En los estudios sobre migraciones la fase que abarca el siglo XIX y los inicios del siglo XX han sido denominados “el siglo de oro de las migraciones”27 (Collomp, 2005: 237;
Feldman, 2005). En esta misma línea es frecuente encontrar referencias que califican a esta época como el siglo de laissez-faire en inmigración (Martin, 2004: 64). Las razones son fundamentalmente dos: el volumen de los flujos y las políticas liberales que no ejercieron controles cuantitativos sobre la movilidad. Sin embargo, la proliferación de estudios históricos en la última década sobre esta materia ha dado lugar a que surjan voces discordantes que ponen en duda tal afirmación (Feldman, 2005; Schrover et al., 2008: 16).
En primer lugar, se ha puesto sobre la mesa que aunque durante la mayor parte del siglo los gobiernos centrales en Europa y Estados Unidos no tuvieron una política de inmigración o un control sobre la misma, ya existían controles locales a la movilidad. Hasta finales del siglo XIX la gestión de las migraciones radicaba en las instituciones locales y, “toda discusión sobre la ilegalidad concernía al cruce de las fronteras 27 En todo caso esta denominación no deja de resultar coyuntural, pues a finales del siglo XX también se ha percibido el fenómeno migratorio en términos similares. De ahí el título del influyente libro de Castles y Miller La era de las migraciones (2004).
municipales y no a las nacionales” (Schrover et al., 2008: 13). Se trataba en cualquier caso de controles de tipo cualitativo. Su objetivo no era restringir todo tipo de migración, sino sólo vetar la entrada a grupos no deseables y que supusiesen un peligro para el mantenimiento del orden público y la seguridad del Estado. Entre ellos se encontraban: vagabundos, mendigos, prostitutas, criminales, madres solteras, enfermos mentales, personas consideradas indeseables por motivos raciales o étnicos o religiosos y quienes no pudiesen demostrar tener medios suficientes de subsistencia. Posteriormente se incluyó a comunistas y anarquistas, nacionales de potencias enemigas y a quienes pudiesen convertirse en un carga para los incipientes servicios de bienestar estatales (Caestecker, 1998: 74; Düvell, 2010: 296; Lee, 2002: 3-4; Ngai, 2004: 59; Neuman, 2005; Zolberg, 2005: 195-196).
En segundo lugar, aunque normalmente se toma de referencia la Primera Guerra Mundial como el inicio de los controles de inmigración, las primeras restricciones efectivas en Estados Unidos y los países de Europa occidental datan de la década de 1860 y las primeras leyes estatales se aprobaron a partir de la década de 1880. Torpey ha sostenido que a lo largo del último tercio del siglo se expropió a los individuos, gobiernos locales y entidades privadas de la autoridad para gestionar los medios de movimiento y se llevó a cabo la monopolización por parte del Estado del control de la movilidad, al que a partir de ahora habría que pedir autorización a la hora de atravesar sus fronteras, a quien solicitar que procurase documentación identificativa, es decir pasaporte, y a quien demandar autorización de entrada en su territorio nacional bajo la forma de visado (Torpey, 2006: 60). Mediante este proceso las fronteras más significativas y las aduanas se trasladaron desde las comarcas y los municipios a los confines del Estado. La asunción por parte del Estado de las funciones del control del territorio y de las fronteras exteriores están relacionadas con los procesos de construcción nacional que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX y se han considerado una de las herramientas empleadas por el Estado para autodefinirse (Ngai, 2004: 5; Schrover et al., 2008: 12). Para su consolidación el Estado se empeñó en la tarea de delimitar su territorio y mediante el ejercicio del control de acceso demostró que tenía capacidad administrativa suficiente para ejercer su soberanía sobre él. Por otro lado, el Estado también asumió la tarea de definir la ciudadanía, que en buena parte de
Europa había sido definida hasta el momento a nivel local (Schrover et al., 2008: 13). El establecimiento de las leyes de nacionalidad y de extranjería era sumamente importante para fijar los límites de otras funciones que estaban asumiendo los Estados en este área geográfica: quién debía realizar el servicio militar obligatorio, quién debía pagar impuestos, quiénes serían beneficiarios de las ayudas sociales que ahora dispensaba el Estado, etc. En este contexto los Estados fueron más receptivos a las reivindicaciones formuladas por grupos como los sindicatos y los movimientos nativistas que exigían la restricción de las entradas, pues así ganaba en legitimidad frente a la sociedad (Schrover et al., 2008: 16).
Pese a que en esta fase existiesen grupos de migrantes calificados como undesirable
immigration (inmigración no deseada), unwanted immigration (inmigración superflua)
o nuisance foreigners (extranjeros molestos) en Estados Unidos y en diferentes Estados de Europa occidental (Düvell, 2010: 296), no existió todavía una conceptualización del migrante irregular. Diferentes autores han señalado que no se puede hablar con propiedad de migración ilegal hasta la década de 1920, por la simple razón de que dicho concepto no apareció hasta entonces (Düvell, 2010: 296-297; Ngai, 2003). Aún así es posible encontrar bibliografía especializada donde el término “migración ilegal” es empleado para referirse a aquellas migraciones que en esta época no cumplían los requisitos legales establecidos para acceder al territorio de un determinado Estado (Caestecker, 2000; Lee, 2002; van Ejil, 2008) la única forma en que cabría aplicar este concepto sería haciendo un uso retrospectivo del mismo y este tipo de referencia no está exenta de problemas, pues las connotaciones que tiene la expresión “migración irregular” en la actualidad serían fácilmente atribuidas a un momento en el que no las poseía. Por esta razón en estas páginas se limitará el uso de dicho concepto para dar cuenta de las migraciones cuya entrada o residencia no ha sido autorizada a partir de finales de los años veinte en Estados Unidos y en determinados Estados europeos.
• Estados Unidos
La historia de Estados Unidos está marcada por las migraciones y podría decirse, incluso, que es el caso paradigmático de un Estado de inmigración28. A lo largo del siglo
XIX la esclavitud, que había sido la fuente de mano de obra más importante, fue sustituida por formas de trabajo semilibres con la contratación de coolies o indentured
servants29. Como se verá a continuación, en el último tercio de dicha centuria estas
formas de contrato también fueron prohibidas y la creciente demanda de mano de obra se cubrió con la contratación de trabajadores migrantes en forma de trabajo asalariado libre (Castles y Miller, 2004: 2).
Las legislación estadounidenses sobre inmigración hasta la década de 1870 se habían orientado fundamentalmente a reclutar trabajadores extranjeros pero, pese a la existencia de este régimen de fronteras abiertas, existían controles cualitativos para determinar qué grupos no serían bien recibidos30 (Lee, 2002: 3-4; Neuman, 2005;
Zolberg, 2005: 195-196). Según investigadores de la historia de las migraciones en Estados Unidos, con anterioridad a 1860 las autoridades locales eran las instituciones que desempeñaban la labor de control de la movilidad, negando la entrada a aquellos inmigrantes que fuesen criminales, quienes pudiesen suponer un riesgo para la salud pública, pobres y minusválidos, afroamericanos libres y, por último, también quienes formasen parte de grupos marginados por su etnia o raza (Neuman, 2005: 106; Nevins, 2002: 100). Estas regulaciones eran de rango inferior a la ley y aunque existía de forma 28 En el continente americano también cabría mencionar los casos de Canadá, Brasil y, sobre todo, Argentina. Por otro lado Australia y Nueva Zelanda también constituyen ejemplos claros de Estados cuya construcción nacional y cuya identidad se ha forjado a la luz de los procesos de migratorios. 29 La indentured servitude, también llamado sistema de coolies, consiste en un sistema de migración
internacional bajo contrato forzoso. Se trata de un trabajo de duración determinada obligatoria, entre cinco y siete años, por el que el migrante se comprometía a pagar mediante su trabajo personal la deuda que contraía por los costes del viaje y la formación profesional que iba a adquirir. Se ofrecía la fuerza de trabajo como garantía al contratista. En la práctica era una forma de esclavitud temporal porque se prohibía buscar otro trabajo, se perseguía a los desertores y las condiciones eran sumamente precarias. Se utilizó este tipo de contrato porque se consideraba necesario ejercer alguna forma de sujeción sobre los trabajadores debido a la escasez de trabajo en las zonas en las que eran empleados y que les conferían distintas alternativas. En lengua castellana se ha traducido como “trabajo bajo contrato” (Bade, 2003: 102; Moulier-Boutang, 2006: 131-132, 222, 224, 729).
30 Así, en 1864 se aprobó una ley para promover la migración de trabajadores. La clase industrial estadounidense había manifestado su descontento con el hecho de que la Guerra Civil se saldase con menor migración y, debido a la escasez de mano de obra, con un aumento de los sueldos (Mullan y Böcker, 1998: 30).
generalizada una concepción de quiénes conformaban la inmigración no deseada, e incluso estos pudiesen ser deportados por alterar el orden público, no había ninguna definición de la migración “ilegal”, ni se ejercía control en las fronteras.
La primera ley federal que fijó restricciones a la llegada de trabajadores en el siglo XIX31 fue la Page Act, aprobada en 1875. Su finalidad era prohibir la entrada de
trabajadores chinos y japoneses que hubiesen inmigrado de forma involuntaria como
coolies. Negaba, además, el acceso a prostitutas asiáticas y no permitía la entrada de
trabajadores extranjeros que hubiesen cometido crímenes en sus países de origen (sec. 2, 3 y 5 de la ley). Estos migrantes eran definidos como undesirable (indeseables) por la ley en función de la actividad que desarrollaban, el contrato que disfrutaban o si habían cometido crímenes con anterioridad.
A partir de 1880 proliferaron leyes federales dirigidas por primera vez a restringir la entrada de trabajadores migrantes sobre una base racial y en función de su origen nacional, independientemente de si habían migrado como coolies. La primera ley que negaba el acceso a los Estados Unidos a los trabajadores migrantes por su origen nacional fue la Chinese Exclusion Act de 1882, que para algunos constituye la “primera verdadera y propia ley de inmigración de los Estados Unidos” (De Genova, 2004a: 188).
Los primeros trabajadores chinos habían llegado a California en la década de 1850 debido a la demanda de trabajadores bajo contrato por parte de las compañías mineras, que estaban sumergidas en plena fiebre del oro (Moulier-Boutang, 2006: 737; Schrover et al., 2008: 15). Según los estudios, el hecho de que los trabajadores procedentes de China quisieran emprender por cuenta propia la labor de extracción de oro desató rápidamente una reacción en contra y en poco tiempo fueron desplazados forzosamente 31 La Alien Act de 1798 fue la primera ley restrictiva en materia migratoria en la historia de los Estados Unidos. En el siglo XIX se aprobaron a nivel estatal otras leyes restrictivas en niveles inferiores. La primera restricción a la inmigración laboral que prohibía la importación de mano de obra semi- esclava oriental – o coolies – fue una ley estatal, no federal, aprobada en California en 1862 (Fong, 1971: 3). Se trata de la Anti-coolie law de 19 de febrero de 1862, An act to prohibit the "coolie trade" by American citizens in American vessels.
a trabajos peor remunerados32 (Schrover et al., 2008: 15). Se calcula que en 1880
residían en la costa oeste unos 100.000 trabajadores chinos (Collomp, 2005: 238) a los que la Chinese Exclusion Act impidió cualquier posibilidad de integración política y social, pues no podrían acceder a la ciudadanía33, y que sólo parcialmente permitía una
integración económica. Como ha señalado Zolberg: “Lo que les hacía deseables como mano de obra, les hacía indeseables como miembros de la sociedad de acogida” (Zolberg, 1990: 318). En esta misma línea se ha pronunciado Moulier-Boutang, para quien los trabajadores chinos padecieron la paradójica situación de ser necesarios como mano de obra y a su vez excluidos de la ciudadanía: “Despreciados y considerados infrablancos, los chinos no eran sin embargo rechazados como trabajadores. Por el contrario, como resultaban indispensables en las tareas que ningún blanco quería, primero debían ser rebajados e inferiorizados” (Moulier-Boutang, 2006: 738).
De acuerdo con Lee, en la Chinese Exclusion Act queda por primera vez definida la entrada de inmigración no deseada como una actividad criminal en la ley estadounidense (Lee, 2002: 3). Marca, además, el inicio del proceso legal de exclusión de los trabajadores extranjeros a través del cual progresivamente se fueron estableciendo distinciones en los derechos reconocidos a trabajadores nacionales y extranjeros. Según la interpretación que desarrolla esta autora, los trabajadores chinos se convirtieron en la primera imagen del trabajador inmigrante no deseado en los Estados Unidos, por un lado a través de su definición técnica y legal, y por otro lado mediante la representación que se trasladó a la sociedad desde los medios de comunicación, la clase política o el movimiento obrero. Se creó, así, un prototipo del inmigrante ligado a la criminalidad y se preparó el camino para la creación de la imagen social del migrante “ilegal” (Lee, 2002: 65). Los trabajadores chinos permanecerían como referente de inmigración no deseada en el imaginario colectivo hasta 1924, año de aprobación de la ley de cuotas34.
32 En década de los sesenta fueron empleados a través de la figura indentured contract para construir el ferrocarril transcontinental y posteriormente fueron empleados en la agricultura (Moulier-Boutang, 2006: 739; Zolberg, 1990: 316-318).
33 La negación del acceso a la ciudadanía se venía aplicando a los indios americanos y a la población afroamericana. Posteriormente se aplicó a otros grupos “inasimilables”, los mexicanos.
Para explicar las causas que motivaron las primeras medidas de control y las restricciones de la inmigración china se han empleado distintos argumentos: explicaciones que atienden a la importancia de la exigencia de protección del mercado laboral nacional por parte del movimiento obrero35, la creciente fuerza de la ideología
nacionalista y marcadamente xenófoba del nativismo norteamericano, la construcción de la nación y la necesaria definición de la ciudadanía. Se ha señalado en las investigaciones sobre este periodo que la amalgama de legislaciones que se aprobaron desde 1882 no respondían a una política coherente ni planificada, sino que eran meras respuestas ad hoc al flujo de migraciones que se venían recibiendo y al creciente conflicto social que se generó por el aumento del desempleo con la crisis de los ochenta.
Erika Lee ha combinado en su interpretación las razones que atienden a la lógica racial, al proceso de construcción nacional, al reforzamiento de fronteras y a la cuestión de clase. La historiadora destaca que la Chinese Exclusion Act sólo negaba el acceso a cierto tipo de nacionales chinos: a los trabajadores (Lee, 2002: 17), pues se previeron una serie de excepciones para que tanto comerciantes, estudiantes, profesores, diplomáticos y viajeros pudiesen moverse con libertad en el territorio estadounidense. Según esta autora, estas diferenciaciones inclinan la balanza hacia la tesis de que la ampliaba diez años las restricciones inauguradas por la ley de 1882, la segunda las hizo indefinidas. En cualquier caso estas legislaciones no acabaron con la inmigración proveniente de China, más bien se inauguró la entrada por la puerta de atrás de los inmigrantes (Zolberg, 1990). Las entradas se produjeron en clandestinidad desde las fronteras canadiense y mexicana. Otra forma de migrar era obteniendo un certificado falso de que se desempeñaba la profesión de comerciante, lo que eximía de las restricciones que establecía la ley de 1882 (Ngai, 1998: 4). Se estima que entre la aprobación de la Chinese Exclusion Act y 1920 llegaron a través de México y Canadá unos 17.300 chinos (Lee, 2002: 55). El Estado no contaba con los instrumentos necesarios para poner en marcha deportaciones, de modo que entre 1892 y 1907 apenas se produjeron anualmente un centenar (Ngai, 2003: 14). 35 Durante el siglo XIX el movimiento obrero desempeñó un papel ambiguo a la hora de reivindicar
restricciones en la entrada de mano de obra extranjera. La mayor parte de los estudios han destacado el papel de las grandes organizaciones y sindicatos que reclamaron restricciones, control y exigieron la imposición de medidas proteccionistas en el mercado de trabajo, pero también existieron agrupaciones anarcosindicalistas como el Industrial Workers of the World que rechazaron frontalmente esta mentalidad exclusiva y para los cuales “the most numerous and replaceable labour force of modern industry, constituted the vanguard of labour's struggle against capitalism” (Collomp, 2005: 243). La represión que se ejerció sobre este movimiento por su crítica al sistema capitalista enseguida le dejó sin posibilidades en la vida política. La influencia marcada por el resto de grupos del movimiento obrero, su preocupación por la tasa de paro y los disturbios generados lograron condicionar las votaciones de los legisladores en esta etapa (Collomp, 1999: 58; Goldin, 1993: 11- 12).
motivación de la legislación era la competencia con la mano de obra nacional, en lugar de cuestiones raciales. Por su parte, Catherine Collomp ha rastreado las legislaciones de inmigración entre 1882 y 1924 y ha destacado que ninguna de ellas estaba motivada únicamente por una ideología racista o fundada en el rechazo a determinadas etnias. En todos los casos se incluían cláusulas para evitar aplicar la ley a los inmigrantes que no fuesen trabajadores. También para Collomp fue la ocupación y la clase social lo que condicionó estas legislaciones en materia de inmigración (Collomp, 2005: 249).
Estas interpretaciones son reforzadas cuando se toma en consideración que posteriormente, en 1885, la aprobación de la Contract Labor Act prohibió la importación y la migración de cualquier extranjero que hubiese firmado el contrato de trabajo antes de entrar en Estados Unidos, independientemente de su origen nacional36,
ampliando geográficamente las restricciones de la ley de 1875. La finalidad era que la inmigración “(...) debía ser una migración de poblamiento emprendida por individuos libres de organizarse para hacer valer el precio de su trabajo y discutir las condiciones de su empleo” (Moulier-Boutang, 2006: 741). En la práctica la aprobación de esta ley significaba la prohibición de entrada para la mayor parte de trabajadores, excepto en el caso de los trabajadores cualificados en empresas no establecidas en los Estados Unidos, artistas, profesores, sirvientes y familiares y amigos, pues no se verían afectados.
• Europa occidental
Al otro lado del Atlántico, a finales del siglo XIX no se empleó tampoco el concepto “migrante irregular” o “ilegal”. No obstante las investigaciones de corte histórico han identificado la conformación de los presupuestos para que el proceso de producción de irregularidad se pudiese llevar a cabo. Se ha apuntado que en el último tercio del XIX 36 Los controles de acceso para comprobar si los inmigrantes procedentes de Europa cumplían los requisitos establecidos por las legislaciones de inmigración que se aprobaron en esta época se pusieron en marcha en la Ellis Island. A partir de 1892 fue obligatorio que los barcos que transportaban a la inmigración europea a través del Atlántico realizasen una parada previa en este islote al sur de Manhattan. El objetivo era comprobar que los inmigrantes cumplían los requisitos legales marcados por las recientes leyes de acceso y que gozaban de buena salud física y mental. Esta aduana estuvo en marcha hasta bien entrado el siglo XX, concretamente hasta 1954.
por primera vez la migración extranjera se convierte en un asunto de preocupación política y social y se distingue de las migraciones internas. En el caso británico se identifica un tipo de migración como no deseada e incluso se adoptan medidas para llevar a cabo su expulsión; en la Alemania guillermina la migración polaca proveniente de territorios no alemanes fue sometida a reglamentaciones especiales, por lo que puede ser considerada como una migración de segunda clase, aunque no sea identificada todavía como una migración irregular. Como han señalado Castles y Miller, el caso francés y el alemán son el origen del empleo del status de extranjero para restringir los derechos de los trabajadores (Castles y Miller, 2004: 79). Abordar los antecedentes de la producción de irregularidad en estos Estados permite, además, otorgar una visión más