Result Analysis

Durante los 90´, cuando los primeros intentos de estabilizar la economía por parte del gobierno argentino asumido en 1989 fracasan, se busca salir de la crisis aplicando un severo plan de ajuste estructural. La implementación en abril de 1991 del llamado Plan de Convertibilidad marcó un punto de clivaje en la evolución de la economía argentina, y

por supuesto, en la sociedad también33, el mismo se componía de tres pilares centrales:

la ley de convertibilidad, el decreto de desregulación de la actividad económica y la política de privatizaciones de los activos públicos.

El decreto 2284/91 profundizó las tendencias desregulatorias que se detectan en la política económica desde 1989 (liberación de precios y mercados, desregulación del mercado de combustible, etc.). Sus ámbitos de aplicación fueron cuatro: el mercado interno de bienes y servicios; el comercio exterior; las regulaciones públicas de mercados e industrias de capital-intensivas y el mercado de capitales, se buscaba fomentar la competencia en los mercados, anular las distorsiones de precios relativos y contribuir con la competitividad internacional.

Complementándose con estas normas, el gobierno nacional inició una activa política de venta de empresas públicas y de concesión a largo plazo del ejercicio de múltiples servicios públicos; desde la empresa de aeronavegación hasta la prestación de los servicios de telefonía, pasando por la venta de la empresa siderúrgica nacional y las concesiones ferroviarias, el capital privado reemplaza al Estado.

La combinación de los efectos derivados de la aplicación de la ley de convertibilidad y de aquellos originados en las políticas desreguladoras y privatizadoras; trastocó profundamente la organización social y económica de la región pampeana. En los análisis más optimistas, esos efectos serían benéficos; en cambio, desde una posición crítica es criticado debido a las consecuencias de mantenerse en un tipo de cambio fijo y de desarticular la totalidad del aparato estatal que tuvo históricamente la misión de intervenir en forma activa en el funcionamiento de los mercados agropecuarios. En

efecto, tales trabajos34 señalan que esa competitividad es a costa de un agudo

empeoramiento de la situación de los productores rurales pequeños y medianos, al tiempo que la elevada vulnerabilidad del colectivo social frente a los cambios en los mercados acrecienta el riesgo productivo.

33

Los lineamientos centrales de este apartado se derivan de las elaboraciones contenidas en Posada, M. 1996.

34

La desregulación implicó la desaparición de los organismos específicos que intervenían en el funcionamiento de los mercados agropecuarios (la Junta Nacional de Granos, la de Carnes, la Dirección Nacional del Azúcar, la Comisión de Concertación de Política Lechera, entre otros), al tiempo que se eliminaron los cupos de siembra, cosecha, elaboración y comercialización de ciertos productos (caña de azúcar, yerba mate, vid, etc.).

Las evaluaciones del proceso son disímiles; Obschatko, E. observa que el tipo de cambio efectivo dólar se incrementó desde 1991, lo que permitió mejorar los ingresos de los productores agropecuarios, determinó al mismo tiempo, un incremento en la competitividad de la producción nacional (pampeana, fundamentalmente). En buena medida, esta mejora obedece a una reducción del costo de los insumos (por los menores aranceles de importación y a la eliminación de impuestos específicos), y a un descenso del costo de factores, principalmente a un menor costo del dinero debido a una reducción sostenida de las tasas reales de interés (al contrario de lo que pasó con el costo de la mano de obra, que medido en dólares, se elevó). De la misma manera, los costos del transporte terrestre, de los servicios portuarios y de la energía eléctrica descienden, con lo que la rentabilidad de la unidad, los ingresos de los productores y la competitividad sectorial se incrementan35_.

Desde otra posición Barsky, O. señala que los efectos de estas políticas no fueron beneficiosos para los productores, quienes -entre otras cosas- quedaron a merced de las variaciones de los precios internacionales, ya que al disolverse las juntas reguladoras, no existía un "colchón" amortiguador de tales cambios. Por otra parte, el tipo de cambio establecido (la paridad peso/dólar 1 a 1) originó un retraso cambiario que momentáneamente fue compensado con la eliminación de las retenciones a las exportaciones y la desaparición o rebaja de otros impuestos (la tasa de estadística, la contribución para el mantenimiento del INTA, etc.). En general, concluye Barsky O., “La

rentabilidad de las unidades se vio negativamente afectada por estas políticas que en pos de la búsqueda del mantenimiento de la estabilidad monetaria, genera una serie de efectos inequitativos” (1993:54).

Según plantea Basualdo, E. 1995, la evolución relativa de los precios mayoristas fue, a lo largo de la vigencia del Plan de Convertibilidad, mucho más favorable que la de los precios de los restantes sectores de la economía. Si, como prosigue este autor, ese incremento es indicativo general de la disminución de los costos sectoriales, se torna

35

necesario incorporar al análisis la evolución de los ingresos y costos específicos del sector. Así, la producción agrícola muestra un incremento en la relación ingreso/costo muy acentuado a lo largo de la vigencia del plan mencionado, a diferencia de la producción pecuaria de carne.

Para Chudnovsky “La evolución de la producción del espacio rural en Argentina durante

la década de los 90´ en términos tecnológicos y productivos ha sido importante, con tasas de crecimiento positivas que posibilitaron mantener el aporte del sector primario y agroindustrial en alrededor del 30% al Producto Bruto Interno” (1999:71).

Si bien la relación insumo/producto se mejoró a lo largo de la Convertibilidad en referencia a maquinaria, agroquímicos, semillas y combustible, no ocurrió así -tal como señala Lattuada, M. “(…) respecto al costo laboral, a la canasta de consumo familiar, al

costo de los servicios administrativos y financieros y frente a los niveles impositivos” (1996:23). Salvo el costo de la mano de obra-considera en el margen bruto-, el resto de

los costos señalados tiene un peso diferencial respecto al tamaño de la unidad; así, las unidades productivas de menor escala, que generan un margen bruto menor, lo cual significa un aumento significativo en los riesgos y disminución notoria en las ganancias.