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Artículo 143.- Definición.

La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sis- temática, de la actividad económico-financiera del sec- tor público, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría, normas de desarrollo de organización y fun- cionamiento del control interno del sector público e instrucciones que se dicten por la Intervención Ge- neral.

Artículo 144.- Ámbito.

La auditoría pública se ejercerá, en función de lo previsto en el Plan anual de Auditorías a que se re- fiere el artículo 146 de la presente Ley, sobre todos los órganos y entidades integrantes del sector públi- co, sin perjuicio de las actuaciones correspondientes al ejercicio de la función interventora y del control financiero permanente, y de las actuaciones someti- das al ejercicio de la auditoría privada de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, im- puestas a las sociedades mercantiles públicas y fun- daciones públicas.

Artículo 145.- Formas de ejercicio.

1. La auditoría pública adoptará las siguientes modalidades:

a) La auditoría de regularidad contable, consistente en la revisión y verificación de la información y do- cumentación contable con el objeto de comprobar su adecuación a la normativa contable y, en su caso, pre- supuestaria que le sea de aplicación.

b) La auditoría de cumplimiento, cuyo objeto con- siste en la verificación de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económica y financie- ra se han desarrollado de conformidad con las nor- mas, disposiciones y directrices que le son de apli- cación.

c) La auditoría operativa, que constituye el exa- men sistemático y objetivo de las operaciones y pro- cedimientos de una organización, programa, activi-

dad o función pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad eco- nómico-financiera y su adecuación al principio de eficien- cia, a fin de detectar sus posibles deficiencias y pro- poner las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas.

2. La Intervención General podrá determinar la rea- lización de auditorías en las que se combinen obje- tivos de auditoría de regularidad contable, de cum- plimiento y operativa.

Artículo 146.- Plan anual de Auditorías.

1. El titular de la consejería competente en mate- ria de Hacienda, a propuesta de la Intervención Ge- neral, aprobará el Plan de Auditorías anual, en el que se incluirán las actuaciones a realizar durante el co- rrespondiente ejercicio y los informes de gestión a los que hace referencia el artículo 33 de esta Ley, que deban verificarse en dicho ejercicio. Asimismo, el Plan anual de Auditorías incluirá las actuaciones corres- pondientes a subvenciones públicas.

2. Para la ejecución del Plan anual de Auditorías, la Intervención General podrá, en caso de insu- ficiencia de medios propios disponibles, recabar la colaboración de empresas y profesionales especiali- zados ajenos a la Administración Pública de la Co- munidad Autónoma, que deberán ajustarse a las nor- mas e instrucciones que determine aquélla y estarán obligados a guardar la confidencialidad y el secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de su trabajo.

3. En el ejercicio de sus funciones de control, la Intervención General podrá acceder a los papeles de trabajo que hayan servido de base a los informes de auditoría del sector público realizados por las empresas y profesionales contratados.

Artículo 147.- Informes de auditoría.

1. Los resultados de cada actuación de auditoría pública se reflejarán en informes escritos y se desa- rrollarán de acuerdo con las normas que la Inter- vención General apruebe, las cuales establecerán el contenido, destinatarios y el procedimiento para la elaboración de dichos informes.

2. En todo caso, los informes se remitirán al titu- lar del organismo o entidad controlada, al consejero competente en materia de Hacienda y al titular del departamento del que dependa o al que esté adscri- to el órgano o entidad controlada. Los presidentes de los organismos autónomos y entidades públicas em- presariales, sociedades mercantiles públicas, funda- ciones públicas y resto de entes públicos, que cuen- ten con consejo de administración u otro órgano de dirección colegiada similar o con comité de audito-

ría, deberán remitir a los mismos los informes de audi- toría relativos a la entidad.

3. La Intervención General emitirá informe de ac- tuación, en relación con los aspectos relevantes de- ducidos del control dirigido al titular del departamento del que dependa o esté adscrito el órgano, entidad o ente que ha sido objeto de control, en los siguientes casos:

a) Cuando se hayan apreciado deficiencias, y los titulares de la gestión controlada no indiquen las me- didas necesarias y el plazo previsto para su solución. b) Cuando no se acepten las discrepancias formuladas por el gestor respecto a las conclusiones y recomen- daciones contenidas en el informe emitido.

c) Cuando habiendo manifestado su conformi- dad, no adopten las medidas necesarias para solucionar las deficiencias apropiadas.

El titular del departamento, en el plazo de dos meses, deberá remitir al consejero competente en materia de Hacienda informe en el que manifieste su conformidad o disconformidad con el emitido por la Intervención. En caso de disconformidad, en el mis- mo plazo, el consejero competente en materia de Hacienda, previo informe del interventor general, someterá las actuaciones a la consideración del Go- bierno.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior respecto a la determinación de los destina- tarios de los informes, los de auditoría de cuentas anua- les se rendirán, en todo caso, a la Audiencia de Cuen- tas junto con las cuentas anuales.

5. La Intervención General realizará un segui- miento continuado sobre las medidas correctoras que se hayan decidido como consecuencia de las de- ficiencias detectadas en los informes, y remitirá anualmente al Gobierno, de acuerdo con el procedi- miento que se establezca reglamentariamente, un in- forme resumen de las auditorías de cuentas anuales realizadas, en los que se reflejarán las salvedades con- tenidas en dichos informes.

Artículo 148.- Auditoría de las cuentas anua-

les.

1. La auditoría de las cuentas anuales es la moda- lidad de la auditoría de regularidad contable que tie- ne por finalidad la verificación relativa a si las cuen- tas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación finan- ciera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto, de acuerdo con las nor- mas y principios contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información nece- saria para su interpretación y comprensión adecuada.

2. Las auditorías realizadas por la Intervención Ge- neral de las cuentas anuales de las entidades del sec- tor público sometidas al Plan General de Contabili- dad de la empresa española y sus adaptaciones, comprenderán, además de la finalidad prevista en el apartado anterior, la revisión de que la información contable incluida en el informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financie- ro que asumen dichas entidades como consecuencia de su pertenencia al sector público, prevista en el ar- tículo 116.3 de esta Ley, concuerda con la conteni- da en las cuentas anuales.

3. La auditoría de las cuentas anuales de las fun- daciones públicas, además de la finalidad prevista en los apartados 1 y 2 del presente artículo, verificará el cumplimiento de los fines fundacionales y de los principios a los que deberá ajustar su actividad en ma- teria de selección de personal, contratación y dispo- sición dineraria de fondos a favor de los beneficia- rios cuando estos recursos provengan del sector público. Asimismo, se extenderá a la verificación de la ejecución de los presupuestos de explotación y ca- pital.

La Intervención General podrá extender el obje- to de la auditoría de cuentas anuales a otros aspec- tos de la gestión de los entes públicos, en especial cuan- do no estén sometidos a función interventora o control financiero permanente.

Artículo 149.- Ámbito.

La Intervención General realizará anualmente la auditoría de las cuentas anuales de:

a) Los sujetos enumerados en los párrafos b), c) d) y g) del artículo 2 de esta Ley.

b) Las fundaciones públicas obligadas a auditar- se por su normativa específica.

c) Las sociedades mercantiles públicas y las fun- daciones públicas no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el Plan anual de Auditorías.

d) Las universidades públicas canarias y las fun- daciones y sociedades mercantiles de ellas dependientes.

Artículo 150.- Auditoría de cumplimiento.

La Intervención General realizará la auditoría de cumplimiento de aquellos órganos y entidades del sec- tor público que se incluyan en el Plan anual de Au- ditorías, y comprenderá la verificación selectiva de la adecuación a la legalidad de la gestión presu- puestaria, de contratación, personal, ingresos y ges- tión de subvenciones, así como de cualquier otro as- pecto de la actividad económico-financiera de las entidades auditadas.

Artículo 151.- Auditoría operativa.

La Intervención General realizará la auditoría ope- rativa de aquellos órganos y entidades del sector pú- blico que se incluyan en el Plan anual de Audito- rías y con el alcance que se establezca en dicho plan, a través de las siguientes modalidades:

a) Auditoría de cumplimiento del programa de actuación plurianual, consistente en verificar la fiabilidad del contenido del informe al que hace re- ferencia el artículo 33, así como en la evaluación de la eficiencia de la gestión del mismo.

b) Auditoría de sistemas y procedimientos, con- sistente en el estudio exhaustivo de un procedi- miento administrativo de gestión financiera con la finalidad de detectar sus posibles deficiencias o, en su caso, su obsolescencia, y proponer las medidas correctoras pertinentes o la sustitución del proce- dimiento de acuerdo con los principios generales de buena gestión.

c) Auditoría de economía, eficacia y eficiencia, consistente en la valoración independiente y obje- tiva del nivel de economía, eficacia y eficiencia al- canzado en la utilización de los recursos públicos.

TÍTULO IX