a. Diagnóstico referencial
Las personas adultas mayores, dentro de la legislación ecuatoriana, son las ciudadanas y ciudadanos que tienen 65 años de edad o más. Según el Censo de 2010 realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, en el Ecuador este grupo poblacional era de 940.905 lo que representaba el 6,6% de la población total, para el 2017 se estima que serán 1.180.944 lo que representará el 7,0% de la población total. (INEC, 2010).
Adicionalmente, según los datos proporcionados por el Censo, el 5,6% de la población ecuatoriana 816. 156 personas, manifiesta poseer algún tipo de discapacidad entendiendo que la presencia de la discapacidad está directamente relacionada con el paso de los años; por ello, el 33% (269.328) de la población con discapacidad tiene más de 65 años de edad (INEC, 2010).
Con estos datos, podemos entender la situación de doble vulnerabilidad en la que viven, las personas adultas mayores con problemas de movilidad, este grupo que no tiene el acceso a los servicios que ha desarrollado el modelo de gestión del Estado actual de derechos, que aparentemente vivimos, son ellos a quienes se debe volcar la atención prioritaria, para alcanzar una vida digna, entendiendo que todos los seres humanos en aún momento llegaremos a esa edad.
Según el análisis de William Walters en su trabajo denominado Prioridades en Materia de Políticas Públicas para los Adultos Mayores en el Ecuador (Walters, 2014), presenta, el cuadro de índice de condiciones sociales de la población de adultos mayores.
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Elaborado por: William Walters
Fuente: Políticas Públicas para adultos mayores
De este cuadro, se puede colegir, que más del 77% de la población adulta mayor, tiene una condición socioeconómica entre regular e indigente; por lo tanto, no tiene ningún tipo de afiliación a la seguridad social, menos aún seguridad médica privada, el mayor índice de personas en indigencia se encuentra sectorizada en las zonas rural de la sierra y de la costa; y, teniendo en Guayaquil, la ciudad donde el 54,8% de los adultos mayores viven en condiciones regulares.
Así mismo, Walters, analiza la situación en la cual viven los adultos mayores, obteniendo que en un rango de edad de 75 años o más el 14, 4% viven solos y el 18, 5% de la población viven con su pareja, dejando en claro que el tema de la corresponsabilidad familiar requiere ser analizado y promovido a través de la expedición de políticas públicas.
Elaborado por: William Walters
Fuente: Políticas Públicas para adultos mayores
En la actualidad, los centros especializados en atención al adulto mayor son escasos, en nuestro país, según la información de la página web del MIES (MIES, 2017), existen solo 14 centros de atención ubicados en las siguientes localidades:
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Cayambe – Pichincha
Patate – Tungurahua
Guano – Chimborazo
Portoviejo – Manabí
Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsachilas
Pedernales – Manabí
Milagro – Guayas
Guaranda – Bolívar
Babahoyo – Los Ríos
Quevedo – Los Ríos
Cuenca – Azuay
Piñas – El Oro
Huaquillas – El Oro
Al analizar esta información, podemos apreciar que de las 24 provincias que conforman el Ecuador, tan solo en 11 de ellas encontramos centros de atención directa por parte de la entidad obligada de desarrollar las políticas públicas de atención y cuidado de las personas adultas mayores, demostrando la falta de gestión por parte de los actores políticos en este tema.
Cabe señalar, que otro problema que se enfrenta es la capacidad instalada de atención, puesto que en los centros de atención del adulto mayor, esta capacidad de atención no supera las 60 personas, por ello, se han visto en la obligación de suscribir convenios con otro tipo de entidades tanto públicas como privadas para llegar a atender a un universo más amplio, que según, los datos proporcionados por la Dirección de Población Adulta Mayor es de 70.881 personas atendidas que representa el 6% del total de la población adulta mayor del país.
Ante esta realidad, no queda la menor duda que se deja un amplio campo de acción para que los actores privados que buscan generar recursos implementen espacios de cuidado y atención de estas personas, que en algunos casos funcionan como casas de acogidas a tiempo completo y en otros como guarderías, donde llegan en ciertos horas del día para compartir con sus similares.
Es importante señalar que, a diferencia del sector público, el sector privado ha visto en este tipo de atención una nueva fuente de ingresos lucrativos, así tenemos que solo en los
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últimos 3 años se contabiliza la creación de 19 centros de ayuda y cuidado, de adultos mayores, sumados a otros 21 ubicados 10 en Los Chillos y 11 en Tumbaco registrados anteriormente. Es decir que en los dos valles suman 40 sitios, esto se demuestra en el siguiente gráfico tomado de El Comercio (Heredia, 2015).
Fuente: El Comercio
Por los motivos expuestos, se evidencia que propuesta de una política pública de atención y cuidado a los adultos mayores que les permita su acceso a la protección prioritaria y así a la vida digna, es evidentemente necesaria, la misma debe, abordar claramente y con lineamientos específicos el relacionamiento interinstitucional sobre el cual se erigirán las líneas de acción institucionales que combatan las deficiencias existentes en la atención y cuidado del adulto mayor. En este sentido, el relacionamiento entre MIES, GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA y ACCIÓN SOCIAL se torna fundamental, pues una institución asumirá la definición y rectoría de la política pública, mientras que la otra alineará sus objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial a las políticas públicas emanadas y la otra institución se convertirá en un brazo ejecutor de los lineamientos definidos que son esenciales para la consecución de los fines propuestos.
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SEGUNDA PARTE: BASE CONCEPTUAL Y LEGAL