A la luz de Margaret Archer es posible comprender que la emergencia de este conflicto se inscribe en el efecto relacional o de juego mutuo permanente entre estructura y agencia, entre los actores institucionales y las organizaciones ciudadanas y de la tensión existente derivada del elemento histórico presente en el imaginario de éstas últimas, referida a la falta de representatividad en las decisiones e intervenciones de la autoridad y la molestia que ello provoca, como elemento clave que viene a potenciar la gravedad del debate.
También inmersa en esa perspectiva, es posible indicar que las acciones, peticiones y reclamos de las organizaciones ciudadanas pro defensa del patrimonio cultural de Castro y de Valparaíso lo evidenciaron en dos direcciones: en primer lugar, muestran el desconocimiento respecto de los derechos culturales, en específico del derecho de acceso al patrimonio cultural en tanto recurso de protección de demandas de esta naturaleza que, paradojalmente y como consecuencia no esperada, contribuyen a activar la dimensión política del mismo, al evidenciar que las dimensiones implementadas en la política pública en vigencia no son idóneas para satisfacer sus requerimientos.
Es precisamente este desconocimiento del derecho cultural, en específico del derecho de acceso al patrimonio cultural, el que conduce a las organizaciones ciudadanas a acudir a instancias distintas como la UNESCO, con el objetivo de encontrar solución a sus demandas. Aunque, el organismo de cooperación internacional no es tribunal ni corte de justicia, por lo tanto no posee las competencias jurídicas para dirimir en un caso de incumplimiento de un derecho cultural. Su incidencia tiene el límite de lo técnico, sujeto al sitio declarado y a la zona de amortiguamiento, debe velar por su protección y conservación y hacer exigible al Estado parte el compromiso adquirido.
Sin embargo, las organizaciones ciudadanas al recurrir a esa entidad a través del ICOMOS Chile, y utilizarla como recurso de protección de un derecho, provoca este doble impacto y visibiliza que la implementación de un derecho cultural por una política pública, particularmente del que nos preocupa, debe ser en su totalidad, que deben estar
102 expresamente descritas todas las dimensiones que lo componen como se demuestra en los casos revisados. Puesto que, no basta con asegurar su conservación, identificación e investigación como tampoco apropiarse de él a través del conocimiento, del saber qué y cómo es y a quién o a quienes perteneció o pertenece, es necesario e imperioso hacer explícita la dimensión política que él contiene, de manera que, participar en la determinación, en la toma de decisiones que afectan a su propio patrimonio cultural sea un derecho especificado en ella.
Un segundo aspecto, es que la activación de la dimensión política del derecho de acceso al patrimonio cultural, condujo a la reorganización de los actores locales que tomaron un posicionamiento frente a la intervención de acuerdo a sus propias visiones identitarias, creándose nuevas organizaciones sociales con un carácter específicamente pro defensa del patrimonio como Ciudadanos por Castro, Comité de Defensa de Valparaíso, Ciudadanos por Valparaíso, entre otras. Además, se rearticularon y potenciaron otras bajo el mismo sentido, como lo fue la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Castro y el Colegio de Arquitectos delegación Chiloé.
Las organizaciones sociales pro defensa del patrimonio que han sustentado y promovido el movimiento ciudadano, están conformadas, principalmente, por profesionales con amplio conocimiento del tema y pertenencia a grupos sociales e institucionales influyentes, académicas y gremiales, a nivel local y nacional, con recursos económicos y culturales importantes, que les permiten ejercer mayor presión a sus demandas y relacionarse de manera distinta frente a la autoridad. Aspecto que asimismo contribuyó de manera considerable a que las demandas y el conflicto de ambos centros urbanos alcanzaran visibilidad nacional y se propagaran a través de las redes sociales y la prensa tanto digital, convencional y especializada. Además, ayudó a que contara con el apoyo de diferentes sectores: ciudadano, a través de otras organizaciones pro defensa del patrimonio; la alineación a la causa de parlamentarios de distintos sectores ideológicos, especialmente los referidos a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y de órganos colegiados.
Sin embargo, o no obstante el apoyo recibido, este movimiento ciudadano no logró ni logra todavía, concitar ni movilizar a las otras fuerzas vivas de la comunidad ni a
103 formar un movimiento social que acoja y canalice transversalmente las otras demandas de la sociedad local referidas a mejoras en salud, empleo, viviendas, calidad de vida o a una mejor ciudad. El patrimonio cultural aún es visto como una preocupación de ciertos sectores, principalmente de aquellos referidos a una mirada experta, conservadores, arquitectos, arqueólogos, antropólogos e historiadores, como actores directamente afectados o interesados. Esta situación habla de la necesidad de fomentar e impulsar entre la ciudadanía, la difusión de los derechos culturales, en particular del derecho de acceso al patrimonio cultural como un derecho humano a la diversidad y al reconocimiento de ella, que es el derecho a la vida en su más amplia expresión de sentido y significado. Que es el derecho a la inclusión de lo diferente que enriquece a la humanidad y que su límite es la dignidad humana.
Desde la perspectiva ética, podemos indicar que la homogeneización que es la gran amenaza de la globalización a la identidad y al patrimonio cultural, no está dada por las construcciones ni por los mall o mega centro comerciales como generalmente se señala, sino que se encuentra en el manejo del mundo como un gran mercado, en donde los países, con sus ciudades, sus patrimonios y sus gentes son comprendido bajo la lógica de mercado y son mercancías a las que hay que vender y mostrar mediante un discurso del tipo publicitario que echa mano del sentir de todos y cada uno de los habitantes de un territorio. Surgiendo la marca “país”, la marca “ciudad”. Bajo esas marcas que compiten por atraer a los compradores, sean turistas, empresarios y capitales, se esconden y homogeniza a los habitantes, a las identidades culturales y a sus respectivos patrimonios. Es un ejercicio de ocultamiento de la diversidad presente en la sociedad, en definitiva, de la riqueza misma de la vida.
En parte es lo que ocurre con la declaratoria de Patrimonio Mundial otorgado por la UNESCO, que en sí misma es una distinción apreciable y estimable, sin embargo, la pretensión intencionada de hacer de ese relato patrimonial, el único relato identitario y patrimonial de la totalidad social, bajo un único valor extensible al resto de ella, es también homogeneizar a esa sociedad, a esa comunidad, sea bajo el concepto que sea, de capital cultural, de ciudad puerto, de comarca encantada, etc. Entonces, la nominación de un sector como patrimonio cultural de la humanidad, no implica que toda
104 la ciudad deba estar sujeta al mismo valor, por cuanto, en ese espacio, en esa urbe, continuó fluyendo la vida, continuó interactuando con otros procesos simbólicos para dar sentido a otras identidades y continuó palpitando como lo hace hasta el día de hoy en los habitantes y en las distintas subjetividades de esa sociedad. Aspecto que la ciudadanía castreña tan claramente lo explicita con su decisión.
Por ello, no es posible que la nominación y declaratoria de un bien como sitio patrimonial de la humanidad restrinja las posibilidades de sus habitantes de manejar su ciudad de acuerdo a sus ritmos y de incorporar nuevas maneras de poblarla. No es posible aceptar que un cambio en el borde costero o que la construcción de un edificio signifique restar el valor universal excepcional que lo distingue y amenazar con la pérdida de esa distinción, por cuanto ese valor reconocido descansa naturalmente en sus habitantes, en sus maneras de relacionarse y en sus maneras de habitar el espacio. No son las iglesias en sí mismas solo lo distinguible y relevante, en el caso de Chiloé. Como tampoco lo son las edificaciones del siglo XIX y los barrios en donde ellas se emplazan, en el caso de Valparaíso. Es la fusión de sus habitantes con el entorno geomorfológico y sus formas singulares de habitarlo y relacionarse los distinguibles tanto ayer como hoy, por cuanto, esta fusión no solo ocurrió en un pasado remoto sino que sigue siendo vivida diariamente junto a otros valores que surgieron en el camino y que la enriquecieron. Son a esos valores a los que se apelan tanto en uno como en el otro expediente de postulación. Allí radica la riqueza de esas zonas destacadas, en su condición de humanidad.
La declaración es un reconocimiento precisamente a esa diversidad, a esa diferencia y es lo que está en la idea original que dio vida a la Convención del Patrimonio Cultural y Natural de 1972. Su raíz es el afán de proteger como un patrimonio común, los distintos inmuebles y sitios naturales que son testigos de una manera de habitar este planeta en un momento de la historia de la humanidad. Por ello, es tan reprochable que la autoridad, sea el gobierno central, regional o local, decida sin preguntar qué quiere la ciudadanía respecto de sus patrimonios culturales y de sus formas de habitar su ciudad. Como tan reprochable asimismo son las amenazas emanadas de UNESCO y de ICOMOS Chile hacia la pérdida del reconocimiento internacional. Ambas son inaceptables.
105 Hoy en día ya no es posible que la ciudadanía permanezca pasiva ante las decisiones de la autoridad, menos en lo que a sus derechos culturales refiere. Esto se puede apreciar claramente en los casos expuestos, donde se acostumbraba a que las decisiones y las controversias viniesen desde el grupo experto en contra o a favor de las medidas que el gobierno central, regional o local adoptase o tuviese por adoptar, sin consulta de ambas partes, a los directamente afectados, sus voces representaban a esa ciudadanía en silencio. Sus decisiones eran consideradas las apropiadas. En esa línea se decidió la postulación de los dos sitios. Ambas declaratorias no se sostuvieron en una consulta amplia y abierta a la ciudadanía previamente informada de sus beneficios y restricciones, se realizaron con algunas organizaciones directamente empapadas en la materia. Ya no es posible aquello. En estos momentos se requiere del respaldo ciudadano, se requiere de la consulta pública y de su aprobación y validación. La ciudadanía también se siente y debe ser responsable de las acciones y de los problemas de la sociedad, se siente y debe ser parte activa de esta sociedad, no solo receptora pasiva de decisiones tomados por otros, donde solo queda el espacio para ser acatadas.
En el caso de Valparaíso, el Plan de Desarrollo impulsado por el presidente Lagos, fue decidido desde ese lugar, a pesar que el mismo mandatario dentro de su período de gobierno había diseñado una norma y programa sobre participación ciudadana en la gestión pública, donde se regula, precisamente, las instancias en que ella debe manifestarse en el proceso de una política pública, ante una decisión gubernamental. Y la respuesta a las distintas medidas que en la materia ese plan proyectó, han tenido mayoritariamente un rechazo sostenido que se volcó a las calles hasta la actualidad.
En Chiloé también esto es posible de apreciar con total claridad. A pesar que fue la consulta pública la que dirimió la controversia, ella en rigor, no iba dirigida a pensar la ciudad, a imaginarse su territorio político y social. Allí se utiliza un mecanismo de consulta que está descrito en la norma sobre participación ciudadana a modo de legitimar una decisión resuelta en el gobierno local a través de la Dirección de Obras Municipal. Y, también se utiliza el recurso como una solución administrativa a un conflicto producido por una mirada única acerca de lo patrimonial que se yergue como la visión natural y se hace hegemónica al dejar de lado las distintas versiones o relatos que existen acerca del
106 patrimonio y su ciudad. Esta postura de alguna manera impidió un debate más amplio y profundo al interior de la sociedad castreña. Quienes la apoyaron adoptaron la posición de denuncia sin lograr llevarla al campo político fomentando un diálogo cívico y, por su propia decisión, se restaron como voz ciudadana dejando su papel tradicional de conductores de opinión. No supieron darse cuenta que las reglas del juego habían cambiado, que la ciudadanía respeta su voz, sin embargo, también quieren ser escuchados, porque tienen algo que decir.
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