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En este capítulo se analizaron diversos aspectos macroeconómicos del gasto público en los países de Centroamérica y República Dominicana. Se observa que los niveles de deuda pública de estos países son relativamente elevados, con excepción de Guatemala, cuya deuda pública no alcanza el 20% del PIB. El Salvador y República Dominicana están marginalmente por encima de 40% del PIB, y los demás países con niveles muy superiores. Se menciona la cifra de 40% del PIB, ya que algunos estudios encuentran que, cuando la deuda pública supera dicho nivel, se convierte en un obstáculo para el crecimiento económico y/o se incrementa la probabilidad de una crisis fiscal. Lógicamente, esta situación tiene que ver con los déficit fiscales que, durante el periodo 1990-2005, manifiestan persistencia en todos los países.

A continuación, se analiza la volatilidad tanto de los resultados fiscales, como de los ingresos y egresos públicos. Se concluye que el balance fiscal en los países de la región, no es particularmente volátil en comparación con otros países. Lo mismo puede decirse de los ingresos. Sin embargo, en el caso del gasto, su volatilidad es algo mayor que la de otros países usados como grupo de control. Un aspecto interesante es que la volatilidad del gasto supera a la de los ingresos, aunque conceptualmente se habría esperado lo contrario en paí- ses emergentes. Asimismo, el análisis constata la importante diversidad entre países en este aspecto. Costa Rica, El Salvador y Guatemala aparecen consistentemente como los países más estables en materia fiscal, mientras que la volatilidad de las cuentas fiscales de Nicaragua, es sistemáticamente superior a la de los demás. En cuanto a la prociclicidad del gasto público, los resultados muestran que los países de la región, con excepción de El Salvador y Costa Rica, exhiben una política fiscal procíclica. Este resultado es más acentuado en Nicaragua, Panamá y Guatemala.

Luego de realizar estimaciones del producto potencial y de la brecha del producto utilizando el filtro Hodrick-Prescott, se procedió a calcular el balance estructural de los siete países en el período 1990-2005. En esta materia, también se observa una importante diver- sidad: mientras que, en Costa Rica y Guatemala, las diferencias entre el balance estructural y el efectivo no han sido significativas en este periodo, en Nicaragua, Panamá y República Dominicana, han sido importantes, superando en algunos años el 1% del PIB.

Finalmente, se discutió acerca de distintas reglas fiscales, a saber, meta de balance fiscal efectivo (que también puede ser balance primario), meta de nivel de la deuda pública, y meta de balance estructural. Se analizaron las ventajas y desventajas de cada una de ellas.

En síntesis, en este capítulo se concluye que la política fiscal ha tenido un sesgo defi- citario en la región. Esto ha llevado a la acumulación de deuda pública que, con excepción

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de Guatemala, exhibe niveles elevados. Por otro lado, se observa que, si bien los resultados fiscales no son particularmente volátiles (aunque con diferencias entre países), el gasto público sí presenta una mayor volatilidad. A partir de estos dos elementos, junto con las debilidades que muestran las reglas de balance fiscal efectivo y de nivel de deuda, se concluye que sería conveniente para estos países la adopción de reglas de balance estructural. Estas estabilizan los ingresos públicos utilizando variables de tendencia, con el fin de calcular los ingresos es- tructurales. También, de ser necesario, estabilizan los egresos públicos para obtener los gastos estructurales. En el caso de los países centroamericanos y República Dominicana, podría ser necesario incorporar como ajuste del gasto, aquellos extraordinarios asociados a desastres naturales que golpean la región cada cierto tiempo. Sin embargo, también sería conveniente excluir los ingresos extraordinarios –es decir, donaciones y otros ingresos que se obtienen para hacer frente a los desastres– del cálculo del balance estructural.

Dado que el balance estructural se define como meta, incluso sin considerar el ajuste anterior, también se produce una estabilización de gasto público estructural. Adicionalmente, en la medida en que la meta de balance estructural se establezca con base en un análisis de sostenibilidad fiscal, esta política también garantizará la solvencia de las cuentas públicas en el tiempo.

Por último, el cálculo de la meta específica de balance estructural, y los ajustes necesa- rios para llegar a los conceptos de ingresos y gastos estructurales, deben ser materia de otros estudios que consideren tanto las características particulares de cada economía como las de sus finanzas públicas.

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