Después del Bogotazo en 1948 la sociedad colombiana quedaría sumida en la violencia y la anarquía provocando la reacción de las autoridades de todo el mundo. De esta manera, el Secretario de Estado de EE.UU., George Marshall31, y el embajador británico en Colombia, Gilbert Mackereth, acusaron al comunismo internacional de ser el causante de dicha insurrección. La describirían como el primer intento prominente desde que se había terminado la Segunda Guerra Mundial y lo vincularon con otros acontecimientos que habían provocado huelgas en Francia e Italia durante esa época. Asimismo, sostuvieron que las medidas y acciones que se tomen al respecto eran de interés internacional, ya que este problema no afectaba solo al país o a la región sino al mundo entero. Por otra parte, los líderes comunistas negaron cualquier vínculo, argumentando que de haberse involucrado habrían realizado un golpe de Estado (Gott, 1971: 217-218).
Sin embargo, el conflicto interno de Colombia no sería percibido como un problema prioritario en la agenda política del país, ni en la de la comunidad internacional, sino hasta la década de los 80. En los años anteriores se tenía la idea de que este problema solo afectaba a las zonas periféricas del país y que no constituía una amenaza real a los centros urbanos y a los ejes de poder. Este fenómeno solo figuraría de forma marginal dentro de la relación bilateral
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Ver anexo 14
65 entre Colombia y EE.UU. con respecto a los temas de contención del comunismo y contrainsurgencia. No obstante, este problema atraería la atención de las autoridades nacionales e internacionales, cuando a finales de los 70, el movimiento guerrillero M-19 atacó dentro de las ciudades del país, lo que incentivó los proyectos de reconocimiento y de paz durante la administración de Belisario Betancur en los años de 1982 a 1986 (Restrepo, 2001: 9-10).
Además, la dinámica del conflicto cambiaría drásticamente cuando el tráfico ilícito de drogas se involucraría, aumentando así la preocupación por parte de la comunidad internacional. La inestabilidad dentro del país y la violencia se extendería a través de las fronteras con los países vecinos, dando así una connotación internacional a este conflicto (Restrepo, 2001: 13). Además, el tráfico de drogas usaba a otros países como puntos de tránsito en su trayectoria hacia los EE.UU.
TABLA 3
PRINCIPALES PAÍSES DE TRÁNSITO DE HOJA DE COCA Y COCAÍNA A EE.UU.
1950-1969 1970-1979 1980-1985 1985-1990
Colombia Colombia Colombia Colombia
Chile Panamá Panamá Panamá
Ecuador Ecuador Ecuador Bahamas
Paraguay Chile Costa Rica Haití
Costa Rica Cuba México
Cuba Hawaii (EE.UU.) Belice
Hawaii (EE.UU.) Bahamas Guatemala
Guaján (EE.UU.) Nicaragua Ecuador
Tahití Cuba Venezuela
Trinidad y Tobago Perú
Venezuela Jamaica
México República Dominicana
Fuente: Montagne (1991)
Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla
Los carteles colombianos usaban puertos y pistas de aterrizaje localizados en la región del Caribe y después introducían las drogas vía terrestre desde México.
66 GRAFICO 12
MAPA DE RUTAS PARA EL TRÁFICO DE COCAÍNA DESCUBIERTAS AL CARTEL DE CALI
Fuente: Castillo (1996) Elaborado por: Fabio Castillo
Por lo tanto, la incapacidad del gobierno colombiano para controlar el tráfico ilegal de narcóticos y su vinculación entre los grupos armados insurgentes, que se financiaban del dinero de la droga, le causaría un desprestigio tanto interno como externo32. Por lo tanto, debido a la crisis gubernamental y el malestar social que se vivía, numerosos sectores de Colombia exigían, y países como Estados Unidos presionaban, para que el país acepte la ayuda y la intervención extranjera (Restrepo, 2001: 13-15).
Asimismo, para la Organización de Naciones Unidas, la relación en Colombia entre los grupos armados y los cultivos ilícitos hicieron de esta problemática una de las más complejas en el mundo entero. Dado que los ingresos del tráfico de drogas representan una oportunidad de financiamiento para que los carteles puedan abastecerse de armas del mercado internacional, incentivaban el cultivo de estas plantas dentro de sus territorios, mientras que los grupos insurgentes se peleaban entre sí por obtener el control sobre estos recursos pecuniarios. Según un reporte de la ONU junto con el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, presentado en la vigésima Sesión Especial sobre el control internacional de las drogas, que se efectuó en junio 1998 en la ciudad de Viena, se estimaba que entre el 60% y 70% de los
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Esta relación de los carteles con las guerrillas insurgentes y los grupos paramilitares se revisa en la primera parte del tercer capítulo de la presente disertación.
67 recursos financieros de las FARC y de las Autodefensas Unidas de Colombia provenían del negocio de las drogas (Calvani, 2005: 21-22).
De igual manera, la ONU resaltaría la importancia de la perspectiva social dentro de este conflicto, ya que las plantas que sirven de materia prima no crecen espontáneamente por sí solas, sino que serían cuidadosamente cultivadas por campesinos, quienes debieron lidiar con el aislamiento y la falta de oportunidades para comercializar sus productos. Las autoridades de esta organización internacional sostenían que no se podía solucionar el problema de los cultivos ilegales simplemente con la erradicación de los mismos, y que el método más efectivo sería trabajar directamente con las personas involucradas o con quienes son más vulnerables ante este problema. La ONU incentivaba los proyectos por la sustitución de cultivos legales, como café y tabaco, que fomentaran en un desarrollo alternativo, basado en la adaptación de las infraestructuras locales, la unificación de la comunidad, la creación de canales de comercialización, la capacitación y la transferencia de tecnología (Calvani, 2005: 21-25).