CONVERGENCE AND CROSS-SECTION REGRESSION ANALYSIS

Treinta años después de haberse realizado un rediseño institucional mediante una nueva Constitución que, entre otras cosas, reconoce la necesidad de un Estado descentralizado en el que la ley sea un medio para garantizar el respeto a la dignidad humana, la diversidad cultural y étnica y la promoción del desarrollo armónico de las regiones, lo que existe es un Estado que concentra en el poder ejecutivo nacional (presidente, ministros y directores de departamentos administrativos y agencias nacionales), los recursos y espacios de toma de decisiones; así como centraliza en el Distrito Capital, cinco ciudades (Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga) y cinco departamentos (Antioquia, Valle, Atlántico, Santander y Bolívar), la representación política y el desarrollo económico de todo el país.

También continúa sometiendo a la población con identidad étnica y racial a condiciones precarias de vida, mientras permite que un reducido grupo de familias conserve por más de una centuria una posición dominante en el campo de poder estatal, bajo un modelo que se precia ante el mundo de ser consistentemente democrático porque, a diferencia de otros países latinoamericanos, no ha estado sometido a largos periodos de dictaduras militares y realiza periódicamente el ritual de las elecciones populares, sin que esto, como se puede ver en esta parte del documento, haya alterado el estado de cosas.

La Figura 2 muestra la distribución posicional de los agentes e instituciones identificados a lo largo de la segunda parte de este documento, lo que permite ver la posesión de capital político y económico de cada uno de ellos y las posiciones dominantes en este espacio social, desde la cual imponen las reglas del juego y legitiman sus intereses en el campo de poder estatal, que serían fundamentalmente las ubicadas en el Cuadrante 1, donde están los agentes e instituciones con alto capital político y alto capital económico (fiscal). Allí se encuentran las dinastías del orden nacional porque sus miembros conjugan los diversos

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tipos de capital en los ámbitos público y privado125_{, lo que les proporciona la disposición y}

la legitimidad social para acceder y mantenerse en una posición dominante y restringir la entrada al campo de poder estatal a actores o instituciones que resulten antogónicos a sus interés; adicionalmente, el alcance nacional que les proporciona su presencia en Bogotá D.C les permite incidir en las principales decisiones de todo el país.

Les sigue a las dinastías, la figura del presidente de la República. Colombia es un país presidencialista y centralista; por tanto, la cabeza del poder ejecutivo del nivel nacional, está investido de un amplio poder para determinar las reglas de juego en el campo del poder estatal colombiano, porque tiene la potestad de definir las prioridades en el manejo de los recursos públicos del PGN y el SGR -para el caso del SGP esto tiene un mayor nivel de dificultad- a las cuales se articulan el resto de los niveles gubernamentales, y de definir, sin necesidad de la aprobación de ninguna otra rama del poder público, las cabezas de las agencias gubernamentales del orden nacional y de nominar personas para que presidan entidades de las otras ramas del poder público, entre ellas, la Fiscalía General de la Nación; incluso. Asimismo, tiene una posición dominante en los órganos de gobierno de instituciones “autónomas” como son las universidades, en los que cuenta con doble representacion, una directa y otra por medio del Ministerio de Educación, que no posee ningún otro sector de la sociedad.

Al presidente de la República le siguen sus ministros y directores de departamentos administrativos, quienes presiden las agencias que ejecutan el presupuesto del Gobierno nacional y quienes bajo una lógica de recentralización, intervienen de manera creciente en los territorios con planes, programas y proyectos propios. Con el mismo o mayor capital fiscal de un ministro, pero menor capital político porque sus actuaciones se deben restringir a su jurisdicción, se encuentra el alcalde de la capital, Bogotá D.C, considerado el segundo cargo de mayor importancia en Colombia y por ende, un “trampolín” para llegar a la presidencia de la República, porque se trata de dirigir los destinos de una ciudad que

125 _{Los miembros de las dinastías poseen capital social porque se relacionan con naturalidad con los}

círculos del poder en el seno de los cuales nacieron y crecieron; cultural porque tienen la posibilidad de formarse en los mejores colegios y universidades extranjeras, lo que tradicionalmente se convierte en un sinónimo de “elitismo académico”; económico porque son parte de familias propietarias de importantes empresas cuyos intereses pueden agenciar desde lo público y político porque heredan los votos de sus antecesores y la legitimidad para participar desde una posición privilegiada en el campo político.

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recauda más que el conjunto de los departamentos del país y representa el 35% de la tributación de los municipios, así como genera el 26% del PIB colombiano.

Al alcalde de Bogotá le siguen los mandatarios de las otras cinco principales ciudades del país (Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena) y los gobernadores de los cinco principales departamentos (Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander y Atlántico). En el Cuadrante 2 se encuentran los agentes e instiuciones que tienen alto capital político y bajo capital económico (fiscal), tales como los congresistas, cuya labor legislativa no los dota de un amplio capital fiscal para su gestión, pero su voto sí es decisivo para el éxito o el fracaso de las iniciativas del poder ejecutivo. Les siguen los movimientos y partidos políticos que en su proceso de desideologización y deslegitmización -aunado al mecanismo de voto preferente del sistema electoral colombiano- básicamente se han convertido en estructuras que entregan avales a sujetos que cuentan con los votos necesarios para alcanzar un puesto de elección popular, por ende, las figuras individuales terminan pesando más que la estructura de partido. También se ubican en este cuadrante los concejales municipales y los diputados departamentales, porque actúan como miembros de las “juntas directivas” de las entidades territoriales, pero no están en capacidad de ejecutar obras o proyectos con recursos asignados directamente para ello.

Finalmente, en el cuadrante 3 se encuentran los agentes e instituciones con poco capital político y poco capital económico (fiscal) que se mueven bajo una lógica de subordinación; entre ellos, los gobernadores del resto del país y los alcaldes de los municipios en los que predominan la ruralidad o que se encuentran en zonas periféricas. Los consejos comunitarios de las comunidades negras y cabildos indígenas tienen institucionalmente el reconocimiento de sus relaciones con el territorio y el acceso a la consulta previa, libre e informada (CPLI), lo que los dota de un peso importante en los procesos de toma de decisión de los proyectos estatales o privados que afecten sus territorios, sin que esto quiera decir que ya cuentan con una posición dominante en el campo de poder estatal. Y finalmente, con la menor posesión de capital político y económica se encuentran los grupos poblacionales con discapacidad y orientación sexual diversa, quienes, pese a contar con normas que los protegen contra la discriminación y promueven acciones afirmativas hacia ellos, no cuentan con una representación política fuerte o abierta en los principales espacios de toma de decisiones del campo de poder estatal colombiano.

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Figura 2. Espacio de las posiciones sociales relacionadas con los capitales político y económico o fiscal

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TERCERA PARTE: LA ASOCIATIVIDAD TERRITORIAL EN EL CAMPO DE PODER ESTATAL COLOMBIANO Y SU EXPRESIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA