derechos y deberes, relacionados con la participación en la esfera pública” (Bárcena, 1997: 152). Por tanto, la ciu- dadanía nos coloca en el ámbito de lo político, en la esfera de lo público frente a lo privado, y para ejercerla necesi- tamos espacios comunes para debatir lo común, lo que a todos importa; necesitamos instituciones que nos pre- paren para dicho ejercicio y den respuestas nuevas a las nuevas necesidades, y necesitamos oportunidades reales para ejercer los derechos y asumir las responsabilidades que nos competen. Ser sujetos participativos es condición para que podamos hablar de democracia real, de ciudada- nía activa y de derechos reales. Además, como práctica o actividad moralmente deseable, la ciudadanía comporta una cualidad o rango moral que obliga a ejercer bien ese oficio desarrollando la virtud cívica o civilidad. Su ejercicio necesita la capacidad de deliberación y de juicio para ac- tuar de la forma más adecuada, y ha de ir evolucionando a medida que cambia el mundo, obligados como estamos a colocar en un contexto moral las nuevas posibilidades y las nuevas situaciones que conlleva todo cambio social. Por todo ello la ciudadanía tiene fuertes implicaciones edu- cativas respecto a lo que conocemos como civilidad o vir- tudes cívicas. En el contexto sociopolítico actual hay quien defiende que la calidad de nuestras democracias se mide, entre otros factores, por el nivel de conciencia democráti- ca de sus ciudadanos y ciudadanas, determinada a su vez por sus virtudes y disposiciones cívicas tales como soli- daridad e inclusividad, tolerancia, autocontención o res- ponsabilidad (Mougán, 2010: 49-53). Las virtudes cívicas son un conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades que ejercemos en el ámbito de la actividad política y en las relaciones sociales de trato con quienes convivimos; son hábitos sociales acordes con los valores de la democracia y que van orientados a su extensión y profundización. De ahí la importancia de que los estados democráticos pro- muevan una educación en línea con dichos valores.
3. OTRAS CIUDADANÍAS
La contradicción entre convertir la idea de igualdad en el valor político que legitima la democracia y se concreta en la ciuda- danía y, al mismo tiempo, excluir de sus beneficios a parte de la población (todas las mujeres, la población pobre o no blan- ca, los pueblos indígenas, etc.) dio lugar a una larga historia de conquista de reconocimiento de derechos que, como na- rrativa de los deseos humanos de emancipación, debe formar parte de lo que la escuela ha de transmitir a las nuevas gene- raciones. Porque ciudadanía no es un concepto ahistórico ni descontextualizado, ni incontestable, sino abierto, revisable a
la luz de las nuevas situaciones. De hecho hoy solemos hablar de ciudadanía social como el estatus jurídico que reconoce derechos de asistencia sanitaria, educación, subsidio de des- empleo o de discapacidad, derecho a una pensión digna, etc. que van asociados al estado de bienestar. De modo que la ciudadanía incluye no sólo los derechos civiles –de libertad– y los políticos –de igualdad–, sino también los "económicos, sociales y culturales", los llamados derechos de solidaridad. La importancia de reivindicar esta forma de ciudadanía deriva de la experiencia de que sin derechos sociales no hay real posibilidad de ejercer los derechos civiles y políticos, por muy garantizados que ambos puedan estar en las Constituciones. Los económicos, sociales y culturales son derechos que exi- gen la intervención del Estado con medidas de acción posi- tiva, son relativos a las situaciones personales y tienen una función integradora y de cohesión social, porque extienden la solidaridad comunitaria para amortiguar las consecuen- cias de las desigualdades. Por esa razón no pueden dejarse sólo a la voluntad del Estado. Tenemos una responsabilidad moral que nos compromete especialmente con quienes más lo necesitan. Este compromiso se pone de manifiesto en la variedad y diversidad de asociaciones y organizaciones que actúan como redes de participación de la sociedad civil en el desarrollo y aplicación de múltiples aspectos de los derechos sociales, dentro y fuera de nuestras fronteras. La vitalidad de la sociedad civil organizada podemos considerarla como otra clara expresión de la calidad democrática de una sociedad y de su nivel civilizatorio.
Aunque la ciudadanía ha estado siempre vinculada al Estado-nación, desde el Tratado de Maastricht hablamos de ciudadanía europea como expresión de un estatus en virtud del cual las personas de cada Estado de la Unión Europea poseen determinados derechos políticos, como los de votar representantes en sus instituciones o disponer de libertad de paso dentro del espacio común de sus Estados miembros. Desde ese momento se genera un movimiento social que im- pulsa la conciencia de dicha ciudadanía y la posibilidad de su ejercicio en otros espacios, en virtud de la común adhesión de principios jurídicos y morales universales y en defensa de una mayor igualdad social, como si de pronto dispusiéramos de una nueva patria cuyas fronteras se van ampliando.
Los grandes cambios económicos, tecnológicos y so- ciales que dieron lugar al proceso de globalización, y las migraciones que se producen desde finales del XX son los que ponen en cuestión el concepto tradicional de ciudada- nía vinculado a la nacionalidad, cuando millones de perso- nas pueden ser ciudadanas de un país, trabajar en otro y desarrollar allí su vida sin adquirir plenamente el estatus de ciudadanía, o cuando las minorías que viven dentro de una cultura hegemónica exigen el reconocimiento de
2015 y más sus derechos culturales, de la diferencia, etc. Responder a los cambios sociales y económicos que conllevan los procesos de globalización, con las graves desigualda- des que provocan, nos obliga hoy a pensar el mundo y nuestra relación con él en términos de ciudadanía global o ciudadanía cosmopolita, tal como la expresan las nuevas corrientes de pensamiento que se insertan en la tradición de la filosofía estoica. Si definimos la cosmópolis como el espacio público en el que toda persona es titular de dere- chos inalienables por su igual dignidad como ser humano, parece justo extender su protección y ejercicio a cuantas la habitan, sin exclusiones ni límites nacionales, puesto que son derechos fundados en las necesidades básicas de todo ser humano, como la alimentación, un ambiente sa- ludable, la paz o la seguridad. El universalismo moral que se ha generalizado a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los múltiples Tratados y Convenciones que la desarrollan es un firme apoyo al cosmopolitismo y a la ciudadanía mundial.