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Los distintos bienes y derechos que integran el patrimonio de una empresa, pueden clasificarse en dos grupos:

• Activo fijo o inmovilizado, que está constituido por los bienes o derechos cuya utilización en la empresa es superior a la de un ejercicio económico, y

• Activo circulante, que está constituido por el resto.

Como ejemplos de primer grupo, están las construcciones, solares, vehículos y máquinas, los gastos de creación de la empresa, el proyecto de explotación, la campaña de investigación del yacimiento, o el derecho de explotación del yacimiento, si este es superior a un año.

En el segundo grupo están los salarios, el combustible de la maquinaria, los reactivos para el concentrador, los seguros o el impuesto pagado por las actividades de ese ejercicio, ya que esos gastos están integrados en el proceso productivo del ejercicio en que se generan.

También suelen utilizarse los términos de inversión para las adquisiciones de inmovilizado, distinguiéndolas así de las del segundo grupo, que se llaman gastos. En este apartado, por tanto, vamos a referirnos a las inversiones en inmovilizado exclusivamente.

Los beneficios de la empresa se obtienen restando los gastos de los ingresos correspondientes a la producción del ejercicio. Por regla general, la mayoría de las empresas funcionan por el principio de devengo, es decir, se considera un ingreso cuando se ha vendido un bien producido en la empresa, independientemente de que se haya cobrado o no. Análogamente, se considera que se ha producido un gasto correspondiente a un ingreso determinado, cuando se ha adquirido y utilizado un determinado bien o derecho, independientemente de que haya sido pagado o no al terminar el ejercicio.

Puede surgir la duda de aquellos bienes considerados como del activo circulante, es decir, cuya adquisición genera un gasto y que no se han utilizado durante el ejercicio, por ejemplo, aceite lubricante para la maquinaria: forman parte del stock final del ejercicio y, hasta que no se utilice, no pasará a formar parte del resultado del ejercicio.

Lo mismo podemos decir de la producción que no se ha vendido: pasará a un stock de productos finales que no se integrará en los resultados del ejercicio hasta que no se venda (independientemente de que se cobre o no)

Los activos que componen el circulante tienen, por tanto, una vida útil no superior a la duración del ejercicio, y por tanto, cuando se utilizan, se contabiliza la totalidad de lo que costó su adquisición (incluyendo los costes de transporte, aduana y otros).

Los activos del inmovilizado, por el contrario, tienen una vida útil superior al ejercicio y, por tanto sería impropio cargar su coste completo en ninguno de los momentos de su vida, ya que desvirtuarían las cifras reales de beneficios, tanto para la empresa como para cualquier observador exterior a ella. Por este motivo, se creó el concepto de amortización del inmovilizado, y se ligó su cuantía al “desgaste” que se supone ha tenido el bien en cada ejercicio. Los elementos del inmovilizado sufren (en general) un desgaste en cada ejercicio, y no tiene por qué ser el desgaste físico el único que se considere, sino la amortización y depreciación del bien, la que se impute como aportación a la producción de ese ejercicio.

Existen básicamente tres tipos de amortización en el inmovilizado:

• Amortización física: que es la originada por el desgaste real del bien, en función del tiempo.

• Amortización funcional: que es la originada por el uso o funcionamiento del bien, y la

• Amortización económica u obsolescencia, motivada por las innovaciones tecnológicas que afectan al precio del bien y a su utilidad real en la empresa.

Por ejemplo, un ordenador, que en cuatro años habrá quedado anticuado, aunque físicamente no se haya desgastado lo más mínimo, y, aunque funcione, la velocidad de cálculo y las posibilidades de otros que habrá en el mercado en ese momento, quizá recomienden su sustitución por otro.

La amortización es el reflejo de las pérdidas de valor que experimentan los bienes integrados en el Activo Fijo de la empresa (Inmovilizado)

4.3.1 Amortización contable

Vamos a hablar ahora de algunos adjetivos aplicables al concepto de amortización. El primero es la amortización contable. Es la que refleja más fielmente, el concepto anteriormente expresado. Es la que considera el desgaste del bien desde el punto de vista de la empresa, y, por tanto, desde el punto de vista de la amortización y depreciación real del bien. En todos los países del mundo, la contabilidad refleja (o pretende reflejar) la situación real de la empresa en cuanto a bienes y derechos poseídos, así como a las obligaciones contraídas. La misión de los auditores es precisamente revisar y garantizar que las informaciones contables de las empresas auditadas siguen los principios contables “generalmente aceptados”.

Existen unas normas de obligado cumplimiento, que se reflejan en el Plan General de Contabilidad y que en España datan de 1990. El Instituto de Contabilidad y Auditores de Cuentas (ICAC) es el organismo oficial encargado de velar por su mantenimiento e interpretación.

4.3.2 Amortización fiscal

Pero las empresas pueden, bajo determinadas circunstancias, aplicar una amortización diferente a la contable (más rápida, más lenta o absolutamente libre). ¿Y para qué puede interesarle a una empresa aplicar una amortización diferente? Uno de los motivos puede ser reducir (o retrasar) el pago del impuesto sobre los beneficios. Lógicamente, si amortizo el bien más rápidamente que su amortización y depreciación real, en los años iniciales presentará unos gastos superiores a los reales y por tanto unos beneficios inferiores, lo que conllevará un impuesto menor. Aún cuando, en los años subsiguientes, tenga que presentar una amortización menor, y por tanto un beneficio mayor, el simple hecho de retrasar el pago del impuesto, ya supone un

ahorro a la empresa. Lógicamente, esto no está permitido libremente, sino en determinadas circunstancias. A este tipo de amortización le llamaremos “amortización fiscal” para diferenciarlo del contable.

4.3.3 Factor de agotamiento

Ligado al concepto de bien amortizable podría considerarse el caso de los yacimientos mineros, aunque el yacimiento en sí, no sea realmente un activo fijo de la empresa (salvo conocidas excepciones como el petróleo y el gas y algún otro en España). Sin embargo, la peculiaridad de la industria minera, con su inevitable conexión con el yacimiento, hace que la mayor parte de los gobiernos del mundo arbitren ventajas fiscales para ellas sobre esta base.

Su tratamiento, sin embargo, es diferente en cada país, y en el caso español, está ligado exclusivamente al importe del impuesto de Sociedades, por lo que su funcionamiento real, al alejarse del tratamiento dado a las amortizaciones, se expone en el Anexo 4 del Bloque 5.

4.3.4 Otros beneficios fiscales para las empresas mineras

En el mismo anexo recientemente citado, se menciona la ventaja fiscal de la “libertad de amortización” que permite utilizar una amortización fiscal diferente de la contable, a discreción de la empresa minera, si bien, para que esta pueda aprovecharla, debe cumplir determinados requisitos que se mencionan en el anexo citado.

El significado del flujo de caja ha sido definido como las ganancias disponibles para su uso por la empresa, después de pagar todos los impuestos (after-tax). Es por lo tanto obvio que una parte significativa de la evaluación económico-minera se refiere a una correcta y precisa valoración de las rentas disponibles según la legislación fiscal existente y mediante un tratamiento correcto de las deducciones permitidas.

Los distintos métodos de depreciación, factor de agotamiento y amortización son unos medios a través de los cuales los inversores pueden ganar o recobrar, antes de pagar los impuestos, las inversiones efectuadas para hacer un negocio o producir unas rentas. Cada uno de estos tres tipos de deducciones de los impuestos se pueden aplicar a unas diferentes partidas de las inversiones, tales como la propiedad del yacimiento, los equipos, la maquinaria y la infraestructura que son representativos de los mayores costes de capital a lo largo de la vida del activo. Los costes de la inversión en la adquisición de la propiedad o en la exploración geológica de los recursos

minerales, tales como metales, carbón, petróleo y/o gas son algunos de los ejemplos de los costes de inversión que deben ser recuperados por el factor de agotamiento o por la depreciación de dicho activo si está reconocido en el balance, lo cual en España es poco frecuente, salvo en las empresas petroleras que desde luego incluyen las resrvas en el balance anual.

Otras inversiones de la empresa como los gastos que no correspondan a las investigaciones mineras o mineralúrgicas y los gastos en patentes deben ser recuperados por la amortización.

El término "capitalizado" significa que el coste de la inversión no es deducido como un gasto de funcionamiento en el año en que se incurre en el gasto, sino que es extendido sobre el período de tiempo en años durante los cuales las deducciones por amortización y depreciación, factor de agotamiento y amortización pueden aplicarse de acuerdo con los plazos legales. Por supuesto, cada coste capitalizado sólo podrá ser deducido una vez.

4.3.5 LA AMORTIZACIÓN Y LA DEPRECIACIÓN

La amortización y la depreciación, de acuerdo con las leyes de impuestos de muchos paises sajones y cada vez más de otros latinos, es una deducción permitida de la renta imputable como "un permiso fiscal admisible por el agotamiento o el desgaste de la propiedad a causa de su uso o empleo en un negocio". Los costes originales de la adquisición de la propiedad son la base usual para determinar la depreciación. En algunos paises de habla hispana se le llama “amortización de la masa” al concepto “depletion allowance”, que puede ser traducido como depreciación del activo correspondiente a las reservas de minerales descubiertas con la exploración mediante una inversión.

Ya que la cuota de amortización y depreciación es aplicada sobre la vida útil del activo, el primer paso será determinar la vida útil o depreciable permitida. No se puede aplicar una vida media a todos los tipos de activos depreciables, bajo diferentes condiciones o en diferentes tipos de negocios mineros. Es responsabilidad del que paga los impuestos determinar la vida útil del activo de acuerdo a sus condiciones de operatividad y a su propia experiencia o establecer la pertinente consulta dentro de las líneas establecidas por el IRS (Internal Revenue Service) o Servicio fiscal de cada comunidad o la marcada por la Ley de Fomento a la Minería en el caso español.

El segundo paso para calcular la amortización y depreciación es determinar el valor residual estimado para un activo. El valor residual es una estimación, hecha en el momento de la adquisición, del total de dinero que se puede obtener por la venta del activo al final de su vida útil.

Los cuatro métodos de amortización y depreciación más usados son: