Discriminación contra la Mujer expresó preocupación por la elevada prevalencia de la violencia, incluida la violación, y la persistencia de la violencia en el hogar.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Bahamas: Legislative challenges obstruct human rights progress. Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review
(AMR 14/001/2012)
BAHRÉIN
REINO DE BAHRÉIN
Jefe del Estado: rey Hamad bin Isa al Jalifa Jefe del gobierno: Shaij Jalifa bin Salman al Jalifa
Las autoridades siguieron reprimiendo las protestas y la disidencia. El gobierno llevó a cabo ciertas reformas, de conformidad con las recomendaciones de una importante investigación sobre las
violaciones de derechos humanos cometidas en 2011, pero no aplicó algunas de las principales recomendaciones restantes, relativas a la rendición de cuentas. Decenas de personas se hallaban presas o detenidas por oponerse al gobierno, entre ellas muchas consideradas presos de conciencia o condenadas en juicios sin garantías. Se hostigó y encarceló a defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas. Las fuerzas de seguridad
B
siguieron utilizando fuerza excesiva contra manifestantes, lo que se tradujo en muertes, e infligieron presuntas torturas y malos tratos a detenidos. Sólo se enjuició a unos pocos agentes de seguridad por las violaciones de derechos humanos cometidas en 2011, perpetuando así el clima de impunidad. Se impuso una condena de muerte. No hubo ejecuciones.
Información general
Hubo nuevas protestas contra el gobierno, protagonizadas sobre todo por miembros de la comunidad chií, mayoritaria en el país, que denunciaban que la minoría suní gobernante los marginaba políticamente. Se recibieron noticias sobre manifestantes que habían lanzado cócteles molotov y bloqueado vías públicas. Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva para dispersar algunas manifestaciones. En general, el diálogo político entre el gobierno y la oposición siguió estancado.
En noviembre, el gobierno comunicó que “dos personas asiáticas” habían muerto y una tercera había resultado herida a consecuencia de explosiones de bombas en Manama. Días más tarde, las autoridades retiraron la nacionalidad bahreiní a 31 personas, a quienes acusaron de haber socavado la seguridad del Estado.
El gobierno aplicó varias de las recomendaciones formuladas por la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin en 2011, como la readmisión de trabajadores despedidos y el establecimiento de mecanismos para reformar el cuerpo de policía. Asimismo, en octubre reformó algunos artículos del Código Penal e introdujo una nueva definición de la tortura. Sin embargo, no puso en práctica otras recomendaciones clave de la Comisión, nombrada por el rey en 2011 para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del gobierno en la represión de las protestas populares de los primeros meses de 2011. En concreto, no liberaron a todos los presos de conciencia y no emprendieron
investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura a personas detenidas ni llevaron a sus responsables ante la justicia. No obstante, el gobierno aceptó más de 140 recomendaciones resultantes del examen periódico universal de la ONU, al que se sometió en mayo, entre ellas algunas que pedían la aplicación de las recomendaciones de la Comisión.
Otras recomendaciones, relativas a la abolición de la pena de muerte, fueron rechazadas. En marzo, el gobierno endureció los controles de visado para las ONG extranjeras, y en octubre prohibió todas las concentraciones y reuniones públicas, si bien en diciembre levantó la prohibición. En noviembre, el Ministerio de Desarrollo Social anuló los resultados de las elecciones al Colegio de Abogados de Bahréin y restituyó a la anterior junta directiva.
Impunidad
Continuó el clima de impunidad, como podía constatarse por el escaso número de procesamientos de agentes de policía y miembros de las fuerzas de seguridad en relación con la escala y la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas en 2011. Las autoridades no emprendieron investigaciones independientes sobre todas las denuncias de tortura. Sólo se enjuició a unos cuantos agentes de seguridad de baja graduación y a dos altos mandos en relación con homicidios de manifestantes o torturas y otros abusos contra detenidos cometidos en 2011. Tres de ellos fueron declarados culpables y condenados a siete años de prisión, pero al menos uno permaneció en libertad a la espera de que se resolviera el recurso de apelación. Otros tres fueron absueltos, sentencia que fue recurrida por la fiscalía.
En septiembre, un tribunal absolvió a dos agentes de seguridad en relación con el homicidio de dos manifestantes en la plaza de la Perla de Manama el 17 de febrero de 2011. Según la información disponible, sólo se presentaron como prueba las declaraciones de los propios agentes, que no estuvieron presentes en las vistas. La fiscalía recurrió la sentencia en octubre.
Uso excesivo de la fuerza
Las fuerzas de seguridad continuaron utilizando fuerza excesiva, y emplearon escopetas y gas lacrimógeno contra manifestantes, en ocasiones en espacios cerrados. Se tuvo noticia de la muerte de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, por disparos o por impacto de botes de gas lacrimógeno. Además, se tuvo noticia de la muerte de al menos 20 personas más por gas lacrimógeno. Por otro lado, las autoridades declararon en septiembre que, desde principios de año, habían resultado heridos 1.500 agentes de seguridad en protestas. En la segunda mitad del año mataron a dos agentes de policía.
Hussam al Haddad, de 16 años, murió el 17 de agosto en Al Muharraq tras haber disparado contra él la policía antidisturbios. La investigación de la Unidad de Investigaciones Especiales concluyó que los disparos estaban justificados como forma de “repeler un peligro inminente”.
Ali Hussein Neama, de 16 años, murió el 28 de septiembre en la localidad de Sadad, tras haber recibido en la espalda un disparo efectuado por la policía antidisturbios. Su familia aseguró que la policía les había amenazado y les había impedido acercarse a él cuando estaba tendido en el suelo. En su
investigación, la Unidad de Investigaciones Especiales consideró que se había tratado de un “acto de defensa propia” por parte del agente de seguridad y desestimó el caso.
Tortura y otros malos tratos
El gobierno tomó medidas para mejorar la actuación de la policía, para lo que emitió un nuevo reglamento policial que incluía un código de conducta y formación en derechos humanos. Sin embargo, la policía continuó deteniendo a personas sin orden judicial, recluyéndolas en régimen de incomunicación durante días o semanas, negándoles el acceso a abogados y, al parecer, sometiéndolas a tortura u otros malos tratos, como golpes, patadas, insultos y amenazas de violación.
El 26 de julio, Hussein Abdullah Ali Mahmood al Ali fue detenido sin orden judicial en la localidad de Salmabad. Al parecer, fue golpeado y trasladado a un lugar que no se dio a conocer. Según contó, lo torturaron mientras se encontraba recluido en régimen de incomunicación y lo obligaron a firmar una “confesión”. Su familia no supo su paradero hasta pasadas tres semanas, y tanto ella como los abogados tardaron meses en conocer el lugar exacto. Él explicó que le habían aplicado descargas eléctricas y amenazado con violarlo.
Decenas de menores de entre 15 y 18 años, algunos de ellos detenidos en manifestaciones o en el curso de ellas, fueron recluidos en prisiones y centros de detención para adultos; muchos fueron acusados de “reunión ilegal” o de disturbios. En ciertos casos, se los golpeó en el momento de la detención o posteriormente, y se les negó el acceso a sus familias o abogados durante las primeras horas de detención, periodo en el que, al parecer, se los obligó a firmar “confesiones”. Algunos fueron condenados a la cárcel.
Salman Amir Abdullah al Aradi, de 16 años, fue detenido en febrero y, nuevamente, en mayo. En esta última ocasión lo trasladaron a la comisaría de policía de Al Hidd y, al parecer, lo golpearon y amenazaron con violarlo para que firmara una “confesión” sin que se hallara presente su familia ni un abogado. A continuación, lo acusaron de “reunión ilegal” y de otros delitos y, tras declararlo culpable, en julio le impusieron una condena de un año de prisión, que fue confirmada en apelación.
Mariam Hassan Abdali al Khazaz, de 17 años de edad, afirmó que la policía la había golpeado y propinado patadas tras su detención en Manama, después de una protesta el 21 de septiembre. La obligaron a firmar una “confesión” sin que se hallara presente su familia ni un abogado y la acusaron de “reunión ilegal”, agresión a un agente de policía y otros delitos. El 17 de octubre quedó en libertad bajo fianza y estaba en espera de juicio al finalizar el año.