(En millones de dólares y en porcentajes)
Acumulado 1995-2000 2000 b
Millones de dólares Porcentaje Millones de dólares Porcentaje
CAF 13 447 50,6 2 276 51,4
BID 8 014 30,1 925 20,9
Banco Mundial 5 140 19,3 1 227 27,7
Total 26 601 100,0 4 428 100,0
Fuente: Informes anuales de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial.
a Las aprobaciones no necesariamente son equivalentes a los montos desembolsados en el año considerado. Los países andinos
son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela.
b Cifras preliminares.
8 Véase CEPAL, Crecer con Estabilidad. El Financiamiento del Desarrollo en el Nuevo Contexto Internacional, Bogotá, D.C., Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Alfaomega, 2001.
Asimismo, en la medida que la Corporación Andina posee una calificación de riesgo superior a la de sus países miembros, puede facilitar el acceso de estos países al mercado financiero internacional privado a tasas y plazos más convenientes. Esto ilustra la importancia del apoyo de la banca de desarrollo multilateral al acceso de los países a un financiamiento internacional más estable, a menor costo y, preferentemente, a mediano y largo plazo. En lo que respecta a la banca de desarrollo nacional, las acciones de fomento productivo se han identificado, tradicionalmente, con el otorgamiento de créditos a determinados sectores a costos inferiores a los del mercado, por la vía de subsidios a las tasas de interés, créditos que no eran necesariamente asignados a actividades con una adecuada rentabilidad social.
Las dificultades financieras de la banca de desarrollo nacional en varios países de la región en décadas recientes tuvieron su origen en serias falencias en la gestión de los recursos. La ausencia de un mandato y un marco institucional explícitos permitió muchas veces un
manejo de estos recursos con criterios políticos. La asignación del crédito se caracterizó por una inadecuada administración del riesgo que, junto con políticas inadecuadas de cobranza, se tradujo en tasas de recuperación del crédito muy inferiores a las de la banca comercial. Un financiamiento basado principalmente en fuentes fiscales y de organismos multilaterales, unido a la falta de transparencia presupuestaria, generó un alto costo de oportunidad para estos recursos.8
En la década de 1990, en América Latina y el Caribe se realizaron profundas reformas financieras que buscaban mejorar la calidad y eficiencia de la intermediación financiera. Estas reformas consistieron sobre todo en la liberalización de las tasas de interés, cambios en las normas de regulación y supervisión financiera, apertura a la banca extranjera y, en general, a los flujos de capitales provenientes del exterior, creación de nuevos instrumentos de financiamiento y desmantelamiento de la mayoría de instrumentos de crédito dirigido.
A pesar de que estos procesos de reforma financiera provocaron cambios en los sistemas financieros de los países de la región, muchos de los objetivos esperados no se han alcanzado. En particular, el problema crónico de insuficiencia de ahorro, especialmente a largo plazo, persiste, por lo que la intervención de la banca de desarrollo para fortalecer este mercado sigue siendo necesaria. A pesar de que en varios países ha aumentado la intermediación a mayores plazos, en especial en el crédito hipotecario, no se observa un desarrollo sustancial de los mercados de crédito a largo plazo para la inversión, al menos financiada internamente.
La asimetría en materia de información, o diferencia entre la información que poseen el demandante de crédito y su oferente, trae aparejados problemas de funcionamiento de los mercados financieros, que impiden la existencia o el desarrollo adecuado de determinados segmentos.9
El empleo de ciertos instrumentos, exigencias de garantías y colaterales para respaldar los créditos, y la aplicación de metodologías para evaluar la capacidad potencial de cumplimiento del deudor, entre otros, no ha bastado para superar estos problemas. Ante las fallas de información y un entorno económico incierto, los oferentes privados de fondos financieros tienden a racionarlos o encarecerlos significativamente.
En la práctica, el racionamiento y segmentación del mercado del crédito ha afectado principalmente a las pequeñas y medianas empresas, los pequeños propietarios agrícolas y la constitución de empresas de innovación tecnológica; sectores que presentan riesgos y costos de transacción mayores en el proceso de intermediación financiera. Dado que la información de la que disponen estos agentes es normalmente limitada, los costos de su evaluación y financiamiento son altos para las instituciones financieras privadas. Las grandes empresas que disponen, por lo general, de información
más acorde con los requerimientos del mercado financiero privado obtienen fondos a costos menores.
La importancia de preservar y defender la estabilidad y solvencia financieras mediante una adecuada supervisión es la principal enseñanza derivada de las múltiples crisis financieras que han vivido los países de la región. Esto acentuó la discriminación contra los agentes que presentan un mayor riego potencial, en tanto que la constitución de provisiones incrementó los costos del crédito. La necesidad de expandir la cobertura de los servicios financieros sin dejar de lado las normas prudenciales de regulación y supervisión del manejo del riesgo abre un importante espacio de acción para la banca de desarrollo. Ésta debe ser capaz de captar recursos y asignarlos a actividades de alto riesgo sin comprometer la solvencia del sistema bancario ni la estabilidad del sistema regulatorio en general, así como de garantizar una eficiente asignación del crédito, mediante adecuadas tasas de retorno.
En resumen, la banca de desarrollo debe regirse por los principios de complementariedad y transparencia, y sus instrumentos financieros por criterios similares a los de mercado.
b) La banca de desarrollo en el contexto actual
Las actividades de fomento productivo no son exclusivas de la banca pública de desarrollo. Como se aprecia en el cuadro III.5, de 105 instituciones en 21 países de la región, un 22% son de origen privado y un 10% de propiedad mixta. Se estima que, a principios del 2000, las instituciones de desarrollo contaban con activos que superaban los 400.000 millones de dólares y canalizaban una proporción significativa del crédito en varios países de la región, sobre todo a los sectores agropecuario, agroindustrial y manufacturero, seguidos por la vivienda, construcción e infraestructura, comercio y comercio exterior.10
9 Los problemas de información son uno de los principales motivos que justifican una intervención gubernamental en estos mercados (Joseph Stiglitz, The role of the State in Financial Markets, Banco Mundial, 1993). La asimetría de información lleva, entre otros, a problemas conocidos como riesgo moral y selección adversa. El primero se refiere a la alteración de la estructura de riesgos de un proyecto que realiza el deudor una vez que se ha tomado el crédito, lo que puede redundar en una menor tasa de retorno para el prestamista. El segundo hace referencia a la concentración del financiamiento en los proyectos más riesgosos, ya que el precio que se está dispuesto a pagar por los fondos para financiarlos es mayor.
10 Véase R. Acevedo, Banca de desarrollo: paradigmas en el nuevo milenio, Lima, Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE), 2002.
Cuadro III.5
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE