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Debido a la magnitud de la contraofensiva militar, el PCP-SL resultó afectado al modo advertido por Cisneros: los senderistas habían muerto pero, para matarlos, se había victimizado a poblaciones en una forma masiva. Debido a la pérdida de cuadros y simpatizantes, el PCP-SL disminuyó el número de atentados notoriamente hacia 1985. Las Fuerzas Armadas y Policiales, entre tanto, registraron un número menor de bajas en comparación con períodos posteriores.

El número de ejecuciones extrajudiciales y violaciones diversas de los derechos humanos, en el enfrentamiento a la estrategia senderista ya comentada, alcanzó dimensiones catastróficas en proporción al tamaño de la población de la zona. Las cifras sobre el número de

173 _{CVR. Entrevista al general (r) Roberto Noel Moral. 10de marzo de 2003.} 174 _{CVR. Entrevista al general (r) Luis Pérez Documet.}

bajas de nuestras Fuerzas Armadas en comparación con las altísimas cifras de civiles y presuntos subversivos muertos, que llegan a miles, así como el hecho de no reportarse heridos, capturas o incautación de material subversivo, hablan de una enorme desproporción en el campo.176 _{La dificultad para obtener inteligencia sobre el PCP-SL y para estabilizar el control de} las áreas rurales provocó no sólo casos muy graves de excesos, sino también la aparición de centros de reclusión y tortura clandestinos en algunas bases militares. Tristemente célebre es el estadio de Huanta, base principal de la Infantería de Marina en esa provincia, el cual alojó temporalmente un centro clandestino de reclusión donde se practicó la desaparición y la tortura. Otros lugares de interrogatorio fueron la chanchería situada en las inmediaciones del cuartel Los Cabitos de Huamanga y la llamada «casa rosada» en esta misma ciudad.

Las violaciones de los derechos humanos aumentaron porque el comando político-militar de la zona de emergencia, dentro de su estrategia de aislamiento de la zona, prohibió el ingreso de la Cruz Roja, de las organizaciones humanitarias y del periodismo en general, reservándose el derecho de autorizar determinados reportajes o entrevistas. Las pocas noticias que se filtraban eran tomadas luego por ciertos sectores del público nacional e internacional como indicadores de una situación fuera de control y, al mismo tiempo, desacreditas por las autoridades del país. A los pocos meses de iniciado este bloqueo informativo se produjo la muerte de ocho periodistas a manos de los comuneros de Uchuraccay, quienes los confundieron con subversivos. La esfera oficial volvió a cerrar el tema poco después y a apostar por una victoria rápida sin importar los costos, sin mayor alteración de la agenda política y de los planes económicos.

Mientras el oficialismo negaba que hubiera violaciones de los derechos humanos o, simplemente, en algunos casos, restaba importancia a las denuncias, la oposición le daba al asunto la mayor relevancia política. Esta desunión política del país fue el mayor obstáculo para que el esfuerzo de defensa interior fuera complementado, como era urgente, por esfuerzos económicos, administrativos y políticos para incrementar la presencia del Estado en la zona de emergencia. Los opositores de izquierda veían en la guerra contra el PCP-SL una versión peruana de la «guerra sucia» argentina. Aunque la izquierda parlamentaria marcó ciertas distancias con el PCP-SL, en muchas actividades políticas de izquierda se mantenía una posición ambigua con respecto a la lucha armada, dando a entender que no se había renunciado a ella y que se comprendía perfectamente el carácter violento que estaba adquiriendo el conflicto social. Lo cierto es que no hubo un acuerdo nacional activo contra el PCP-SL.

Así pues, las posiciones políticas sobres este tema se polarizaron. Los altos mandos militares —que eran entonces un actor político— interpretaban esta falta de apoyo unitario al esfuerzo de defensa como una debilidad del nuevo sistema. Tanto el oficialismo como la oposición confundían al PCP-SL con un fenómeno más de la Guerra Fría, una guerrilla nacional alentada por el comunismo internacional. La confusión aumentó cuando el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) anunció su ingreso a la lucha armada. Como en este caso sí parecía presentar las características propias de una guerrilla regular, vinculada al comunismo internacional y heredera de las ramas radicalizadas del PAP que emprendieron las efímeras guerrillas de 1965, entonces se reforzó la creencia de que detrás del PCP-SL, el MRTA y las izquierdas parlamentarias había un mismo actor político: el comunismo internacional. Este engaño colectivo —originado en la confusión que tenían las izquierdas sobre sí mismas— impidió en los primeros años del conflicto reconocer las fuertes diferencias entre las agrupaciones de izquierda, el MRTA y el PCP-SL. Ello no sólo frustró la necesaria unidad política para enfrentar al PCP-SL, sino que permitió que amplios sectores subestimaran su

176 _{«Yo les he contado a los señores Comisionados. Cuando recién llegado a la Presidencia, recibía yo unos} informes cada mañana y al leerlos veía que una patrulla había encontrado dos "terroristas comunistas" huyendo y habían sido abatidos. Mi primera preocupación fue qué arma se capturó, qué circunstancia concreta de que hubieran sido "terroristas comunistas", como se usaba entonces decir». Declaración del ex presidente Alan García Pérez. Sesión de Balance y perspectivas de la CVR. 12 de abril de 2002.

peligrosidad y se contentaran con interpretar al PCP-SL como una explosión del comprensible descontento de los campesinos pobres.

El carácter marginal de la guerra 1983-1985 estuvo determinado por la decisión política implícita y (ésta sí) unánime de buscar que el esfuerzo de defensa, protagonizado por los militares, no tuviera consecuencias para otros campos de la vida nacional. Ello ocurrió en dos direcciones. Desde el oficialismo, porque veían en eso un retorno de los militares al poder y por una lógica de delegación de funciones a las Fuerzas Armadas en lo que se suponía debía ser una campaña estrictamente limitada al campo militar. Y desde la oposición, para evitar una ampliación del concepto de lucha contrasubversiva que pudiera volverse contra ellos mismos. La posición política del gobierno, que oficialmente no reconocía la existencia de un conflicto interno con carácter de guerra subversiva —sino sólo brotes terroristas—, coincidió con la estrategia de incomunicación de la zona de conflicto establecida por las Fuerzas Armadas. El resultado fue que se estaba peleando una guerra oficialmente inexistente, la cual debía acabarse rápido, a cualquier precio y sin dejar huellas de lo ocurrido.

Al comenzar el año 1984, el general Manuel Clemente Noel Moral fue relevado de su cargo por el general Adrián Huamán Centeno. Natural de la zona y hablante de la lengua quechua; el general Huamán parecía mostrar disposición para tomar en sus propias manos las medidas políticas y económicas necesarias para conquistar el apoyo de la población. Aunque dio pasos para conseguir este fin, el número de testimonios de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones producidas por las fuerzas del orden durante su período es el más elevado de toda la historia del conflicto. También lo es el número de crímenes perpetrados ese año por el PCP-SL. En este período se descubren las primeras fosas comunes, Huamanguilla y Pucayacu. También está claro que el ambivalente apoyo que Huamán dio a la organización de autodefensas campesinas, propiciando el levantamiento de pueblos enteros contra las amenazas del PCP-SL, pero sin darles ningún armamento ni entrenamiento adecuado, hicieron que aumentara la violencia por parte del PCP-SL y también por parte de las mismas organizaciones de autodefensa.

Convencido de que tenía que vincular las acciones de desarrollo con las acciones militares, Huamán, en su calidad de Jefe del Comando Político-Militar de la Zona de Emergencia, interpretó que este cargo le confería la atribución de dirigir el presupuesto de inversión pública de la Corporación Departamental de Desarrollo de Ayacucho. Emitió entonces la directiva 001- SAS/SZSN «E», el 27 de abril de 1984, con la finalidad de «[…] reorientar cualitativa, cuantitativa y estratégicamente la inversión pública 1984 del Departamento de Ayacucho al desarrollo de las actividades productivas agropecuarias que beneficien prioritariamente a la población campesina afectada por los actos de terrorismo, generando el máximo de ocupación y autoabastecimiento de alimentos en la zona de emergencia». Es notorio que sus acciones en el campo del desarrollo agropecuario apenas si tenían asesoría especializada y estaban lejos de ser un modelo de desarrollo sostenible; pero también es evidente que eso no era lo que le interesaba, sino el efecto psicosocial de estas medidas en el curso de la lucha contra el PCP-SL. En realidad, muchas de sus acciones, más que responder a un auténtico plan, parecían reproducir esquemas paternalistas conocidos en el campo ayacuchano mucho antes de la Reforma Agraria. Además, Huamán subestimó la capacidad política del PCP-SL para hacer aparecer ese gasto social como conquista de la «guerra popular». Como los pueblos de la zona de emergencia habían sido visitados por el PCP-SL desde tiempos de la Reforma Agraria y no habían visto aparecer inversión pública alguna hasta la llegada del general Huamán, no era difícil para el PCP-SL hacer creer a la gente que, si no fuera por la «guerra popular», jamás habrían llegado esas inversiones.

El informe sobre las experiencias adquiridas en ese cargo que Huamán elevó a sus superiores después de ser destituido contiene pasajes reveladores de su posición ideológica reformista y desarrollista, seguramente compartida por muchos altos mandos del Ejército; pero al mismo tiempo incompatible con la política económica del gobierno y con las recomendaciones de la administración Reagan.

A partir del año 1984, la Infantería de Marina organizó los primeros comités de autodefensa. Pero esas autodefensas campesinas (valle del Apurímac) y los reagrupamientos de población («aldeas estratégicas» alrededor de Huanta) no contribuyeron en esta etapa a reducir el carácter indiscriminado de las acciones de armas, aunque proveyeron experiencias que resultarían útiles más adelante. Estas estrategias experimentales se ejecutaron al margen de la política oficial, la cual estaba en contra de movilizar a los campesinos y de dar autoridad política a los militares. La estrategia de seguridad nacional del partido del gobierno era, al parecer, ejercer presión militar sobre el campo y trabajar para alcanzar la captura policial de los mandos subversivos.

El gobierno urgía a los mandos militares y policiales a eliminar los brotes subversivos y, al mismo tiempo, mantenía el tema sin mayores consecuencias políticas. A pesar del establecimiento de la División contra el Terrorismo, las capacidades de investigación policial se pusieron al servicio de la inteligencia de guerra, abandonando su razón de ser, que es permitir capturas legales sobre la base de pruebas objetivas. En vez de realizar las investigaciones con todas las exigencias de ley con la finalidad de llevar ante los tribunales al delincuente terrorista con un expediente sustentado en medios probatorios, las habilidades de los policías de investigaciones, entrenados para la observación y la escucha clandestina, la infiltración en las organizaciones criminales y la captación de colaboradores, se convirtieron paulatinamente en medios auxiliares de la acción militar contrasubversiva.

Las iniciativas de las Fuerzas Armadas para organizar la autodefensa de la población estaban completamente al margen de la estrategia oficial. El gobierno, la oposición, muchos altos mandos militares y la opinión pública predominante estaban en contra de armar a la población. Esto, sumado a las iniciativas del general Huamán Centeno, muestra que, desde los primeros años del conflicto, las Fuerzas Armadas adoptaron estrategias que se apartaron del mandato dado por la política de seguridad y de defensa del gobierno elegido.