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6.2. Domain Knowledge Base
Las autoridades no tomaron medidas para investigar las miles de desapariciones forzadas y demás abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto interno de la década de 1990. La Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional (Ley 06-01), en vigor desde 2006, concedía impunidad a las fuerzas de seguridad y trataba como delito la crítica pública de su conducta. Se obligaba a las familias de las personas desaparecidas a aceptar certificados de defunción como requisito para cobrar
indemnizaciones, pero se les negaba información sobre la suerte que habían corrido sus seres queridos. Se hostigaba a quienes seguían reivindicando verdad y justicia.
Mohamed Smaïn, ex presidente de la oficina de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos en Relizane, que abogaba por la verdad y la justicia para las familias de los desaparecidos, fue detenido en junio por haber desobedecido una citación de la fiscalía de Relizane. Lo habían citado en relación con una condena de dos meses de prisión y varias multas que se le habían impuesto tras criticar a las autoridades por el traslado de cadáveres de una fosa común de Relizane en 2001. El Tribunal Supremo había confirmado la condena en 2011. Mohamed Smaïn quedó en libertad en virtud de un indulto presidencial concedido en julio por motivos de salud.
Derechos de las mujeres
Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica. Sin embargo, tras la aprobación de una ley en 2011 para incrementar la representación de las mujeres en el Parlamento, éstas se hicieron con casi un tercio de los escaños en las elecciones nacionales de mayo.
En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó al gobierno a reformar el Código de Familia para que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres en lo referente al matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia. Asimismo, el Comité pidió al gobierno que retirara las reservas de Argelia a la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y ratificara su Protocolo Facultativo; que promulgara leyes para proteger a las mujeres contra la violencia en el ámbito familiar y contra otros tipos de violencia,
y que abordara la desigualdad de género en la educación y el empleo.
Pena de muerte
Los tribunales impusieron al menos 153 condenas de muerte, la mayoríain absentiay contra personas declaradas culpables de delitos de terrorismo. No hubo ejecuciones: las autoridades mantuvieron su suspensiónde facto,en vigor desde 1993.
Ocho hombres fueron condenados a muerte el 25 de octubre, tras haber sido declarados culpables de secuestro y asesinato. Al menos dos afirmaron haber sido torturados en prisión preventiva en 2011.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Algérie: La suspension d’un avocat stagiaire et militant des droits humains doit être immédiatement levée(MDE 28/001/2012) Hostigamiento a activistas en Argelia(MDE 28/002/2012)
ARGENTINA
REPÚBLICA ARGENTINA
Jefa del Estado y del gobierno: Cristina Fernández de Kirchner
Las mujeres embarazadas a consecuencia de violación seguían encontrando obstáculos para acceder a un aborto legal, a pesar del fallo de la Corte Suprema que confirmaba este derecho. Seguía sin respetarse el derecho de los pueblos indígenas a la tierra. Continuaron los juicios por violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar (1976-1983).
Información general
En octubre, Argentina se sometió al examen periódico universal de la ONU, en el que se evaluó su historial en materia de derechos humanos. Se formularon recomendaciones sobre cuestiones como los derechos sexuales y reproductivos y los derechos relativos a los pueblos indígenas, a las personas migrantes y a no sufrir tortura.
A lo largo del año continuaron en Argentina las investigaciones –iniciadas en aplicación de la
jurisdicción universal– sobre los crímenes cometidos en España entre 1936 y 1977, periodo que incluía la Guerra Civil y el régimen de Franco.
En mayo se aprobó una ley que permitía a quien lo desease cambiar su nombre y sexo en documentos oficiales sin la aprobación de un juez o un médico; fue un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.
Derechos de los pueblos indígenas
En julio, el relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas hizo público un informe en el que expresaba preocupación por cuestiones como la ausencia de medidas para proteger el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos naturales. El informe también ponía de relieve el incumplimiento de la Ley de Emergencia 26.160, que prohibía el desalojo de comunidades indígenas mientras no se llevase a cabo un estudio de ámbito nacional para delimitar los territorios indígenas.Al concluir el año estaba pendiente en el Parlamento un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil que incluía medidas que afectaban al derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales. Los indígenas expresaron preocupación porque no se había pedido su opinión mientras se debatía el anteproyecto de ley.
En marzo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación celebró una vista pública sobre los obstáculos que impedían que la comunidad toba qom de La Primavera, provincia de Formosa, reclamase sus tierras
ancestrales. En noviembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia retiró los cargos formulados contra los líderes indígenas Félix Díaz y Amanda Asikak en relación con un corte de ruta organizado en 2010. Los jueces alegaron que el corte de ruta era la única medida de protesta de que disponían. Seguían preocupando las amenazas y los actos de intimidación contra Félix Díaz y algunos de sus familiares. En agosto, Félix Díaz fue atropellado por una camioneta cuando viajaba en su motocicleta. Según testigos, la camioneta pertenecía a la familia propietaria de las tierras ancestrales que reclama la comunidad. El conductor se dio a la fuga, y al concluir el año no se había iniciado ninguna investigación sobre el accidente.
Derechos de las mujeres
En marzo, un fallo de la Corte Suprema estableció que toda mujer o niña embarazada a consecuencia
de una violación debía tener acceso a un aborto en condiciones seguras sin necesidad de autorización judicial. Sin embargo, preocupaba el hecho de que el fallo se incumplía en varios lugares del país. Tras el fallo de la Corte Suprema, la Legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires aprobó legislación que permitía los abortos legales, sin el requisito de la intervención judicial, en los casos de sobrevivientes de violación y de peligro para la vida de la madre en caso de llevar a término el embarazo. Sin embargo, el jefe de gobierno de la ciudad autónoma vetó la ley, por lo que en Buenos Aires siguió vigente la legislación previa, que no era conforme a la decisión de la Corte Suprema.
En octubre, un tribunal de Buenos Aires impidió a una mujer de 32 años someterse a un aborto. Había sido víctima de trata y su embarazo era consecuencia de una violación. Hubo una indignación generalizada, y la Corte Suprema anuló la decisión del tribunal inferior. Finalmente, la mujer pudo someterse a un aborto.
Continuaba preocupando la falta de aplicación plena de la legislación aprobada en 2009 para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres; entre otras cosas, preocupaba el hecho de que no se recopilaba información fiable.
Se aprobó legislación que convertía los motivos de género en factor agravante en los casos de homicidio.
Impunidad
Continuaron los avances para procesar y condenar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar (1976-1983).
En junio, el ex militar Alfredo Omar Feito y el ex agente de la Policía Federal Pedro Santiago Godoy fueron condenados a 18 y 25 años de cárcel, respectivamente, por la tortura y la privación ilegítima de la libertad de 181 personas en los centros de detención clandestinos del Primer Cuerpo del Ejército: Atlético, Banco y Olimpo.
En julio, los ex presidentes argentinos Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone fueron declarados culpables del secuestro sistemático de niños y niñas y condenados a 50 y 15 años de cárcel,
respectivamente.
En octubre, tres ex oficiales de la Armada fueron condenados a cadena perpetua en relación con la “masacre de Trelew”, en la que 16 personas encarceladas por motivos políticos fueron ejecutadas
tras un intento de fuga de una prisión de la provincia de Chubut en 1972.