El 10 de diciembre de 1983 asume en elecciones democráticas la presidencia del país Raúl Alfonsín. El electo presidente se encuentra con un país donde la pobreza y el desempleo eran el denominador común de gran parte de la población argentina. La restauración democrática generaba expectativas en cuanto a las mejoras en lo que concernía a la calidad de vida de los ciudadanos, pero la agravada situación económica y social del momento “dejó al gobierno democrático con escasos grados de libertad de ejecutar políticas tendientes a reparar el daño causado (…) El aumento de la deuda externa generada por la dictadura y la deuda social interna eran dramáticos indicadores de esta situación” (Golbert, 2010: 132-133).
Durante los años en los que Alfonsín se presidió el país, pueden observarse desde el inicio la instauración de ciertos cambios que tienen que ver fundamentalmente
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con cuestiones sociales, culturales y el fortalecimiento de la democracia. A cinco días de haber asumido el nuevo presidente, a través del Decreto 187 se dará lugar a la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, teniendo como objetivo “intervenir activamente en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país, averiguando su destino o paradero como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización. Recibirá denuncias y pruebas sobre esos hechos para remitirlas a la justicia cuando de ellas surgiera la comisión de delitos.” (CONADEP, 2015: 447). Asimismo, el Juicio a las Juntas en el año 1985 se constituyó como un hito en la historia, no solo latinoamericana sino también a nivel mundial. Comienza así un proceso donde se pretende otorgar relevancia a todo aquello que hace a la democracia, la libertad de expresión, la participación activa de la sociedad, la recuperación de los espacios antes censurados, etc.
Algunos años después, en 1989, asume la presidencia Carlos Menem, el nuevo presidente emprenderá un rumbo diferente para el país. “Con el apoyo explícito de los empresarios más importantes –expresado en la incorporación a su gobierno de directivos de Bunge y Born, la mayor corporación privada, y del ingeniero Alsogaray, patriarca del liberalismo-, y también de Estados Unidos, con cuya política exterior se alineó decididamente, se dedicó a aplicar estrictamente el recetario liberal y a construir lo que sería el ‘partido del mercado’” (Romero, 1994: 368).
Las características neoliberales que marcaron este periodo se basaron, primordialmente, en otorgar al mercado el mayor protagonismo en lo que respecta a la asignación de recursos y satisfacción de necesidades. El Estado comienza un proceso de achicamiento en cuanto a sus funciones, relegando las mismas tanto al mercado como a la sociedad civil. Las políticas sociales del momento se caracterizaron por el recorte del gasto social, la desestatización y las consecuentes privatizaciones, la focalización y la descentralización. Fueron priorizados una vez más los intereses no del pueblo sino de los sectores empresarios y de capitales privados.
Como sostienen Andrenacci y Repetto (2006: 14) son tres los elementos a destacar al hablar de las reformas de política social, “la desestatización, la descentralización y la focalización. La desestatización implicó la transferencia parcial o total de responsabilidades del Estado a actores privados (empresas y organizaciones no gubernamentales y comunitarias); la descentralización produjo una reorganización de
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los servicios públicos y sociales que favorece el crecimiento de la responsabilidad relativa de los Estados subnacionales; y la focalización, por último, implicó un cambio de objetivo de la política social, del ciudadano como receptor por derecho, al grupo o zona de riesgo como receptor estratégico.”
“La nueva política alcanzó también al mercado laboral: se avanzó en la flexibilización de los contratos de trabajo, al tiempo que se reglamentaba restrictivamente el derecho a huelga y se reducía la capacidad de negociación de las grandes organizaciones sindicales” (Romero, 1994: 369). La exclusión laboral y social y la creciente pobreza de gran porcentaje de la población argentina fueron las características principales de aquel momento.
En el año 1994 se crea la Secretaría de Desarrollo Social, la cual se encargará del diseño de programas destinados a atender a los grupos que presentaban mayores vulnerabilidades. Estos programas se encontraban “comandados” por las recomendaciones del Banco Mundial. Durante este periodo se crearon un importante número de programas los cuales se caracterizaban por su poca perdurabilidad en el tiempo, no generando en las poblaciones atendidas acceso a ningún derecho y no existiendo tampoco articulación entre los diferentes organismos estatales.
El presidente Menem continuó en el gobierno hasta el año 1999, cuando Fernando de la Rúa, candidato de la Alianza, asume dicho lugar luego de las elecciones presidenciales. Durante este periodo la situación del país continuaba la misma línea que la iniciada por Menem, generando aun más situaciones de endeudamiento del país, culminando con la explosión de una crisis económica, política y social, obligando el “que se vayan todos” al renunciamiento del presidente de la Rúa el día 20 de diciembre del 2001. El clima que se vivía en el país se encontraba marcado por la inestabilidad económica y política; la represión sangrienta hacia el pueblo por parte de las fuerzas policiales los días 19 y 20 de diciembre dejaron como saldo la muerte de aproximadamente medio centenar de personas, entre las cuales una gran cantidad de ellos eran adolescentes menores de 18 años de edad.
Durante el año 2001 se sucedieron tres presidentes hasta el momento en el que asume Eduardo Duhalde. En aquel entonces la pobreza alcazaba a más del 50% de la población y la indigencia llegaba a un 25%. Durante los años que se continuaron, el clima del país se encontró marcado por la agudización de la conflictividad social,
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política y económica. En el año 2003 el presidente Duhalde adelanta las elecciones a partir de las cuales asume el mandato presidencial Néstor Kirchner, en el mes de mayo de ese mismo año.
Ahora bien, desde el advenimiento de la democracia en el año 1983 y hasta el período previo de la presidencia de Néstor Kirchner, ¿qué podemos vislumbrar respecto a las consideraciones en materia de infancia?
Desde un primer momento cabe aclarar que no existió un cambio en la concepción del binomio niño/menor, este continuaba, los niños seguían siendo los mismos de antes, los menores también. La niñez empobrecida seguía siendo criminalizada, judicializada, estigmatizada, minorizada. Además de ello, durante este periodo los sectores pobres e indigentes aumentaban a diario.
A partir del retorno de la democracia y durante los diez años que se sucedieron, se promovieron ciertos cambios como la implementación de pequeños hogares, familias sustitutas, amas externas, las cuales no lograron concretar los objetivos propuestos de intentar evitar la institucionalización de los niños, por lo que se los continuaba alojando en los hogares e institutos de siempre.
Si bien en el año 1989 es aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y al año siguiente se la sanciona con fuerza de ley en nuestro país, y pese a que en la reforma constitucional del año 1994 es incorporada y toma rango constitucional junto a otros Tratados Internacionales de Derechos Humanos, lejos nos encontrábamos en aquel entonces de efectivizar parte de lo que en la misma se proclama.
A pesar de que ello debería ser entendido como un nuevo paso en sentido positivo en lo que respecta a niñez y adolescencia en nuestro país, ya que podría pensarse que daría inicio a la incorporación de nuevos conceptos y fundamentalmente prácticas en lo que a ellas refiere y sus derechos como así también las responsabilidades del aparato estatal, en Argentina se vivía un periodo en el cual el Estado se encontraba completamente ausente y alejado; distante de dar respuestas y cumplimiento efectivo a esos derechos, garantizando aunque a cuentagotas, la asistencia a los sectores menos favorecidos.
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La aplicación de la Convención se tornaba imposible en el contexto de las políticas neoliberales de la década del ’90. Se trataba de un escenario contradictorio, así como por un lado el país adhería a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, “los dispositivos estatales que apuntaban a la justicia social estaban en franco retroceso” (López, 2012: 16).
“Se producían avances en términos del reconocimiento de los derechos (…) y una ampliación del campo de saberes en torno a la niñez; pero, por otro lado, el conocimiento acumulado no desembocaba en el mejoramiento de las condiciones de vida de la infancia. Por el contrario, las políticas de ajuste estructural implementadas en aquel entonces se tradujeron en un fuerte crecimiento del desempleo y el aumento de la pobreza, dejando a miles de familias huérfanas de Estado, y con ello, más niñas y niños perdieron la igualdad para el ejercicio de sus derechos” (López, 2012: 16).
¿Qué derechos se pueden garantizar cuando lo único que pareciera asegurarse a los ciudadanos, especialmente a los sectores populares, es cada vez una mayor situación de pobreza y exclusión? Estando la vida de los argentinos en manos exclusivas de la economía de mercado neoliberal capitalista, y por tanto el Estado subordinado a sostener dicho escenario, los derechos, las garantías y las responsabilidades del aparato estatal para con niñas, niños y adolescentes se encontraban visiblemente en un segundo plano.