Thermal Comfort Models using Data Set Two

y salud reproductiva

(millones de dólares)

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de Mozambique Donor Atlas 2008

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 50 100 150 250 200 300 SALUD POBLACIÓN Y SALUD REPRODUCTIVA

98 EL CASO DE MOZAMBIQUE INFORME ANGOLA, CABO VERDE Y MOZAMBIQUE

Apropiación

Cinco años antes del lanzamiento de la Declaración de París, Mozambique elaboraba su primer Plan de Acción para la Reducción de la Pobreza Absoluta (PARPA), que actualmente se encuentra en su tercera edición (PARP 2011-2014). El PARPA es el instrumento programático que debe servir de referencia para definir la financiación, cuyos instrumentos marco son el Escenario Fiscal (2010- 2012) y el Presupuesto del Estado, de carácter anual. Por tanto, puede decirse que formalmente el país cuenta con un conjunto de herramientas de planificación para liderar su proceso de desarrollo, lo que queda reflejado en los resultados del seguimiento del CAD al valorar el avance en del principio de apropiación.

No obstante, es evidente que la disponibilidad de he- rramientas no es suficiente para garantizar el principio de apropiación, que exige mucho más de lo logrado hasta el momento en términos de proceso y en el momento de es- tablecer y ejecutar prioridades. En el caso de Mozambique, varios factores estructurales han sido señalados como limi- tantes de una apropiación integral y democrática. La condi- ción de país favorito de la cooperación ha derivado en una alta dependencia de la ayuda – en 2010 el 45% del presu- puesto estatal provenía de la AOD (FDA y UNICEF, 2009). La ayuda externa se ha mantenido por años condiciona- da a la aplicación de una política económica neoliberal y de ajuste estructural impulsados por países y organismos donantes, configurando un modelo económico que refuer- za la dependencia. El valor anual de la ayuda general al presupuesto del estado es similar al que podría obtenerse con la eliminación de beneficios fiscales específicos a seis proyectos de la industria extractiva en el país, recursos que podrían reducir de 50% a 36% la dependencia de la ayuda externa del país (Castel-Branco, 2011). Al mismo tiempo, los apoyos a la agricultura resultan exiguos aun cuando la mayor parte de la población obtiene el alimento a través de la producción para el autoconsumo.

El sistema político mozambiqueño resultante de la independencia y sucesivos conflictos armados, se ca- racteriza por la permanencia en el poder de un partido dominante que implementa políticas de neutralización de posibles fuentes de oposición y de cooptación de

las instituciones, entre ellas las que articulan a jóvenes y mujeres, por lo que la emergencia de organizaciones que puedan construir e impulsar un discurso alternativo se produce en condiciones de gran dificultad.

La sociedad civil es diversa en intereses, capacidades y niveles de acción. Si bien existen numerosas organiza- ciones formalmente registradas, la mayoría son de corte religioso o político, relacionadas al partido en el gobierno y las ONG nacionales e internacionales representan un redu- cido porcentaje (Kreisler, 2008). Al mismo tiempo, algunas organizaciones tienen particularmente difícil la posibilidad de constituirse formalmente, como la Asociación Mozam- biqueña para la Defensa de las Minorías Sexuales, cuya solicitud fue inicialmente denegada por que se estimó sus objetivos dañaban la moral vigente y posteriormente ob- viada por las instancias correspondientes (LAMDA, 2011). Existen plataformas que desde la década pasada constituyen foros para el debate y posicionamiento so- bre políticas públicas, incluyendo aquellas relacionadas con la condonación de la deuda externa y los PARPA – como el Grupo Mozambiqueño de la deuda y el G-20, en los que participan organizaciones que trabajan en el área de salud y género como WLSA y plataformas como Forum Mulher. No obstante, la agenda de eficacia y el papel de vigilancia ciudadana e incidencia política como sociedad civil se mantiene en la agenda de pocas orga- nizaciones, generalmente ubicadas en la capital, y sólo en algunos casos parece responder a una apuesta por la apropiación democrática de la toma de decisiones en el país. Al mismo tiempo, los Observatorios de Desarro- llo, creados por el gobierno para canalizar formalmente la participación de la sociedad civil en la elaboración y seguimiento de las políticas públicas, son percibidos por organizaciones de la sociedad civil como espacios de escasa eficacia por su enfoque orientado a la consulta puntual no vinculante y por la influencia que el gobier- no suele ejercer sobre ellos. En el caso de las ONG del norte, la mayoría desconocen el trabajo realizado por las organizaciones mozambiqueñas y sus espacios de en- cuentro para la acción política son escasos.

Finalmente, las limitaciones en la disponibilidad y ac- ceso oportuno a la información pública determinan las posibilidades de elaborar políticas públicas adecuadas a

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la realidad y equitativas. Las convocatorias para las con- sultas suelen producirse de improviso, con el consiguien- te impacto en la calidad del análisis y respuestas (G20 y GMD, 2011). De la misma manera, las organizaciones de la sociedad civil vienen demandando la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública que clarifique entre otros asuntos qué es considerado secreto de estado pues en ocasiones se ha utilizado este argumento para negar información que las organizaciones consideran indispensable para poder analizar el contexto y plantear propuestas de calidad. Específicamente para el caso de género la escasa disponibilidad de indicadores desagre- gados por sexo constituye un vacío que urge subsanar.

En este contexto, la calidad de la apropiación resulta limitada y en todo caso, los actores cuyos intereses y planteamientos se ven más representados son en primer lugar los principales países y agencias donantes y en se- gundo lugar el gobierno, mientras que la sociedad civil, si bien es parte de los proceso de consulta, tiene limita- das posibilidades de incidir sobre la toma de decisiones. La equidad de género no ha sido un elemento central en los sucesivos PARPA. El primero de estos planes no incluyó las cuestiones de género. La acción de algunas organiza- ciones de la sociedad civil y agencias donantes impulsó la incorporación de género como uno de los ocho temas transversales del PARPA II. El plan señala que el empode- ramiento de las mujeres es un factor decisivo en la erra- dicación de la pobreza y la lucha contra el VIH y el sida y

que “una vez que se mejora su posición, las mujeres se convierten en la más eficiente y eficaz inversión”. El PARPA II establece diez medidas de carácter transversal orienta- das a promover la igualdad de oportunidades, incluyendo aspectos normativos, socioeconómicos, políticos e institu- cionales. Adicionalmente, como parte del pilar de la estra- tegia de desarrollo denominado Capital humano, se esta- blece entre otras medidas promover las organizaciones de mujeres para fortalecer sus capacidades. En el caso del PARP, los temas transversales desaparecen. No obstante, se reconoce que la equidad de género es aún un desafío tanto en términos de resultados del desarrollo como en los aspectos programáticos y especialmente los presupuesta- rios. A lo largo del plan, si bien hay menciones puntuales a la equidad o a las mujeres en algunas líneas de acción, no se advierte una visión estratégica orientada al cambio de la posición social de las mujeres. Es en el Plan Quinquenal del Gobierno, instrumento asociado al PARP, definido por el gobierno y aprobado por el parlamento, donde se incluye la promoción de la equidad de género en el apartado de desarrollo humano, y se plantea como objetivo la mejora de la condición de la mujer y de su participación en la vida política, económica y social del país.

Por otro lado, la atención en salud, incluyendo varios aspectos de la salud sexual y reproductiva ha sido prio- ridad desde el PARPA I, en los componentes relativos a salud de las mujeres, juventud, y lucha contra el VIH/ sida. En el PARPA II se observa una mayor integración