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5 THE IMPACT OF LEVEL 2 LEARNING

5.2 Mapping the range of returns from level 2 learning and certification

5.2.1 Core returns for learners

En el Ecuador el acceso a la vivienda, a un habitad digno y seguro, y el ejercicio del “derecho a la ciudad está garantizado por la Constitución de la Republica, pero es

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cuestión solamente de revisar las cifras que se han presentado en esta investigación para notar que la lamentable realidad está muy alejada de lo que propugnan estos mandatos constitucionales.

En el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, en los literales 1 y 2, se determina claramente que será de competencia de los gobiernos municipales el control del uso del suelo, más adelante, en el artículo 375, encontramos que el Estado en todos sus niveles de gobierno, fomentará políticas y cualquier tipo de estrategias a favor de la consecución del acceso a la vivienda, a un habitad digno, al ejercicio del derecho a la ciudad y en general al control del uso del suelo. Y es que en realidad la clave de la solución de esta inmensa problemática radica en el establecimiento de verdaderas y reales políticas de planificación urbana, en donde un punto preventivo muy importante es justamente la concientización y la sociabilización de ciertos conocimientos técnicos esenciales.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Secretaria de Territorio, Habitad y Vivienda, en coordinación con la Secretaria de Comunicación, deberá extender una campaña educativa, que parta desde dos aristas fundamentales. En primer lugar, obedeciendo a un orden progresivo, debe sembrarse en la gente determinados criterios jurídicos, que le permitan cuestionar potenciales estafas cuando tenga la intención de adquirir un bien inmueble, en otras palabras darle herramientas, enseñarle a ubicar puntos débiles que comúnmente sean utilizados por traficantes de tierras en sus procedimientos. La estrategia comunicacional deberá centrarse en puntos clave, que serán los mismos lugares en donde operan los métodos publicitarios de los traficantes de tierras, la UERB del Municipio de Quito conoce muy bien y tiene identificados claramente estos lugares, que han sido develados mediante investigaciones muy serias que durante años han sido realizadas por el Instituto de la Ciudad.

El segundo paso clave en esta campaña, será inculcar en la población en general la importancia del título de propiedad como ente real de legitimación y polo de desarrollo económico (FRIEDMAMN, 1976), para que se entienda la conexión indispensable que debe existir entre la posesión de un bien inmueble tangible y su título de propiedad que consolide el dominio. Para que de esta forma, la población le de valoración a la propiedad en toda la extensión de la palabra y pierda interés en la mera posesión de un lote que no le garantiza nada a futuro y por el cual solamente se comprara un sin número de problemas de orden social, económico, legal y urbanístico.

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Solamente cuando esto ocurra la población tendrá la verdadera capacidad de exigir, de vivir y disfrutar de la ciudad a plenitud, en un marco de respeto, dignidad e inclusión, de hacer ejercicio verdaderamente de ese “derecho a la ciudad” que todos anhelamos y merecemos.

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CONCLUSIÓN

La pretensión principal de esta investigación ha sido analizar la problemática de los asentamientos informales en la ciudad de Quito, por la magnitud, relevancia y actualidad de este problema que se presenta en la ciudad de Quito. De modo que sea posible exponer y presentar argumentos y herramientas fuertes para que esta problemática sea vista de forma global y multidisciplinaria.

Hasta el día de hoy, el problema ha sido tratado políticamente y por tanto se resuelve clientelar y emergentemente, lo que sin duda genera un atascamiento en el verdadero desarrollo urbano de la ciudad. El Municipio de Quito, como único responsable de la administración del uso del suelo, por mandato legal, debe empezar estableciendo verdaderas políticas locales urbanísticas, las mismas que puedan plantearse retos de resolución de problemas a mediano y largo plazo, dado que el afloro de asentamientos informales es una realidad con tintes de crecimiento desmedido, la planificación urbana debe anticiparse a estos hechos, para que solo de esta manera pueda ser eficaz. Por otro lado es importantísimo establecer una verdadera conexión entre la municipalidad y los barrios de Quito, lamentablemente la manera en que los criterios de planificación urbana han sido desarrollados en la ciudad, actualmente están dotados de una desconexión parcial con la realidad de las periferias de la ciudad.

La creación de una Ordenanza que precise los conceptos de “asentamiento informal”, los grados de consolidación de vivienda, y los criterios técnicos para determinar estos grados es vital, también para que defina verdaderamente y a ciencia cierta los procedimientos necesarios para la regularización de un asentamiento y su posterior titulación individual, de igual forma es fundamental que se demarquen los procesos administrativos, para que cada dependencia que es parte del proceso ejerza su rol de manera precisa, y los procedimientos no se traben en meras cuestiones tramítales que carecen de un fondo o una importancia jurídica relevante.

Al tratarse de una problemática social que debe ser asistida por el derecho para ser resuelta, es sumamente necesario que sean los propios actores, es decir quienes habitan y conforman los asentamientos informales, los que se encuentren comprometidos con la resolución de su problema, para lo cual deben estar provistos de herramientas que les permitan, por un lado solucionar y por otro evitar el crecimiento de este fenómeno. Al respecto la municipalidad deberá enfocarse en dos puntos claramente determinados, en primer lugar iniciar una sociabilización y culturización jurídica sobre ciertos conceptos elementales del derecho civil, los mismo que

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enriquecerán a la población y evitará que se conviertan en potenciales víctimas y blancos fáciles de lotizadores y traficantes de tierras inescrupulosos; y segundo lugar, dejar de lado esa retrograda política estatista que ha estado minando a las infraestructuras sociales y a la organización barrial, y más bien debe fomentar e incentivar a las mismas, es decir, convertir a los pobladores de los asentamientos en verdaderos aportes a la solución global del problema, porque esta es la única forma de hacer ciudad, el “derecho a la ciudad” se vive de esta manera, desde cada esfera, desde cada parroquia, desde cada barrio, desde cada persona, ya que no es responsabilidad únicamente de la municipalidad trabajar por el mejoramiento de la ciudad, sino de cada uno de nosotros, es hora de dejar la desidia y el interés político de lado, y comprender que la consecución del gozo de nuestros derechos como ciudadanos es una tarea de todos y cada uno de los que habitamos esta ciudad que cada día crece en el desorden y la incertidumbre y que clama por una pronta organización y planificación bien fundamentadas.

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