Un tercer nivel de análisis aparece vinculado con la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo para el sector agrario, y la redefinición (o reconversión) de la explotación familiar como unidad de producción y agente del medio rural. Como ya se ha señalado, una paradójica consecuencia de los procesos modernizadores de la agricultura es su crisis permanente, que la tiene inmersa en un proceso de ajuste estructural inacabado en el que anualmente desaparecen multitud de explotaciones y activos agrarios, mientras que la producción y la superficie se concentran progresivamente en las supervivientes. En este proceso de reconversión, que ha sido acelerado por la liberalización agraria, un número creciente de explotaciones ha optado por poner en marcha estrategias de diversificación que les han permitido hallar nichos a través de los cuáles reorientar su actividad productiva y garantizar su viabilidad a medio plazo, además de reconducir su papel central como actores (en el caso de los agricultores) en el territorio.
Una visión simplificada de la desagrarización de la agricultura y del medio rural en muchos países y regiones desarrolladas nos ofrecería como conclusión que estos procesos han acabado generando una estructura dual: por un lado, un modelo de producción agraria intensiva, desarrollada bajo la lógica agro-industrial, con elevado nivel de especialización, muy capitalizada, altamente intensiva en insumos, controlada mayoritariamente por grupos empresariales o financieros, con fuerte integración vertical, vinculada contractualmente con la industria, que se ubica cerca de los grandes centros de población o conectada a grandes infraestructuras de transporte, que opera en los mercados globales de alimentos y que, sin embargo, ha sido tradicionalmente beneficiada por los instrumentos de apoyo a precios y mercados. Por otro lado, perviviría una agricultura de corte familiar, con bajos niveles de capitalización y activos, y además con serias dificultades para acceder a
ellos en los mercados formales, que se localiza en zonas desfavorecidas, integrada de forma débil, con ingresos decrecientes, altamente dependiente de las ayudas o de actividades extra-agrarias y compuesta mayoritariamente por explotaciones con titulares envejecidos y que no tienen garantizado el relevo generacional. En definitiva, explotaciones con su viabilidad seriamente amenazada y abocadas a una situación de marginalidad.
Sin embargo, esta aparente dicotomía entre “agricultura empresarial”- “agricultura familiar” es ciertamente más compleja, ya que dentro de este segundo grupo se pueden hallar también explotaciones dinámicas, rentables y perfectamente viables (con una gestión eminentemente “empresarial”), cuya viabilidad además puede responder a diferentes factores: existencia de condiciones adecuadas para el desarrollo de determinadas producciones; buen posicionamiento en determinados nichos de mercado (producciones de calidad, Denominaciones de Origen, agricultura ecológica); generación de estructuras para la comercialización (cooperativas, canales cortos) que les han permitido evitar los problemas derivados de su escasa dimensión; puesta en marcha de estrategias de diversificación productiva (agroturismo, transformación); implantación de sistemas de producción agraria sostenible, mediante un aprovechamiento eficiente de los recursos internos y la reducción de los inputs externos a la explotación, etc.
La capacidad de adaptación de las explotaciones agrarias familiares, sus estrategias ante los cambios en los mercados de alimentos y las reformas de los sistemas de apoyo presentan grandes variaciones entre países y regiones. Además, también a escala nacional y regional se pueden detectar importantes diferencias entre sectores productivos. Esta heterogeneidad en el tipo de explotación y su estructura es una característica persistente de la agricultura europea y esa diversidad se ha visto incluso incrementada durante el periodo de modernización. Estos patrones de heterogeneidad agraria corresponden a distintos tipos de explotación, que surgen principalmente de las diferentes estrategias de respuesta de las explotaciones familiares para hacer frente a los cambios en los mercados, las políticas o las tecnologías (Van der Ploeg, 1994; 2000).
Una de esas estrategias ha sido la diversificación, que puede incluir actividades extra–agrarias como fuente de ingresos de la familia titular de la explotación. La incorporación de estas nuevas actividades en las explotaciones supone una redistribución de los recursos disponibles (capital, trabajo y tierra), que se van ajustando en el proceso de determinar la combinación óptima que maximiza los beneficios y minimiza los costes y riesgos, orientándose así hacia la generación de sinergias entre las actividades con ese mismo objetivo. Las sinergias entre
actividades son uno de los principales elementos motrices del desarrollo rural: no sólo permiten la movilización de recursos ociosos y una utilización más eficiente de los disponibles en el seno de la explotación, sino que además fortalecen la colaboración con otros agentes rurales no agrarios, al generar beneficios mutuos, estimulando así la cohesión territorial y creando dinámicas de desarrollo positivas para el conjunto del territorio.
Además, la diversificación productiva ha producido intensos procesos de reconversión en determinadas zonas rurales, en los que la agricultura, aparentemente, ha pasado a ocupar un lugar secundario, dejando de ser el eje principal sobre el que giran el resto de actividades, “o cuando menos (…) la actividad estructuradora de la sociedad y del territorio rural” (Esparcia y Noguera; 1999). Esta marginalización de la actividad agraria en el seno del propio medio rural ha inducido enfoques de desarrollo que han llegado a situar la aportación de la agricultura en un papel secundario dentro de los nuevos modelos de desarrollo rural.
Sin embargo, esta opinión no es compartida por ciertos autores (Marsden, Banks y Bristow, 2002; Van der Ploeg et al., 2000), que mantienen que la agricultura debería mantener su centralidad en los procesos de desarrollo rural como actividad vertebradora del medio rural. Por lo tanto, un nuevo paradigma del desarrollo rural ofrecería una perspectiva diferente del concepto de la multifuncionalidad agraria, al reubicar a la explotación como eje de estrategias de desarrollo complejas, lo que implicaría una redefinición de su papel como actor del medio rural y como propio agente de desarrollo. Además, las transformaciones sociales y los nuevos patrones de consumo ofrecerían oportunidades crecientes para las explotaciones familiares, al multiplicar los productos y los nichos de mercado donde éstas pudieran ubicarse. Pero ello exigiría cambios en los tres principales aspectos de la explotación familiar agraria (ver Figura 2.1.), cambios que habrían de promover una estrategia de desarrollo bajo este nuevo paradigma (Van der Ploeg y Roep, 2003).
En primer lugar, requeriría cambios en el aspecto productivo, mediante una
profundización del ámbito productivo de la explotación, bien satisfaciendo la creciente demanda de productos de calidad, ecológicos, artesanales, regionales o de determinadas características organolépticas, bien reduciendo los intermediarios y buscando relaciones más directas con los consumidores. Todas estas estrategias estarían encaminadas a obtener un mayor valor añadido unitario.
En segundo término, se ampliaría la vinculación de la explotación con el medio rural, esto es, con el territorio (entendido en el sentido empleado en el epígrafe anterior) circundante. Esta ampliación implicaría una extensión de las actividades
de la explotación a nuevos ámbitos productivos, respondiendo también a nuevas demandas sociales. Algunas de estas demandas podrían ser satisfechas mediante la provisión de nuevos bienes y servicios que poseyeran una demanda privada efectiva (como el agroturismo o la producción de energía mediante fuentes renovables), pero otros, como la gestión del medio ambiente o del paisaje, al tratarse de bienes públicos, requerirían una participación activa de la administración.
Figura 2.1. La explotación agraria en el nuevo paradigma del desarrollo rural
Agricultura convencional Zo na s ru rale s Cad e na a groa lim en ta ria Movilización de recursos P ro fun d iza r Agr otur ism o Nue vas activ idad es e n la exp lota ci ón Div ersi ficac i ón Ges ti ón de la nat ural eza y de l m edio am bien te A gric ultur a ec ol óg ica P ro du ccio ne s d e c alida d P ro du cto s reg io na les C ad en as c orta s Am plia r Relocalizar Ingresos extragrarios
Nuevas formas de reducción de costes
Fuente: Van der Ploeg y Roep, 2003
Por último, la gestión de los factores y recursos disponibles en la explotación tendría que implicar una mayor movilización y una utilización más eficiente de éstos. Para ello debería reducirse la dependencia de recursos externos, tanto en lo referente a la necesidad de financiación como al uso de insumos (en lo que autores como Van der Ploeg han denominado “producción económica” o “farming economically”) (Van der Ploeg, 2000). La reducción de necesidad de financiación externa se realizaría alargando al máximo técnico la vida útil de la maquinaria o financiando con recursos propios las inversiones y las reposiciones de capital (como edificios o animales). El menor uso de insumos externos reduciría los rendimientos de las producciones, pero un uso eficiente de los recursos disponibles en la propia explotación permitiría que los costes variables disminuyeran de tal manera que los márgenes netos se vieran finalmente incrementados50. Este tipo de gestión de la
50Los autores que defienden la reducción de los recursos externos como la estrategia de viabilidad más
explotación tendría un notable impacto económico, ya que aumentaría las rentas y generaría más empleo, pero también sería más sostenible que los métodos convencionales desde el punto de vista medioambiental, debido al bajo nivel de utilización de insumos externos. Además, por lo general, las explotaciones que optan por este tipo de gestión son más receptivas a la hora de incorporarse a prácticas innovadoras de gestión medioambiental y del paisaje (Ettema, 1994, citado por Van der Ploeg, 2000).
Sin embargo, este tipo de reasignación de los recursos ha sido considerado en ocasiones como parte de estrategias defensivas de supervivencia con las que los agricultores trataban de responder al descenso de los ingresos agrarios, y que venían a representar una situación previa a la marginalización y al abandono definitivo de la producción agraria. Un ejemplo de este tipo de prácticas adaptativas podría ser la pluriactividad. Pero para los defensores de estos sistemas de producción, este empleo más eficiente de los recursos propios y la minimización de la dependencia de recursos externos proporcionan una mayor flexibilidad a las explotaciones para diversificar las fuentes de ingresos e incorporar nuevas actividades al seno de la explotación. Además, este tipo de explotaciones tienen mayor flexibilidad para aprovechar las oportunidades que brindan los nuevos modelos de desarrollo rural que las intensivas y altamente especializadas. Por otra parte, la obtención de ingresos extra-agrarios ha formado parte en multitud de ocasiones de estrategias deliberadas, en las que se trata de combinar la vida en el campo y la actividad agraria con la seguridad de un trabajo no agrario51.
Con todo, la asunción de estas estrategias implica, en primer lugar, el reconocimiento del carácter multifuncional de la explotación agraria. La explotación familiar produce alimentos de calidad, que son remunerados por el mercado; pero también ofrece servicios (turismo), gestiona el territorio y el paisaje, y, en alianza o asociación con otras agentes del medio rural, dinamiza la comunidad y mantiene el tejido social del medio rural. Los cambios en los mercados y la redefinición del
las limitaciones de los métodos convencionales de contabilidad agraria para valorar de forma realista los flujos económicos de las explotaciones, al no distinguir entre aquellos recursos (incluido el trabajo) adquiridos en el mercado o reproducidos en la propia explotación, e imputarles, independientemente de su origen, el valor a precios de mercado. Por lo tanto, reclaman la recuperación de un enfoque campesino o “chayanoviano”, que sólo tenga en cuenta el coste monetario real de aquellos bienes y servicios adquiridos. El excedente es definido como la diferencia entre los ingresos y los gastos, y se utiliza para la remuneración de la mano de obra y la reproducción de la explotación (ahorro). La relación entre estos dos componentes es flexible y depende de decisiones familiares, que establecen su distribución. Sin embargo, la adopción del enfoque “chayanoviano” implica ciertas complicaciones bajo el sistema de contabilidad convencional (Van der Ploeg, 2000).
51 Sin embargo, a pesar del potencial que estos modelos de gestión agraria más sostenibles presentan
para el desarrollo rural, el margen de maniobra de estos agricultores frente al mainstream dominante se reduce progresivamente. Tanto el desarrollo tecnológico como legislativo mantienen su orientación hacia la explotación intensiva especializada.
medio rural como espacio de consumo ofrecen oportunidades crecientes para las explotaciones agrarias y otros agentes del medio rural. Aparecen así nuevos nichos y actividades en los que las explotaciones familiares pueden disponer de importantes ventajas competitivas: producciones diferenciadas, turismo rural, cadenas cortas de comercialización, nuevos sistemas de gestión del territorio desde el punto de vista medioambiental, valorización del patrimonio paisajístico y cultural de las zonas rurales, etc. Pero, como ya se ha mencionado más arriba, todo ello implicaría redefinir el papel de la explotación como unidad de producción agraria. Aunque la centralidad de la explotación familiar como eje del desarrollo rural pueda entrar en contradicción con la aparición de otros enfoques emergentes que hacen hincapié en el territorio, esto no tiene por qué ser así. La explotación no es considerada aquí como un unidad productiva individual, que se limita a competir por una cuota de mercado con sus pares, sino que es un agente fundamental por su capacidad para gestionar el territorio y para constituir redes y sinergias con otros agentes (otras explotaciones, PYMES rurales, mancomunidades, grupos de defensa ambiental, empresarios turísticos, etc.), maximizando el beneficio social e individual a largo plazo mediante una gestión sostenible de los recursos y activos del territorio, haciendo de éste la principal base patrimonial de los procesos de desarrollo rural.
Por lo tanto, la viabilidad y el éxito como unidad productiva de las explotaciones familiares estarían condicionados por su capacidad para combinar todas estas diferentes funciones entre sí, y maximizar los beneficios de las sinergias tanto internas como externas. Es aquí donde adquieren gran relevancia las economías de alcance (Marsden, Banks y Bristow, 2002), que ofrecen a aquellas empresas o unidades productivas basadas sobre el territorio la oportunidad de generar mayor valor añadido aprovechando sus economías de escala externas. Las explotaciones familiares se reconvertirían en “empresas multiproducto”, que abastecerían a mercados diversos y combinarían diferentes actividades que tendrían como objetivo maximizar la renta global de la explotación. Esta combinación podría tener como resultado diferentes expresiones: agricultores que decidieran diversificar sus fuentes de ingresos mediante la venta directa o el agroturismo; agricultores que invirtieran en la transformación o el procesamiento a pequeña escala como vía para retener un mayor valor añadido; u otros que optaran por diversificar vía producciones en nichos determinados (calidad, productos regionales, agricultura ecológica) combinándolas en ocasiones con actividades de gestión medioambiental del suelo.
Pero también los agricultores podrían decantarse por buscar alianzas o formar redes con otros agentes del medio rural, de forma que los efectos multiplicadores se ampliaran por el tejido social del medio rural. Sin embargo, hay que señalar toda una serie de factores que seguirían siendo elementos determinantes de las posibilidades de éxito de las estrategias y actuaciones puestas en marcha: el marco de regulación (normativas en materia de seguridad e higiene de los alimentos, turismo, regulación de los mercados agrarios etc.); la localización o la accesibilidad a los mercados urbanos; las dotaciones de capital humano (formación, carácter emprendedor de los agricultores), físico (instalaciones, suelo), financiero (acceso al crédito) y social (desarrollo institucional, capacidad para establecer alianzas y redes), etc.
Por último, la centralidad de la explotación familiar como eje vertebrador de una estrategia renovada de desarrollo rural obliga a repensar el papel del sector público, no sólo en lo referente a las políticas de desarrollo rural, sino también en lo relativo a la eficacia de las políticas agrarias convencionales de precios y mercados para sostener un medio rural viable. La PAC, además de introducir importantes distorsiones en los mercados, ha tenido también efectos sobre los mercados de los factores productivos agrarios, como el del suelo agrícola, cuyo precio se ha elevado en muchas regiones por estar sujeto a pagos y subvenciones que propietarios y arrendatarios han identificado rápidamente como rentas de la tierra y que, por lo tanto, deberían estar incorporadas al valor de ésta. Todo ello ha supuesto sin duda un freno en muchas regiones para los intentos de reconversión productiva o la puesta en marcha de otras estrategias adaptativas. El notable desequilibrio entre los recursos destinados a las políticas agrarias convencionales y las políticas de desarrollo rural ha limitado notablemente el potencial de estas últimas para promover una reconversión y reestructuración de la agricultura y de las propias zonas rurales, aunque sí es cierto que su orientación se ha desplazado progresivamente hacia el territorio como soporte de las actuaciones públicas.
En cuanto a las medidas e instrumentos de las políticas de desarrollo rural dirigidas al sector agrario, durante las últimas décadas han evolucionado desde las políticas de estructuras convencionales (dirigidas básicamente a mejorar la base productiva de las explotaciones) hacia enfoques más amplios e integrales, que incorporan las diferentes dimensiones de las explotaciones agrarias. Sin embargo, mientras en unos países de la UE han adquirido un peso creciente aquellos instrumentos destinados a preservar e impulsar la multifuncionalidad de las explotaciones (como las medidas agroambientales), en otros países y regiones las actuaciones de desarrollo rural vinculadas a la agricultura mantienen aún una orientación claramente estructural.