Reflections on our Findings from Analysis of the Potential Effects of the

La incorporación de la política ambiental en la esfera internacional hizo eco en el país, al igual que en otras naciones latinoamericanas. Ecuador incluyó en la Constitución disposiciones para el manejo del medio ambiente. En la reforma que se realiza en 1983 a la Constitución de 1978, se incluyó dentro de los Derechos, Deberes y Garantías un artículo en el cual el Estado se comprometía a garantizar un medio ambiente libre de contaminación y tutelar la preservación de la naturaleza(CEDA, 2011).

Uno de los avances más representativos en el tema ambiental en el país ha sido la creación del Ministerio de Medio Ambiente en 1996; en ese entonces tenía tres funciones fundamentales: rol de autoridad ambiental nacional, unificar la normativa vigente; coordinar, unificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y proyectos. En la actualidad, el Ministerio también es rector de la gestión ambiental para garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.Previo a la creación del MAE, en 1995 se expidieron las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador mediante el Decreto 1802. Éstas se plantean como estrategias para promover el desarrollo sustentable en el país. A través del desarrollo sustentable de buscaba que cada acción tenga un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental(CEDA, 2011).

A pesar de los nuevos enfoques en el tema ambiental y la creación de una institución reguladora; los problemas ambientales en el país se agravaron. Se estima que hay una tasa de deforestación entre el 1,6% a más del 2% anual, en otras palabras se talan anualmente aproximadamente 960.000 a 200.000 hectáreas de bosque. De acuerdo al informe de Geo Ecuador, al día se genera un aproximado de 7.200 toneladas de desechos municipales, los cuales en su mayoría se vierten en botaderos abiertos sin tratamiento; esto

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provoca impactos negativos al aire, suelo, aguas superficiales y subterráneas(CEDA, 2011).

Otro factor sumamente importante es la falta de compromiso que ha habido por parte de la fuerza política, indistintamente del partido o ideología a la que pertenezcan, con el sector ambiental en particular. Entre 1994 y 2003 la inversión ambiental comprendía apenas el 0,12% en promedio al PIB, 27 millones de dólares al año, solo el 2% del total de la inversión al sector público. La falta de integración entre las políticas ambientales con las económicas ha provocado que se busque el crecimiento económico primero, para luego establecer medidas que mitiguen el impacto negativo provocado en el medio ambiente(CEDA, 2011).

A partir del año 2000 la política ambiental ecuatoriana buscó enfocarse en temas más específicos, que eran prioridades tanto en la agenda nacional como internacional. Surgen como directrices en el sector ambiental: Estrategia para el Desarrollo Forestal Sustentable (año 2000), la Política y la Estrategia Nacional de Biodiversidad (año 2001), la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales Altoandinos (año 2005), la Estrategia Nacional para el Manejo y Desarrollo Sostenible y del Aviturismo (año 2006), la Política de Ecosistemas Andinos (año 2008); y las Políticas y Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas(CEDA, 2011).

Existen otras leyes que se han desarrollado y que constituyen la base para la gestión ambiental en el país. En 1981 entró en vigencia la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. La ley tenía como propósito regular el patrimonio forestal del Estado y la explotación, industrialización y comercialización de los recursos forestales. Se incluyó en el Texto Unificado de Legislación Ambiental un libro que reglamenta las disposiciones de la ley forestal (CEDA, 2011).

Otro paso importante en el marco legal ambiental del Ecuador es la promulgación de la ley de Gestión Ambiental en 1999. Esta ley establece los principios y directrices de la política ambiental; por otro lado también determina

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las obligaciones y niveles de participación de los sectores público y privado señalando inclusive sanciones y controles. Se caracteriza por ser la primera ley nacional en la que se adoptan expresamente principios ambientales de derecho internacional. En este texto se recoge el principio de prevención, precaución, participación ciudadana y desarrollo sustentable. El principio de prevención representa una obligación para que se lleven a cabo evaluaciones previas al desarrollo de una actividad económica para examinar el impacto que puede tener en el ambiente, lo que constituye una evolución en materia de legislación ambiental(CEDA, 2011).

En cuanto al ordenamiento de la legislación ambiental se codificaron una serie de decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales y resoluciones en el Texto Unificado de Legislación Ambiental, lo cual representó un gran avance. Este cuerpo normativo entró en vigencia en el año 2003; está conformado por nueve libros que tratan las funciones de la autoridad ambiental, gestión ambiental, régimen forestal, biodiversidad, recursos costeros, calidad ambiental, régimen especial de Galápagos, ECORAE, y sistema de derechos y tasas por los servicios que presta el Ministerio del Ambiente(CEDA, 2011).

En lo que concierne a política ambiental de más alta jerarquía, ésta es señalada en la Constitución de la República. En el caso de la Constitución vigente se ha dado un nuevo enfoque a los programas de desarrollo, éste tiene por objetivo alcanzar el SumakKawsay o buen vivir a través de la construcción de una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza(CEDA, 2011).

Actualmente la política ambiental tiene como directriz el desarrollo sustentable. Mediante la inclusión de derechos de la naturaleza se ha establecido la necesidad de llevar en una dirección diferente las políticas macroeconómicas, en teoría esto permitiría que tanto la sociedad en el presente como las futuras generaciones disfruten de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, estamos lejos de lo ideal, todavía no se ha incorporado la ecología como variable fundamental en el diseño de

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proyectos productivos; de tal manera que la economía supedite a la ecología logrando el ecodesarrollo(CEDA, 2011).

A pesar de las consideraciones ambientales en la Constitución, existen contradicciones en la práctica: los subsidios a los combustibles, subvaloración del agua y de los ecosistemas, la falta de la valoración de la naturaleza en las Cuentas Nacionales. Estos son ejemplos que evidencian que el Ecuador está únicamente en la fase de proyección de protección ambiental, el modelo de desarrollo sustentable no ha sido aplicado todavía, lo que nos distancia aún más del paradigma deseable: el ecodesarrollo(CEDA, 2011).

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CAPITULO III

FORMULACION Y ROL DE LA POLITICA EXTERIOR DEL ECUADOR EN EL