IV. Preface to the Portfolio
2. Chapter Two: Methodology
2.5 Reflexivity
El Plan de Desarrollo como instrumento de planificación de la economía y del progreso social colectivo constituye una herramienta fundamental que impone unas reglas de organización y disciplina estatal, con las cuales se garantiza el logro de los cometidos consagrados en la Carta Política. En este sentido, el Plan de Desarrollo no se agota con su consagración legal, sino que pasa por dos etapas cruciales, la primera de ellas es la de elaboración, en la cual los diagnósticos sectoriales, los
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antecedentes, las promesas de campaña y la ideología y convicciones del gobernante de turno270, la realidad económica, los recursos presupuestales, entre
otros, son sus principales ingredientes. La otra es la ejecución propiamente dicha que convoca las voluntades de todas las entidades estatales y del sector no público para ser posible el cumplimento de las metas propuestas en el marco de los principios de la función pública.
El sector solidario en la Ley 812 “por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado Comunitario” fue objeto de estudio poniendo en cabeza del Estado acciones tales como mejorar las condiciones de las zonas deprimidas y de conflicto a través de apoyo a los proyectos económicamente rentables y ambientalmente sostenibles mediante esquemas asociativos y de economía solidaria, esto es: cooperativas, asociaciones mutuales, etc. y promocionar la participación del sector privado, los trabajadores y el sector solidario en los servicios públicos domiciliarios, lo que en la práctica se concretó en la promoción del esquema de administraciones públicas cooperativas, APC.
También se propuso impulsar la economía solidaria, a través de la creación de un marco institucional y legal con reglas claras que sean favorables al desarrollo del sector; promoción del desarrollo socioeconómico de las organizaciones más pequeñas y estímulo a la creación de formas organizativas que favorezcan la vinculación de trabajadores informales e independientes; promoción de la vinculación de las empresas de la economía solidaria en los procesos de capitalización social de las empresas de servicios públicos; y estímulo al cooperativismo financiero y de ahorro y crédito para que desarrolle instrumentos de captación de recursos provenientes del ahorro popular y de colocación de los mismos en proyectos productivos adelantados por empresas de la economía solidaria.
También dispuso el emprendimiento de acciones de control y supervisión por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria; la creación del Sistema Público Territorial de Apoyo al Sector Social y Solidario para fortalecerlo; la celebración de acuerdos y pactos por la transparencia y la convivencia; la protección al consumidor mediante el apoyo, la creación y el fortalecimiento de sus asociaciones y ligas; la celebración de convenios por parte de las entidades estatales, con el fin de impulsar programas y proyectos en actividades de interés público o comunitario y la promoción de la participación de las cooperativas y empresas de la economía solidaria en la aplicación de las políticas adoptadas por el Plan, a través de la ejecución de proyectos de vivienda para los sectores sociales y de educación, entre otras.
A su turno, el sector solidario también fue tenido en cuenta en la Ley 1151 “Por la
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010” que en su artículo primero señala que el accionar del Estado tiene como fundamento, entre otros, el de promocionar de la economía solidaria. Esas acciones diseñadas parten de la
270 La Constitución Política no extendió la revocatoria del mandato por incumplimiento de promesas de campaña
al Presidente de la República, pero ello no quiere decir que no se pueda hablar de un voto programático, cuya sanción en caso de incumplimiento es político por parte de los ciudadanos mismos.
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necesidad del desarrollo económico y social, a través de la creación y el fortalecimiento de las asociaciones y ligas de protección al consumidor; la innovación y el desarrollo tecnológico; y la elaboración de la política de banca de oportunidades, que es de largo plazo y está dirigida a crear las condiciones necesarias para facilitar el acceso de la población excluida del sistema financiero formal y promover la utilización de servicios financieros integrales como ahorro, crédito, pagos, transacciones y seguros. Nuevamente se propuso la creación de un marco institucional y de control adecuado y para su fomento, fortalecimiento y difusión. Las principales metas propuestas fueron:
META LÍNEA DE
BASE CUATRIENIO META
Nuevos convenios interadministrativos suscritos para el apoyo de las organizaciones sociales y solidarias con entidades del Gobierno del orden central o territorial, sector privado u organizaciones de cooperación internacional
46 32
Organizaciones del Sector Solidario fortalecidas en aspectos administrativos, financieros, gestión de calidad y tecnologías de información
797 1.069 Créditos a microempresarios a través de
cooperativas (Banca de las Oportunidades) Nuevo 250.000
La inversión del sector para el cuatrienio se calculó en 17.322 millones de pesos constantes de 2006. Adicionalmente, en éste se modificó el artículo 24 de la Ley 101 de 1993 que trata sobre la asignación del Incentivo a la Capitalización Rural que será otorgado en cada caso por Finagro, a través de los intermediarios financieros, instituciones fiduciarias o cooperativas, promoviendo su democratización con el fin de garantizar el acceso de los pequeños productores. Del análisis de este tipo de instrumento se concluye que efectivamente el Estado es consciente de lo estratégico que resulta para una Nación el desarrollo del sector solidario, y que el constituyente de 1991 tenía muy claro esto y por ello le dio la importancia debida a su promoción y fomento. Esto igualmente se ve reflejado en los planes de desarrollo de las últimas administraciones nacionales explicados anteriormente, más aún cuando en éstas ha habido un continuismo con un hilo conductor programático como lo fue la doctrina del comunitarismo.
A pesar de ello aún falta mucho por hacer, pues las metas propuestas son poco ambiciosas y frente al rezago de crecimiento del sector es escaso lo que éstas le aportan. Un tema que se evidencia desde la planeación es que los recursos de inversión son mínimos y por ende su impacto. Adicionalmente, se nota una dispersión en las autoridades encargadas del fomento y su planeación y la ejecución de estas acciones, pues además de Dansocial y el Consejo Nacional de la Economía Solidaria, el Departamento Nacional Planeación también trabaja en este aspecto, y Presidencia de la República ejecuta programas destinados a impulsar el sector en zonas donde existe alteración del orden público como un mecanismo para alcanzar la paz y la equidad social en esas comunidades. Todos ellos trabajan de manera dispersa.
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La planeación del sector no se puede limitar temporalmente a los cuatro años, que es la vigencia de un plan de desarrollo nacional, sino que debe proyectarse a largo plazo, más aún cuando una de las grandes falencias es la ausencia de información cuantitativa y cualitativa acerca de cuántas organizaciones existen, las actividades que desarrollan, el patrimonio, su aporte a la economía solidaria, sus debilidades, sus retos y oportunidades, entre otros. Por ende es necesario que se creen sistemas de información que superen lo que existe en materia de registro que permitan identificar estos aspectos para con base en ellos tomar decisiones acertadas que encaucen adecuadamente el actuar de éstas dentro de los límites que los principios de igualdad y libertad le imponen al Estado.
Todo ello deberá verse reflejado en resultados que no requieren estudios complejos para evaluarlos pues la realidad cercana, incluso, permitirá su percepción a través, por ejemplo, de la mejoría de las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables a través del acceso a los servicios básicos en materia de salud, educación, vivienda, servicios públicos; el aumento de sus ingresos; la disminución de los problemas de convivencia y seguridad; y en la capacidad de generar capital social.