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Es habitual encontrar el concepto de militarismo relacionado con la historia contemporánea de América Latina, como forma expresión de la presencia o el peso abusivo de los militares en la esfera política de los diversos países, ya sea interviniendo directamente en el gobierno, ya sea haciéndolo en la sombra desde los cuarteles38_{. Dicho esto, conviene dejar claro que no existe una uniformidad}

en cuanto a la actuación del Ejército en la política y la sociedad de América Latina. Las diversas realidades nacionales, lógicamente, tienen también su co- rrespondencia con las distintas realidades regionales, económicas y culturales. Así, aún desde la existencia de características comunes, es difícil homologar la realidad militar, por ejemplo, de los países centroamericanos con la de los países del Cono Sur. Incluso en esta última región encuentran los especialistas dife- rencias importantes. Se distingue entre el militarismo casi institucionalizado y

37 _{Caceres, G. y Alcazar, J., “Allende i la Unitat Popular. Cap a una deconstrucció dels mites}

polítics xilens”, El Contemporani, nº 15, Afers/Centre d’Estudis Histórics Internacionals de la Universitat de Barcelona, 1998.

38 _{Hemos escrito sobre este mismo tema en Alcazar, Joan; Tabanera, N.; Santacreu, J.M. y Ma-}

rimon, A, Historia Contemporánea de América, Valencia, Universitat de Valencia-Universitat d’Alacant-Universidad Nacional Autónoma de México-Universidad de Guadalajara, 2003. Igualmente, Alcazar Garrido, J., “América Latina en el siglo XX”, en Amores Carredano, J. B. (coord.), Historia de América, Barcelona, 2006. pp. 801-855.

el militarismo cataclísmico. El primer tipo, al que también se denomina preto- riano, lo encontramos en la Argentina o en Brasil, mientras que el otro, al que también se califi ca de catastrófi co, lo podemos encontrar en Chile o en Uruguay. Con respecto a la presencia militar excesiva en países del área caribeña y cen- troamericana (las dictaduras de Trujillo, Somoza o Batista, por citar algunas), se habla más de gangsterismo de Estado que no de militarismo, dado que si bien los dictadores se amparan bajo la protección de una guardia militar, están más cerca del antiguo caudillismo que del militarismo moderno.

La expresión máxima del militarismo ha sido, tradicionalmente, la dictadura militar39_{. Ésta ha presentado durante la época republicana dos modelos dife-}

renciados: la dictadura tradicional y la dictadura de nuevo tipo. Hay un tercer modelo, minoritario pero no nada despreciable, que se aquel que podemos deno- minar dictaduras reformistas-nacionalistas, con connotaciones populistas pero sin participación de las masas, como las que encontramos en el Perú del general Velasco o en el Panamá del general Torrijos y, más vagamente, a experiencias militaristas de Bolivia, Ecuador y Honduras. Las dictaduras que aparecen des- de los años sesenta, en sintonía con la Doctrina de Seguridad Nacional respal- dada por Washington como defensa frente al avance del comunismo, son las que denominamos dictaduras de nueve tipo, siendo muy importante diferenciarlas del modelo de dictadura tradicional. Mientras que esta última es la que res- ponde al modelo vigente hasta la década de los treinta, los cambios acontecidos desde entonces por la presencia creciente de los sectores obreros y populares en la esfera política determinarán el agotamiento de este modelo de domina- ción autoritaria. Aquella dictadura militar tradicional, originada habitualmente por un pronunciamiento militar, fue efectiva y posible mientras la hegemonía política fue detentada por las oligarquías terratenientes y agroexportadoras, vertebradas políticamente por los partidos liberal y conservador y con el apoyo de la Iglesia Católica. Sociedades con una población activa mayoritariamente agraria y cono unos valoras sociales y culturales todavía en sintonía con los del periodo colonial, empezarán a cambiar en profundidad cono los procesos de in- dustrialización y de urbanización que empiezan durante los años treinta y que madurarán con la reorganización productiva internacional que se abrirá tras la fi nalización de la II Guerra Mundial.

La Revolución Cubana tendrá importantes efectos con respecto al tipo y for- mas de las dictaduras militares que empezarán a implantarse en el subconti- nente desde la década de los sesenta. La serie de golpes militares de nuevo tipo en esta década, bajo el manto de la nueva política norteamericana, empezará en 1962 en la Argentina, con el derribo de Arturo Frondizi, y en el Perú con el

39 _{Son imprescindibles los trabajos de Alain Rouquié. Entre ellos el clásico Rouquié, A., El Estado} militar en América Latina, Madrid, Siglo XXI, 1984. Igualmente, Rouquié, A. i Suffern, S., “Los

militares en la política latinoamericana desde 1930”, en Bethell, L. (ed.), Historia de América

golpe contra Manuel Prado. A estos, seguirán en 1963 en Guatemala contra Manuel Ydígoras, en Ecuador contra C. Julio Arosamena, en Honduras contra Ramón Villeda y en la República Dominicana con el golpe contra el presidente Juan Bosch. Poco después vendrán los de 1964 contra Joao Guolart en Brasil y el de Bolivia contra Víctor Paz Estensoro y el de Argentina de 1966 contra Arturo Illia, de la mano del general Juan Carlos Onganía. Así, en un contexto de Guerra Fría se produce una revalorización del papel de los militares y de los ejércitos en América Latina40_{. A la luz de lo dispuesto desde 1947 mediante el}

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), y al calor de los efectos de la victoria castrista, los mandos militares de la región mantendrán una rela- ción especial con el Departamento de Defensa y con la Central de Inteligencia norteamericana. La consigna será Seguridad Nacional.

Para entender las nuevas pautas de actuación militar inauguradas desde los años sesenta es necesario aceptar que la práctica totalidad de los Ejércitos latinoamericanos son muy profesionales y modernos. Sus miembros constitu- yen una elite, especialmente en la vertiente técnica, lo cual les facilita, permite y potencia la ocupación de altos cargos dentro la Administración del Estado. Los militares han adquirido una mentalidad propia, autónoma y distinta de la de la mayor parte de la sociedad civil. Peso a esto, las dictaduras de nuevo tipo también actúan socialmente, puesto que atraen a aquellos que desean un Estado fuerte, pero que no tienen los instrumentos necesarios para conseguirlo. Conviene no olvidar que el militarismo implica la aceptación de una sociedad cerrada, en la cual las discrepancias y los problemas sociales encuentran solu- ción mediante la utilización de la fuerza. Con estos parámetros se produce la identifi cación del destino nacional con las esperanzas del Ejército.

Estas nuevas dictaduras militares, también llamadas de Seguridad Nacio- nal, propician el acceso al poder de los militares como institución. Ahora suele tratarse de una junta militar en la que participan las diversas armas de los ejér- citos, y no de tal o cual general con más o menos apoyos entre sus compañeros de armas. Utilizan la violencia de manera sistemática y explícita como forma de sembrar el terror tanto entre los adversarios como entre los simples desafectos al nuevo régimen que se instaura con el golpe, para lo que hacen gala de una ferocidad insospechada. Además, una vez han accedido al poder, los militares tratan de asegurarse el continuismo presidencial, para lo cual establecen unos mecanismos electorales adecuados, los cuales, lógicamente, incluyen el fraude como mecanismo de asegurarse la victoria en las urnas. Esta es, evidentemente, una de las más claras paradojas del poder militar: después de levantarse contra la legitimidad democrática, reivindican las formas representativas —con mati- zaciones y con trampas— de las democracias occidentales, y esto como forma de autolegitimación.

Diferentes y variadas son las justifi caciones que ofrecen los militares respec- to de su intervención en tareas de gobierno: nacionalismo, modernización téc- nica, necesidad de industrialización, necesidad de eliminar las contradicciones partidistas benefi cio del desarrollo nacional y, sobro todo, la seguridad nacional. Esta formulación deliberadamente ambigua afecta cualquiera actividad, ya sea económica, política o cultural. Todas tienen que estar sometidas a la doctrina de la seguridad nacional. Esta constituye el más querido recurso teórico de las nuevas dictaduras, que suelen utilizar un vocabulario quirúrgico o médico como forma de aludir a sus objetivos: extirpar, amputar, cáncer, células malignas.

Una interesante tipifi cación ha establecido la existencia de cuatro fases iden- tifi cables en las dictaduras militares de nuevo tipo41_{. La primera de ellas, deno-}

minada fase reactiva es aquella en la que la problemática central del nuevo ré- gimen es eliminar a los adversarios contra los cuales se ha dado el golpe militar. El elemento básico de esta fase es el represivo y el actor principal indiscutible son las Fuerzas Armadas. La oposición política, aquellos que son considerados por los militares como el enemigo interior, se centra fundamentalmente en con- seguir su supervivencia física y, si es posible, la de los aparatos organizativos proscritos por los militares.

La segunda es la llamada fase transformadora o fundacional. La problemá- tica básica del régimen es en esta fase la defi nición de un modelo de desarrollo, de un nuevo sistema de relaciones sociales y de un modelo político de futuro que se perfi le como sucesor del régimen militar. La política económica está inspira- da por los principios neoliberales y es la fase triunfalista de los booms o de los milagros económicos, cuando la población es invitada a consumir. La ideología dominante deja de ser puramente militar y el concepto de seguridad nacional tiende a combinarse con aquellos que provienen de las visiones aportadas por los grupos civiles vinculados a la ideología del modelo económico. La problemá- tica central de la oposición en esta fase es impedir que se consoliden transfor- maciones que echan a perder viejas conquistas, y ganar espacios de resistencia. En esta fase, sectores que inicialmente dieron un apoyo pasivo al régimen, y que se sienten perjudicados —u horrorizados— por la política de éste, tienden a desplazarse hacia la oposición, cuando menos parcialmente.

Le sucede la denominada fase de administración de crisis recurrentes. El paso a esta fase se produce por el fracaso de la dimensión fundacional, especialmente de su política económica. El carácter especulativo y depredador de los grandes grupos económicos formados bajo el amparo de las políticas estatales, unidos a la débil capacidad de incorporación y cooptación de la sociedad civil, dejan al régimen sin un proyecto atractivo. La deuda externa, el paro y la recesión, el deterioro del aparato productivo, la emergencia de grupos corporativos que pre-

41 _{Garreton, M. A., “Proyecto, trayectoria y fracaso de los regímenes militares en el cono sur: un}

sionan a un Estado con problemas, obligan al recurso de políticas reactivas cada vez más incoherentes que profundizan la crisis. Como controlar la situación y como asegurar la supervivencia del régimen, más allá de cualquiera proyecto de transformación, es la problemática central de esta fase. Las cuestiones ideológi- cas principales apuntan a agitar los miedos de una vuelta al pasado. La proble- mática de la oposición en esta fase es la unifi cación de todos los descontentos y resistentes en un movimiento que evite la simple transformación del régimen y lo empuje hacia una crisis terminal. En este proceso de reanimación de la socie- dad civil se plantea el problema de la unidad de la acción opositora. En el plano propiamente político, se produce la concertación entre partidos que en el período anterior a la dictadura fueron rivales y que, pese a coincidir en su oposición al régimen militar, tienen proyectos políticos distintos y competitivos.

La fase terminal es la cuarta y última, y en ella la problemática central son las condiciones de salida de los actores principales del régimen militar y las características del que ha de substituirlo. Esta fase se defi ne por una decisión institucional de las fuerzas armadas de retirarse y de administrar las condi- ciones de su salida o, cuanto menos, de negociarlas. Esta decisión supone el reconocimiento explícito de su fracaso y puede estar determinada por diversas razones. Los horrores de la represión, especialmente los de la fase reactiva apa- recen ahora como obstáculos insalvables, como heridas terribles en un cuerpo social que ha de saber sobreponerse para poder seguir viviendo juntos una vez recuperada o instaurada la convivencia democrática42_.

La dictadura militar chilena, como años más tarde, en 1991, dictaminará el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocido como el Informe Rettig, causó sorpresa por su brutalidad y por su derroche innecesario de vio- lencia. 132 personas, pertenecientes a las fuerzas armadas y a los cuerpos de seguridad fi guran entre las primeras víctimas del período militar, 1973-1990. Incluso antes de afectar a civiles, el terror se cebó con los propios militares desafectos al golpe del 11 de septiembre: se arrestó al director general y a cinco generales de Carabineros de Chile, la policía militarizada, a tres generales del Ejército, a dos almirantes de la Armada y a una cincuentena de ofi ciales de las diversas armas. Uno de los generales de mayor prestigio, Bachelet, opositor al pronunciamiento, fue asesinado mientras permanecía preso.

42 _{Para lo relativo a referencias bibliográfi cas sobre la dictadura militar chilena, nos remitimos}

de nuevo a muestro más reciente trabajo: Alcázar Garrido, Joan, Yo pisaré las calles nue-

vamente. Chile, revolución, dictadura, democracia (1970-2006), Santiago de Chile, Editorial

Universidad Bolivariana, 2009. Conviene citar también Alcázar Garrido, Joan, “Continuar viviendo juntos después del horror. Memoria e historia en las sociedades postdictatoriales”, en Ansaldi, W. (dir.), La democracia en América Latina, un barco a la deriva, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007. pp.411-434. Igualmente, Alcázar Garrido, Joan y Cáceres, Gonzalo, “¿Clío contra las cuerdas?: memorias contra historia en el Chile Actual” en Cuesta, Josefi na (Dir.), Memorias históricas de España (siglo XX), Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2007. pp. 412-427.

En este contexto, caracterizado por el estallido de una violencia desconocida por sus dimensiones y por su implacable diseño y ejecución — públicamente se anunció la eliminación física de los adversarios—, una cosa quedó clara desde el principio: la Junta de Gobierno militar presidida por el general Pinochet no tenía la menor intención de devolver el poder a los civiles, a los cuales acusaba de ser los responsables de la situación previa a la intervención militar43_{. La}

aparición en 1974 de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), directamen- te bajo las órdenes del general Pinochet, marca el periodo que va desde el 11 de septiembre de 1973 a 1977; unos años durante los cuales la represión es sistematizada y perfeccionada, unos años durante los cuales la lucha contra la oposición política adquirirá —como más tarde nos dirá el Informe Rettig— ca- racteres de guerra de exterminio y estrategia de terror. Las torturas en centros de detención secretos alcanzan inimaginables grados de sadismo y crueldad. Con frecuencia, los detenidos resultarán “desaparecidos”. Nadie sabrá nada de ellos. Entre 1974 y 1977 se producirán 592 muertes o desapariciones, más de una cuarta parte de las víctimas posteriormente reconocidas en el Informe Ret- tig. Una cifra no cuantifi cada pero muy elevada de opositores al régimen optó por el exilio. Hasta tal punto los aparatos inteligencia se sienten omnipotentes e inmunes que pronto empiezan a actuar más allá de las fronteras chilenas. En 1974, el general Prats y su mujer (autoexiliados después del 11-S), son asesina- dos en Buenos Aires. En 1975 el líder demócrata-cristiano Bernardo Leihgton, sobrevivió con grandes heridas a un atentado que le hicieron a Roma. En 1976, después de que el propio general Pinochet se quejará al Secretario de Estado norteamericano Kissinger por las actividades que desarrollaba, es asesinado a Washington, junto con una colaboradora, el ex-canciller Orlando Letelier. Espe- cialmente este caso, que excitó fi nalmente la reacción estadounidense, provocó la disolución parcial de la DINA y la creación de la Central Nacional de Infor- maciones (CNI). Los niveles de represión descendieron, pero se mantuvieron signifi cativos prácticamente hasta el fi nal del régimen militar, en 1990. Junto con la acción represiva, tras el golpe militar hay una intención fundacional de una nueva realidad política, social y económica.

El modelo de economía de mercado implantado por la dictadura militar signi- fi có una ruptura radical con el modelo de desarrollo que había sido vigente antes del golpe. Se produjo una refundación, una revolución capitalista, que tendrá enormes repercusiones sobre varios planos de la realidad chilena. En términos generales, el programa que fue aplicado durante dieciséis años de dictadura signifi có la apertura de la economía al capital internacional, la reorientación de la producción hacia el mercado mundial y la adopción de un enfoque de libre empresa mediante la privatización masiva de los medios de producción, paralela a una drástica reducción de los gastos públicos.

43 _{Ampuero, R., “La contrarrevolución militar en América Latina”, en Caballa Rojas, A., Geo-} política y seguridad nacional en América Latina, México, UNAM, 1979.

Pinochet, desde 1974 Jefe Supremo de la Nación —homologado posterior- mente a Presidente de la República—, devolverá a sus antiguos propietarios casi cuatro mil propiedades intervenidas durante la reforma agraria del período de la UP. En la misma línea de actuación, más de doscientas cincuenta empre- sas serán reprivatizadas.

Pese a todo, durante el primer periodo de la dictadura, hubo una especie de vacío en la política económica del régimen; un hueco que fue cubierto por la lle- gada al poder de un grupo de economistas jóvenes, unos tecnócratas formados en la Pontifi ca Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Chicago, de la mano de Milton Friedman. Los Chicago Boys, como fueron conocidos, con- trolarán desde 1975 las riendas de la economía chilena, aplicando los principios económicos neoliberales en su versión más ortodoxa. Si la misión de los mili- tares había sido salvar a Chile del comunismo, la de los Chicago Boys fue mo- dernizar el país mediante la aplicación de un liberalismo extremo. Aun cuando podría pensarse en una cierta contradicción entre unas Fuerzas Armadas que aplicaron en política un sistema autoritario y rígidamente jerarquizado, y un equipo económico que buscaba la liberalización y la descentralización absoluta de las fuerzas económicas, lo bien cierto es que no sólo no hubo contradicción, sino que se complementaron en un deseo compartido: no sólo revertir la vía al socialismo que Chile había vivido desde 1970, sino romper defi nitivamente el modelo de desarrollo económico chileno que había empezado con el gobierno del Frente Popular en 1938.

En julio de 1977 el general Pinochet anunciará un proyecto a largo plazo de lenta democratización —una democracia protegida, eso sí—, así como un proce- so de institucionalización del régimen, marcando unas etapas que concluirían con su normalización décadas después. Un reducido grupo de juristas había tra- bajado redactando una nueva Constitución de perfi l marcadamente autoritario. Entre otras cosas, la nueva Carta Magna establecía una Presidencia de amplios poderes y ocho años de mandato, un Congreso de poderes limitados y con un tercio de los senadores no electos sino designados, así como varios mecanismos institucionales que tendrían que garantizar la infl uencia militar en los ejecuti- vos del futuro. El general Pinochet ocuparía la presidencia durante el primero periodo, al fi nal del cual se convocaría un referéndum que tendría que ratifi car o rechazar al candidato propuesto por los militares para el segundo periodo de