Condition 12A Matters relating to Theft of Gas Objective and obligation to achieve it
Condition 14. Customer transfer blocking General prohibition
• Definir obligaciones que prioricen el bien social y establecer indicadores sobre la inversión de recursos públicos para la erradicación de la pobreza.
• La soberanía y la seguridad alimentaria deben ser tomadas en cuenta como mecanismos de desarrollo y lucha contra la pobreza.
• Los Estados deben promover un modelo de vida en armonía con la naturaleza, que incentive la complementariedad económica en un contexto de desarrollo global.
• Se deberán incorporar metas que promuevan el cambio de modelo de producción y consumo depredador a un modelo comprometido con el respeto a los derechos humanos.
• Debemos incorporar las responsabilidades transnacionales globales en la lucha contra la pobreza y no solo concentrarnos en los Estados. Implementar impuestos a los capitales golondrinos.
• La construcción de la equidad y la lucha contra la desigualdad deben ser centrales en la erradicación de la pobreza.
• Debemos tener cuidado en los criterios para la universalización que pueden terminar diluyendo las expectativas que tienen las diversas y particulares estructuras socio económicas.
• Debemos pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo para que la pobreza sea medida no solo a partir de lo económico. Construir indicadores sobre la utilización del medio ambiente y recursos naturales, tomando en cuenta sus beneficios e impactos. Incluir indicadores para medir el grado de inversión de los países desarrollados y economías transnacionales en la lucha contra la pobreza estableciendo criterios para evaluar cuánto de recursos invierten y con qué impactos.
• Mejorar los sistemas de información sectorial y social. Necesidad de nuevos lineamientos de políticas sectoriales
• La sociedad civil organizada debe participar y hacer acciones conjuntas con los distintos niveles de gobierno para planificar la inversión pública de acuerdo a sus necesidades.
• Se debe reconocer a la alimentación como un factor básico de salud, por lo que requiere la interacción de diferentes sectores, como educación, salud, producción, etc.
• Regular la producción de ganadería para hacerla sostenible y que no compita contra los bosques. • En Bolivia hemos avanzado con el saneamiento pero no se ha resuelto el problema de la distribución y
acceso a la tierra desde hace 20 años atrás. Es necesario ser autocríticos con el mismo proceso de cambio que se nos está yendo de las manos. El Estado (gobierno) debe regular la tenencia de la tierra para evitar el minifundio y el latifundio, con políticas de estado claras.
• Revisar la reforma agraria para nuevos asentamientos con apoyo económico, técnico que sean sostenibles. Políticas claras de asentamientos y redistribución de la tierra. Regular el alquiler de tierras y la extranajerización de este recurso. Priorizar el apoyo estatal en la producción de alimentos, sobre todo a la pequeña producción y producción familiar. El recurso agua, los bosques y la biodiversidad deben ser protegidos por su alto valor social, económico y cultural. Legislación de apoyo al desarrollo agropecuario requiere reglamentación, difusión, financiamiento y asistencia técnica adecuada.
• El Estado (gobierno) debe fomentar la producción agroecológica, prohibir y/o regular la producción de alimentos con agroquímicos; brindar capacitación a los productores de comunidades que requieren desarrollar capacidades de administración de recursos económicos y la gestión de organizaciones productivas; aplicar y defender la soberanía alimentaria para productos sanos, ecológicos y a precios justos, con políticas para estimular la producción local.
• Un nuevo pacto fiscal donde las organizaciones sociales estemos presentes con voz y voto, redistribución de los recursos e ingresos, priorizando sectores más desprotegidos, con una visión de reinversión integral y sostenible acorde a la cosmovisión de los pueblos.
• La “Cumbre de Salud” debe incorporar al menos una discusión sobre los ODM y su cumplimiento. • Implementar política pública integral en temas de agua y saneamiento básico.
• El Estado (gobierno) y las entidades reguladoras deben fortalecer las cooperativas de agua, que fueron creadas por y con esfuerzos propios de los beneficiarios, apoyar otras iniciativas locales, y regular la
calidad del agua que se distribuye. Gestión integral del agua, sensibilización y concientización del uso del agua. Implementación de Sistemas de cosecha de agua y otras alternativas. La tarifa de servicio de agua debe ser proporcional (mayor pago a mayor facilidad de acceso).
• El principio de la justicia plural debe aplicarse también a la temática de la vivienda adecuada y respetar las formas y valores culturales, democracia, participación y autogestión (propiedad comunitaria).
• Desarrollar mayores niveles de conocimiento de la realidad, retomando las múltiples lecturas y comprensiones que se tiene; realizar estudios investigaciones, no sólo poner atención al acceso sino también a la pertinencia, calidad que debe ofrecer el Sistema educativo.
• Priorizar la Educación, valorar el rol de la educación, asumir como una política sostenida que tiene que ver con el ejercicio de derechos de las personas.
• Cumplir las políticas educativas diseñadas en el Plan nacional de Desarrollo, la Constitución Política del Estado, la Ley de Educación.
• Formular indicadores que incluyan visiones propias, bajo los nuevos marcos de la Ley de Educación. • Contar con financiamiento en educación suficiente, que permita cubrir las necesidades y
requerimientos del Sistema Educativo.
• Generar conocimientos, estudios, investigaciones cuantitativa y cualitativas que guarden relación entre sí y que aporten a tomar decisiones.
• Construir nuevos indicadores y exigir el cumplimiento de las políticas educativas de descolonización, lingüísticas, de equidad de género e inclusión, incorporando lo avanzado.
• Ejercicio de un poder real con perspectiva de género como condición necesaria para ejercer el derecho a la participación política.
• Seguir con los ODM complementando los aspectos de justicia, equidad de género, igualdad, integralidad, universalidad de derechos.
• Invertir en la investigación y la ciencia creando sistemas que se adecuen a las posibilidades y realidades de las mujeres para promover sus derechos: educación, formación.
• Respetar las distintas identidades de género y las diversidades sexuales en el marco de la universalidad de los derechos humanos.
• Los ODM y sus nuevos retos deben estar formulados desde un enfoque pluralista y de equidad para ello se propone recoger demandas de las organizaciones sociales y comunidades más excluidas e incorporarlas en la formulación de los nuevos retos.
• Se recomienda la transparencia en el manejo de la información, la desagregación por sexo y el cruce de variables necesarias para comprender las distintas dimensiones de la problemática social.
• Se propone jerarquizar el mecanismo de género en el Estado y garantizar su participación en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y obras públicas.
• Garantizar los presupuestos sensibles a género asegurando su autonomía de gestión. • Garantizar el estricto cumplimiento del marco normativo nacional e internacional.
• Plantear el proceso de despatriarcalización como las acciones dirigidas contra la discriminación que conducirá a una igualdad de derechos.
• Reglamentación y aplicación de las leyes existentes en el ámbito de igualdad.
• Que los sectores en situación de vulnerabilidad sean tomados en cuenta en las políticas públicas de manera transversal.
• Espacios de vigilancia y control social en la aplicación de las normas de acceso a la justicia que garantice la erradicación de las brechas de desigualdad.
• Generar políticas de inclusión social encaminadas a revertir el estigma, la discriminación y la violencia estructural hacia los grupos en situación de vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con capacidades diferentes; adultos mayores, indígenas, campesinos, obreros, entre otros). Incorporar el tema de derechos humanos como una transversal.
• Garantizar la existencia de presupuestos específicos para cada grupo en situación de vulnerabilidad con indicadores para su control y seguimiento.
considere como sociedad civil no solo a sus aliados sino también al resto que sigue siendo sociedad civil aunque no sean afines a su partido político. Que se tomen en cuenta políticas de Desarrollo social con el apoyo de todas las organizaciones tanto de la sociedad civil como de las comunidades y los pueblos indígenas en igualdad de condiciones. Respetar la participación social de los pueblos indígenas, en el marco de sus prácticas y cosmovisión y el ejercicio colectivo de sus derechos. Las instituciones y la sociedad civil tienen que seguir insistiendo en la construcción de este Estado plurinacional, que implica la participación activa de todos los ciudadanos.
• Mejorar el acceso a la información, calidad de información y transparencia. • Contar con un Plan de Desarrollo
• Lucha contra la corrupción
• La sociedad civil debería organizarse mejor, para demandar y proponer políticas públicas, orientadas a la generación de empleo. Esto implica capacitación, acceso a recursos económicos.
• Las políticas públicas de creación de empleo deben tener un carácter diferenciado, considerando la articulación entre las economías comunitaria, privada, estatal y cooperativa. Debería darse mucho más énfasis al desarrollo de ramas técnicas, que acompañen las vocaciones de producción, transformación e industrialización del Estado Plurinacional. En el área rural, debería fortalecerse la oferta educativa técnica.
• Para generar mayor empleo, se debe desarrollar un proceso de industrialización. Este proceso de industrialización debería interpretar a cabalidad la vocación productiva diferenciada, en términos territoriales. Asimismo, éste proceso de industrialización no solamente debería involucrar el nivel nacional, sino los subniveles departamentales y municipales.
• Deberían apoyarse los emprendimientos familiares y/o micro empresariales, rebajándoles los impuestos, dotándoles terrenos, y un conjunto de alicientes para su desarrollo. Crear zonas francas libres de impuestos. Por ejemplo en el caso de la quinua, organizar una zona industrial, liberándola de impuestos para optimizar la exportación.
• Revisar y flexibilizar las políticas de inversión pública y/o privada para atraer inversiones en la exploración y explotación de hidrocarburos.
• El gobierno debería implementar políticas públicas diferenciadas para priorizar la atención de segmentos poblacionales pobres y tradicionalmente excluidos (niños, mujeres, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y pueblos indígenas) creando fondos adicionales en el Tesoro General de la Nación, y programas específicos, de tal manera que a mediano y largo plazo, se puedan igualar a los demás sectores laborales.
• Para lograr el Vivir Bien, lo primero que se debe hacer es una planificación territorial de manera participativa e informada. Cambiar la visión de extractivismo y exigir que los impactos ambientales y sociales de estas actividades se visualicen y evalúen, para que se conozca claramente los costos y así se pueda definir su continuidad en la perspectiva de asegurar la sostenibilidad. En ningún caso poner precio a la vida, la cultura y la naturaleza. Evitar la tala y quema de bosques, frenar la deforestación provocada por la agroindustria y también por avance de la coca. Demandar la implementación de instrumentos de cuantificación del uso del suelo para el cultivo de coca tradicional, y sus impactos, transparentando la información hacia la sociedad. Los procesos de decisión sobre el uso de los recursos naturales deben ser más participativos y transparentes y en caso de territorios indígenas, la consulta libre, previa e informada, debe ser vinculante.
• Hablar de la gestión estatal, haciendo efectiva la descentralización para alcanzar el vivir bien. Adecuar la normativa vigente para que sea coherente con la visión del Vivir Bien y el respeto a los derechos de la madre tierra. Se debe mejorar las capacidades técnicas gubernamentales y sociales para monitorear el estado del ambiente ante la contaminación (principalmente del agua, suelo y aire) y de sus efectos en la vida de las poblaciones humanas, los ecosistemas y su biodiversidad. Se debe planificar el cambio de matriz energética (hacia energías más limpias y sostenibles) y productiva (para disminuir emisiones), para ello que los fondos provenientes de los hidrocarburos deben ser prioritariamente invertidos con esta finalidad.
• Se debe proteger la agrobiodiversidad que es la base de la seguridad alimentaria nacional y mundial, evitando que desaparezcan variedades, por prácticas de monocultivo que responden a demandas
homogéneas del mercado internacional, como en el caso de la quinua, coca, soya. Se debe conservar de manera prioritaria nuestros ecosistemas, porque estamos perdiendo nuestra riqueza alimenticia, medicinal, cultural, para ello, una de las medidas urgentes es prohibir la comercialización, producción y comercialización de transgénicos y promover la producción orgánica. Las comunidades viven en diversos ecosistemas, por lo que las alternativas de solución están en función a estos contextos y se debe recuperar sus tecnologías y saberes, así como aportarles con tecnología apropiada.
• Promover la participación de la sociedad civil, mediante diferentes estrategias que permitan la legítima representación de los grupos mayores. Abrir debate para lograr consensos mínimos sobre contenidos básicos del vivir bien, por ejemplo, para sumar capacidades a favor de la sostenibilidad. Armar una red sobre seguimiento a los ODS, en la que participen actores representativos de las diferentes instancias de sociedad civil.