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En ambos casos resulta determinante el accionar de una agencia pública en la concepción, en la conducción estratégica inicial y en el acompañamiento técnico y financiero.

Ello no implica desestimar la participación de los productores, ni la búsqueda de la auto- nomía política y financiera como objetivos relevantes pero, dado el perfil del productor desti- natario, es indispensable una fuerte y sostenida inversión de recursos públicos que, por otro lado, se justifica como política de restitución de derechos para grupos sociales que han sido excluidos de una inserción productiva que les posibilite condiciones dignas de vida

Sin embargo, esta articulación entre las cooperativas, como organizaciones democrática- mente controladas por los asociados, y el Estado, en su carácter de promotor de derechos, lejos está de ser simple.

El traslado de recursos a cooperativas emergentes tiene dos riesgos importantes: a) las limitaciones en la capacidad de gestión de la nueva entidad, y b) el control de la cooperativa

Sistema de capitalización

De carácter tradicional, tanto a nivel de las cooperativas como de las federaciones. La mayor parte del patrimonio se origina en transferencias del Estado y acumulación de excedentes (esto último en particular FECOAGRO).

Articulación con el Estado

Desde su constitución cuenta con un acompa- ñamiento técnico permanente y sustancial desde el INTA.

Su principal cliente es el Ministerio de Desarrollo Social, pero para ello debe ganar las periódicas licitaciones. Ha recibido asistencia técnica y financiera de parte de un nutrido conjunto de agencias públicas del ámbito del desarrollo social y productivo, y de los tres estamentos (municipal, provincial y nacional).

El impulso y la concepción estratégica de la iniciativa es de ARCentral, en el marco de otras estrategias similares vinculadas a la producción de stevia y al turismo rural, ambas articuladas a través de sendas organizaciones de segundo grado.

Toda la estrategia de inversiones para la producción de alimentos con escala está cimentada en el aprovechamiento de fondos de promoción social y desarrollo rural.

Sistema de

participación En el caso de FECOAGRO, cuenta con fuertes

mecanismos de educación cooperativa y formación de dirigentes.

De carácter tradicional, con bajo desarrollo de un sistema de información adecuado a su diversidad productiva y territorial.

Su reciente creación hace que aún no haya de- sarrollado experiencia relevante en este sentido.

FECOPAM FECOAGRO

por un grupo, en detrimento de los intereses de un conjunto de asociados, o de terceros a los que se les impide asociarse.

En el caso de FECOPAM la política es un traspaso gradual de la propiedad de los recursos por parte de ARCentral, en la medida en que se consolida la capacidad de gestión de la orga- nización y la efectiva participación de las cooperativas asociadas.

En el caso de FECOAGRO, si bien la propiedad de los recursos es de la federación, existe una cogestión de hecho con los técnicos del INTA, cimentada en el profundo liderazgo de uno de ellos.

Durante el trabajo de entrevistas realizadas en las tres provincias surgió repetidamente la preocupación de los profesionales de la Subsecretaría de Agricultura Familiar respecto a la debilidad de las instituciones emergentes y a la necesidad de que la agencia pública a cargo de la intervención participe de alguna manera en la gestión de los recursos.

Una posibilidad, poco explorada, es la participación del Estado en el Consejo de Administración de la cooperativa, en el marco de lo permitido por la Ley de Cooperativas en su art. 19, con un Estatuto que así lo prevea y en condiciones establecidas en un régimen espe- cial de carácter preferencial, que debería estar reglamentado desde la autoridad de aplicación. Complementariamente, puede evaluarse que parte de las transferencias de recursos que se realicen a la entidad se hagan en carácter de capital, que como todo capital es reembolsable una vez que se retira el asociado.

- Autogestión

En ambos casos, la organización del trabajo en las cooperativas de base es autogestiona- ria. Son los propios asociados los que se hacen cargo de las actividades de producción prima- ria en sus predios particulares o de gestión colectiva (en el caso de FECOAGRO), de producción industrial, de acondicionamiento, o de servicios a terceros, etc. Esto presenta varias aristas a considerar.

En primer término, es necesario garantizar la participación democrática en la construcción colectiva de las condiciones de trabajo44_{, de tal manera que la organización cooperativa no sea} vehículo de la precarización laboral.

En segundo lugar, es necesario que estas condiciones de trabajo tengan el suficiente res- paldo legal para no tener conflictos con la fiscalización laboral.

Como tercer punto, es necesario que dicha autogestión contemple la diversidad de situa- ciones que implica la doble condición de trabajador y productor agropecuario. A modo de ejem- plo, hacia el interior de las cooperativas de base de FECOAGRO se encuentran situaciones como las siguientes:

• Parcela de propiedad colectiva, que es trabajada por uno o dos de sus asociados (por ejemplo, una hectárea de viñedo).

• Parcela de propiedad privada donde trabaja un grupo familiar, que comercializa su pro- ducción por su cooperativa.

• Parcela arrendada por la cooperativa, con recursos provistos por FECOAGRO, donde trabaja un grupo de asociados a la cooperativa.

• Parcela de propiedad colectiva, cuyo uso es distribuido entre los asociados para la pro- ducción de semillas, mientras que hay producciones que son compartidas (por ejem- plo, cerdos para producción de lechones para autoconsumo o venta ocasional). • Asociados que realizan trabajos de armado de la colección de semillas para FECOA-

GRO.

• Pequeñas agroindustrias de propiedad colectiva, donde trabaja un grupo de asociados, con producción primaria de otros asociados o de terceros.

• Pequeñas agroindustrias organizadas en los predios privados de asociados, con fuer- za de trabajo provista por otros asociados.

Como puede observarse, es un conjunto diverso de situaciones, que deben ser contem- pladas por el modelo de organización y por el marco legal adoptado.