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A modo de conclusión general respecto de la evolución social de los países de América Latina y el Caribe en el último decenio, así como de los desafíos que ésta plantea para la sostenibilidad del desarrollo en la región, corresponde pues subrayar que la intensidad del proceso de reestructuración económica define nuevos ganadores y perdedores. La heterogeneidad estructural, característica de los sistemas productivos de la región, se ha acentuado, al profundizarse las diferencias de productividad entre las empresas grandes, líderes de los procesos de modernización, y el amplio y variado espectro de actividades rezagadas, que concentra el grueso del empleo. Esto no sólo sienta las bases materiales de mayores

desigualdades sociales, al ahondar las brechas internas de productividad e ingresos, sino que también afecta la capacidad de crecimiento, por cuanto limita el enlace entre los diversos sectores productivos y la difusión del progreso técnico, así como el arrastre de las exportaciones. El importante cúmulo histórico de rezagos sociales, al que se han sumado los generados durante la crisis de los años ochenta, cede en forma muy lenta, sobre todo en tres aspectos interrelacionados: la situación del empleo, la incidencia de la pobreza y la exclusión social. En consecuencia, en términos absolutos, el número de latinoamericanos y caribeños en situación de pobreza —211 millones— es hoy más alto que nunca.

La magnitud del crecimiento económico y la eliminación de la hiperinflación es el primero entre los factores determinantes de la reducción de la pobreza; el segundo es el persistente esfuerzo por aumentar el gasto social y la preocupación creciente que se aprecia en los gobiernos por asignarlo en forma más eficiente. En verdad, los países que más han avanzado en la reducción de la pobreza fueron aquellos que lograron conciliar tasas de crecimiento relativamente altas durante varios años con una reducción de la tasa de desempleo y un aumento del número de personas ocupadas en las familias más pobres. Asimismo, la reducción de las tasas de inflación permitió mejorías reales en los ingresos del trabajo y a veces en las pensiones, y facilitó la continuidad del proceso de inversión, lo que tuvo repercusiones positivas en el mercado de trabajo.

Tanto los equilibrios macroeconómicos como la forma de alcanzarlos son cruciales para un crecimiento acelerado y más equitativo, fundamentos de un desarrollo efectivamente sostenible. Junto con reducir el ritmo inflacionario y fortalecer el equilibrio fiscal, es preciso lograr un nivel de ahorro interno acorde con el proceso de inversión, un adecuado nivel del tipo de cambio real y un nivel de gasto interno compatible con usos sustentables de la capacidad productiva. Asimismo, cabe recordar que el crecimiento por sí solo no garantiza mejoras distributivas. Es fundamental que este crecimiento sea de calidad, esto es, que pueda mantenerse en el tiempo y se traduzca en empleos productivos y en mejores salarios.

Por otra parte, y rescatando lo mencionado en el capítulo anterior, el crecimiento en la región se encuentra actualmente muy ligado al dinamismo de las actividades vinculadas a los recursos naturales. Para reforzar el impacto del crecimiento sobre el empleo, cabe entonces fortalecer los enlaces entre estas actividades y las del resto de los sectores productivos. Estos enlaces no sólo significan demandas intermedias de bienes, servicios y mano de obra; además, generan impulsos para mejorar la calidad y difundir el progreso técnico y las prácticas comerciales y gerenciales más adecuadas. Ello se logra mediante la promoción de estándares de calidad, la creación de institutos de formación técnica y la provisión de servicios modernos para la actividad productiva, las actividades de capacitación y el apoyo técnico, crediticio y organizacional a pequeñas y medianas empresas y a microempresas.

Por último, en la reforma de las políticas sociales se otorga especial importancia a la gestión más eficiente de los recursos. Por lo tanto parece imprescindible que dichas reformas vayan acompañadas por modificaciones de la institucionalidad, que apunten a una mejor atención del usuario, una adecuada focalización y una mayor descentralización, y vinculen los recursos con el desempeño y la calidad del servicio. Para avanzar de modo más eficaz hacia el cumplimiento de los compromisos contraídos en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, se requiere un enfoque integrado de las políticas económicas y sociales, que permita el apoyo recíproco y la complementación entre las medidas de fomento de la competitividad y aquellas que estimulen la cohesión social. Si bien en el corto plazo pueden presentarse conflictos entre ambas, la política pública puede aprovechar las numerosas complementariedades que existen entre ellas, y que se centran en una gestión macroeconómica capaz de estimular un crecimiento elevado y estable, para fomentar la competitividad y reforzar el impacto del crecimiento en el empleo. La inversión en recursos humanos y el fomento productivo constituyen terrenos privilegiados para avanzar en estas tareas. Del mismo modo, la modernización agrícola puede ayudar en el combate a la pobreza

rural, siempre que existan políticas públicas de acceso a la tierra y saneamiento de títulos, un esfuerzo por mejorar la infraestructura productiva y un vínculo más estrecho entre agroindustria y pequeños productores.

III. DINÁMICA DEMOGRÁFICA

El análisis de la dinámica demográfica en América Latina y el Caribe durante las últimas décadas ha permitido comprobar la validez general del modelo de la “transición demográfica”, tomando en consideración que las modalidades, grados y ritmos de avance varían en función de la especificidad de cada país.

Como es sabido, la transición demográfica entraña un largo proceso de transformaciones de la población, relacionadas con el desarrollo socioeconómico, que comprende dos fases secuenciales. La primera está regida por un abatimiento más o menos rápido de las tasas de mortalidad, determinado por la mejora de las condiciones de salud pública. La segunda fase, más compleja, se manifiesta en la firme disminución de la tasa global de fecundidad. Este proceso implica un acelerado crecimiento de la población, que luego cae sostenidamente. A su vez, se va reduciendo la amplia base inicial de la pirámide de edades, ante el progresivo envejecimiento de la población que se produce en la última fase de la transición.

La transición demográfica obedece a una causalidad múltiple, en la que intervienen transformaciones sociales modernizadoras en los ámbitos de la economía, la urbanización, la cultura, la educación y la salud pública. Estos cambios se reflejan en el papel de las mujeres en las unidades familiares y en la sociedad.

En gran parte de los países de la región, el mayor descenso de la mortalidad se registró a mediados del siglo XX. La fecundidad descendió en forma constante, sobre todo en la segunda mitad de ese siglo, y mantuvo dicha tendencia en los umbrales del siglo actual.

Los países pueden clasificarse en cuatro categorías, según el estado de la transición demográfica en que se encontraban en los años noventa: i) incipiente (Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), que alude a la persistencia de niveles relativamente altos de natalidad y mortalidad, cuyo resultado son tasas de crecimiento natural algo superiores al 2% anual; ii) moderada (Paraguay), que se distingue por una mortalidad en franco descenso y una natalidad aún relativamente elevada, combinación que origina la mayor tasa de crecimiento vegetativo en la región; iii) plena (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Costa Rica, México y Panamá), caracterizada por una natalidad en notoria declinación y una mortalidad relativamente baja, lo que se traduce en tasas de crecimiento natural próximas al 2% anual; iv) avanzada (Argentina, Chile y Uruguay), que implica tasas de natalidad y mortalidad reducidas y tasas de crecimiento natural cercanas al 1% anual (CEPAL, 2001d).

La mayor parte de la población regional atraviesa la fase intermedia del proceso de transición demográfica. No hay que olvidar, por otra parte, que en el interior de un mismo país pueden encontrarse patrones diferenciados de transición demográfica. Estos patrones sociodemográficos diferenciados reflejan agudas desigualdades sociales: los niveles más altos de fecundidad y mortalidad se registran en las zonas rurales, donde suelen concentrarse poblaciones campesinas y grupos étnicos en clara situación de desventaja social (CEPAL, 2001d).

En conjunto, la región se caracteriza todavía por su juventud: casi un tercio de la población es menor de 15 años. La tasa de crecimiento anual de la población regional era de 1.9% en la década de 1990, con tendencia a una progresiva disminución que podría llevar este indicador a 1% en el año 2025 (BID/CEPAL/CELADE, 1996).

El efecto agregado de los diversos procesos de transición demográfica que se desarrollan en los países de la región da lugar a una evolución previsible de la población regional (véase el gráfico III.1, en que la población total se desglosa por principales grupos de edades).

Gráfico III.1

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDADES, 1950-2045

(En millones) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Poblaci ó n (en millones) 0-14 15-64 65 y +

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, División de Población - Centro Latinoamericano y Caribeño de

Demografía (CEPAL-CELADE), “América Latina: población por años calendario y edades simples, 1995-2005”, Boletín demográfico, año 33, No _{66 (LC/G.2099-P), Santiago de Chile, julio.}

Ante los diversos avances de la transición demográfica, el envejecimiento de la población empieza a manifestarse en algunos contextos subregionales. En Argentina, Chile y Uruguay los adultos mayores de 60 años representan ya más de 10% de la población. Además de los problemas tradicionales para absorber y encauzar masas de jóvenes que intentan ingresar por primera vez al mercado laboral, la región se enfrenta así al nuevo problema del envejecimiento progresivo de la población, que exigirá una compleja adecuación de instituciones y estrategias de desarrollo.