GUIDELINES AND PROCEDURES

Los monstruos existen pero son demasiado pocos para ser real- mente peligrosos; más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios listos a creer y obedecer sin discutir.

(Primo Levi:209).

a. El poder comienza donde comienza

el secreto

En 1976 comienza su accionar el llamado Opera- tivo Claridad, este fue llevado adelante, paradójicamente, por un organismo de inteligencia encubierto bajo el nom- bre de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, a cargo del primer Ministro de Edu- cación del Proceso, Pedro Bruera aunque su verdadero in- spirador fue Roberto Viola; allí se elaboraron listas negras de docentes, artistas, periodistas, libros, etc. que debían ser “erradicados” y aún “eliminados”. En resumen, pro- curaba lo que el Proceso denominó la “depuración ide- ológica” en todos los ámbitos de la cultura; operaba con una burocracia oculta y órdenes secretas.

El espectro de peligro [determinado por el Operativo Claridad] era casi infinito. Podía incluir a estudiantes que militaban, sacerdotes, periodistas, cantantes, dramaturgos, docentes.

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La característica central de las tácticas y estrate- gias de vigilancia y control vigentes durante la dictadura bien puede señalarse como de ocultamiento sistemático de la normativa que la rige. Como lo comentamos oportuna- mente si algo mantiene su vigencia durante este período es el obrar en función de la observancia de órdenes secre- tas, que cumplen el objetivo primordial específico, pero acompañadas por un plus: generar desorientación, in- certidumbre y en último caso, fragmentación pues, al no haber una fuente cierta, una norma conocida, el origen de la orden puede radicar en cualquiera y en definitiva, todos pueden ser peligrosos, el enemigo es omnipresente, puede estar en cualquier lado, puede ser cualquiera (puedo

ser yo mismo) luego se agudiza la obediencia ciega, crece la división social y se incrementa la autocensura: (yo mismo,

al hablar, puedo estar condenándome). Finalmente, adviene la incomunicación y el silencio. Hannah Arendt afirma que los totalitarismos son, evidentemente, “sociedades secretas establecidas a la luz del día” (ARENDT 1987b:499). En el mismo estilo, durante la última dictadura en Argentina, el coronel Sánchez de Bustamante, insta a sus colegas y sub- ordinados a crear una“nube de silencio” alrededor de lo actuado y lo hace así:

...En este tipo de lucha el secreto que debe envolver las opera- ciones especiales hace que no se deba divulgar a quién se ha capturado y a quién se debe capturar; debe existir una nube de silencio que rodee todo.

(Nunca Más:402). Efectivamente, esto rigió para la prensa, según consta en el comunicado Nº 19 por el que se anunciaba la aplicación de penas de hasta 10 años a quienes transmiti- eran noticias, opiniones o información lesiva a las FFAA, censura que se extendió por explosión y por implosión. Por explosión, porque una de las primeras medidas fue suspender el derecho de opción, controlar los miembros de embajadas, etc., para evitar la información en el exte- rior; por implosión porque el silencio inundó todo el es- pacio público y sus diversas manifestaciones -cine, litera- tura, docencia, etc. - (ACUÑA SMULOVITZ 1991:54). En esta época diarios como Clarín, La Nación, La Opinión fueron sancionados y se impidió su circulación (El Pueb-

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b. La vigilancia cultural

En julio de 1974 murió el presidente de la República, el Gral. Juan Domingo Perón y fue sucedido por la vicepresidenta, su esposa María Estela Martínez de Perón (Isabel) fuertemente influenciada por el moviliza- dor de la Triple A, José López Rega.

La severa censura ejercida sobre la industria cultural llevó a que en mayo de 1974, una comisión con- formada por la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Editores de Libros, la Sociedad Argentina de Escritores y otras entidades culturales reclamaran por la persecución que se ejercía sobre obras -más de medio centenar de 500 -y editoriales -237- (INVERNIZZI y GO- CIOL:63)

Ya en 1974, bajo gobierno constitucional se había sancionado la Ley antisubversiva (20840/74), que rep- rimía toda actividad contraria al orden constitucional. En noviembre de 1975 se implantó el estado de sitio, con lo que quedaron suspendidas todas las garantías constitu- cionales.

La censura, en realidad, fue imponiéndose grad- ualmente; los despidos masivos de docentes son una mues- tra clara de ello; los decretos y comunicados emitidos el mismo día del golpe evidencian la estricta vigilancia que se ejercería a partir de ese momento. Decíamos que este control no irrumpió con el golpe sino que sólo se agudizó elevando la violencia varios decibeles más.

c. El contexto. El golpe militar de 1976

Las Fuerzas Armadas, en realidad, fueron convo- cadas por el gobierno constitucional para enfrentar a la subversión. Esta convocatoria se materializó centralmente en dos decretos, el Nº 261/75 y el Nº 2772 del mismo año.

El Decreto número 261 del 5 de febrero de 1975, que ordena:

...ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efec- tos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán...

Y el Decreto Nº 2772 del 6 de octubre de 1975, que ordena:

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…ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país....

A fines de 1975 la destitución del gobierno de Isa- bel era inminente. Efectivamente en febrero de 1976 ya estaba elaborado un exhaustivo plan que pautaba la toma del poder denominado Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional) al que se le añadían 15 anexos firmado todo por el Gral. Jorge Rafael Videla y el Gral. Roberto Eduardo Viola. Dicho plan caracterizaba como oponente a

todas las organizaciones o elementos integrados en ellas ex- istentes en el país o que pudieran surgir del proceso, que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y/o obstacu- licen el normal desenvolvimiento del Gobierno Militar a esta- blecer.

(MOHR 1999:64) Clasificaba organizaciones político-militares, políticas y colaterales, políticas y gremiales y políticas y estudiantiles; señalaba oponentes activos y potenciales, prioridades, etc. Días antes del golpe de Estado de 1976, pudieron leerse declaraciones periodísticas en las que ya se preanunciaba lo que sucedería; inclusive el mismo 24 de marzo apareció el titular:

Se consideraba inevitable e inminente la quiebra institucional.

(El Pueblo 24/3/76). La Fuerzas Armadas se autoconvocaron para asumir el gobierno, innegablemente con la anuencia de amplios sectores de la sociedad; chocaron, en un princip- io, fuerzas uniformadas contra fuerzas difícilmente identi- ficables dada la táctica bélica adoptada -guerrilla urbana-. El protagonismo militar se expandió en forma enérgica, violenta y rápida sobre los sectores ocupados por civiles; se sucedieron y multiplicaron los secuestros y desapariciones forzadas. Paradójicamente, aunque por ley se introducía en el Código Penal la pena de muerte, ésta no se aplicó nunca oficialmente. Pese a ello:

A fines de mayo de 1975,la prensa registró más de 500 ases- inatos, mayoritariamente, de militantes de izquierda.

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Protagonistas centrales de la época como el líder montonero Abal Medina denunciaron un promedio de 2000 bajas (confrontar con el texto completo de la sen- tencia en Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal 1987:T. I cap. XI al XVI.). La desproporción de fuerzas entre los miembros que consumaron el terrorismo de Estado y los grupos de izquierda era abismal, en número y en recursos. En el mismo Informe Final emitido por la Junta -28/08/83- quedó el reconocimiento del accionar violento que habría impulsado al Ejército a recurrir a “procedimientos inédi- tos”. Dice así:

En este marco casi apocalíptico se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar, a veces, los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales, y quedan sujetos al juicio de Dios en cada conciencia y a la comprensión de los hombres.

El gobierno de facto instalado en 1976 en un primer momento pudo resultar aparentemente caótico en su accionar, sin embargo se puede observar que se trató de un plan perfectamente armonizado con un lineamien- to económico preciso y con un perfil cultural adecuado, a partir de los cuales se rediseñó no sólo un ordenami- ento estatal sino un modelo de familia y de sociedad, lo que puede apreciarse a partir de la lectura del Manual de Conducción Interior (Boletín de Educación e Instruc- ción del Ejército -BEIE-) que se utilizaba en la década del setenta para la formación de cadetes, cuadros y tropa. Efectivamente, el 24 de marzo de 1976 mediante un golpe militar la Junta de Comandantes Generales, constituida por el GeneralVidela, el Almirante Massera y el Brigadier Agosti asumió el poder de acuerdo alReglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, el Poder Ejecutivo Nacional y la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Al

día siguiente se publicó:

El texto del mensaje es el siguiente:

La Junta Militar fija como propósitos y objetivos básicos del proceso de reorganización nacional en desarrollo los que se ennumeran a continuación:

Restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de mor- alidad, idoneidad y eficiencia imprescindibles para reconstruir el contenido y la imagen de la nación; erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional (...) a

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fin de asegurar la posterior restauración de una democracia republicana...

El Pueblo 25/3/76; formato del texto, mío). Por Ley 21.256 (Boletín Oficial del 26/03/76) en función de lo dispuesto en el Acta para el Proceso de Re-

organización Nacional, se aprueba el Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo y Comisión de Asesoramiento Legislativo. Esta primera

ley echó las bases estructurales de la dictadura naciente, que se complementaría con todo un arsenal de decretos, “leyes” y documentos varios pero en primer término con el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional (B.O.del 29/03/76), con el Acta para el Proceso de Reor-

ganización Nacional (B.O.del 29/03/76) y con el Acta Fija- ndo el Propósito y los Objetivos Básicos para el Proceso de Reorganización Nacional (B.O. del 31/03/76). En el

Reglamento se consigna la presencia de la Comisión de

Asesoramiento Legislativo, que vino a desplazar al Con-

greso en sus funciones. Es de destacar que durante el úl- timo período militar (1976-1983) y buscando el resto de legitimidad imprescindible para ser obedecidos, se emi- tieron más de 1500 leyes, número que supera al de todo otro gobierno hasta ese momento, en Argentina. Al asumir una Junta la suma del poder público, se configura un régi- men encabezado por un poder “ejecutivo -legislativo- con- stituyente y judicial”, en el que obviamente, lo primero que desapareció fue la división de poderes. Con esta es- tructuración del Estado desaparecieron, en consecuencia, todas las garantías constitucionales. Un detalle no menor es el texto del juramento que debía pronunciar quien en- cabezara el PEN, quien debía ser un Oficial Superior de las Fuerzas Armadas designado por la Junta Militar, dice así:

Sr. N.N., ¿juráis por Dios nuestro Señor y estos Santos Evan- gelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Pres- idente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados, en el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y la Constitución de la Nación Argentina? `Sí, juro”. Si así no lo hiciérais, Dios y la Patria os lo demanden.

En aquel período, las dictaduras arreciaban en América Latina. La de Argentina, compartió con el resto de los gobiernos autoritarios de Latinoamérica dos consi- gnas “reimplantar el orden” y “normalizar la economía”.

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En relación a la “normalización de la economía” ésta fue puesta a funcionar en base a las pautas que se impulsa- ban desde los centros de poder de losEE.UU y sus aliados. La lectura de la Ley de Emergencia Universitaria de 1976 puede resultarnos provechosa. En dicha ley (21.276/76) se dispone la adopción de la Ley de Organización de la

Universidad de 1974 con modificaciones, tales como el

reemplazo del último párrafo del artículo que citamos a continuación:

Ley 20654/74 Art.11º- El docente universitario no podrá de- fender intereses que estén en pugna, competencia o colisión con los de la Nación, provincias o municipios, siendo pasible, si así lo hiciera, de suspensión, cesantía o exoneración. Quedan ex- cluidos los casos de defensa de intereses personales del profesor, su cónyuge, ascendientes o descendientes.

Es incompatible con el ejercicio de la docencia universitaria o funciones académicas que le sean correlativas, el desempeño de funciones jerárquicas o de asesoramiento, remuneradas o no, al servicio de empresas multinacionales o extranjeras, como así también la pertenencia a organizaciones u organismos inter- nacionales cuyos objetivos o accionar se hallen en colisión con los intereses de la Nación.

Por el artículo 12

Ley 21276/76.Art. 12º Sustitúyese el último párrafo del Art. 11 de la ley 20.654 por el siguiente:

Es incompatible con el ejercicio de la docencia universitaria o funciones académicas que les sean correlativas, todas aquel- las actividades que se aparten del propósito y objetivos básicos fijados por el Proceso de Reorganización Nacional.

Es decir, y valga la redundancia, el Proceso de Re- organización Nacional, tal vez, no advertía peligro alguno en que quienes formaban a los futuros economistas de nuestro país tuvieran intereses creados, se desempeñaran en el riñón de empresas multinacionales o extranjeras, en

organizaciones u organismos internacionales cuyos objetivos o ac- cionar se hallen en colisión con los intereses de la Nación. Aquí jugó un rol central la figura de Martinez de Hoz. Sobre este tema, dado que requiere otro tipo de herramientas conceptuales, no nos referiremos en este trabajo pese a reconocer su relevancia.Ya dijimos que, a nuestro entend- er, el análisis no se agota en uno solo de sus aspectos.

Con la expresión “reimplantar el orden” se remitía al intervencionismo que se impondría en todos los aspec-

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tos de la vida civil; al político, al social, al educativo, a la industria editorial y a las comunicaciones entre los más destacados. El orden a establecer no era el devenido como resultante del desarrollo natural de las instituciones sino el predeterminado de acuerdo a la ideología ya comentada de lo que se dio en llamar la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Las leyes de Prescindibilidad (21260/76 y

21274/76) y la de Emergencia Universitaria (21276/76)

hasta culminar en la conocida como De facto (22207/80) sellaron la atmósfera de inseguridad y terror. En defin- itiva, bajo el gobierno de la Junta (1976/83) las disposi- ciones se limitaron a endurecer las ya vigentes. En el or- den nacional, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior era la responsable de dar ju- ridicidad a la censura mientras que la política de control de publicaciones era ejercida por otro organismo dentro del mismo ministerio, cuya eficacia es evidente al menos si nos guiamos por la documentación que obra en el archivo de la UNRC, que transparenta cada una de las medidas tomadas a nivel nacional.

d. Los medios culturales y el sistema

educativo durante la dictadura

En primer término, veamos cuál es la caracteri- zación de subversión que nos brindan los representantes del terrorismo de estado:

La subversión es toda acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta, que busca la alteración o la destrucción de los crite- rios morales y la forma de vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder o imponer desde él una nueva forma basada en una escala de valores diferente (…). En extrema síntesis, la subversión constituye el principal método de agresión marxista internacional, por cuanto posibilita el cambio de estructuras a bajo costo.

(Grales de Brigada Carlos A. Martínez y Luciano A. Jáuregui. La Nación. 20/ 04/77). Sobre el terrorismo de derecha el contraalmirante César A. Guzzetti, canciller el 30 de octubre de 1976, ex- presó lo siguiente:

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Mi concepto de subversión se refiere a las organizaciones ter- rotristas de signo izquierdista. La subversión o el terrorismo de derecha no es tal. El cuerpo social del país está contami- nado por una enfermedad que corroe sus entrañas y forma anticuerpos. Esos anticuerpos no deben ser considerados de la misma manera que se considera un microbio. A medida que el gobierno controle y destruya a la guerrilla, la acción del anticuerpo va a desaparecer.Yo estoy seguro de que en los próximos meses no habrá más acciones de la derecha, cosa que ya está ocurriendo. Se trata sólo de una reacción natural de un cuerpo enfermo.

(MOHR) El control sobre el campo cultural, en realidad, agudiza su rigidez el mismo 24 de marzo de 1976, lo que realiza mediante operaciones diversas, una de ellas la emisión de documentos entre los que se destaca el ya men- cionado Comunicado Nº 19.

Todo devino sospechoso, peligroso, “disolvente”, bajo esta óptica cayeron todo tipo de expresión cultural, música, cine, teatro, literatura, etc.., según puede obser- varse en la prensa de la época; pero por cierto, el combate también debía llevarse adelante desde el corazón de las instituciones, lo que se puede apreciar a partir de las voces de sus protagonistas. En 1976 el Gral. de Brigada Acdel Edgardo Vilas, Comandante en Jefe de la V Región Mili- tar afirmaba:

Hasta el presente, en nuestra guerra contra la subversión no hemos tocado más que la punta del iceberg (…) Ahora es nec- esario destruir las fuentes que forman y adoctrinan a los delin- cuentes subversivos; y esta fuente se sitúa en las universidades y en las escuelas secundarias.

(ALMIRÓN) En función de esto se implementó una serie de medidas destinadas a clasificar a las personas según su grado de disidencia o peligrosidad -concepto éste sí, valga la redundancia, totalmente peligroso, precisamente por lo ambiguo y sujeto a la discrecionalidad del que lo aplica- (FERNÁNDEZ DEL MORAL. 2004 d) Esta tarea se desar- rollaba en el Ministerio de Planeamiento, en los comien- zos del Proceso, con el Gral. Ramón Genaro Díaz Bessone, quien permanece en el cargo entre octubre de 1976 y diciembre de 1977; posteriormente dicha labor continuó siendo centralizada por el Ministerio del Interior. En re- alidad, de parte de este general estaba la convicción de la importancia de que este Ministerio, el de Planeamiento,

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fuera el que efectivamente orientara todo el proceso,cosa que no ocurrió. La tarea de control se centralizó en entes como la División de Publicaciones del Ministerio del In- terior que analizaban y censuraban espectáculos, publi- caciones grabaciones, etc. Su tarea era respaldada por la Side, la Policía Federal y las FuerzasArmadas. En sus in- formes, eran centro de preocupación el sexo, la droga, el afán de lucro, el progresismo, una serie de actividades y problemáticas sociales que en su ambigüedad, podían ser adjudicadas a cualquiera y a cualquier objetivación, y por ende justificaban estigmas y arbitrariedades. Mentalidad que se correspondía con la cuadrícula derivada del Boletín de Educación e Instrucción del Ejército.

e. La censura y las grillas, una activi-

dad recurrente

En realidad, este tipo de seguimiento ideológico no es nuevo, más aún, es una constante en la historia ar- gentina -cuya exclusividad no reclamamos, como ya lo señalamos- sólo que el grado de violencia e invasión de la intimidad es lo que varía y se agudiza a medida que nos adentramos en la década del setenta. A propósito de este tipo de controles,veamos la semblaza que nos muestra Morossi en relación a la Dippba -Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Bs.As.-, ejemplo que toma- mos con la presunción de encontrar tácticas y estrategias que también se habrían dado en el ámbito que recorta- mos para analizar ( la UNRC). Nos dice el autor que con