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Tanto la dialéctica del sistema neocapitalista como la del Estado social exigen no sólo la acción económico-social del Estado, sino que tienden a dar preeminencia a esta acción y a reducir al mínimo permitido por las consideraciones ambientales su acción política en otros campos, de manera que, en el caso límite, la política tendría como único sentido una función complementaria del proceso económicosocial o, dicho desde otra perspectiva, una función de arbitraje entre los distintos intereses en juego. En todo caso, el Estado -digámoslo una vez más- no sólo es el creador del orden para la acción económica, sino también uno de sus actores junto a los típicamente económicos como las grandes empresas, las organizaciones de intereses, etc. Pero si el Estado afecta al proceso económico, está en la lógica de las cosas que sea afectado no sólo por los resultados objetivos de este proceso, sino también por sus restantes actores. Sobre ello volveremos más adelante, pero por ahora nos interesa señalar que si la teoría política reconoció hace mucho tiempo el influjo de los llamados

60 _{Sobre los modelos para ello -probablemente más sencillos de formular que de realizar-, vid. F. Hetman, La}

Société et la maitrise de la Technologie, París, 1973.

61 _{Sobre la economía social de mercado, vid. A. Muller-Armack, «Soziale Marktwirtschaft», en Handwörterbuch}

der Sozialwissenschaften, t. IX, pp. 390 ss. H. Giersch, Allgemeine Wirtschaftspolitik, Wiesbaden, 1961, pp. 186 ss. G. von Eyner, Grundriss der Politischen Wirtschaftslehre, Colonia, 1968, pp. 98 ss.

grupos de presión (principalmente económicos) en las decisiones públicas, influjo que, por lo demás, se considera como uno de los pilares de la llamada democracia pluralista, los tratadistas de política económica, por su parte, incluyen entre los agentes de la formulación de las decisiones económicas estatales a los partidos políticos, a las organizaciones de intereses y, eventualmente, a otros actores como la opinión pública 62. Hay, pues, en este punto una convergencia entre ambas disciplinas, coherente con el doble y correlativo proceso de politización de la economía y, si se me permite el neologismo, de la economización de la política.

A) El Estado

El Estado es el actor más significativo del sistema. El aumento del sector público puede convertirlo en el empresario más importante de la economía nacional, no solamente por el volumen de su patrimonio empresarial, sino también por el carácter básico de sus industrias o actividades; es, en todo caso, el primero de los clientes del mercado nacional, y ejerce, como sabemos, una función redistribuidora del producto mediante la transformación de los impuestos y cotizaciones en bienes y servicios sociales. Pero, además de todo ello, el mantenimiento y reproducción del sistema neocapitalista depende del cumplimiento de unas funciones estatales destinadas globalmente a la dirección y regulación del proceso económico nacional y entre las que mencionamos las siguientes 63_{: i) la orientación de la}

economía nacional hacia unos objetivos definidos, tarea que se lleva a cabo principalmente por la planificación; ii) las políticas coyunturales, destinadas a la prevención y/o neutralización de la crisis; iii) el apoyo logístico, que abarca materias tales como la mejora de los medios de comunicación, la promoción de la investigación y desarrollo, la política educativa para la formación de cuadros, el desarrollo de la política social, infraestructuras para desarrollos territoriales, etc., en una palabra, un conjunto de inversiones no rentables orientadas a la creación de infraestructuras necesarias para el aumento de la productividad nacional; iv) regulaciones estructurales, en las que se comprenden la intervención en el orden del mercado para equilibrar la oferta y la demanda globales, obstaculizar o favorecer las concertaciones de capital, modernizar los sectores atrasados, etc. Para el cumplimiento de estas y otras posibles funciones en relación con el sistema económico, el Estado puede emplear parámetros jurídicos y administrativos, expresados en normas y decisiones vincula- torias, y parámetros económicos en los que se comprenden la programación de sus inversiones, la creación de incentivos, destinados no a coaccionar a las firmas privadas, sino a orientar sus decisiones y planificaciones en un determinado sentido y, en fin, los métodos dé acción sobre la racionalidad objetiva del mercado mediante intervenciones financieras y la utilización instrumental del sector público. Pero si los parámetros se definen -dentro de la teoría de la acción, no exactamente coincidente con su sentido matemático- como factores determinantes o condicionantes de la toma de decisiones, como variables a tener en cuenta para las programaciones económicas de las empresas, entonces es lógico que éstas traten de influir en su formulación. Pero veamos el tema con algo más de detalle.

62 _{Para limitarnos a los manuales, vid. E. S. Kirschen y otros, Política económica contemporánea, Barcelona,}

1965, pp. 177 y otros lugares. H. Giersch, op. cit., en la núm. 49, p. 195. Th. Putz, Grundlagen der theoretischen Wirtschaftspolitik, Stuttgart, 1975, pp. 205 ss.

63 _{Seguimos las líneas básicas y sin entrar en detalles de B. Rosier, Croissance et crise capitalista, París, 1975,}

Para que el Estado cumpla con sus funciones en el campo económico se precisa, desde luego, que opere con arreglo a criterios técnicos; pero, de un lado, la decisión sobre los fines -no así sobre los objetivos intermedios- cae más allá de la racionalidad técnica y, de otro, es ingenuo suponer que en la mayoría de los casos el instrumentario técnico esté en condiciones de proporcionar la única, mejor y, por tanto, indiscutida vía posible. Lo cierto es que las políticas económicas favorecen a unos intereses y lesionan a otros y que, por muy justificadas que estén por su orientación al interés general, e incluso habiendo consenso en el fin planteado -por ejemplo, impulsar el desarrollo o detener la recesión-, es lo cierto que, en la mayoría de los casos, los costos de las soluciones dadas se reparten desigualmente entre los distintos grupos o estratos de la población. Si a ello se añade que las políticas económicas son insumos de primera importancia para otros actores económicos, se comprende que el influjo sobre las decisiones económicas del Estado -e incluso sobre la modalidad de su ejecución- sea una actividad implícita a la gestión misma de las empresas y, en cierta medida, de los sindicatos. Por consiguiente, podríamos concluir que, supuesto un régimen de libertad política y económica, la intrusión del Estado en la economía conlleva la intrusión de las entidades económicas privadas en las decisiones estatales, que la intervención del Estado se transforma en intervención sobre el Estado, la relación unilateral en retroacción y, en fin, que la neta distinción entre lo público y lo privado cede ante la formación de lo que se denomina «complejo público-privado». Sin plantearnos aquí el pro- blema de los límites del sistema estatal, diremos que éstos ya no están constituidos por fronteras lineales, sino por marcas 64 _{o, dicho de otro modo, que o bien el sistema estatal y el}

económico pueden ser considerados como partes de un metasistema -compuesto de dos subsistemas que sirven a finalidades complementarias y tienen principios de organización también complementarios-, o bien que entre el sistema estatal y el económico se introduce un subsistema constituido por la interacción entre ambos. Que se seleccione una u otra posibilidad analítica depende de los objetivos heurísticos.