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Natalia Jiménez Esguerra(NJE): De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿la

salud es un Derecho o un servicio público? ¿Qué implicaciones tiene para los usuarios y para el Estado, qué se entienda de una u otra forma?

Dr Rafael Riveros (DRR): Desde la Constitución de la ley 100, que tiene muchos años de

evolución en el gobierno de [del ex presidente] Gaviria y con el Ministerio de Juan Luis Londoño, esas personas hicieron, casi que cuadripartitamente, la Ley 100. La hicieron bien en el sentido en el que obligaron a la conformación de equipos para lograr el cubrimiento en salud. El cubrimiento en salud encaminado primero a un volumen al cubrimiento, segundo a una eficacia en el cubrimiento y tercero a un resultado en el cubrimiento. El gran error, común denominador de la ley 100 hacia acá es que nunca se habló del servicio y de la excelencia misma de este servicio.

Con esta ley aparecieron intermediarios en el sistema, las EPS, que se han encargado de hacer la desintegración y no la integración. Las implicaciones han sido: 1. Que el usuario es quien sufre la desintegración en el diagnostico y en el tratamiento; 2. La relación entre Estado y aseguradoras no es equilibrada, los aseguradores solo piensan en el negocio. Y la gran pregunta es ¿dónde está el dinero que debería sostener el sistema? El sistema público es un desastre y el privado más o menos.

NJE: Si las EPS no prestan directamente el servicio, ¿qué rol desempeñan en la cadena desde la

demanda del servicio, hasta la cura de la enfermedad?

DRR: Las EPS no prestan el servicio pero se han encargado de promover la desintegración del

sistema y el paciente es el que siente el choque de intereses. Las IPS por un lado buscan integrar a todos los actores del sistema, que además saldría más barato, se obtendrían mejores resultados, no se repetirían esfuerzos y se generarían más fondos, pero las EPS buscan es desintegrar y el paciente es el que sufre.

Las EPS entonces como intermediadoras y administradoras de los recursos entre el Estado, los pacientes y las IPS en vez de agilizar el proceso lo entorpecen. Su lógica de servicio es completamente diferente a la de los demás actores del sistema.

NJE: ¿Por qué se presentan y en qué consisten las crisis del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)?

DRR: Sobre las crisis del sistema, yo no las llamaría crisis, en el sentido en el que una crisis es algo temporal, y en este caso las crisis como usted las llama se han convertido en situación constante, yo diría más bien que de lo que padece el sistema de salud es una enfermedad próxima a desencadenar fatalmente. Enfermedad en el sentido, en el que desde mi punto de vista médico yo veo al sistema como un paciente que llegó un día con una crisis de la que nunca logró recuperarse. En este caso la crisis se torno permanente, y diría que el sistema está enfermo, que se ha tratado de dar soluciones que le han prolongado la vida, pero no se ha atacado la causa de enfermedad. La inacción del Estado para enfrentar la disyuntiva entre el negocio de las EPS y la eficiencia y eficacia que pretenden las IPS; y en afrontar el estrellón que hay entre las EPS y la seguridad social.

En el gobierno de Uribe el intento por resolver las denominadas crisis fue incompleto. Con Santos es una situación paralítica para ver quién cae primero del sistema. En este gobierno no existe expresión clara de la política de salud del Ministerio de Salud. lo que se debe buscar es horizontalizar las EPS para integrar a todos los actores, porque como consecuencia de la desintegración lo que se ve es que por ejemplo en los casos de cáncer, que debería tomar entre unos cuatro o seis meses en determinar el tratamiento, está tomando al menos un año entre idas y venidas entre uno y otro actor del sistema. Luego viene toda la batalla a la que se tienen que someter los pacientes y sus familias para lograr que efectivamente les brinde el tratamiento que se les determino.

NJE: Según su criterio, ¿a qué obedece el hecho de que miles de ciudadanos tengan que recurrir a la acción de tutela para acceder al servicio de salud?

DRR: La tutela aunque es un mecanismo que permite a los pacientes acceder inmediatamente a

los servicios o tratamientos que las EPS le han negado, y en este sentido protege el derecho a la salud. Pero considero que la tutela es un arma de doble filo porque permite acceder

inmediatamente al tratamiento y se usa para tratamientos de alto costo. Sin embargo, deberían reglamentarse para disminuir costos jurídicos y médicos, porque el problema es el constante choque entre las EPS y las IPS y la desintegración, porque el sistema tiene recursos con destinación específica para estos tipos de tratamientos de alto costo, como los que requiere el cáncer.

NJE: En su criterio, ¿qué actores deben desaparecer, y cuales deben potencializarse en el actual

Sistema de Salud Colombiano?

DRR: En esta pregunta, mi opinión puede ser sesgada en tanto que yo hago parte de una de las

IPS. Sin embargo considero que ninguno de los actores que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud debería desaparecer, más bien deberían especializarse y fortalecerse en su rol y funciones. Por ejemplo las IPS deberían fortalecer su rol de promoción de la integración.

No se debe considerar la desaparición de las EPS como solución al problema del Sistema de Salud, porque ellas aparecieron como intermediadoras y administradoras que se suponía iban a retirarles esfuerzos y tareas a los otros actores. Pero el problema no es la figura de las EPS sino la manera equivocada en la que han interpretado sus funciones.