Cuando recibí la invitación de esta prestigiosa universidad –y en particular de su Departamento de Historia– para referirme a la Secretaría Nacional de Distribución y Comercialización, en el marco de la feliz iniciativa de rememorar y traer a la memo- ria los hechos de ese Gobierno, pensé que iba a ser una tarea fácil. Mal que mal había tenido el privilegio de desempeñarme en esta subsecretaría bajo el mando del General (Alberto) Bache- let, en calidad de ayudante-asesor1. Revisando, sin embargo, la
memoria, en primera instancia, y luego algunos documentos de la época, revivo con mucha claridad la magnitud del problema que debíamos enfrentar y, en particular, la responsabilidad que significaba para nosotros –oficiales de la Fuerza Aérea– asumir tamaño desafío.
La velocidad y fuerza de los acontecimientos políticos que vivía el país en el tercer año del Gobierno de la Unidad Popu- lar, agudizaban las contradicciones hasta límites inimaginables. Los cambios en marcha estremecían a Chile hasta sus cimientos. El Gobierno continuaba sus esfuerzos por quebrar la estructura capitalista dependiente y establecer las bases de una estructura socialista, cuya línea central de acción era tratar de satisfacer las
1El General de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet Martínez (1940-1973), fue nombrado
por el Presidente Allende, a comienzos de enero de 1973, Director de la Secretaría Nacional de Abastecimiento y Distribución, dependiente del Ministerio de Economía. Raúl Vergara, joven oficial de la Fuerza Aérea, fue nombrado su ayudante-asesor.
necesidades elementales de las masas, empeño que la lucha polí- tica había llevado al centro mismo de la batalla.
La demanda o consumo de los trabajadores –vía incremen- to de los ingresos– se había expandido notablemente en los dos primeros años; expansión que tuvo inicialmente una respuesta adecuada por parte del aparato productivo, desde la capacidad instalada, mayoritariamente en manos privadas. Sin embargo, cuando fue necesaria la inversión para continuar respondiendo a esta demanda creciente, esta no se realizó generando una escasez relativa de bienes. Por otra parte, la fijación de precios, asociada al afán de lucro del empresariado, generó una masiva desviación de productos hacia el mercado negro, acentuando, por cierto, la escasez.
El desabastecimiento de bienes esenciales de consumo devie- ne, entonces, en el instrumento político por excelencia para des- estabilizar al Gobierno. En lo interno, a la restricción intencional de la oferta por parte de las empresas productoras, se suma una campaña masiva por parte de la reacción, destinada a provocar, a través del mecanismo de la ‘profecía autocumplida’, la sobrecom- pra del producto anunciado como escaso y generar así su desapa- rición del mercado. Los sectores de altos ingresos, por su parte, hacen uso de su privilegiada disponibilidad de recursos para –en una campaña muy bien orquestada– acaparar productos esencia- les, previendo una supuesta crisis que ellos mismos provocaban. No eran ajenas a estos esfuerzos desestabilizadores las grandes empresas distribuidoras e incluso los pequeños comerciantes, quienes veían amenazadas sus fuentes de trabajo producto tanto de la campaña opositora –del terror– como de quienes –desde el Gobierno y desde sectores de la Unidad Popular– auspiciaban la desaparición del pequeño comercio.
A fines del año 1972 la distribución estatal era francamente minoritaria e inexistente en la mayoría de los artículos de pri- mera necesidad. Esto, en medio de una inmensa red comercial privada, que sobrepasaba los 125.000 establecimientos. Aunque
la distribución estatal se concentró en las empresas distribuidoras mayoristas, aún a ese nivel no se sobrepasaba el 30 por ciento de los productos alimenticios de origen industrial. Con relación a los productos agropecuarios, el control estatal de la distribución era aún más reducido que en el caso de los productos alimenti- cios industriales. En efecto, no superaba el 14 por ciento de la totalidad de los productos agropecuarios disponibles.
El problema de la disponibilidad de bienes de primera nece- sidad para la población hace crisis a fines del año 1972, con la conocida ‘huelga de los camioneros’, que paraliza su distribución en todo el país. Para responder a este desafío de distribución el Gobierno va a promover dos mecanismos. Por una parte, incor- porar a las masas a las tareas de efectuar y controlar la distribu- ción de bienes de consumo y, particularmente, controlar sus pre- cios; y, por otra, crear una institución que centralice, planifique y dirija la distribución a nivel nacional.
El primer mecanismo toma forma en las Juntas de Abasteci- miento y Precios, conocidas como las JAP, organismos de base territorial integrados por los habitantes de la zona, encargados de vincularse con los comercios que en ella operaban. Las JAP estaban formadas por representantes de las organizaciones de masas, sindicatos, centros de madres, juntas de vecinos, clubes deportivos y representantes del pequeño comercio organizado. Su función original era, solamente, controlar que los pequeños comerciantes dispusieran del abastecimiento necesario para el sector geográfico comprendido y que esta disponibilidad fuera oportuna; además de supervisar que los productos fueran distri- buidos a las personas correspondientes al sector y a los precios oficiales.
En cuanto al segundo mecanismo, el de la institucionalidad, se crea la Secretaría Nacional de Distribución y Comercializa- ción, organismo dependiente del Ministerio de Economía. Para dotarla de personal se destinan a ella profesionales de las distintas reparticiones del Estado. Físicamente se la ubica en el piso 19
del edifico Unctad, entonces, y ahora conocido como edificio Gabriela Mistral.
La complejidad del sector –expresada tanto en los problemas objetivos de la disposición y distribución de los bienes básicos, como en los problemas políticos, manifestados en opiniones con- trapuestas, dentro del propio Gobierno, acerca de cómo enfren- tarlos– hacía necesario poner en la dirección de esta Secretaría a alguien que diera confianza a todos los sectores y que pudiera implementar las soluciones técnicas necesarias, dentro del marco político definido por el Gobierno. Así es como en enero del año 1973, el general de la Fuerza Aérea don Alberto Bachelet Mar- tínez es llamado a ocupar el cargo de Director Nacional de Dis- tribución. A la fecha, el General se desempañaba en la cúspide de su carrera como Director de Finanzas de la institución. Acla- ro que, para este efecto, el Presidente solicitó a la Fuerza Aérea que comisionara al Ministerio de Economía al General Bachelet, disposición ejecutiva en la que también se me incluyó, habida cuenta que, sin perjuicio de mi condición de piloto de combate, el año 1972 había yo había egresado de la Escuela de Economía, a la que había sido oficialmente enviado por la FACH.
Sobre el punto quisiera –si me permiten– destacar el signifi- cado del compromiso asumido por el General Bachelet. Si bien es cierto que su misión obedecía a una orden presidencial, su nombramiento no fue ajeno a su forma de pensar. Por eso, cuan- do se requirieron sus servicios para dirigir un sector entonces conflictivo de la economía, como era la distribución de los pro- ductos básicos, no trepidó en poner a disposición del Gobierno su experiencia, su prestigio y su ascendiente, consciente de los riesgos que ello implicaba, no solo para su impecable carrera mi- litar sino para su persona y familia, como lamentablemente se comprobaría más adelante, a consecuencias del golpe. Y quienes le acompañamos entonces, presenciamos su entrega, dedicación, su empeño por resolver los problemas que afectaban a los sec- tores populares y medios de la ciudadanía. ¡Y vaya cómo avan-
zó en su cometido! Con transparencia, con imparcialidad, con participación, enfrentó exitosamente tan delicada misión, solo abortada por el golpe de Estado.
Al poco tiempo de asumir y una vez acabada la evaluación de la situación, el General Bachelet solicita al Presidente se le den las facultades para tomar el control completo de las principales distribuidoras y nombrar en ellas a otros oficiales de las Fuerzas Armadas. Audaz y muy discutida decisión, resistida entonces por sectores del movimiento popular. Al respecto, algunos sectores políticos propugnaban establecer canales directos de distribu- ción, omitiendo la intermediación de los pequeños comerciantes y creando ‘almacenes del pueblo’, desde los cuales se distribuye- ra la entonces conocida ‘canasta popular’. Y no pocos gerentes de las distribuidoras estatales, contraviniendo las disposiciones existentes, apoyaban estas iniciativas, generando desconcierto en amplios sectores de la población y, por cierto, en la masa de pe- queños comerciantes, también pertenecientes a los sectores po- pulares. Se requería, pues, una autoridad que pudiera imponerse y ordenar, cuestión nada fácil en un ambiente de radicalización. En algunos lugares incluso hubo movilizaciones en defensa de la política de control popular de la distribución y de sus precios.
La crítica de la ultraizquierda de la época, en cuanto al rol de militares en la distribución, se centraba en que los unifor- mados actuábamos bajo criterios ‘tecnicistas’. Cito: “…y bajo ese prisma, la oficialidad militar se encuadra en el concepto que la distribución debe operar manejando volúmenes físicos, pero no aplica una adecuación, flexibilidad o sentido político para que ese manejo se realice discriminadamente al servicio de los sectores populares”. Esto decía Punto Final2 en abril del 73. Leo
2La revista Punto Final fue fundada en septiembre de 1965. Ligada en sus inicios al MIR, esta
revista –si bien adhería desde su identidad de izquierda– mantuvo una línea crítica frente al Gobierno de Salvador Allende. Fue clausurada el 11 de septiembre de 1973, reapareciendo en 1989, contando con colaboradores socialistas, comunistas, cristianos e independientes.
también otra de las críticas de esa época: “De este modo –se nos decía a la Subsecretaría– no resulta comprensible y consecuente que ahora se busque imponer un sistema de distribución de abas- tecimiento desde la superestructura. Esto significaría marginar a la masa de esa función vital para la economía y desmovilizarla en una acción de tanta importancia en el proceso revolucionario”. A eso debíamos enfrentarnos…
Por nuestra parte, asumíamos que nuestra misión era llegar con lo que definimos como la ‘canasta familiar’ a todos los ciu- dadanos de Chile, especialmente a los sectores marginales. Ase- gurar que estos contaran con la cantidad necesaria de productos básicos oportunamente. Se trabajó en un catastro familiar por barrios y comunas; se censó al universo de comerciantes estable- cidos; se logró articular programas de distribución por zonas; y se estableció una estrecha coordinación con las JAP allí donde existían y, en subsidio, con las Juntas de Vecinos cuando aquellas no existían. Para regular el trabajo de las JAP, desde la Secretaría de Distribución y en estrecha coordinación con organismos de masas, se reglamentó el rol de estas, cuestión que, como se com- prenderá, no estuvo exenta de conflictos. Y me voy a permitir leer un instructivo del General a los directores de las empresas distribuidoras, para que vean el sentido político que tenía tam- bién la Secretaría, pero también sus deficiencias. La circular del General Bachelet a las empresas distribuidoras mayoristas decía:
“Señor Gerente:
En atención a que esta Secretaría debe atenerse a las políticas fijadas por el Supremo Gobierno en materia de distribución y ante las repetidas denuncias de transgresiones a ellas formuladas por autoridades civiles, Juntas de Abastecimiento y Precios, Jun- tas de Vecinos, comerciantes, etc., el Secretario Nacional de Dis- tribución infrascrito, reitera: 1. La distribución de bienes de con- sumo básico deberá hacerse exclusivamente a través del comercio establecido, con la única excepción de los sectores donde no lo haya; 2. La distribución que se efectúe directamente en aquellos
lugares carentes de comercio establecido deberá ajustarse a las cantidades y frecuencias conforme a las demandas poblacionales, evitando con ello la especulación; y 3. Esta Secretaría tomará las medidas conducentes a lograr la mayor coordinación con los comerciantes detallistas y las organizaciones de base”.
El mecanismo de operación, entonces, consistía en fijar un número de familias y sus miembros en un determinado sector y definir los pequeños comerciantes, a través de los cuales se haría la distribución y venta del producto. Con antelación, se informa- ba a las JAP de la programación de distribución de determinado artículo o artículos en su sector y la cuota familiar o individual que correspondía. La JAP, entonces, coordinaba con él o con los puestos seleccionados la forma de entrega. Un instrumento que se fue extendiendo en procura de organizar y ordenar la dis- tribución, fue el uso de ‘la tarjeta’, una suerte de comprobante familiar de pertenencia a un determinado sector, que emitían las JAP, con la cual el portador accedía a las cuotas de productos correspondientes a la familia. Las fuentes de conflicto surgían del uso sectario que algunos pretendía hacer de la tarjeta; de la resistencia de algunos comerciantes a distribuir en un orden y precio prefijado; y de las tendencias a filtrar productos al merca- do negro, entre otras dificultades.
Todos los sectores sociales, gremiales y políticos accedían a la Secretaría a presentar sus quejas, reclamos y puntos de vis- ta y todos eran escuchados. No habiendo cabida para presiones políticas sobre el General Bachelet, este procuraba conducirnos solo por criterios de eficiencia y justicia. Si bien recuerdo que el esfuerzo era públicamente reconocido por los sectores populares, la exposición mediática que la tarea implicaba para el General, le significaba abiertas críticas en la oposición y resentidos comenta- rios entre sus camaradas de armas, sentimientos que después del golpe se convirtieron en represalias.
Los acontecimientos militares que marcaron hito ese año, como el alzamiento del Regimiento Blindado Nº 2 en Santiago,
conocido como el ‘tancazo’ o ‘tanquetazo’3; el asesinato del Ede-
cán Naval del Presidente4; la integración de los Comandantes en
Jefe al gabinete; imprimieron una especial presión institucional a la permanencia nuestra en la Secretaría. Sin perjuicio de ello, la efectividad de las tareas emprendidas por la Secretaría condujo a la creación de Secretarías regionales, varias de las cuales alcanza- ron a funcionar antes del golpe de Estado.
Y termino con una cita, para revindicar también cómo nos veían en la Secretaria, de la misma revista Punto Final, que decía: “También los militares en la distribución han tenido contacto con partidos de izquierda, frente a los cuáles se han mostrado decididamente progresistas”.
Notas del debate
A partir del ‘paro de octubre’, de los camioneros, en muchos sectores poblacionales se generaron lo que se llamó los almacenes del pueblo y la canasta popular, que pretendían resolver, en for- ma inmediata, el problema de la escasez de recursos y de bienes básicos. En ese contexto, en algún sector del movimiento po- pular se consideró que esa debería ser la política nacional y, por lo tanto, eliminar los canales de distribución establecidos, que eran los pequeños comerciantes, e ir a lo que se llamaba la ‘dis- tribución directa’; que las empresas productoras entregaran sus productos directamente a las respectivas poblaciones. Lo cual, obviamente, era imposible para un país tan dislocado como el nuestro, en que, además, si no se hacía desde una organización
3Sublevación militar ocurrida el 29 de junio de 1973, en que tanques del Regimiento
Blindados de Santiago rodearon el palacio de La Moneda. El movimiento fue desactivado personalmente por el Comandante en Jefe del Ejército Carlos Prats.
4 Arturo Araya Peeters, Capitán de Navío y edecán del Presidente Allende, fue asesinado el 27
centralizada era muy fácil dejar a grandes sectores sin la disponi- bilidad y sin el acceso a los productos.
De allí que, sin perjuicio de que se creó esta instancia cen- tralizada, como era la Secretaria Nacional de Distribución, se siguió contando con la participación de la población y de la so- ciedad organizada, fundamentalmente a través de la JAP, Junta de Abastecimiento y Precios; un tipo de organización que había sido creada a mediados del año 72, pero cuya reglamentación se generó recién el año 73, en los términos en que yo explicaba, es decir, destinada a coordinar a nivel barrial la distribución de alimentos, pero a través –donde lo había– del comercio estable- cido. Porque no olvidemos que habían 300.000 familias depen- diendo de la actividad del pequeño comercio y que no se las podía sacar del sistema económico, desperdiciando simplemente la capacidad instalada que existía. Por lo tanto, efectivamente, las JAP jugaron un papel muy importante en la organización barrial de la distribución y siempre contamos con ellas. No omito, sin embargo, mencionar que, efectivamente, siempre hubo una pre- sión y una tendencia a tratar de llegar al tema de la distribución directa, que fue el gran problema que enfrentamos.
* * *
A través de este Seminario, así como en los años anteriores5, ha
quedado claro que se planteaban objetivos políticos de cambio social con instrumentos absolutamente insuficientes, como era la Constitución Política existente, o como era el sistema político y la institucionalidad vigente. Por lo tanto, había que manejar las leyes disponibles, para poder avanzar hacia cambios socia- les profundos y hacia una estructura socialista de la sociedad. Nosotros en algún momento consideramos –digo nosotros, el
General Bachelet y las autoridades de la época– llegar al racio- namiento y conocimos la experiencia cubana; pero, en realidad, esa experiencia se daba en un ambiente absolutamente distinto, donde el poder popular tenía el poder completo, el control de las Fuerzas Armadas, por lo tanto allí era cosa de organizar, orde- nar y distribuir. No era lo mismo lo que nosotros vivíamos acá: teníamos leyes vigentes, teníamos sindicatos poderosísimos a los cuales había que considerar y, por lo tanto, nuestro desafío era avanzar con lo disponible.
Eduardo Rojas Gonzalo Martner
Es difícil el testimonio cuando uno intenta hacerlo de modo más directo y no lo intelectualiza, como está acostumbrado. Tanto Gonzalo (Martner) –mi compañero de mesa– como yo, hoy so- mos académicos. Hay, por cierto, una distancia temporal en el conocimiento de las cosas y ese es un problema de los historiado- res; pero, además, hay un problema personal, que son los filtros, los recuerdos, la memoria propia, que se dispara en la relación con ustedes. Uno se encuentra con gente y empieza a recordar. Y ya no es como dictar una clase. Ya deja de ser un pensamien- to más ordenado, como a uno le gusta ¿no?, que escribe libros, papers, que escribe en inglés… Entonces me disculpan, por el esfuerzo que hay que hacer para hablar de estas cosas.
Yo le decía a Pedro (Milos) –nos conocimos en ese tiempo con él, militando– que hacía 40 años que no caminaba por esta vereda1. No sé cómo explicarlo, la CUT quedaba acá en frente2.
Era el 11 de septiembre de 1973, a las 12:15 del día, terminaba una reunión, salí, doblé por la esquina y me fui por la Alameda hacia el centro, solo. Me iba a encontrar con uno de ustedes, que está presente acá. Es difícil la ‘academia’ así. Eso es lo que quería
1En referencia a la vereda oriente de la calle Cienfuegos, entre Erasmo Escala, por el norte,
y Alameda, por el sur, en Santiago. La Universidad Alberto Hurtado, donde se realizó el seminario, ocupa buena parte de la manzana comprendida por las calles Alameda, Cienfuegos, Erasmo Escala y Almirante Barroso.
2La sede de la Central Única de Trabajadores –de la cual Eduardo Rojas era uno de sus Vice-