De-Icing and Anti-Icing 27

En 1947 el presidente de Colombia era el conservador Mariano Ospina Pérez, quien promovió varias iniciativas con el aparente propósito de impulsar el campo colombiano, entre ellas el fortalecimiento de la Caja Agraria, que había sido fundada en 1931, y la creación de instituciones que beneficiaron en forma indirecta al agro, como TELECOM y el Instituto de Crédito Territorial (I.C.T.). Aparente, porque en el caso específico de la Caja Agraria, que fuera concebida como ―banco en la ciudad y fomento en el campo‖, según su lema oficial, se dedicó, en realidad, a canalizar crédito subsidiado para terratenientes, muchos de los cuales nunca honraron sus compromisos (Kalmanovitz, 1991, p. 277). Esta situación contribuyó a su quiebra y liquidación en 1999.

Así mismo, Ospina se destacó por el aval que le brindó a la famosa Misión Currie, enviada por el Banco Mundial con el propósito central de ―promover el desarrollo en el llamado Tercer Mundo para evitar que éste cayera en manos de la Unión Soviética o de alguno de sus satélites‖. (Malagón y Pardo, 2009, p. 12) Gracias a su amplia trayectoria en la incipiente industria cafetera, impulsó el sector y administró la primera bonanza cafetera, ocasionada por el vertiginoso aumento del consumo interno y al repunte considerable del precio del grano en el mercado internacional.

Sin embargo, el país vivía ya una época de división y polarización política que se agudizó con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, hecho que dio origen al famoso ―Bogotazo‖. Allí se iniciaría el período conocido como ―La Violencia‖ –1946-1958– que dejó un saldo de 300.000 muertos. (Tirado, 1991, p. 174)

Lo que el país conoció entonces como un agudo enfrentamiento entre liberales y conservadores, se enmarca en realidad en otra faceta de la lucha contra el comunismo internacional promovida por los Estados Unidos, que encontró en Colombia el terreno fértil, abonado por el bipartidismo.

Así se entiende que uno de los más importantes dirigentes conservadores de la época y presidente de Colombia entre agosto de 1950 y noviembre de 1951, Laureano Gómez, propalara la teoría del basilisco. Según decía, el basilisco era un monstruo mitológico de cuerpo gigantesco y torpe, el partido liberal, dirigido por una cabeza diminuta pero maligna,

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El asunto no se quedó en la mera representación simbólica, pues, como también lo señala Antonio Caballero, al vaivén de la lucha institucional contra el ―comunismo‖, Colombia ha vivido inmersa en una férrea defensa de la propiedad que ha soportado lo que él llama ―la estructura jerárquica de la sociedad colombiana‖, de la cual participan tanto liberales como conservadores. (Ib., p.45). Es decir, en buena medida el conflicto colombiano hunde sus raíces en la lucha por la propiedad de la tierra, en la cual los pequeños campesinos y campesinas han llevado la peor parte.

Así, lejos de hacerse la reforma agraria, Colombia ha avanzado de manera progresiva y sistemática hacia la contrarreforma agraria, fenómeno que se profundizó desde finales de los años 80, con la irrupción violenta del narcotráfico y el paramilitarismo. Hay quienes sostienen que por cuenta de esa contrarreforma, les fueron arrebatadas a la población campesina por lo menos seis millones de hectáreas. (Ávila, 2019, archivo de video). Lo cierto es que las mismas investigaciones oficiales confirman que la estructura de la propiedad rural en Colombia cada vez se concentra más. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2014, el 70,9% de las unidades de producción agropecuaria (UPA) menores de 5 hectáreas ocupan menos el 2,4% del área censada. (C.N.A, 2015, p. 22) En contraste, el, 0.4% de las UPA de 500 o más hectáreas corresponden al 65,1% de la tierra censada. (Ib.) Aquí es importante tener en cuenta que, según la denominación oficial, la UPA ―puede estar formada por una parte de un predio, un predio completo, un conjunto de predios o partes de predios contiguos o separados en uno o más municipios, independientemente del tamaño, la tenencia de la tierra y el número de predios que la integran. Y Debe cumplir con las siguientes tres condiciones: 1) Produce bienes agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas y/o adelanta la captura de peces destinados al consumo y/o a la venta. 2) Tiene un único productor/a natural o jurídico que asume la responsabilidad y los riesgos de la actividad productiva. 3) Utiliza al menos un medio de producción como construcciones, maquinaria, equipo y/o mano de obra en los predios que la integran‖. ( C.N.A., 2015, p. 56). Al respecto, un análisis de la ONG Oxfam concluye que ― en 1960 el 29% de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas, en 2002 la cifra subió a 46% y en 2017 el número escaló al 66%‖ . (Paz Cardona, 2018, p. 4) Se puede concluir, entonces, que el conflicto agrario es parte medular de una realidad, la cual, lejos de cambiar, se ha ido agudizando con los años, situación que ha debido afrontar ACPO desde su nacimiento en 1947. De ahí que desde las páginas de El Campesino y desde la misma Radio Sutatenza se insistiera con frecuencia en la necesidad de hacer la reforma agraria integral.

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fueron materializando con sus escuelas radiofónicas, en las cuales se impartieron cursos de formación básica, alfabeto, números, salud y economía y trabajo, el contexto socioeconómico general no le fue favorable, con excepción de la paz aparente que lograron dirigentes de los partidos tradicionales con el llamado Frente Nacional. En efecto, el período de La Violencia se aplacó mediante la firma del famoso acuerdo de Sitges (España) un pacto de alternancia del poder presidencial entre liberales y conservadores que se convino inicialmente a 12 años y luego se amplió a 16 años. Pero, a pesar de que la clase dirigente y la historia oficial lo denominaron ―un acuerdo de paz‖, excluyó a muchos sectores de la vida nacional que no se identificaban con ninguno de los partidos tradicionales y gestó en la práctica otra nueva etapa de la violencia en Colombia que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) causó –entre 1958 y julio de 2018– 267. 197 muertos y más de 82 mil desaparecidos. Al hacer énfasis en el alto número de desaparecidos, el director del CNMH, Gonzalo Sánchez, subraya que son dimensiones superiores a ―todas las dictaduras sumadas del cono sur‖. (2018, p. 2)

Como lo hace notar el investigador Fernán González (1998, p.177) en Colombia se vive de manera intensa la lucha anticomunista durante un largo período, a tal punto que toda expresión por fuera del bipartidismo es ―criminalizada y reprimida‖. Aunque esa fue una constante en la política de los presidentes de turno, uno de los períodos claves para entender nuestra historia contemporánea fue el que protagonizó el dictador Gustavo Rojas Pinilla, quien, aupado por dirigentes de los partidos Liberal y Conservador, dio un golpe de Estado el 13 de junio de 1953. El general Rojas, a quien se le reconoce por la ejecución de obras tan importantes como el aeropuerto internacional Eldorado de Bogotá, el Hospital Militar y el Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión, hoy RTVC) agudizó la represión contra toda manifestación comunista, a tal punto que el comunismo fue declarado ilegal. En el marco de esa campaña, en 1955 declaró por decreto como ―zona de operaciones militares‖ el oriente del departamento del Tolima, que incluyó a los municipios de Villarrica, Icononzo, Cunday, Carmen de Apicalá y Melgar, entre otros. (Tirado, 1991, p.173) Ello dio pie al surgimiento del movimiento de autodefensa campesina y a una nueva etapa violenta, que se profundizó con la creación de las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1964 y en 1965, respectivamente. La primera, de origen campesino, que en sus comienzos se conocería como Bloque Sur, reivindicaba entonces la necesidad de hacer efectiva una auténtica reforma agraria. Y la segunda, con clara influencia de la revolución cubana, de origen estudiantil y sindicalista,

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Es importante observar que durante esta misma etapa Radio Sutatenza y su Acción Cultural Popular tuvieron una transformación importante, al fortalecer la participación de sus oyentes y luchar, a toda costa, por evitar ser absorbida, o por el Gobierno o por la jerarquía de la Iglesia Católica. Justo es reconocer que durante el gobierno de Rojas Pinilla se le dio un impulso importante a las actividades de ACPO, al reconocerla como ―institución de utilidad común en 1955, lo que permitió ser eximida del pago de impuestos y facilitar el apoyo estatal‖. (Lopera, 2016, p.36) Sin embargo, en ese mismo período presidencial María Eugenia Rojas, hija del dictador, quiso adscribirla a una ONG presidida por ella, mientras la Conferencia Episcopal insistía en asumir su manejo y control, disputa que debió ser dirimida por el Consejo de Estado.

El exdirector general de ACPO Hernando Bernal Alarcón, recordaría muchos años después que, en efecto, esa pugna terminó en los tribunales correspondientes, que ―restituyeron la autonomía a ACPO‖ pero la enfrentó definitivamente con la jerarquía eclesiástica. (2005, p.96)

Para Luis Alejandro Salas, ex director general de ACPO entre 1992 y 1996, es clave tener en cuenta que ese enfrentamiento no se dio con la iglesia como tal, si no con la jerarquía eclesiástica, es decir, con el Episcopado, pues ―ACPO no es una fundación eclesiástica sino eclesial‖. Recuerda así que fueron las campesinas y campesinos quienes, desde el primer momento, oyeron el llamado de José Joaquín Salcedo, a tal punto que sin su apoyo hubiera sido imposible tanto su nacimiento como su consolidación:

(...) cuando iba a empezar lo que se denominó entonces la obra, entre comillas, porque era obra física y era obra también de la fundación que vendría a hacerse, pidió que lo apoyaran para construir un teatro…Y vino tanta gente y tantos obreros, que no había ni qué herramientas darles ni qué ponerlos a hacer. Entonces hubo la necesidad de planificar para que trabajaran por turnos. Y cuando les pidió apoyo económico, si ellos no tenían dinero sí tenían o una gallinita, un pollito. Muchos vendieron también sus terneros; traían o un pucho de lentejas o de garbanzos, para contribuir a la obra. Y de esta manera ayudar para que se hicieran las cuestiones físicas. Pero la tarea más importante era la espiritual, es decir, anímica, de aprendizaje, de educación, de Educación Fundamental Integral. (Pérez, 2017, audio podcast)

Queda claro, entonces, cuál fue el activo fundamental con el que contó ACPO desde su nacimiento. Pero lo cierto es que en la práctica, con este y otros conflictos el que siempre ha sido sacrificado es el desarrollo agrario del país, pues muy pronto le llegaría la cuenta de

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cobro a ACPO, con el progresivo cierre de sus fuentes de apoyo lo que que, a la postre, la obligó a suspender actividades a partir de 1989. En un contexto más amplio, historiadores como Marco Palacios (2013) subrayan que la lucha por la propiedad de la tierra, que ha dejado vastos sectores excluidos y marginados, ha impedido la construcción de la paz y afianzar una auténtica democracia en Colombia. Esta política de exclusión, sumada a lo que el historiador Fernán González (1998, p.163) denomina ―precariedad de un ámbito público‖, explica en buena medida por qué en Colombia hay una tendencia muy marcada a resolver los conflictos con métodos privados y violentos, pues a los colombianos les cuesta mucho aceptar autorregulaciones y, mucho más, el control estatal.

De ahí que la sociedad colombiana haya postergado de manera indefinida la solución a problemas estructurales como la titulación de la propiedad rural y aún hoy, cerca de la mitad de los predios del campo no pueden acreditar una tenencia legal lo que, según Marcos Palacios (Ib., p. 239) , ―les conviene a los oligarcas que tienen poder político y tierra y, por lo tanto, la capacidad de hacer violencia. No les conviene que haya catastro porque su poder requiere que haya desorden catastral‖.

Como se ha visto, este contexto adverso no le impidió a ACPO poner su impronta en la tarea de inclusión socioeconómica de las campesinas y campesinos colombianos. Ahí están sus elocuentes resultados en esa primera etapa de trabajo –1947-1989– durante la cual consolidó un modelo de combinación de medios, que para esta investigación se ha denominado Acpoeducación. Como dijimos, este modelo fue aplicado con éxito en otros países de América Latina, Asia y África. Pero tanto las presiones que debió soportar, en especial de la jerarquía de la iglesia Católica y de los propios gobiernos, como sus propias contradicciones internas, materializadas en una política de administración bastante cerrada que llevó a su fundador y director general, José Joaquín Salcedo, a concentrar la toma de decisiones (Musto, 1971), profundizaron su crisis, la cual llegó a su punto álgido en 1989, cuando las frecuencias de Radio Sutatenza pasaron a manos de la cadena comercial Caracol Radio.

Esos episodios de apertura, consolidación y declive, que muchos investigadores han interpretado como un rotundo fracaso, fueron, en realidad, una etapa de siembras, de cosechas y de mucho aprendizaje. Y así lo ha demostrado con la reaparición de su organización administrativa en 2012 y su remozada estrategia de Educación Fundamental Integral, ahora alrededor de las Escuelas Digitales Campesinas (EDC) de la cual nos ocuparemos más adelante.

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