2. Organización del sistema educativo español
2. Organización del sistema educativo español
2. Organización del sistema educativo español
2. Organización del sistema educativo español
El sistema educativo español es una parte importante, pero una parte, de un conjunto formativo más amplio, muchas de cuyas iniciativas no acaban de encontrar su encaje en el tablero educativo y no están, por tanto, bien articuladas con el sistema reglado, permaneciendo en los márgenes o periferias del mismo. Es el caso de las enseñanzas de idiomas (Escuelas Oficiales de Idiomas), las enseñanzas musicales (Conservatorios) o la Formación de Personas Adultas. Los dos subsistemas educativos (Escuelas Oficiales de Idiomas y Conservatorios) respondían a una política segregacionistas, estaban pensados
para minorías sociales elitistas harían uso de estos estudios como complementarios a los estudios superiores; en el caso de la Formación de Personas Adultas, ha respondido en un primer momento a la alfabetización absoluta (Campañas de los años 60), objetivo específico y aislado, con la finalidad de superar oficialmente unas cifras muy divergentes del contexto europeo, donde el Estado Español quería ser aceptado; y posteriormente, a una finalidad compensatoria de la educación básica de niños y jóvenes (Ley Educativa de 1970). Estos orígenes pueden explicar, en gran parte, las dificultades de sinergia y complementariedad que deberían o deben jugar estos subsistemas educativos.
2.1. La doble red: universidad / formación profesional
Respecto al sistema educativo reglado, se encuentra doblemente dividido: en primer lugar, reproduce la estructura en “doble red”, una orientada a la universidad y otra orientada a la formación profesional. En segundo lugar, el sistema reglado está dividido en centros de titularidad pública y centros de titularidad privada. Analizaremos por partes esta estructura y su evolución en los últimos años.
La reforma del Partido Socialista resultó ambigua respecto a la persistencia reproductora y los efectos clasistas de la doble red. Por un lado, consagró la estructura doble al promulgar una Ley de Reforma Universitaria (LRU, 1985), que desarrollaba la autonomía de la universidad recogida en la Constitución, antes de proceder a la reforma general del sistema no universitario (LOGSE, 1990). Como se suele decir, se empezaba la casa por el tejado. Por otro lado intentó evitar la doble titulación anterior al concluir el ciclo obligatorio (graduado escolar / certificado de escolaridad), instaurando un único certificado (de Educación Secundaria); pero se reinstauró la duplicidad entre el alumnado que dispone de él y el que no. Se intentó paliar el efecto clasista del circuito de la formación profesional (muy deteriorada al comienzo del período y que recogía alumnado de bajo rendimiento), aislando los dos niveles formativos (no se podía pasar del nivel inferior –ciclos formativos de grado medio– al superior –ciclos formativos de grado superior– sin reingresar en la formación secundaria postobligatoria), pero esta medida fue rápidamente eliminada por el gobierno conservador, precisamente cuando ocupaba la cartera de Educación el actual líder de la oposición. El gobierno conservador promulgó la Ley de Formación
Profesional y de las Cualificaciones (que excepcionalmente gozó de consenso social), para adecuar el marco de la formación profesional inicial o reglada al sistema europeo de las cualificaciones, derivado de los imperativos de la Estrategia de Lisboa. Actualmente está en debate el desarrollo de los Centros Integrados donde se impartirá la formación inicial y la permanente – ocupacional y continua.
Por otro lado, en el período de referencia, la universidad española también ha sufrido importantes modificaciones. Por un lado se ha multiplicado su número. Actualmente hay unas 60 universidades públicas y muy pocas, tal vez menos de 10, privadas. En segundo lugar, creció el número de estudiantes, siguiendo la evolución demográfica de la población, hasta estancarse en el momento actual. La composición del alumnado está fuertemente influida por el género, concentrándose las mujeres en las carreras de letras y los hombres en las científico-técnicas. En general, el modelo universitario es masivo, sin una vinculación profesional clara de los títulos expedidos, con un fuerte componente clasista en carreras de prestigio y una sobrerrepresentación de las titulaciones de letras e incluso de un ciclo, con poca exigencia de inversión en capital. Las tasas son relativamente bajas. Ni la reforma socialista (Ley de Reforma Universitaria, 1985), ni la reforma conservadora (Ley de Ordenación Universitaria, 2001) han conseguido frenar una elevada endogamia en la adscripción del profesorado, sin que haya movilidad entre la enseñanza superior y otros niveles educativos, por lo que respecta al profesorado. Por otro lado, esta reforma introdujo la retórica de la calidad / excelencia en la Educación Superior, mientras se desarrollaban diversas instancias de evaluación y control de calidad. Una retórica, conviene señalar, procedente de la esfera económica y de organismos internacionales centrales dentro de ella, que incrementa el giro hacia lo que se ha dado en llamar “globoeducación”.
A pesar de que la población española con titulación universitaria es más bien escasa (aproximadamente inferior al 10%) y que sólo una porción de las cohortes de edad correspondientes accede a la universidad (entre 1/4 y 1/3), lo cierto es que absorbe buena parte de los recursos del Estado en claro detrimento de otras iniciativas formativas post o paraobligatorias, como la Formación de Personas Adultas, la Formación Continua o la Extensión Cultural. Así mismo, durante este periodo, se promulgaron en diferentes comunidades autónomas del Estado Español, diferentes leyes de formación de personas adultas, estableciéndose, en la práctica, dos modelos de Educación
de Adultos: un modelo que proponía una adaptación de la enseñanza obligatoria, a la Educación de Adultos, generándose un modelo escolarizante que no parte ni de la experiencia ni de las necesidades de la población adulta y otro modelo que propone la formación de personas adultas de manera específica, en función de sus necesidades, partiendo de sus experiencias y con un planteamiento de aprendizaje permanente y de relación con el mundo laboral y en su contexto territorial concreto. Estas normativas sobre Educación de Adultos, han tenido un desigual desarrollo en las diferentes Comunidades Autónomas donde se han promulgado, en algunas de las cuales no se optó por una regulación específica.
Otra peculiaridad de la población universitaria del Estado español, consecuencia de algunos rasgos señalados anteriormente, es que presenta uno de “los porcentajes más altos de Europa en cuanto a alumnos que entran en la universidad fuera de la edad teórica (18-19 años) pero con menos de 25 años; es decir, repetidores, enganchados desde la Formación Profesional… También es de los que presenta índices más bajos de novatos entre los mayores de 25 años”8.
2.2. La doble titularidad: escuelas públicas / privadas
A pesar de que la Constitución proclama la laicidad del Estado español, el Estado mantiene un fuerte apoyo a la Iglesia Católica, el componente más importante del cual es, sin duda, la subvención con cargo a los presupuestos del Estado de centros de enseñanza de la Iglesia. Esta situación, que de manera suave podemos calificar de anacrónica, es un ejemplo notable de la dialéctica entre tradición y modernidad en nuestro país. Antes de proceder a la reforma general del sistema educativo (1990), el Partido Socialista en el gobierno concedió a la Iglesia el mantenimiento de los privilegios que había tenido durante la dictadura. Mediante un acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, por una parte, y con una ley que desarrollaba el derecho a la educación (la LODE), se mantuvo la financiación de las escuelas privadas que complementan la red pública (escuelas “concertadas”) y se concedieron toda una serie de beneficios complementarios, el no menos importante de los cuales es la contratación, con cargo a presupuestos estatales, de profesorado
8 Santo Domingo, Rodrigo: “Escandinavia sigue a la cabeza de Europa en alumnos universitarios”. Revista
de catolicismo, que desarrolla sus actividades en todas las escuelas públicas y mantiene una asignatura en pie de igualdad con otras del currículum. Los sucesivos gobiernos conservadores (1996-2004) han utilizado el descenso demográfico (anterior al aumento actual de residentes extranjeros) para cerrar unidades de escuela pública mientras se mantenían y se aumentaban las subvenciones a los centros privados, muchas veces ubicados unos muy próximos a los otros. Se trata de una privatización patente de la educación que se ha estimulado también mediante la externalización de fragmentos de la gestión escolar (construcciones, servicios de comedor, actividades extraescolares, etc.) En la actualidad, una tercera parte del alumnado se encuentra en centros privados, la mayor parte “concertados”. Sólo una pequeña porción de centros privados no está “concertada”, que corresponde a centros de elite, muchas veces escuelas con titularidad extranjera y cuya enseñanza se desarrolla en otro idioma. Ahora bien, ese porcentaje asciende a prácticamente el 50% en el caso de los núcleos urbanos, zonas de clase superior o segmentos educativos que resultan más rentables.
A pesar de las denuncias del Defensor del Pueblo, los niños y niñas residentes extranjeros que se han multiplicado por el incremento de la afluencia migratoria, se concentran en escuelas públicas. En algunas zonas, la población escolar procedente del extranjero registra incrementos anuales superiores al 60%, contándose centros educativos públicos que presentan alumnado procedente de más de 160 Estados distintos9.
La inversión de dinero público para beneficio de instituciones privadas sólo se explica a partir de la liberalización de la educación, la mercantilización educativa basada en el principio de competitividad. Con frecuencia, estas dinámicas se han justificado con argumentos ambiguos, en los que se confunde deliberadamente la libertad de elección de centro por parte de los padres con la libertad de selección del alumnado por parte de los propios centros. De este modo, se fomenta la segregación institucional y la división social interna de la oferta educativa (ya no sólo la división entre escuelas públicas y
9 Existe medio millón de alumnos matriculados en las enseñanzas de régimen general de 160 nacionalidades,
un 5,7 % del total del alumnado matriculado. Hace diez años tan sólo era de 50.076 personas matriculadas. Y según los últimos datos del INE, en España residen cuatro millones de extranjeros, que representan ya el 9% de los 44,3 millones de personas que viven en el estado Español. La Comunidad marroquí es la más numerosa con 505.400 personas, seguida de la ecuatoriana con 491.800, la rumana 314.300 y la colombiana con 268.900 personas.
privadas, sino entre escuelas de primera y de segunda categoría dentro de la res pública). Lo que está generando una selección del alumnado en los centros privados concertados, financiados con fondos públicos y provocando la concentración de casos problemáticos en bastantes centros públicos.
La liberalización o mercantilización de la educación, además de lo señalado, también se manifiesta especialmente en los programas de educación a distancia y las múltiples academias surgidas en los barrios de las grandes ciudades, ante el estancamiento o el déficit de la oferta pública educativa (de la educación básica –clases de repaso o refuerzo; falta de plazas en las Escuelas Oficiales de Idiomas, de la poca extensión y potenciación de la red pública de la Formación de Personas Adultas,….).
Con la promulgación de la LOE aunque se mantiene la red de enseñanza privada concertada, se pretende que tanto en la selección de alumnado como en la organización y funcionamiento de estos centros se rijan por las mismas normas que los centros de titularidad pública, de manera que de no ser así se restrinja su concierto.
Esta cuestión ha generado un gran debate social: por un lado por parte de la Iglesia, mayoritariamente propietaria de los centros privados concertados que han visto amenazada su autonomía en su funcionamiento, tanto interno, como en la selección del alumnado, como por otros sectores que consideran que de ninguna manera hay que mantener con fondos públicos, centros privados.