Rev. gen. inf. doc. 26(1) 2016: 555-581 555 Revista General de Información y Documentación
ISSN: 1132-1873
http://dx.doi.org/10.5209/RGID.54715
Liberalismo y bibliotecas. El proyecto de creación de una biblioteca
pública en Valencia durante el Trienio Liberal
Miguel C. Muñoz Feliu1
Recibido: 29 de julio 2016 / Aceptado: 14 de noviembre de 2016
Resumen. Se estudia el proyecto de creación de una biblioteca pública en la ciudad de Valencia a
partir de las librerías de los conventos y monasterios suprimidos durante el Trienio Liberal. Se analiza la legislación desamortizadora y su aplicación en materia bibliotecaria, así como la finalidad y naturaleza de esta nueva biblioteca pública promovida por la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia que hubiera sido dirigida por el erudito Jaime Villanueva. La falta de recursos de todo tipo y la visión centralista del Gobierno de Madrid, para quien primaban los intereses de la Biblioteca Nacional de Cortes, suspendieron el proyecto. El retorno al absolutismo lo aplazaría hasta 1835.
Palabras clave: Política bibliotecaria; Desamortización eclesiástica; Trienio Liberal; Sociedad
Económica de Amigos del País de Valencia; Jaime Villanueva y Astengo; Valencia.
[en] Liberalism and libraries. The project of creating a public library in
Valencia during the Liberal Triennium
Abstract. It is studied the project of creating a public library in the city of Valencia from the libraries
of the convents and monasteries suppressed during the Liberal Triennium. It is analyzed the disentailment legislation and its application in library matters and the purpose and nature of this new public library promoted by the Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, which would have been directed by the scholar Jaime Villanueva. The lack of resources of all kinds and the centralist vision of the Government of Madrid, for whom overrode the interests of the Biblioteca Nacional de Cortes, suspended the project. The return to absolutism postponed it until 1835.
Keywords: Library policy; Ecclesiastical disentailment; Liberal Triennium; Sociedad Económica de
Amigos del País de Valencia; Jaime Villanueva y Astengo; Valencia.
Sumario. 1. Introducción. 2. Bibliotecas y desamortización durante el trienio. 3. Proyecto de creación
de una biblioteca pública en Valencia. 4. Dificultades del proyecto. 5. Fin del trienio y disolución de la biblioteca del temple. 6. Conclusiones. 7. Referencias bibliográficas.
Cómo citar: Muñoz Feliu, M. C. (2016) Liberalismo y bibliotecas. El proyecto de creación de una
biblioteca pública en Valencia durante el Trienio Liberal, en Revista General de Información y Documentación 26 (2), 555-581.
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1 Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte
“La Sociedad cree cumplir con un deber gustoso, dirigiendo a Vuestra Señoría esta exposición y descansa en el celo e ilustración que Vuestra Señoría ha acreditado para que, por su autoridad si está en las atribuciones de ella o reclamándola del Gobierno en contrario caso, logre Valencia y sus hijos, un establecimiento indispensable para excitar, facilitar y auxiliar los buenos estudios de la juventud que tanto han de contribuir a la consolidación del feliz sistema que nos rige en la generación actual y en las futuras”.
Solicitud de la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia para crear una biblioteca pública en Valencia (1821)
1. Introducción
Al calor de la Revolución francesa, las sociedades occidentales vivieron durante los últimos años del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX profundos cambios que pusieron los cimientos del mundo moderno. Estas transformaciones también afectaron a la forma en que estas sociedades organizaron y conservaron su patrimonio bibliográfico. Fue entonces cuando el modelo bibliotecario del Antiguo Régimen, dominado por las librerías religiosas y las colecciones nobiliarias, dio paso a otro marcado por la aparición y consolidación de la biblioteca pública.2
Este tránsito tuvo sus primeros antecedentes en el siglo XVIII. El Siglo de las Luces vería en España los primeros intentos sistemáticos de crear bibliotecas públicas en obispados y universidades aprovechando los bienes de las librerías de los jesuitas expulsados (García Cuadrado, 1997; Varela Orol, 2009). Sin embargo, la biblioteca pública, tal como hoy la entendemos, no aparecería hasta el siglo XIX. En los países anglosajones nació para atender las necesidades informativas y recreativas de nuevos sectores sociales, cada vez más amplios, que habían aprendido a leer y que se interesaban por la lectura. La biblioteca pública era hija, en palabras de Antonio Viñao, de “un discurso reformista y progresista que creía en el beneficioso efecto moralizador y educativo de las ‘buenas lecturas’ sobre el pueblo y, en especial, las clases trabajadoras” (Viñao, 2003: 108-109).
Pero este no fue el único factor que determinó su aparición. En la Europa continental había habido que encauzar la gran masa de libros incautados en los procesos revolucionarios, especialmente de las librerías de conventos y monasterios, y para ello hubieron de crearse nuevas bibliotecas que recogieran y pusieran al alcance del público ese ingente volumen de impresos y manuscritos ahora considerados bienes nacionales. Como señala Hipólito Escolar, muchas de las bibliotecas públicas creadas entonces en países como Francia o España nacieron “para evitar la pérdida de una gran riqueza bibliográfica de siglos pasados que se consideraba patrimonio nacional” (Escolar, 1990: 423).
La confluencia de ambos factores supuso que durante el siglo XIX se crearan en Europa los primeros sistemas públicos de bibliotecas. Estas bibliotecas debían
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2 El Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española (RAE) en su edición de 1803 define librería como la “biblioteca, o conjunto de libros que tienen para su uso los cuerpos, o las personas particulares”, mientras que el término biblioteca en sentido estricto se aplicaría a “la que es muy numerosa y está destinada para el uso público”, una diferenciación que ya aparecía, con diferentes matices, en ediciones anteriores.
conservar el patrimonio bibliográfico nacional y actuar como centros de promoción de la lectura. Un Estado que no supiera articular un moderno sistema bibliotecario pagaría un alto precio por partida doble. Primero, porque parte del patrimonio bibliográfico de la Nación se perdería, destruido, expoliado o exportado fuera de sus fronteras. Después, porque las bibliotecas públicas resultantes no serían colaboradoras eficaces ni en tareas de soporte de la cultura, de la erudición y de la investigación, ni servirían en la lucha contra el analfabetismo conforme el siglo XIX fuera avanzando.
La historiografía española cuenta con estudios que abordan los antecedentes en la creación de bibliotecas públicas durante el siglo XVIII (García Cuadrado, 1997; Varela Orol, 2009). También disponemos de análisis de los proyectos bibliotecarios de los ocupantes franceses (García Ejarque, 1992), de las Cortes de Cádiz (Salavert, 1983: 23-99; García Ejarque, 1987 y 1994) y de la política bibliotecaria durante la desamortización de Mendizábal (Bartolomé Martínez, 1989; Muñoz Feliu, 2006; García López, 2004 y 2006).
Sin embargo, no hay prácticamente ningún estudio sobre la política bibliotecaria llevada a cabo por el liberalismo español durante el Trienio Liberal. En ese sentido, nuestro artículo pretende ayudar a llenar ese vacío, dando a conocer el proyecto de creación de una biblioteca pública durante el Trienio en la ciudad de Valencia, una ciudad con un gran patrimonio bibliográfico cuyas principales bibliotecas, la biblioteca de la Universidad y la del Palacio Arzobispal, habían sido destruidas durante la Guerra de la Independencia (Muñoz Feliu, 2015: 125-130). Un proyecto que tuvo que enfrentarse con numerosas dificultades, tanto materiales como políticas, y en el que centro y periferia no compartirán necesariamente la misma visión.
2. Bibliotecas y desamortización durante el trienio 2.1. Legislación
A principios de 1820, el pronunciamiento de Rafael de Riego en Cabezas de San Juan y los hechos subsiguientes dieron el poder a los liberales. Restablecida la Constitución de 1812, los liberales no tardaron en poner en práctica su programa político, uno de cuyos puntales fue la ‘reforma de los regulares’ que tendría como principal plasmación la Ley de 25 de octubre de 1820 de supresión de conventos y monasterios.3
Grosso modo, la Ley distinguía entre monasterios y conventos. En relación con los
primeros, se suprimieron la práctica totalidad de las comunidades religiosas de varones.4 Respecto a los conventos, se optó por una reducción. Como norma general se indicaba que “no podrá haber más que un convento de una misma orden en cada pueblo y su término” y que “la comunidad que no llegue a constar de 24 religiosos ordenados in sacris se reunirá con la del convento más inmediato de la misma orden”.5 _____________
3 Ley de 25 de octubre de 1820 de supresión de conventos y monasterios (Gaceta del Gobierno, nº 123, 29 de octubre de 1820).
4 Ibídem, art. 1 y 2. 5 Ibídem, art. 16, 17 y 20.
Dicha reducción sería concretada por el Gobierno durante el siguiente año de 1821, año en que se determinó qué conventos debían subsistir y cuáles desaparecer. En el caso de la región de Valencia dicha decisión es de 21 de mayo de 1821.6
Como resultado de todo ello, se produjo la supresión de todos los monasterios masculinos y de 54 conventos, de las 157 comunidades religiosas de varones existentes en septiembre de 1820 en la región valenciana (Barbastro Gil, 1985: 82-87 y 146-151).
Como se puede observar en la Tabla 1, entre los monasterios suprimidos se incluían algunos que guardaban destacados efectos artísticos y literarios. Uno de los más importantes era el Monasterio de San Miguel de los Reyes, cenobio fundado por Fernando de Aragón, duque de Calabria, y por su mujer, Germana de Foix. Este monasterio había recibido una parte de la riquísima colección de códices miniados de los reyes de Nápoles, aquella que el duque de Calabria había traído de Italia, y que estaba constituida por alrededor de 260 volúmenes (Alcina Franch, 2000: 195). Además de los códices, a finales del siglo XVIII su librería poseía también 5.000 impresos (Beramendi, 1994: 112).
Tabla 1. Monasterios suprimidos en la región de Valencia durante el Trienio
Localidad Monasterios
Alicante Hospital de San Juan de Dios (Hospitalarios) Altura Vall de Crist (Cartujos)
Alzira Santa María de la Murta (Jerónimos) Benifassà Benifassà (Cistercienses)
Gandia San Jerónimo de Cotalva (Jerónimos) Orihuela Hospital de San Bartolomé (Hospitalarios) El Puig Ara Christi (Cartujos)
Segorbe Nuestra Señora de la Esperanza (Jerónimos) Serra Nuestra Señora de PortaCœli (Cartujos) Simat de Valldigna Nuestra Señora de Valldigna (Cistercienses) Valencia
Montesa (Órdenes Militares) San Miguel de los Reyes (Jerónimos) San Vicente de la Roqueta (Cistercienses) Xàtiva Montsant (Cistercienses)
Fuente: ADPV. Gobierno Civil, c.1, caja 21
Por el contrario, la reducción de conventos en la ciudad de Valencia supuso la supresión de únicamente siete comunidades, subsistiendo los conventos más importantes de las distintas órdenes religiosas en la ciudad como el convento de Santo Domingo, San Agustín, el Carmen Calzado o San Francisco el Grande (Tabla 2).
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6 Real orden, de 21 de mayo de 1821, del Ministerio de Gracia y Justicia decidiendo sobre la reducción de conventos en la región de Valencia (Gaceta de Madrid, nº 186, 2 de julio de 1821). Medidas posteriores como las tomadas por los últimos gobiernos liberales, más radicales y amenazados por las partidas realistas y la intervención extranjera, apenas tendrán incidencia en Valencia y su provincia. Es el caso del Real decreto suprimiendo todos los conventos y monasterios que estén en despoblado y en pueblos que no pasen de 450 vecinos (Gaceta de Madrid, nº 364, 14 de diciembre de 1822).
Tabla 2. Conventos suprimidos en la región de Valencia durante el Trienio Localidad Conventos Alaquàs Mínimos Albaida Dominicos L’Alcúdia Franciscanos Algemesí Dominicos
Alicante Agustinos, Capuchinos, Dominicos, Observantes de Tierra Santa Almenara Dominicos
Almoradí Mínimos
Alzira Trinitarios, Capuchinos
Ayora Dominicos
Carcaixent Agustinos
Castelló de la Plana Agustinos, Dominicos, Franciscanos Castielfabib Franciscanos Cox Carmelitas Cullera Agustinos Dènia Franciscanos Jérica Capuchinos Llíria Trinitarios Morella Agustinos Olleria Dominicos Onda Franciscanos Ondara Mínimos
Ontinyent Franciscanos, Capuchinos
Orihuela Agustinos, Carmelitas, Mercedarios, Trinitarios Paiporta Agustinos
La Pobla del Duc Mínimos Rocafort Agustinos
Sagunt Franciscanos, Trinitarios Sant Mateu Dominicos
Segorbe Dominicos, Mercedarios Sollana Mercedarios
Sot de Chera Misioneros de San Vicente Paúl Valencia
Corona (Franciscanos), Pilar (Dominicos), San Pedro Nolasco (Mercedarios), San Pío Quinto (Clérigos Menores), Santa Mónica (Agustinos), Socorro (Agustinos), Soledad (Trinitarios)
Vilanova de Castelló Dominicos Vila-real Carmelitas
Vinarós Agustinos
Viver Mínimos
Xàbia Mínimos
Xàtiva Agustinos, Franciscanos, Carmelitas Fuente: ADPV. Gobierno Civil, c.1, caja 21
La reforma conllevaba la desamortización de las propiedades de las congregaciones suprimidas que debían volver a la Nación. Como norma general sus bienes debían ser aplicados al crédito público. Sin embargo, se señalaban algunas excepciones. La más importante hacía mención a los archivos, obras de arte, libros y efectos de biblioteca y venía reflejada en los artículos 27 y 28 de la ley. El artículo 27 encomendaba a los jefes políticos la misión de custodiar e inventariar los archivos, cuadros, libros y efectos de biblioteca de los conventos suprimidos. Estos inventarios debían ser remitidos al Gobierno “quien los pasará originales a las Cortes para que estas destinen a su biblioteca lo que tengan por conducente”. Por su parte, el artículo 28 habilitaba al Gobierno para “aplicar el residuo de los efectos mencionados en el artículo anterior a las bibliotecas provinciales, museos, academias y demás establecimientos de instrucción pública”.7
La relación de estas disposiciones con la política bibliotecaria planteada por las Cortes de Cádiz y el Reglamento de Bibliotecas Públicas de 1813 queda clara cuando se examinan los diarios de sesiones de las Cortes previos a la publicación de la ley. Al señalar el diputado Vargas Ponce el estado en que se encontraban riquísimas bibliotecas como la de Poblet, con sus colecciones esparcidas por el suelo a merced del polvo y la polilla, y solicitar este diputado que fuera traída a Madrid, el diputado Vadillo recuerda la normativa aprobada por las Cortes en noviembre de 1813 y propone una redacción de estos artículos acorde con estas disposiciones, como así se hace.8
El Reglamento de Bibliotecas Públicas de 1813 indicaba que en cada capital de provincia se debía crear una biblioteca pública que debía tomar el nombre de la provincia y que recibiría por depósito legal todos los nuevos impresos en su provincia. A estas bibliotecas, que estarían bajo la dirección inmediata de la respectiva diputación, se debían agregar las de “aquellos cuerpos eclesiásticos o civiles, ya suprimidos o que en adelante se suprimieren” (García Ejarque, 2000: 35).
Ahora bien, si nos fijamos en la finalidad de estos bienes culturales, es evidente que la Ley de 25 de octubre de 1820 prima a la Biblioteca de las Cortes, la cual tiene derecho preferente en la selección de obras. Ello traduce la consideración de esta biblioteca como biblioteca nacional de un Estado liberal centralista y en este aspecto seguramente influyó José Gallardo, entonces bibliotecario de las Cortes (Salavert, 1983: 58-69). Una vez realizada la selección por parte de la Biblioteca Nacional de Cortes a partir de los inventarios, los restos (‘residuo’ es el término exacto que se utiliza) podrían ser destinados a las bibliotecas provinciales u otros centros de instrucción pública.
Más allá de estas disposiciones o de referencias al Reglamento de Bibliotecas Públicas de 1813, durante el Trienio Liberal no hay nueva normativa legal relativa a la organización bibliotecaria salvo en la legislación educativa. Durante el Trienio, las Cortes iniciarán una reforma de la enseñanza pública y las bibliotecas aparecen tímidamente en los proyectos legislativos, siempre asociadas a las universidades. Así, el artículo 24 del Proyecto de Decreto para el Arreglo de la Enseñanza Pública
_____________ 7 Ibídem, art. 27 y 28.
establece que “habrá en cada universidad de provincia una biblioteca pública”.9 Asimismo, se señala que aquellas universidades que impartieran la tercera enseñanza, la que habilitaría para ejercer alguna profesión particular, dispondrían de cátedras agregadas. Las relativas a Historia literaria y bibliografía, y Numismática y antigüedades quedarían al cargo de los bibliotecarios. La Universidad de Valencia figura en el listado de universidades que gozarían de este
status especial (Fernández Bajón, 2001: 87-88). Sin embargo, no se atisba ninguna
atribución a las bibliotecas de las universidades de las funciones que debían jugar las bibliotecas provinciales según las Cortes de Cádiz. El modelo de biblioteca pública, provincial y universitaria característico del futuro sistema bibliotecario público español a partir de 1838 ni siquiera queda esbozado durante este periodo (Muñoz Feliu, 2015: 165-166 y 259-263).
2.2. La Comisión de inventarios de Valencia
El Gobierno fue pronto consciente de la necesidad de impulsar medidas para evitar pérdidas en el patrimonio y canalizar de forma adecuada los bienes desamortizados. Así, por la Real Orden de 9 de diciembre de 1820 dirigida a los jefes políticos se insiste en:
“[...] lo importante que es, así para la conservación de los derechos particulares, como para propagar la ilustración pública, que los documentos preciosos y otros efectos sumamente interesantes que existen en las bibliotecas y archivos de los monasterios y comunidades religiosas, suprimidos por la Ley sancionada por Su Majestad en 25 de octubre, no parezcan [sic] deterioro u extravío, ya por descuido o poca inteligencia de los sugetos encargados de recogerlos, o por otras causas”.
Por ello, les ordena que:
“comisionen personas inteligentes que merezcan su confianza para hacer el debido reconocimiento de todo, y que quede custodiado como corresponde, cuidando de remitir a la mayor brevedad a esta secretaría de mi cargo copia de dichos inventarios, concluidos que sean”.10
El jefe superior político de Valencia, José de Castellar, no tardaría en componer dicha comisión que quedó formada por: Jaime Villanueva, padre dominico;11 _____________
9 Proyecto de decreto para el arreglo de enseñanza pública. Diario de sesiones de las Cortes Españolas. Serie histórica, sesión extraordinaria del 19 de octubre de 1820. El proyecto sería aprobado el 29 de junio de 1821 y
se convertiría en un referente del liberalismo progresista en el terreno de la educación hasta la Ley Moyano de 1857.
10 Real orden circular, de 9 de diciembre de 1820, del Ministerio de la Gobernación sobre confección de inventarios de libros y objetos artísticos (Gaceta del Gobierno, nº 177, 20 de diciembre de 1820).
11 Jaime Villanueva y Astengo nació en Xàtiva en 1765. Este dominico tuvo ocasión varios lustros atrás de conocer de cerca los bienes culturales que albergaban las instituciones religiosas de la región valenciana y otras del arco mediterráneo, conocimiento plasmado en su Viaje literario a las Iglesias de España. Era
Vicente Joaquín Noguera, barón de Antella;12 Francisco Ortiz, deán de la Colegiata de Xàtiva;13 y Nicasio Gallego, arcediano mayor de la Metropolitana de Valencia.14 Para que pudieran dedicarse plenamente a esta tarea, el jefe político solicitó a los superiores de dichos comisionados la exención de sus obligaciones habituales mientras duraran los trabajos de la Comisión. Así lo hizo con el prior del Convento de Predicadores de quien dependía Jaime Villanueva, o con el Cabildo de la Catedral de Valencia en relación con Juan Nicasio Gallego. En ambos casos, dicha petición fue respondida favorablemente.15
Las personas elegidas son figuras intelectuales eminentes enmarcadas políticamente en el liberalismo. Todos ellos estaban ligados a Valencia, ya fuera por origen o por vecindad en ese momento como Gallego. Asimismo, son personas maduras que contaban en 1820 con sesenta y uno, ochenta y uno, cuarenta y tres y cincuenta y cinco años respectivamente.
De forma inmediata, el jefe superior político insta a los miembros de esta comisión a iniciar su tarea. El 29 de diciembre de 1820 les indica que deben personarse en los monasterios e instituciones suprimidos para examinar los efectos de literatura y bellas artes:
“[...] formando un inventario general con presencia de los antecedentes y noticias que al efecto suministrará el prior o cabeza de dichas casas, dispondrán su conducción segura a esta capital en la que habrá un edificio destinado a su conserbación, cuidando de darme cuenta con alguna anticipación, para disponer lo combeniente. Acompaño adjunta orden para que los alcaldes de los pueblos faciliten a la Comisión las acemillas, carruajes y demás auxilios que haya menester”.16
El edificio elegido para la colocación y conservación de los efectos reunidos fue el Temple, antigua sede de la Orden de Montesa, e inmueble que albergaría también gran parte de las oficinas administrativas del Estado en la ciudad de Valencia.
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hermano de Joaquín Lorenzo Villanueva, célebre diputado liberal al que acompañó en diversas misiones de estado (Fuster, 1830: 436-439; Soler Pascual, 2002: 13-118).
12 Vicente Joaquín Noguera, marqués de Cáceres y barón de Antella, había nacido en Valencia en 1759. Educado en el seno de una familia ilustrada, fue doctor en leyes y ocupó altos cargos en diversas Audiencias y Chancillerías, incluyendo el de regente de la Real Audiencia de Valencia. Fue representante en las Cortes de Cádiz, las cuales presidiría entre febrero y marzo de 1811, y correspondiente de la Real Academia de la Historia. Su producción literaria es menos destacada, limitándose a unas tablas cronológicas y varios discursos (Fuster, 1830: 505-507).
13 José Francisco Ortiz y Sanz, deán de la Colegiata de Xàtiva, había nacido en Aielo de Malferit en 1739. Estudió en Roma. Fue académico de la Historia, tradujo al castellano a Laercio, a Epicteto y a Vitrubio y destacó en la arquitectura y en la historia, áreas en las que dejó una amplia producción impresa. Asimismo, trabajó en la Biblioteca Real de Madrid. En el verano de 1820 había sido nombrado miembro de la Junta Provincial para la Libertad de Imprenta (Fuster, 1830: 425-427; Goberna Ortiz, 2014: 65-73).
14 Juan Nicasio Gallego y Hernández del Crespo nació en Zamora en 1777. Fue capellán real, diputado en las Cortes de Cádiz y secretario de la Comisión por la Libertad de Imprenta, y estuvo encarcelado durante la primera etapa absolutista de Fernando VII. Destacó por su obra poética. En 1820 había sido nombrado arcediano mayor en Valencia (Gil Novales, 2010: 1199-1201).
15 ADPV. Gobierno Civil, c.1, caja 21.
16 Instrucción de José de Castellar, jefe superior político de Valencia, a fray Jaime Villanueva sobre las tareas a realizar por la Comisión (ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 21).
En sí misma, la labor que debía desarrollar esta comisión no parecía demasiado compleja: reunir los efectos literarios y artísticos de los monasterios suprimidos en el Temple y realizar un inventario general que sería remitido al Gobierno para que la Biblioteca Nacional de Cortes seleccionara aquellos que deseara para sí.
Sin embargo, dicha tarea no era tan fácil como parecería a primera vista. Las instituciones suprimidas estaban diseminadas por toda la región valenciana y su número se elevó enormemente por la reducción de conventos de mayo de 1821. La creación a principios de 1822 de las nuevas provincias de Valencia, Xàtiva, Alicante y Castellón (Torres Faus, 2001: 107-108) no parece haber supuesto una reducción del ámbito geográfico de actuación de esta comisión. De hecho, en marzo de 1822 seguía reclamando los libros y cuadros de Alicante y de Xàtiva, y las pinturas de Vinarós.17
3. Proyecto de creación de una biblioteca pública en Valencia 3.1. Solicitud de la Sociedad Económica de Amigos del País
La recolección de numerosos objetos artísticos y literarios de los monasterios y conventos suprimidos no pasó desapercibida a las instituciones culturales valencianas, que promovieron su permanencia y conservación en Valencia. En 1812, el mariscal Suchet había concedido a la Universitat de València los libros de los conventos suprimidos para reconstruir su biblioteca que debía actuar como biblioteca pública, libros que debieron ser devueltos con la restauración de las comunidades religiosas de 1814 (Muñoz Feliu, 2015: 141-146 y 156-161).
En el Trienio, va a ser la Sociedad Económica de Amigos del País quien plantee e impulse la creación de dicha biblioteca pública. Pero, en esta ocasión, no anexándola a una ya existente sino planteando su creación ex novo. En la junta ordinaria de 13 de junio de 1821, el entonces presidente accidental de la Sociedad, Francisco Peyrolón, expone la necesidad de que Valencia disponga de una gran biblioteca pública, propuesta acogida favorablemente por la Junta, quien cursará una solicitud en ese sentido al jefe superior político de Valencia.18
La solicitud, con fecha de 30 de junio de 1821, justifica su petición en la inexistencia en Valencia de bibliotecas públicas tras las pérdidas sufridas en 1812:
“Valencia poseía en el año de 1811 dos bibliotecas públicas, la una copiosísima en el Palacio Arzobispal y la otra selecta en la Universidad, donada esta por nuestro sabio paisano, el Ilustrísimo Sr. Don Francisco Pérez Bayer, cuya reputación europea no exige ya nuevos encomios. Ambas por una fatal desgracia quedaron consumidas por las llamas en el incendio que ocasionaron las bombas enemigas en los dos edificios. Al mismo tiempo, desaparecieron otras muchas bibliotecas de conventos y particulares emigrados en la ocupación de aquellos y de los bienes de estos por los franceses, de suerte que esta ciudad llamada por antonomasia la Ciudad de los
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17 ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 21.
Libros perdió en pocos días los tesoros literarios que en tres siglos habían reunido la aplicación de sus eruditos que lloran tan irreparable pérdida.
Para reemplazarla en alguna parte parece que nuestra capital con mayor urgencia que otra quizá de España exige que se erija y abra al público una biblioteca con los libros, impresos, manuscritos, códices, estantes y demás efectos de las librerías de las casas y conventos suprimidos en esta provincia como está prevenido en el artículo 28 de la Ley de 25 octubre último y en el Plan General de Instrucción ya aprobado por las Cortes [...]”.19
Más allá de la mención al Plan General de Instrucción, no hay mención explícita alguna que ligue esta biblioteca pública a la Universidad. De hecho, al tratar sobre su ubicación, la Sociedad propone que se abra “aunque sea provisionalmente en el mismo local desembarazado del Palacio Arzobispal que antes ocupaba, o en el más oportuno del Sacro Convento que fue de la Orden de Montesa”. Todo ello, “sin perjuicio de los reglamentos generales y uniformes que después dicte el Gobierno para la formación y organización de estos depósitos del saber humano en todas las provincias”. Culmina el escrito una reflexión sobre los beneficios de dicha biblioteca, beneficios que los proponentes no dudan en relacionar con el triunfo del nuevo régimen político: “un establecimiento indispensable para excitar, facilitar y auxiliar los buenos estudios de la juventud que tanto han de contribuir a la consolidación del feliz sistema que nos rige en la generación actual y en las futuras”.20
3.2. Naturaleza y contenido de la futura biblioteca
¿Cómo podía ser esa biblioteca? Un informe de 9 de julio de 1821 remitido al jefe superior político por los comisionados da idea de la marcha de los trabajos, número y valoración de los libros reunidos hasta entonces.
Cuantitativamente, sabemos que en esa fecha ya se habían reunido 11.700 volúmenes que se habían situado en el cuarto segundo del edificio de Montesa. De ellos, se creían útiles más de 9.000 y todavía faltaban por incorporar importantes fondos como los de San Miguel de los Reyes y la Cartuja de Ara Christi.21
Cualitativamente, la valoración también es muy positiva:
“[...] lo recogido hasta ahora ofrece un pie de biblioteca respetable, compuesta en gran parte de obras magistrales. En las Ciencias Eclesiásticas hay buenas ediciones y comentarios de la Santa Escritura, tres Políglotas, la obra de los Padres, casi todas de la edición de los Maurinos, colecciones de concilios, bularios, etc. En el Derecho canónico, además de lo dicho, hay muchos de los más acreditados escritores modernos; los cuales no abundan tanto en el ramo del Derecho civil. En la Teología escolástica hay lo más selecto de lo antiguo y moderno, en medio del fárrago de los
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19 Solicitud de la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia al jefe superior político para que se erija y abra al público una biblioteca con los libros y demás efectos de los conventos suprimidos (ADPV. Gobierno
Civil, c.1., caja 21). 20 Ibídem.
que la trataron mal. De Anticuaria Sagrada y Profana se hallan las Antigüedades Hebreas de Ugolino, los Bollando, la Colección de Escritores Byzantinos, las Antigüedades de Montfaucon, las colecciones de Muratori, y de otros muchos célebres antiquarios. El ramo de Diplomática está muy abastecido con las obras de Mabillon, Clemencet, Martene, D’Achery, Balucio, y muchísimos más. Las Letras Humanas tienen un surtido harto completo. No es tan abundante el de las Ciencias Naturales; pero es ya en el día suficiente para lo más preciso. La Historia está provista de casi todos los mejores autores que la ilustraron. Lo mismo sucede en el utilísimo estudio de las Lenguas Orientales, Geografía, etc., etc. Sin contar las buenas ediciones de los principios de la tipografía”.22
Como puede observarse, su modelo de biblioteca pública no dista demasiado del propuesto por fray Martín de Sarmiento en el siglo XVIII o por el trazado en el Reglamento de las Cortes de Cádiz para las bibliotecas provinciales (Varela Orol, 2009: 111; Ejarque, 2000: 32-39). En primer lugar, los comisionados destacan el carácter enciclopédico de los fondos reunidos, que abarcan todo tipo de disciplinas. También subyace cierta preocupación por la presencia, junto a los clásicos, de autores modernos, y cuando esta presencia no se produce, como es el caso del Derecho civil, se considera una carencia importante.
Por otro lado, la biblioteca sigue estando concebida como un espacio en el que, además de libros o manuscritos, debía haber un monetario y una colección de objetos del mundo natural, que los comisionados señalan como una obligación futura de su futuro director.
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22 Informe de la Comisión de Inventarios al jefe superior político de Valencia en que relata el estado de los trabajos y el valor de los libros recogidos y solicita la creación con estos fondos de una biblioteca pública para la que pide se nombre un jefe (ADPV. Gobierno Civil, c.1, caja 21).
Figura 1. L’Antiquité de Montfaucon (1722)
Ejemplar procedente del convento de San Sebastián Mártir de Valencia. Actualmente en la Biblioteca Històrica de la Universitat de València
Figura 2. De Bello Iudaico de Flavio Josefo (ca. 1475)
Ejemplar procedente del Monasterio de San Miguel de los Reyes. Actualmente en la Biblioteca Històrica de la Universitat de València
3.3. Dirección de la futura biblioteca
En los meses de junio y julio de 1821, la creación de la biblioteca pública estuvo en la mente de la intelectualidad valenciana del momento quien lo concibe como un logro factible a corto plazo. Buena prueba de ello son las solicitudes de la plaza de director o bibliotecario primero. El 27 de junio de 1821, el mismo día en que la Junta de la Sociedad Económica aprueba la solicitud, Jaime Villanueva pide dicho puesto, pues “tiene cifrada en él la felicidad de su vida”.23 Hay constancia de otras peticiones como la de José Ortiz que se propugnaba a sí mismo como bibliotecario primero y proponía a Jaime Villanueva para la plaza de bibliotecario segundo.24
El jefe superior político solicitará un informe de la Diputación de Valencia que emitirá un dictamen a favor del nombramiento de Jaime Villanueva como bibliotecario público en el que elogia tanto “los vastos conocimientos del recurrente” como “su decidida adhesión al sistema constitucional”.25 En relación a los primeros, la Diputación destaca “sus viages literarios y las obras que, con este título y como fruto de ellos, han visto hasta ahora la luz pública, y los que va a continuar publicando, de orden superior, sobre todos los ramos de literatura y, principalmente, de la bibliografía”. En ese sentido, tal y como nos recuerda Emilio Soler, el gobierno constitucional le había encargado continuar sus viajes e imprimir los ya realizados (Soler Pascual, 2002: 72). En relación a su adhesión al régimen liberal, la Diputación recuerda “sus padecimientos en defensa de la Constitución”. Al igual que su hermano Joaquín Lorenzo, Jaime también fue castigado durante la restauración del absolutismo. Así, en 1815, se vio privado del título de maestro en la Orden de Santo Domingo debido a su pasada adhesión al sistema constitucional (Soler Pascual, 2002: 69).
Finalmente, el jefe superior político, apoyado en dicho dictamen, respaldaría ante Madrid el nombramiento de Jaime Villanueva para la dirección de la biblioteca.26
4. Dificultades del proyecto
La recogida, instalación, inventario y posible creación de una biblioteca pública en la ciudad no fue, sin embargo, fácil. Esas dificultades tienen causas múltiples (financieras, espaciales, personales o políticas) que finalmente hicieron fracasar el proyecto, tal como veremos seguidamente.
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23 Petición de Jaime Villanueva, presbítero dominico, del cargo de bibliotecario de la futura biblioteca pública de Valencia (ADPV. Gobierno Civil, c.1, caja 21).
24 Petición de José Ortiz, deán de Xàtiva, del puesto de bibliotecario primero de la biblioteca pública de Valencia, proponiendo a Jaime Villanueva como bibliotecario segundo (ADPV. Gobierno Civil, c.1, caja 24). 25 Informe de la Diputación de Valencia respaldando el nombramiento de Jaime Villanueva como bibliotecario
público de Valencia (ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 1).
26 Informe del jefe superior político al Gobierno a favor de Jaime Villanueva como bibliotecario público de Valencia (ADPV. Gobierno Civil, c.1, caja 1).
4.1. Falta de financiación
Aunque los miembros de las comisiones no debían percibir emolumento alguno,27 dichos trabajos exigían importantes cantidades de dinero. El traslado, a veces desde largas distancias, requería hombres y carruajes. La instalación de los objetos artísticos y literarios conllevaba, entre otros, gastos de albañilería y de carpintería. Sin embargo, la tónica general en este periodo, caracterizado por la crisis de la Hacienda, fue la falta de liquidez.
La financiación del proceso debía aportarla el jefe superior político a partir del fondo de Propios. Sin embargo, este se encuentra normalmente vacío. Como recuerda la Contaduría Nacional de Propios y Arbitrios de la Provincia de Valencia al jefe superior político, el fondo de Propios suele carecer de caudales “por la lentitud con que se recaudan las contribuciones”.28
Si se requieren recursos económicos se debe recurrir a otros fondos como el de Pósitos del que se extraen cantidades, pero solamente en concepto de reintegro.29 En febrero de 1821 se obtienen 4.000 reales de vellón. Pronto quedaron agotados y a finales de mayo de ese mismo año se cogieron de dicho fondo otros 10.000 reales de vellón. Dichas cantidades se van apurando y esta vez, asegurándose previamente el visto bueno de Madrid, el jefe superior político de Valencia obtiene el permiso de la Diputación para echar mano de la totalidad del fondo de Pósitos (25.795 reales y 20 maravedíes). De ese fondo, en agosto de 1821 se cogen otros 5.000 reales, y en octubre de 1821 los 6.795 reales y 20 maravedíes restantes (Tabla 3).
Tabla 3. Uso del fondo de Pósitos para financiar los gastos de traslado e instalación de los efectos de literatura y bellas artes en el Temple (1821)
FECHA CANTIDAD (en reales de vellón)
3 de febrero de 1821 4.000 reales de vellón 30 de mayo de 1821 10.000 reales de vellón 27 de agosto de 1821 5.000 reales de vellón
30 de octubre de 1821 6.795 reales de vellón, 20 maravedíes TOTAL 25.795 reales de vellón, 20 maravedíes.
Fuente: Elaboración propia a partir de diversas órdenes de pago, ADPV. Gobierno Civil, c.1, caja 21.
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27 Así se indica en la correspondencia cursada en diciembre de 1820 entre el jefe superior político de Valencia y el secretario de Estado y de Despacho de la Gobernación (ADPV. Gobierno Civil, c.1, caja 1).
28 Oficio de la Contaduría de Propios y Arbitrios de la provincia de Valencia al jefe superior político por el que le informa de la falta de recursos en el Fondo de Propios, que está al descubierto (ADPV. Gobierno Civil, c.1, caja 1. 29 Los pósitos son instituciones de crédito agrario, fundamentalmente en especie, y en menor medida, en dinero.
La documentación conservada no testimonia más transferencias desde el fondo de Pósitos durante 1822. Asimismo, apenas hay indicaciones de gastos. El último presupuesto, fechado en diciembre de 1822, es relativo a la instalación de estantes en el Temple y tenía un costo estimado de 1.800 reales de vellón, cantidad que superaba los recursos disponibles, cifrados en alrededor de mil.
La Comisión había sugerido, en su informe de 9 de julio de 1821, la venta de los duplicados, cuyo producto serviría para “la conservación y aumento de la biblioteca”. De los 11.700 volúmenes reunidos entonces, la Comisión calculaba que unos 9.000 serían útiles, con lo que cerca de 2.700 volúmenes quedarían disponibles para la venta.30
Sin embargo, esta opción no parece haberse empleado durante el Trienio y carecemos de testimonios documentales que prueben que esta sugerencia fuera más allá de ser una simple idea. Seguramente, la no conclusión de los inventarios hacía difícil esta labor. Por otro lado, la legislación del Trienio no hablaba en ningún caso de venta de libros.
4.2. Problemas de personal
Si la carencia de recursos económicos dificultó la misión, la falta de recursos humanos no sería menos grave para la misma. En este sentido, debemos distinguir entre la labor directamente realizada por los comisionados, que debían dirigir los trabajos y efectuar los inventarios, y aquellas tareas relativas a la custodia, traslado e instalación llevadas a cabo por personal auxiliar.
Esta comisión estaba constituida por cuatro individuos. Pese a lo ingente de su labor, estos no cobraban retribuciones. Hasta junio de 1821, sus miembros actúan de forma colegiada.31 Sin embargo, los testimonios posteriores recogen indicios de que dicha labor colegiada había cesado. En marzo de 1822, José Ortiz comentaba los progresos realizados “a pesar de que hace un año que mis compañeros en los trabajos de esta biblioteca del Temple me dexaron solo”.32 Asimismo, en diciembre de 1822 es Vicente Joaquín Noguera quien firma un oficio “como individuo actualmente único de la Comisión”.33
Las fuentes no nos dicen nada de las causas de ello. ¿Rivalidades sufridas por la dirección de la biblioteca? ¿Dedicación a otras ocupaciones y tareas que les distrajeron de esta meta? Nada podemos decir con certeza, aunque seguramente un cúmulo de circunstancias lo explican. Durante 1822, Jaime Villanueva, ya secularizado, acompañaría a su hermano Joaquín Lorenzo en su misión ante la Santa Sede (Fuster, 1830: 437) (Soler, 2002: 77-80). Este viaje y estancia en Italia impedirían la prosecución de sus labores. Por su parte, José Francisco Ortiz, que
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30 Informe de la Comisión de Inventarios al jefe superior político de Valencia en que relata el estado de los trabajos y el valor de los libros recogidos y solicita la creación con estos fondos de una biblioteca pública para la que pide se nombre un jefe (ADPV. Gobierno Civil, c.1, caja 21).
31 La documentación emitida por los comisionados hasta esa fecha es firmada por todos ellos.
32 Informe de José Ortiz sobre la marcha de los trabajos de la Comisión de Inventarios (ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 21).
33 Informe de Vicente Joaquín Noguera sobre la necesidad de más estantes pata la biblioteca reunida en el Temple (ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 21).
contaba en 1822 la avanzada edad de 83 años, enfermo del pecho, fallecería en diciembre de 1822. Su enfermedad y muerte explican su ausencia desde marzo de 1822. (Fuster, 1830: 425) (Goberna, 2001: 123).
La labor de estos comisionados tampoco pudo apoyarse en un aparato administrativo que los auxiliara. El primer liberalismo español estuvo caracterizado por una bicefalia entre intendentes y jefes superiores políticos. Mientras que los primeros disponían de los oficiales heredados de las antiguas estructuras administrativas del absolutismo, los jefes superiores políticos carecieron de los medios humanos y materiales de aquellos, pese al papel que esta nueva figura desempeñaba en la nueva estructura liberal (Cajal Valero, 1999: 40-50 y 153-171). En este sentido, desde un principio las oficinas de la provincia de Valencia siguieron al pie de la letra las instrucciones dictadas por la Junta Nacional de Crédito Público que determinó que:
“[...] este establecimiento no debe correr con más inventarios que los correspondientes a aquellos efectos que le fueron aplicados por la Ley de 1º de octubre último; pero de ningún modo con los respectivos a los archivos, cuadros, libros, etc., ni de los vasos sagrados, alhajas, ornamentos y demás utensilios pertenecientes al culto, pues estos están a cargo de los gefes políticos y de los ordinarios”.34
Esta actitud se mantuvo durante todo el Trienio. Así, ante la consulta del comisionado subalterno de Alcoy preguntando si debía intervenir en los inventarios de los cuadros, estantes de la librería y libros del convento extinguido de los agustinos, y pese a dejar constancia de que no existía en esa población comisión de literatura ni de bellas artes, la Comisión del Crédito Público de Valencia replica que el inventario de cuadros y de libros era responsabilidad del jefe político superior.35
Supuestamente, la administración local debía auxiliar a los comisionados, y el jefe superior político había dado instrucciones para que “los alcaldes de los pueblos faciliten a la Comisión las acemillas, carruajes y demás auxilios que haya menester”.36 Pero este auxilio no era demasiado efectivo sin la presencia de los comisionados o de sus enviados en las localidades donde se ubicaban los monasterios y conventos suprimidos.
Otra función auxiliar de gran importancia era la custodia de los bienes culturales. En enero de 1821, el jefe superior político de Valencia había conseguido del capitán general que dos inválidos se dedicasen a guardar los efectos de los conventos suprimidos recogidos en el Temple.37 No parece que otros edificios tuvieran la misma suerte. Según las propias autoridades, una vez disueltas las comunidades, los inmuebles quedaban “desamparados y sin custodia alguna y expuestos a un robo,
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34 ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 21. 35 ARV. Propiedades Antiguas, legajos nº 260.
36 Instrucción de José de Castellar, jefe superior político de Valencia, a fray Jaime Villanueva sobre las tareas a realizar por la Comisión, (ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 21).
37 Solicitud del jefe político superior de Valencia al capitán general de Valencia de dos inválidos para custodiar los efectos de los conventos suprimidos recogidos en Montesa (ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 21).
particularmente los situados en descampado”.38 Robos que, según señala Barbastro Gil, serán a veces protagonizados por los propios habitantes de los pueblos e incluso por los regidores y alcaldes de la localidad (Barbastro Gil, 1985: 141).
La falta de recursos económicos y humanos se iba a notar en una lentitud de las tareas encomendadas que pesarían sobre la seguridad de los efectos que permanecían en los edificios abandonados. El 7 de marzo de 1822, un informe de la Comisión señalaba una larga lista de comunidades religiosas cuyos cuadros y libros todavía no habían llegado al Temple. Ese era el caso de las comarcas más alejadas de Valencia. De Alicante ciudad, no habrían venido “más que 17 caxones de libros y ningún cuadro”, mientras que de Orihuela “nada ha venido”. Del norte de Castellón, se habría recogido lo perteneciente al monasterio de Santa María de Benifassà, así como los libros de los agustinos de Vinarós, pero no los cuadros que “por ser muy grandes”, “habían de venir por mar”.39
Mucho más llamativa es la falta de objetos de ciertos conventos y monasterios de la ciudad de Valencia y de sus cercanías. Seguramente, a la falta de recursos humanos y económicos de la que adolecía el proyecto, hay que sumar los problemas de espacio, que, en ese momento, se habían hecho realmente acuciantes. 4.3. Problemas de espacio
Desde un primer momento, se había decidido que los libros y demás efectos artísticos y literarios de los conventos y monasterios debían reunirse en el Temple, antigua sede de la orden de Montesa. No hay una causa clara del porqué de esa elección, aunque en escritos posteriores el jefe superior político hablaba de “la gran capacidad del tramo que en el edificio del suprimido Convento del Temple estaba destinado para biblioteca”.40 También es probable que la casi simultánea instalación en el mismo de las oficinas de Crédito Público jugara algún papel en esta decisión, pues otro tipo de objetos (como la documentación administrativa de los religiosos) eran recogidos por estas oficinas.
En cualquier caso, sería precisamente la utilización de manera intensiva del Temple para oficinas político-administrativas la causante de los primeros problemas espaciales. El 25 de junio de 1821, el secretario de Despacho de Hacienda decidía el uso de las diversas partes del Temple: el primer piso del edificio se destinaba al jefe superior político; en los claustros estarían las oficinas de Propios; el segundo piso, se dejaba para las oficinas del Crédito Público a las que también se destinaban los almacenes bajos para los efectos que debiera custodiar; en el piso bajo, se debía
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38 ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 21.
39 Relación de los monasterios y conventos que no han enviado libros ni cuadros al Temple (ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 21).
40 Informe del jefe superior político de Valencia al secretario de despacho de la Gobernación sobre la falta de espacio en el Temple para continuar la labor de recolección e inventario de los efectos artísticos y literarios y en el que pedía el traslado de los mismos al Convento del Pilar (ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 21).
colocar la oficina de Sanidad; el colegio se reservaba al capitán general y a su señora; finalmente, la iglesia sería de uso castrense.41
Ahora bien, en junio de 1821, los efectos artísticos y literarios se habían ido concentrando en el segundo piso de dicho edificio, en el mismo lugar donde se hallaba la biblioteca del antiguo convento. A principios de julio de 1821 reunía ya 11.700 volúmenes y ocupaba una extensión de unos 200 palmos valencianos.42
En cumplimiento de esta ordenación espacial, el jefe superior político, que desea instalarse en el primer piso, pide a la Comisión Principal y de Crédito Público que ya estaba ubicada en dicho piso que se instale en el segundo. El comisionado acata la orden pero le hace observar que “se hace preciso tenga Vuestra Señoría a bien disponer se trasladen a otra parte todos los efectos de biblioteca procedentes de los monasterios suprimidos que se hallan colocados en el citado 2º piso”. El jefe superior político no da por buena la respuesta “pues el lugar que ocupan los libros es solo las piezas que antes tenía destinadas según tengo entendido para ella y todo lo demás está libre”. Por ello, el comisionado se ve obligado a ampliar su respuesta:
“La biblioteca no ocupa solo las piezas que antes tenía quando estaba reducida a los libros del Convento del Temple dejando todo lo demás libre, como Vuestra Señoría equivocadamente tiene entendido, sino que para dar cavida a los muchos volúmenes de los demás conventos suprimidos, que por disposición de ese gobierno superior político se han reunido y custodian en ella, ha tenido que ensancharse en términos que su ámbito es precisamente todo el que hay disponible en los dos lados o brazos del claustro a la izquierda de la escalera”. 43
La solución provisional fue el traslado a los almacenes bajos de parte de los efectos artísticos y bibliográficos.
Sin embargo, pronto se vio que dicho espacio era insuficiente conforme iban viniendo más y más libros y pinturas, provenientes tanto de la supresión de las comunidades monásticas, como de la más reciente reducción de conventos. Ya en septiembre de 1821 se debe abrir puerta de comunicación a las dos celdas contiguas a la biblioteca, “por quanto han venido, vienen y vendrán a esta biblioteca del Temple un grande número de libros que no se esperaban de los conventos suprimidos de dentro y de fuera de la ciudad, y ya no queda lugar donde colocarlos”.44
En febrero de 1822, la situación se había hecho insostenible. El espacio está todo ocupado y “quedan por colocar algunos miles de volúmenes por falta de sitio, existiendo muchos de ello en el suelo, y otros encajonados y en estivas según vinieron, con lo que se están hechando a perder de todo punto, motivo por el que
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41 Resolución del secretario de Despacho de Hacienda dirigida al jefe político de la provincia decidiendo sobre el uso del suprimido convento de Montesa, llamado el Temple (ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 21). 42 Cuatro palmos equivalen a una vara (0,906 metros). 200 palmos serían cerca de 46 metros.
43 Expediente sobre la instalación en el Temple (ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 1).
44 Informe de José Ortiz, como miembro de la Comisión de Inventarios, a Francisco Plasencia, jefe superior político de Valencia, en el que le pide ocupar las celdas contiguas a la antigua librería del Temple (ADPV.
no puedo disponer se remitan las bibliotecas que faltan de los conventos suprimidos”. Igual situación aquejaba a los efectos de bellas artes.45
Dicho panorama no solo era muy perjudicial para la conservación de los efectos reunidos; también paralizaba la llegada de nuevos fondos y dificultaba enormemente la clasificación y realización de los índices. En marzo de 1822, todavía no se habían traído los libros de San Miguel de los Reyes “que se están perdiendo de polilla, polvo y ratunos”. En Xàtiva, los cajones de libros estaban “igualmente en estado de perderse”.46
Es por ello que el jefe superior político solicita tanto a la Diputación como al secretario de Despacho de la Gobernación el convento del Pilar, en ese momento sin destino, como lugar de depósito de los efectos que se amontonaban en el Temple. De ese modo, “además de precaver la ruina a que inevitablemente corren millares de volúmenes de la biblioteca en el paraje en que se encuentran”, se dispondría de un local “capaz y dedicado exclusivamente a su colocación, donde con anchura puedan clasificarse las materias literarias que contiene y procurar la conservación de las pinturas y demás efectos de bellas artes”.47
Para el jefe superior político, el único inconveniente de utilizar el convento del Pilar era el costo del traslado. Para reducirlo lo más posible, propone recurrir a las casas de beneficencia, “en donde se encuentran oficiales y braceros de las clases necesarias al intento, como son albañiles, carpinteros y cerrajeros, a los que se les gratificará con una corta cantidad, ya que están mantenidos en casas de piedad”.48
Dicho traslado no llegaría a materializarse. Mientras tanto, se irían haciendo apaños en las congestionadas dependencias del Temple. En marzo de 1822, con un total de 16.000 volúmenes, se agrega un trozo de corredor para hacer dos tabiques y plantar estanterías.49 En diciembre del mismo año, se reclaman más estantes.50 4.4. Perspectiva centralista
El deseo de la intelectualidad valenciana de crear una biblioteca provincial con los fondos de las librerías monásticas y conventuales, expresada por la Sociedad Económica, no tuvo que enfrentarse únicamente con problemas materiales. Su propia materialización entraba en conflicto con los proyectos del Gobierno. La Ley de 25 de octubre de 1820 subordinaba las bibliotecas provinciales a la Biblioteca Nacional de Cortes. Esta última era el destino preferente de los fondos. A partir de los inventarios
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45 Informe del jefe superior político de Valencia al secretario de despacho de la Gobernación sobre la falta de espacio en el Temple para continuar la labor de recolección e inventario de los efectos artísticos y literarios y en el que pedía el traslado de los mismos al Convento del Pilar (ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 21). 46 Informe de José Ortiz sobre la marcha de los trabajos de la Comisión de Inventarios (ADPV, Gobierno Civil,
c.1., caja 21).
47 Informe del jefe superior político de Valencia al secretario de despacho de la Gobernación sobre la falta de espacio en el Temple para continuar la labor de recolección e inventario de los efectos artísticos y literarios y en el que pedía el traslado de los mismos al Convento del Pilar (ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 21). 48 Ibídem.
49 Informe de José Ortiz sobre la marcha de los trabajos de la Comisión de Inventarios (ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 21).
50 Informe de Vicente Joaquín Noguera sobre la necesidad de más estantes pata la biblioteca reunida en el Temple (ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 21).
que debían remitirse al Gobierno, dicha Biblioteca Nacional de Cortes debería seleccionar los efectos que deseara; solo el ‘residuo’ podía ser destinado a las bibliotecas provinciales y otros establecimientos de instrucción pública.
La propuesta de la Sociedad Económica había encontrado el caluroso respaldo de Francisco Plasencia, jefe superior político de Valencia, en el informe que remite con fecha de 14 de julio de 1821 al Gobierno. Plasencia recuerda las devastaciones sufridas en 1812, una pérdida que “hace temer, con sobrado fundamento, que la instrucción pública, floreciente hasta la fatal época de la Guerra en esta provincia, sea arrebatada y substituida impunemente por la ignorancia, en una época en que el fomento y consolidación del sistema político reclaman con imperio las luces comunes”. Apoyado en los argumentos dados por la Sociedad Económica y en el informe de la Comisión de Inventarios de 9 de julio de 1821, Plasencia pide al Gobierno “que estos preciosos recursos literarios tan indispensables para nutrir el decadente ramo de la instrucción pública de esta provincia” no queden sin uso, y pide al rey que “ordenados que sean los índices de la biblioteca, pueda abrirse al público”.51
El Gobierno, sin embargo, no va a ser sensible a esta petición. Para él, los índices no son una herramienta para el público. Son, ante todo, una forma de conocer lo que guardaban las librerías religiosas incautadas en las provincias, y reclamar posteriormente las obras o volúmenes que se consideren más valiosos para la Biblioteca Nacional de Cortes. Así pues, en su respuesta de 11 de agosto de 1821, el Gobierno ordena al jefe político que “se limite por ahora a accelerar la conclusión de los inventarios en la forma que previene la Real Orden de 9 de diciembre de 1820”.52
La suspensión del proyecto de biblioteca provincial domina el resto del periodo del Trienio. Con motivo de la petición del convento del Pilar, la Diputación preguntaba si este era solicitado “con objeto de establecer en él la Biblioteca y Museo Provincial que prescribe el artículo 28 del soberano decreto de 1 de octubre de 1820, o con solo el fin de su custodia, de que habla el artículo 27 del citado decreto”.53 La respuesta del jefe superior político indica que es solo con el fin de su custodia.54
En ámbitos cercanos como el de las Bellas Artes, se esgrimieron nuevos argumentos que intentaban evitar el traslado fuera de Valencia de las pinturas y conseguir su permanencia en nuestra ciudad. Francisco Javier Borrull en su exposición ante la Academia de Bellas Artes de San Carlos y en referencia a la colección de retratos de valencianos ilustres donados por Diego de Vich al
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51 Informe de Francisco Plasencia, jefe superior político de la provincia de Valencia, en el que respalda la solicitud de la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia de crear una biblioteca pública en esta ciudad con los libros de los conventos suprimidos (ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 1).
52 Comunicación de la respuesta del Rey a la solicitud de la Sociedad para la formación de una biblioteca pública con los libros de los conventos suprimidos de la provincia y los procedentes de la biblioteca de Rafael Anglés (ARSEAPV. C-67, I Reales Ordenes, nº 4).
53 Oficio de la Diputación de Valencia dirigido al jefe superior político de Valencia en que pregunta sobre el destino del convento del Pilar que ha solicitado (ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 1).
54 Oficio de respuesta del jefe superior político de Valencia a la Diputación sobre el destino del convento del Pilar (ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 1).
monasterio de la Murta,55 llega incluso a esgrimir el derecho de propiedad y la voluntad del legatario:
“Concurre igualmente haber manifestado con la mayor claridad D. Diego Vich con el hecho de dejar en su testamento, o de dar antes dichos retratos al Monasterio de Nuestra Señora de la Murta, creyendo que permanecerían allí siempre; que no quería que se dividieran ni se sacasen del Reyno de Valencia: y en uno y otro caso se ofrecen desde luego poderosos motivos para egecutar su voluntad, por considerarla un efecto del derecho de propiedad sumamente respetado en España y en todas las Naciones civilizadas; y mucho más en este lance en que lejos de ser contraria al decreto de las Cortes, facilita él mismo su egecución” (Borrull, 1821:15). Este argumento cobra especial importancia de la pluma de Borrull. Francisco Javier Borrull (Valencia, 1745-1837), doctor en Derecho y secretario del Santo Oficio, había sido diputado valenciano en las Cortes de Cádiz, donde defendió posiciones que muchas veces chocaron con la mayoría de la cámara, como fueron la defensa de la compatibilidad de la Inquisición con la Constitución de 1812 o el mantenimiento de jurisdicciones especiales como el Tribunal de las Aguas de Valencia (Gil Novales, 2010: 459). Así, en relación a la división territorial y frente a la creación de las provincias, defendió el mantenimiento de los antiguos reinos (Torres Faus, 2001: 102-103).
En cierto modo y en relación al destino de los bienes culturales, la posición defendida por el gobierno de Madrid y plasmada en la legislación del Trienio es el reflejo de un modelo centralizador que predominará en el liberalismo español del siglo
XIX. Frente a este modelo, las posiciones defendidas por la Sociedad Económica de
Amigos del País o por Borrull ofrecen visiones alternativas a esa política uniformizadora dictada desde Madrid, y coinciden en querer preservar para el territorio valenciano los libros, pinturas o documentos. En el caso de Borrull, asentada seguramente en un pensamiento tradicionalista y, hasta cierto punto, antiliberal.
Sin embargo, y pese a la argumentación de Borrull, tampoco la Academia de Bellas Artes de San Carlos lograría durante el Trienio su deseo de incorporar a su colección de manera definitiva las pinturas de los conventos y monasterios. En noviembre de 1822, Vicente María de Vergara, secretario de la Academia Nacional de San Carlos, recordaba la súplica elevada el rey sobre la cual aún no había recaído resolución y pedía su traslado temporal a la Academia pues “aunque custodiadas religiosamente por el Crédito Público se hallan acaso en el mismo estado en que han sido conducidas y expuestas a menoscabarse si no se practican las diligencias correspondientes para su conservación”. Dicho traslado temporal será aprobado por el jefe superior político. La Academia trasladó aquellas que consideró de más mérito y dejó las demás en el Temple por falta de locales.
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55 La colección estaba formada por 31 retratos, atribuidos a Ribalta, de varones eminentes de la ciudad y reino de Valencia. Habían sido encargados por Diego Vich y, a mediados del siglo XVII, pasaron al monasterio de Nuestra Señora de la Murta, de la que los Vich habían sido mecenas y protectores (Aldea Hernández, 1999, vol. 1: 527-545).
Asimismo, pidió y consiguió el traslado temporal desde la biblioteca del Temple de las Antigüedades de Montfaucon, una de las obras destacadas en el informe de la Comisión de Inventarios.56
5. Fin del trienio y disolución de la biblioteca del temple
A principios de 1823 se había reunido en el edificio del Temple una copiosa biblioteca. Desconocemos el número exacto de volúmenes que poseería en aquella fecha. En marzo de 1822 contaba con 16.000 volúmenes.57 Presumiblemente, su número habría aumentado desde entonces, pero, dadas las carencias económicas, humanas y espaciales, es dudoso que se hubiera elevado demasiado esa cantidad.
La Comisión de Inventarios no había concluido aún su labor, seguramente por la suma de elementos adversos que hemos ido comentado y que habían ralentizado la elaboración de los índices que debían remitir al Gobierno, principal objetivo de la misma. De hecho y frente a la presencia de índices de librerías de otras provincias, no hay rastro en el Archivo Histórico Nacional de los pertenecientes a la provincia de Valencia.58
Pese a ello, hay testimonios de que la colección reunida fue consultada por algunos eruditos e intelectuales de la época. Así, Fuster señala que pudo consultar en el Temple un antiguo manuscrito en vitela de los Fueros de Valencia, procedente del Monasterio de Santa María de Benifassà (Fuster, 1827: I, 34).
Con la intervención de la Santa Alianza y la rápida invasión de España por el ejército francés de los Cien Mil Hijos de San Luis se puso fin al periodo liberal. En mayo de 1823, Madrid es ocupada y se instala una Junta Provisional de Gobierno y una Regencia presididas por el duque de Angulema, que dictan las primeras disposiciones en nombre de un Fernando VII todavía en poder de los liberales. Se anulan la mayor parte de las disposiciones emitidas por el Gobierno liberal en un intento de volver a la situación previa al golpe de Riego. Entre estas, se dispone la rehabilitación de conventos y monasterios y la devolución a estos de sus bienes. Entre los meses de mayo y de agosto de 1823, se dictan diversos decretos que van reponiendo en sus bienes a la casi totalidad de comunidades religiosas valencianas.59
El restablecimiento de las comunidades religiosas obligaba a devolver a las mismas sus pinturas y libros, solicitudes que van llegando al intendente a lo largo del verano.60Sin embargo, la aplicación de dicha disposición en lo concerniente a la devolución de los efectos artísticos y literarios no era fácil, especialmente en el caso de los libros. El contador interino del Crédito Público, encargado de la
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56 ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 21.
57 Informe de José Ortiz sobre la marcha de los trabajos de la Comisión de Inventarios (ADPV. Gobierno Civil, c.1., caja 21).
58 AHN. Consejos, Sala de Gobierno, legajos nº 51569 y nº 51570. Se recogen inventarios de las provincias de Asturias, Burgos, Canarias, Cuenca, Guadalajara, León, Logroño, Málaga, Navarra, Orense, Palencia, Salamanca, Santander, Segovia, Soria y Zamora.
59 ARV. Propiedades Antiguas, legajo nº 337.
60 Por ejemplo, los trinitarios de Valencia reclaman su librería el 23 de julio y los jerónimos de la Murta el 13 de agosto de 1823 (ARV. Propiedades Antiguas, legajo nº 617).
devolución, se había encontrado con “dificultades insuperables para la entrega parcial de aquellos efectos”. Era prácticamente imposible conocer a qué comunidad religiosa pertenecía cada bien “pues no están clasificados, se carece de índice que los designe, y no expresan su pertenencia sino en muy corto número”. La solución acordada por Ramón de Aldasoro, intendente de Valencia, es convocar a los prelados o sus representantes en el edificio del Temple el día 9 de octubre a las 8 de la mañana para que, de común acuerdo, procedan a “incautarse de las pinturas y libros que correspondan a su comunidad”.61
Con tan curioso reparto, la biblioteca reunida en el Temple fue dispersada. Algunos efectos artísticos que no estaban ya en el Temple, como la colección pictórica de valencianos ilustres de la Murta, sustraída por la Academia de Bellas Artes de San Carlos, sería reclamada por la comunidad jerónima.62 La Academia consiguió, sin embargo, retener la mayoría de los retratos en calidad de depósito con el permiso de la comunidad de monjes de la Murta (Aldea Hernández, 1999: I, 541-544).
Asimismo, algunos de los principales protagonistas de este fallido proyecto tuvieron que abandonar España y refugiarse en otros países como Inglaterra. Sería el caso de Jaime Villanueva, el que hubiera sido director de la biblioteca pública de Valencia, que moriría en su exilio de Londres al año siguiente (1824) (Soler, 2002: 90). Otros muchos liberales valencianos lo acompañarían es este destierro, como fue el caso de Vicente Salvá Pérez quien destacaría en el comercio del libro antiguo y de ocasión (Llorens, 2006: 90-91).
6. Conclusiones
El liberalismo español fue consciente de la riqueza atesorada en las antiguas librerías monásticas y conventuales y de la necesidad de que dicha riqueza, una vez nacionalizada, nutriera las bibliotecas públicas de carácter provincial que propugnaba, plasmación de una nueva política cultural que debía servir para la mejora de la instrucción pública y, con ella, para la consolidación del propio régimen político liberal.
Así lo prueba la relativa rapidez en poner en marcha en la provincia de Valencia la comisión encargada de la recolección e inventario en los efectos de las librerías, constituida por destacados intelectuales y eruditos que, además de amplios conocimientos bibliográficos, eran próximos ideológicamente a las tesis políticas liberales.
Sin embargo, el régimen del Trienio Liberal no supo ni pudo aportar los recursos financieros, humanos o espaciales necesarios para materializar esta política. A ello, se suma una duplicidad de objetivos divergentes entre las clases
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61 Circular de Ramón de Aldasoro, intendente de la provincia de Valencia, dirigida a los prelados de las órdenes religiosas para que pasen el 9 de octubre de 1823 a las 8 de la mañana a incautarse de las pinturas y libros correspondientes a su comunidad (ARV. Propiedades Antiguas, legajo nº 617).
62 Libro cuarto de actas capitulares del monasterio de Nuestra Señora de la Murta (ARV. Clero, libro n.º 933, fol. 140 v.º)
