A fines de abril de 2002, en medio de un feriado bancario y cambiario por tiempo indefinido, el gobierno envió al Congreso un proyecto para convertir los depósitos retenidos en el corralito en bonos públicos (llamados BODEN). Eso provocó protestas de ahorristas y los senadores suspendieron la sesión.
Entre tanto, el grupo de los siete países más industrializados del mundo insistió en que la Argentina debía reducir el gasto público y cumplir con otras exigencias. Una breve referencia a la situación internacional de ese período, nos retrotrae a los defensores y retractores de la ―nueva economía‖ como aquella situación en la cual el crecimiento reemplazaría a la rentabilidad como concepto central. Pero el dinamismo global no alcanzaba a mostrarse, EEUU se mostraba recesivo, con una fuerte caída del PBI y un fuerte endeudamiento. Fraudes corporativos, la aparición del Nasdaq como barómetro de la sociedad y los atentados del 11-S hablaban de una crisis importante. Otros integrantes del G7 mostraban una profunda recesión que afectó a la demanda interna y a la inversión. Como afirma Mario Rapoport, ―el origen de este proceso recesivo radicaba en la pérdida de dinamismo del conjunto de las economías industrializadas, una de cuyas principales expresiones fue la declinación de sus tasas de crecimiento‖ (Rapoport, 2006: 863)
En América Latina, la situación económica entre 2000 y 2002 según lo muestran los estudios de la CEPAL, era crítica. En 2000 la región dejó de crecer como resultado de la adversa situación interna y externa y para 2001, tenía una tasa promedio de crecimiento negativo y una pobreza que alcanzaba el 43% de la población. Al escaso dinamismo de las exportaciones se sumó la disminución de la demanda internacional
196 y el bajo nivel de los precios de exportación, que afectaron los saldos comerciales. (CEPAL, 2000, 2002)
En este marco, los gobernadores provinciales firmaron un acuerdo de 14 puntos en donde se comprometían a cumplir con las exigencias del FMI, aceptando los compromisos internacionales, ajuste fiscal y derogación de la Ley de Subversión Económica.
Ante la falta de apoyo interno y externo, el ministro Remes Lenicov presentó su renuncia. Duhalde designó a Lavagna ministro de Economía.
―Nos alejamos del diálogo social. No se puede dialogar bajo las imposiciones del FMI. Rechazamos el acuerdo con los gobernadores, la designación del ministro Lavagna‖ (Entrevista a A, dirigente del MTA y de la CGTRA, realizada por la autora, 2012)
El 26 de junio de 2002, se llevó a cabo una protesta de desocupados para conseguir mejoras en su situación (particularmente un aumento en los subsidios) y dos piqueteros, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, fueron asesinados por la policía bonaerense.
Ante estos acontecimientos el país entró en un tenso clima político. El 2 de julio, Duhalde convocó a elecciones presidenciales anticipadas para el 27 de abril de 2003 y el traspaso del mando para el 25 de Mayo. Su liderazgo se vio consumido por las tareas de ―enterrar una década de convertibilidad y sentar las bases de un modelo postneoliberal‖ (Baldioli y Leiras, 2012).
Marcos Novaro (Novaro, 2003), sostiene que es un lugar común hablar de la ―vocación hegemónica‖ del peronismo y de la cultura de la ilegalidad que reina en sus filas. Para el autor, simplemente se trata de un carácter ―incorregible‖37
que se manifiesta de modos más o menos violentos y perjudiciales para las instituciones y la convivencia social, según las circunstancias, pero que está siempre presente, inevitablemente, por ser parte esencial de la identidad peronista. ―Ella no
37
Hace referencia a la frase atribuida a Borges: ―Los peronistas no son ni buenos, ni malos; son incorregibles.‖
197 es, en última instancia, más que un ―deseo irrefrenable de poder‖, una pragmática del poder en estado natural —Vicente Palermo (Palermo, 2001), se ha referido al pragmatismo como rasgo último de la ―identidad‖ peronista precisamente en este sentido—, lo que convertiría entonces a los peronistas, en particular a sus líderes, en algo así como ―animales políticos‖ hobbesianos, no aristotélicos, es decir, personas en las que la naturaleza desborda toda convención‖. (Novaro, 2003: 344)
La reflexión es en torno a la lucha por la sucesión del liderazgo entre Menem, Duhalde y Kirchner de principios de este siglo. ¿Fueron maneras o modelos diferentes de mirar los problemas internos y externos y otorgar soluciones atinentes o fuertes internas partidarias? Para algunos académicos como Marcos Novaro la cuestión pasa por las hegemonías dentro del partido y la idea que Menem y Duhalde encarnaron ―dos modelos de país‖ en pugna solo tuvo una eficacia retórica en aquel momento. (Novaro, 2003)
El peronismo perdió las elecciones ante Alfonsín y De la Rúa. En 1988 recurrió a una compulsa interna para elegir a su líder nacional. En 1999 Eduardo Duhalde fue ―ungido‖ como candidato presidencial por el congreso partidario, y en 2003 el peronismo presentó tres fórmulas presidenciales debido a la imposibilidad de llegar a acuerdos sobre los mecanismos para realizar las internas.(Novaro, 2003) La convocatoria a internas fue más habitual a niveles provinciales, en el marco de acuerdos de unidad que eliminaron o acotaron en gran medida la competencia, y trasformaron las elecciones en un rito de confirmación (Mustapic, 1996 en Novaro, 2003).
Tuvo mucho de lucha hegemónica dentro del partido. En enero de 2003, Duhalde anunciaría su apoyo a la candidatura de Kirchner. Las elecciones se realizaron el 27 de abril de 2003. Carlos Menem obtuvo el 25% de los votos, mientras que en segundo lugar, con el 22,2%, se ubicó Néstor Kirchner, quien contaba con el respaldo de Eduardo Duhalde. Esos resultados obligaban a convocar a una segunda vuelta. Sin embargo, ante una derrota de antemano, Menem decidió no presentarse. Así, el 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner asumió la presidencia.
198 Este período de intercesión entre las presidencias de Menem y Kirchner estuvo caracterizado por una crisis donde muchos argentinos estaban bajo la línea de la pobreza. En este capítulo hemos analizado particularmente los programas sociales implementados durante el año 2002 y parte del 2003, particularmente el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, para garantizar el derecho social a un nivel de vida adecuado. Si bien la normativa que da origen a este plan refiere la creación de un ―derecho familiar a la inclusión social‖, coincidimos con el oportuno informe del CELS (CELS, 2003) que en modo alguno los beneficios asignados alcanzan para definir el reconocimiento de un auténtico derecho social.
El Plan Jefes y Jefas implicó un esfuerzo importante del Gobierno Nacional por extender prestaciones asistenciales a un número significativo de personas, esfuerzo pensado y gestionado de manera conjunta entre varios actores. El plan nace no sólo como herramienta de la política social, sino principalmente como instrumento para apaciguar un conflicto social de características inéditas que ponía en juego la continuidad del sistema político institucional.
De esta manera, se transformó en un aspecto central de la política del Gobierno de transición. El plan se limita a distribuir beneficios asistenciales precarios, que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de la población en situación de indigencia.
El decreto 565/02 asimilaba el Plan Jefes y Jefas a un derecho: el Derecho Familiar de Inclusión Social‖, aunque éste no se encontraba definido en la reglamentación que le daba origen y no encontraba correlato en la normativa constitucional, ni en los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional.
Según el Informe del CELS, en tanto y en cuanto se adecuara a ciertos estándares y cumpliera con contenidos mínimos, podría
199 considerárselo como integrante del ―derecho a un nivel de vida adecuado‖, previsto en el artículo 11 del PIDESC38
.
Los considerandos del decreto se limitan a hacer referencia a la gravísima crisis que enfrentaba Argentina y que alcanzaba niveles de ―pobreza extrema, agravados por una profunda parálisis productiva‖. Se establecía entonces que ―resultaba obligatorio instrumentar las medidas necesarias y adecuadas para paliar la difícil situación por la que atraviesa un importante sector de la población‖.
Si bien lo anterior resultaba un objetivo de política pública, el Poder Ejecutivo no avanzó en delimitar qué se entendía por derecho familiar de inclusión social. El hecho de que se otorgara un magro subsidio y que se exigiera a la persona acreedora de esta ayuda económica el desempeño de una tarea no implicaba que la misma genere ―inclusión social‖ o que otorgara bienestar o las derechos que surgen de las dimensiones de la ciudadanía bajo estudio.
Un Programa tuvo un impacto social innegable, especialmente en épocas de elevada desocupación y pobreza. Pero no se debería caer en errores de interpretación. Una lectura lineal de los informes correspondientes a los meses de mayo y octubre de 2002, concluiría sosteniendo que, en dicho período, el desempleo se redujo casi un 20%. La distorsión es de tal magnitud que obligó al INDEC a incluir un análisis de la situación del empleo excluyendo la incidencia del Programa de Jefes y Jefas. (CELS, 2003)
La conclusión de este análisis es que, a pesar de la implementación de este programa, las condiciones socioeconómicas imperantes en el país se han mantenido iguales en cuanto a la pobreza y la indigencia, y no se ha producido ningún tipo de efecto ―redistributivo‖.
38 El derecho a un nivel de vida adecuado está garantizado en el art. 11 del PIDESC y en el art. 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) .
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