El Poder Ejecutivo Municipal, a comienzos de 2010, se posicionaba fundamentalmente como un actor expectante. Ejercía el poder de control en aquello que le correspondía rutinariamente, aguardando que el Concejo se manifestase. No se expresaba en contra del tratamiento de la problemática en el Concejo Deliberante, y ello puede observarse en la intervención de los concejales del mismo color político del Ejecutivo a favor del desarrollo de una norma que eliminara la tracción a sangre.
El accionar del Ejecutivo consistía en el control en la vía pública del estado de circulación de los carros. Teniendo presente la Ley Sarmiento que ampara los derechos de los animales, el Estado Municipal debía garantizar que aquellos caballos
59 que circularan por las vía pública lo hicieran en buen estado de salud, herraje, sin ser maltratados, sin el acarreo de peso excesivo, entre otras cosas. La Dirección de Control Urbano era, y actualmente continúa siendo el órgano ejecutor y responsable de esta tarea en la estructura del Municipio. El control sobre los carreros se ejercía de diversos modos. En los operativos rutinarios de la Dirección General de Tránsito, junto a la Dirección de Control Urbano y la Guardia Urbana Municipal; en los recorridos habituales por las calles de la ciudad cuando una camioneta de la repartición se encontraba con algún caballo descuidado, o a partir de alguna denuncia realizada por un vecino. El protocolo establecía (y continúa actualmente) que los empleados de la repartición debían frenar al carrero, explicarle la infracción, y proceder a la quita del animal mediante el labrado de un acta (cuya copia es entregada a la persona dueña del carro y el caballo). Posteriormente, el caballo era transportado hasta el Corralón Municipal de Caballos, y el carrero podía tramitar ante el Juez de Faltas correspondiente según su Centro Municipal de Distrito la devolución del carro, del material reciclable secuestrado y en ocasiones del caballo.
Continuando enmarcados en la teoría de Oszlak y O´Donnell, sobre los consensos y diferencias hacia el interior del propio Estado, se observa una no uniformidad en la forma de intervención y de abordaje sobre la problemática por el Poder Ejecutivo. Como he señalado, por un lado, la Dirección de Control Urbano tiene como objetivo controlar estrictamente el cumplimiento de la norma, sea cual fuere la circunstancia. Pero, por otro lado, es posible identificar otras áreas que incluyen en su perspectiva otras variables.
Respecto a la cuestión social de las familias de los recuperadores, las áreas sociales del municipio, sean estas Desarrollo Social, Economía Social o Salud, por ejemplo, llevaban adelante con la población el mismo trabajo que les era inherente por su esencia. Esto quiere decir que actuaban en todos los casos que una familia carrera requiriera intervención del Estado. Dando algunos ejemplos, por un problema de salud de alguno de los miembros, a partir de la inclusión de algún niño a un Centro de Convivencia Barrial o Polideportivo, de la inclusión a programas alimentarios, entre otros. Esta facción del Ejecutivo, no realizaba una intervención orientada mediante un Programa específico a familias carreras (como sí sucedió luego con el Programa Andando), sino que llevaba adelante un accionar en función de los lineamientos generales de la política social planificada por el Municipio. También es importante mencionar que la entonces Subsecretaría de Economía Solidaria que pertenecía a la Secretaría de Promoción Social, sí participó de los debates de la Ordenanza,
60 aportando sobre la cuestión socio-laboral de las familias, las posibilidades de reconversión y de inclusión a la economía social.
La entonces Secretaría de Medio Ambiente y Espacio Público aportaba una mirada relacionada al cuidado del ambiente y de los espacios públicos de la ciudad. Su principal preocupación y motivación para terminar con la tracción a sangre era el control sobre los mini basurales. Según esta repartición, muchos carreros ocasionaban mini basurales al rescatar, por la propina de un vecino, restos de poda o de escombros, que al no poder clasificarse y venderse terminaban volcados en el espacio público. Sobre esto el Concejal Greppi explicaba que:
“Como está el negocio del cobro, por retirar residuos, recuperar cosas de privados, se produce otro problema que es que en muchos casos esos residuos o los arrojan provocando mini basurales a cielo abierto, o los quemaban cerca de sus ranchos, provocando serios problemas de contaminación. Se contaminaba toda la familia, ahí hay una dimensión importante tanto ambiental como de salud”. (Greppi, 2015)
Puedo destacar también, que el Ejecutivo por esos años ya poseía una visión si se quiere higienista de la ciudad. Con la creación del Programa Rosario Más Limpia - donde participaban representantes de varias Secretarías Municipales-, se abordaban una serie de dimensiones orientadas a generar una Rosario innovadora en la gestión de los residuos, que promoviese la separación, que alcanzara la máxima contenerización, sustentable, con mejoras en la calidad de vida de sus ciudadanos y que mostrara un aspecto ordenado para el turismo. Dicho programa incluía en uno de sus ejes de acción al denominado “eje informal”, que buscaba orientar acciones vinculadas a la inclusión social y al ordenamiento de la actividad del sector informal de recolección. De hecho los objetivos planteaban concretamente el establecimiento de una estrategia destinada a evitar la recolección informal de residuos con vehículos de cualquier tipo, reconvirtiendo a quienes desarrollaban la actividad. También se planteaba el desarrollo, junto a los recolectores informales, de conductas y códigos que minimizaran el impacto de la actividad en la higiene de la ciudad (normas de recolección como por ejemplo el mantener los residuos no reciclables dentro de los contenedores). Asimismo, la posibilidad de estudiar la integración gradual del sistema informal al servicio formal constituía una de las metas, para emplear en el proceso productivo de recolección y reciclado a los recuperadores informales de residuos.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, considero que el Poder Ejecutivo no jugó un papel preponderante en el debate de la norma, sin embargo, a través de sus
61 políticas otorgó la conformidad necesaria para que los concejales voten la Ordenanza, incluyendo aquellos del FPCyS.