo fue un sueño porque estos hechos comprobaron un mundo unipolar, encabezado por EE.UU, como Estado dominante, invadiendo Estados débiles como Afganistán e Irak, solicitando ayuda a Estados poderosos, frente a una ONU inservible e incapaz de frenar una invasión unilateral. Los Estados no se acabaron, ni fueron superados, ni se integraron dentro de una República Universal que buscaba la paz y el equilibrio mundial. Siguen existiendo con sus diferencias de poder, con sus intereses sobre otros Estados, especialmente sobre aquellos que tienen grandes recursos naturales.

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Ver el libro de HARVEY, David, El Nuevo Imperialismo, Parte I “Todo tiene que ver con el petróleo”, donde el autor expone la estrategia geopolítica global de EE.UU para controlar las reservas de petróleo en Venezuela e Irak. Además, argumenta las intenciones imperialistas estadounidenses en Medio Oriente desde Irak.

Entonces… ¿Qué pasó con el Estado?

El Estado cambió bajo el sistema neoliberal, acabándose el modelo benefactor y siendo substituido por un Estado débil en materia social y extremadamente fuerte en el gasto militar. En materia económica, su intervención se limitó al arbitraje de los intereses de las empresas; las empresas públicas fueron desfinanciadas y sacadas del mercado; se acabaron los subsidios a la economía nacional; se dedicó a privatizar cuanta empresa pública quedaba; fortaleció el aparato legislativo para expedir leyes tendientes a debilitar a los trabajadores y beneficiar a las empresas; las inversiones estatales se redujeron a las funciones básicas burocráticas, al gasto social focalizado en algunos sectores (con recortes presupuestales anuales) y, en una gran mediada, se dirigió el gasto público hacia los aparatos represivos: policía y ejército.

En lugar de no haber Estado, éste se ha hecho mucho más fuerte y más necesario para el capitalismo y su proyecto neoliberal. Las políticas neoliberales son completamente antisociales y generan malestar en la población, especialmente en los sectores menos favorecidos donde más fuerte golpean. Privatizar empresas, despedir trabajadores, desmejorar los salarios, beneficiar al capital nacional y extranjero, crear más cargas gravosas, etc., se cuentan dentro de las políticas antisociales. También los tratados de la macroeconomía, como los Tratados de Libre Comercio multilaterales o bilaterales, terminan generando un profundo rechazo en la población. Uno de los ejemplos más notorios de esta situación fue el levantamiento armado de los indígenas zapatistas de México, en 1994, después de la entrada en vigor del TLCAN. La conformación de la guerrilla y su expansión desde el foco de San Cristóbal de las Casas obligó al ejército mexicano a profesionalizarse en tácticas antiguerrilla, una guerra que no habían librado en la actualidad. El Estado necesitó de una inversión gigantesca para este propósito y para controlar las bolsas de apoyo surgidas en las ciudades y estados de todo el país. Es así como el Gobierno de Salinas de Gortari respondió a la protesta social, producto del tratado neoliberal firmado con los dos países norteamericanos. Precisamente, uno de los protagonistas de ese alzamiento en armas describe en los siguientes términos la función nueva del Estado neoliberal:

En el cabaret de la globalización, tenemos el "show" del Estado sobre una "table-dance" que de despoja de todo hasta quedar con su prenda mínima indispensable: la fuerza represiva. Destruida su base material, anuladas sus posibilidades de soberanía e independencia, desdibujadas sus clases

políticas, los Estados Nacionales se convierten, más o menos rápido, en un mero aparato de "seguridad" de las megaempresas que el neoliberalismo va erigiendo en el desarrollo de esta IV Guerra Mundial. En lugar de que la inversión pública la orienten al gasto social, los Estados Nacionales prefieren mejorar su equipo, armamento y preparación para cumplir con eficacia la labor que la política dejó de cumplir hace años: el control de la sociedad. (Marcos, 1999: 84)

Cuando existe una política represiva centralizada, donde el gasto público se destina sin desmedro, no se puede afirmar que el Estado no existe. Es una prueba que se ha fortalecido. El neoliberalismo necesita indiscutiblemente de los Estados para poder garantizar la puesta en marcha de sus políticas, manteniendo a raya a la población inconforme y aplicando el recetario economicista de privatizar las empresas estatales, cambiando el rumbo de lo público y otorgándole a los capitales plena autonomía. El profesor Renán Vega lo comparte de esta forma:

De una parte, son los Estados los que organizan los ataques contra los trabajadores con el objetivo de reversar las conquistas sociales, para lo cual refuerzan su función represiva de contención y control social, previniendo las protestas o golpeando a la población reticente a aceptar las “nuevas” políticas; de otra parte, el Estado asume la función de privatizar todo aquello que hasta el momento había escapado a la mercantilización capitalista, lo que supone el abandono de la noción de “servicio público”, para conceder todo tipo de empresas y actividades de naturaleza pública a los capitales privados, con independencia de su nacionalidad. (Vega, 2007)

El Estado también es indispensable para la formulación e implementación de leyes favorables al sistema neoliberal, especialmente las que están en contravía de las conquistas históricas de los trabajadores. En Colombia, para no ir más lejos, se tiene un parangón en materia laboral en plena expansión neoliberal pos derrota del socialismo soviético. En 1990 se reforma el código sustantivo del Trabajo mediante la ley 50, donde se reglamentan una serie de medidas nuevas en contra de los trabajadores. Entre estas se encuentran la modificación de los contratos con la figura de contrato a término fijo y contrato por prestación de servicios.

Después de esta ley, en 2002 el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez firmó la ley 789 que quitó cuatro horas al recargo nocturno y horas extras, recortó el pago de dominicales y festivos, reduciendo su paga a un 75%. El Gobierno Uribe aducía que con la rebaja en la carga monetaria de las empresas debido a la rebaja del pago de domingos y feriados y el ahorro de pago de cuatro horas extras, éstas generarían más empleo ya que tendrían más dinero para contratar más empleados. En 2018 el Congreso desmintió este

argumento asegurando que no había una conexión directa entre ahorro de las empresas y generación de empleo, lo que llevó a la recuperación de una hora extra. Lo paradójico del asunto fue que el senador Álvaro Uribe Vélez apoyó esta medida, el mismo que aprobó la ley 789.

Estas medidas legales solo fueron posibles bajo el cambio de Constitución. Este proceso se culminó en 1991 cuando las fuerzas políticas colombianas, integradas por los partidos tradicionales y el M-19, firmaron la nueva Carta Magna. Según Carolina Jiménez (2008), este proceso no fue el resultado de la Séptima Papeleta, tal como se mitificó en Colombia, sino un proceso sucedido casi en toda América Latina debido a la expansión neoliberal por el continente. Las nuevas políticas neoliberales necesitaban de un marco normativo legal, avalado por los sectores políticos de los países y aceptado por la sociedad. Pero este proceso de aceptación no se dio con la participación abierta a la opinión pública de las medidas neoliberales (Jiménez, 2008: 133-135). A Colombia se le entretuvo con el proceso de paz entre el Gobierno y el M 19, la inclusión de las minorías sociales, la apertura de nuevos movimientos políticos y el movimiento estudiantil que presionaba por reformas. Aquí es donde nace el mito de la Séptima Papeleta y del supuesto movimiento social que hace cambiar la Constitución (Jiménez, 2008: 59-109).

Es por esto que la autora argumenta que en Colombia, durante la Asamblea Nacional Constituyente, se tuvo un régimen político completamente democrático, pluralista y participativo al tiempo que, en materia económica, se erigía una antidemocracia neoliberal que excluyó a las comunidades afectadas y al resto del país. El Estado colombiano mantuvo un equilibrio entre fuerzas democráticas y fuerzas neoliberales, por lo cual Jiménez afirma:

Estos elementos nos colocan delante de una pluralidad de lecturas frente a la relación construida en la carta de 1991 entre democracia y neoliberalismo. Queda claro que no existe una total convergencia entre estas dos categorías; por el contrario, se pone de manifiesto la presencia de elementos que llenan el contenido de la misma de ambigüedades, tensiones y contradicciones -esto no sugiere que es conozcamos los niveles de articulación existentes entre las dos categorías objetos de reflexión. (Jiménez, 2008: 56)

Aparte de las comunidades, el discurso neoliberal margina al Estado en las decisiones económicas y a los ciudadanos por no tener una racionalidad instrumental. El Estado debe limitarse a mantener un control fuerte de sus leyes que permitan el desarrollo de las lógicas neoliberales y del mercado. Por si quedan dudas, Milton Friedman, uno de

los pontífices del neoliberalismo, aclara el papel que debe jugar el Estado en la era neoliberal:

La existencia del libre mercado no elimina por supuesto la necesidad del gobierno. Por el contrario, el gobierno es esencial para determinar las reglas de juego y como árbitro para interpretar y exigir el cumplimiento de las normas. Lo que el mercado hace es reducir, significativamente, el rango de cuestiones que deben ser decididas políticamente, y en consecuencia, minimizar la necesidad del gobierno de participar directamente en el juego. Un rasgo característico de la acción a través de los canales políticos, es que esta tiende a requerir o exigir una substancial conformidad. La gran ventaja del mercado es que este permite una amplia diversidad. Este es en términos políticos un sistema de representación proporcional. (Friedman, (1982: 15) citado por Jiménez, 2008: 114).

Representación proporcional de un Estado fuerte en materia legal pero ajeno en temas económicos, por un lado, y un mercado todopoderoso en el régimen económico, político y social, por otro lado. Es para esto que sirve un Estado: para hacer leyes, aplicarlas y sancionar su incumplimiento. Por tanto, bajo el neoliberalismo el Estado es más necesario que nunca, sigue existiendo pero de una forma mínima en lo social y una muy poderosa en lo legal y en sus aparatos represivos.