Los orígenes de la asistencia social en Argentina se remontan a la Sociedad de Beneficencia de la Capital (SBC) creada en 1823 como una institución paraestatal. La Sociedad de Beneficencia se extendió hasta 1946. Era una entidad oficial cuyos fondos provenían en forma mayoritaria de subsidios estatales (recaudación de la Lotería Nacional) y de la cesión de terrenos y locales fiscales. También recibía donaciones de particulares de las clases altas. La SBC contaba con gran autonomía para disponer de
los fondos públicos, lo cual convertía a la acción social en una práctica discrecional, controlada arbitrariamente por un grupo de exponentes de la clase dominante.
En un principio la beneficencia fue una tarea femenina, ya que los problemas a los que atendía eran propios de su sexo , siendo la mujer en esa época la educadora moral por excelencia (Tenti, 1989). De esta manera, su gestión estuvo en manos de mujeres de la elite porteña. En sus orígenes, el objetivo central de la SBC fue la mejora del bienestar femenino, con lo cual se realizaron fundamentalmente obras de establecimiento de escuelas públicas para mujeres que se orientaron al aprendizaje de la religión, la moral y las virtudes de las madres de familia. Mas tarde esta institución se focalizaba en la creación de hospitales (Tenti, 1989; Torrado, 2003).
En las últimas décadas del siglo XIX comienza a cuestionarse este modelo de asistencia y a introducirse cambios en el tipo de intervención social estatal. En 1943 se creó la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social (DNPAS) que nucleaba a todas las organizaciones relacionadas con la caridad, asistencia social, vivienda y salud. Un año más tarde, la DNPAS fue rebautizada como Dirección Nacional de Salud Pública y quedó a cargo exclusivamente de los servicios de salud.
En 1947 el gobierno creó laDirección Nacional de Asistencia Social (dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión). A fines del 48 la Sociedad de Beneficencia, que había sido intervenida en 1946, se incorporaba a esta institución. En ese año se fundó la Fundación Eva Perón (FEP), sin depender de la Dirección Nacional de Asistencia. Durante los dos primeros gobiernos peronistas surgía una nueva concepción de acción asistencial. Pero si bien la ayuda social de la FEP representaba una ruptura con el modelo anterior de la beneficencia y asistencia social, también conservaba rasgos de esta antigua estrategia (Tenti, 1989; Plotkin, 1994).
La FEP ejerció en todo el período del gobierno un monopolio de la dirección general de la acción asistencial estatal, reproduciendo de esta manera el esquema heredado de la Sociedad de Beneficencia. Se creó con el objetivo de proporcionar ayuda social (que englobaba desde la provisión de servicios médicos en los hospitales de la FEP hasta la
ayuda social directa ) a los sectores que estaban por fuera del aparato asistencial estatal o sindical: Se podría decir que constituía un verdadero estado dentro del Estado (Plotkin, 1994: 215). La FEP se financiaba mediante donaciones de empresas, de sindicatos, o bien -incluso, y en gran medida- contribuciones directas o indirectas del Estado. La administración de estos fondos de donaciones era discrecional, y se sospecha incluso de manejos coactivos para la obtención de recursos. A partir de 1950 se reducen las donaciones y se aumentan los fondos provenientes de loterías, casinos, etc, como así también los de aportes de trabajadores.
Desde las primeras décadas del siglo XX el modelo de la beneficencia parece estar agotado, sin poder responder a la nueva pobreza urbana que surge y se extiende como consecuencia del empobrecimiento de sectores significativos de la incipiente clase media de Buenos Aires.
Por lo tanto, del modelo intuitivo de los males sociales que caracterizaba a la
beneficencia, se pasó al modelo de la asistencia , que promovía un conocimiento más científico y especializado del problema social .
Sin duda el primer gobierno peronista marcó el inicio de una nueva orientación de las políticas sociales. Algunos analistas caracterizan este Estado como una subclase del
Welfare State europeo, pero habría algunos indicios que nos permiten pensar en un
welfare state a la argentina que responde a una combinación argentina distinta a la europea (Golbert, 1988). Para entender las características peculiares del Estado social argentino, principalmente debemos analizar la conformación y desarrollo del actor sindical, sin dejar de lado que el mismo surge a partir del apoyo estatal. En este sentido, la fuerte presencia de las corporaciones en la arena política junto con partidos débiles fortalecieron, en el plano de las políticas sociales, una lógica que privilegia a algunos y excluye a los no corporativizados del acceso a los bienes y servicios sociales (Golbert, 1988: 13).
Es durante su primer gobierno que el peronismo construyó un complejo sistema de alianzas, cuyo principal eje lo conformaban las asociaciones profesionales. La dirigencia
de éstas se transformó rápidamente en el principal actor social en la gestión de las políticas sociales, actuando como una corporación en la defensa de sus intereses particulares.
Con un criterio similar, Lo Vuolo y Barbeito (1998) definen al sistema de políticas sociales argentino como un híbrido entre los modelos del seguro social y el de la seguridad social . El primero, vinculado con la tradición bismarckiana, tiende a limitar su cobertura a la población de trabajadores asalariados exclusivamente. Se financia principalmente por aportes de los asegurados y de los empleadores. En este modelo el énfasis está en los derechos del trabajador. El modelo de la seguridad social (que se asimila con la tradición laborista anglosajona) es de tipo universal. Se pretende cubrir a toda la población independientemente de la actividad que realice y la capacidad contraprestadora de cada ciudadano. Las prestaciones se financian con varios recursos. Como sostienen los autores, en Argentina si bien en el cuerpo central predominaba conceptual e instrumentalmente el modelo del seguro social, existía una visión confusa sobre el alcance ilimitado de la protección pública como resultado de políticas de acceso universal. Puede decirse que la noción general era que el Estado debía garantizar los beneficios individuales, fragmentados y diferenciados de todos (Lo Vuolo y Barbeito, 1998: 622).
Hintze (2007) afirma por su parte que el sujeto de la sociedad de bienestar argentina no fue el ciudadano (como en el modelo de Estado de Bienestar europeo); la expansión de los derechos sociales en Argentina no estuvo ligada a la categoría de ciudadano sino a la de trabajador. Este desarrollo de la categoría de trabajador y sus derechos específicos mantuvo como "residual" la asistencia social destinada a los que por razones involuntarias no pudieran incorporarse al mercado de trabajo.
Ya hacia fines de los '80 las políticas sociales en Argentina comenzaron a orientarse hacia la atención de situaciones de pobreza extrema, lo cual deja de lado otros objetivos de pretensión universalista de décadas anteriores, como la reducción de la incertidumbre, la distribución progresiva de los ingresos y la movilidad social (Lo Vuolo y
otros, 2004). Se multiplicaron de este modo las intervenciones en forma de programas sociales , con objetivos, plazos y financiamientos limitados; con fuertes transferencias de responsabilidad a sectores no estatales en la gestión de políticas. Los programas sociales se basaron en una intensificación de la focalización de la intervención en necesidades y grupos específicos, inaugurando además modalidades de reinserción tutelada de sujetos y grupos de riesgo en el mercado de trabajo (Soldano y Andrenacci, 2006).