En el ámbito económico se manifestó el cambio en la implementación del modelo neoliberal. Modelo económico que se gesta principalmente en la Universidad de Chicago, liderado por el economista Milton Friedman29 y que se abrió paso en Chile de la mano de “Los Chicago Boys”, economistas chilenos becados en dicha universidad en los años 60 y que en su retorno presentan al régimen militar su propuesta a la nueva administración gubernamental (Salazar y Pinto, 1999; Klein, 2007; Álvarez et al., 2007).
El modelo liberal, aplicado por el régimen autoritario desde 1973, atribuyo al Estado una ineficiencia extrema respecto a sus funciones distributivas. El crecimiento económico se constituyó en el único instrumento para alcanzar la prosperidad
28 "Se constituye en junta de gobierno y asume el mando supremo de la nación con el patriótico compromiso
de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada, consciente de que es la única forma de ser fieles a las tradiciones nacionales". Decreto de ley Nº 1. Acta de constitución de Junta de Gobierno 11.septiembre de 1973.
29 Milton Friedman recibe el premio nobel de economía por su teoría en el 1976, visita Chile en el año 1975 para ver su obra, denominando “El milagro de Chile” (Klein, 2007).
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económica para todos y dejando de lado el Estado gran parte de su rol en la creación de las condiciones para una mayor equidad e igualdad de oportunidades entre los distintos grupos sociales (MIDEPLAN, 1991).
La subsidiariedad del Estado fue la base de la posición teórica doctrinaria de la dictadura militar. Desde la nueva mentalidad liberal la igualdad de oportunidades se redefinió en función del mercado, como la ausencia de discriminación para el acceso a lo que sólo podía obtenerse de éste. Para la consecución de la igualdad se requería, asegurar a toda la población la posibilidad de satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación, salud y educación.
Por tanto, idealmente se planteó que contando con los requisitos básicos por parte de la población, la desigualdad que persistiera sería el mero resultado de la diferencia de cualidades, esfuerzo o mérito de los individuos, y de su propensión al ahorro. De este modo el modelo presupone que una vez que la persona logre superar ciertos mínimos críticos, el resto de los determinantes de la pobreza se corregirían en forma automática, desde la relación con el mercado terminando así con el círculo de la pobreza (MIDEPLAN, 1991) y por ende el Estado se reduce a ocuparse solo de los grupos intermedios que fuera identificados como incapaces de desempeñarse adecuadamente dentro del sistema de mercado.
Así también, la libertad ciudadana se comprendió como la facultad de la población de poder elegir en el mercado de bienes y servicios que se desearan, siendo parte de esto bienes elegibles los referentes a servicios sociales básicos, y las relaciones laborales. Estas ideas de libertad económica y de equidad trajeron consigo la elaboración de una serie de herramientas para medir y controlar el denominado problema de la carencia extrema que impide las condiciones mínimas de equidad. (MIDEPLAN, 1991).
Sin embargo las acciones implementadas con la imposición del modelo no contemplaron como necesidad del sistema, la libertad de elección y decisión política de la población como partícipe de las acciones del Estado, más aún anulo cualquier posibilidad de expresión de la misma. Para instalar el nuevo modelo la dictadura incurrió en una continua violación de los derechos humanos (opresión, muerte, exilio, desaparición, etc.)30, arrasando dentro de ello con las organizaciones populares, ya
30 La represión política ya durante la dictadura fue visualizada en el ámbito internacional como desmedida y el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de 1985 señaló que el golpe militar «utilizó con ese propósito (el aplastamiento de toda posible resistencia) todos los recursos a su disposición, incluyendo los métodos de violencia más extremos» Si bien las cifras aún resultan imprecisas, hoy podemos decir que la represión
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fueran sindicatos, organismos territoriales de base, partido políticos, centros de alumnos, etc. otorgándoles el carácter de ilegal, acompañado con crimen político, hacia quienes participaban o parecían participantes de estos grupos (Álvarez et al. 2007; FOSUPO y UDP, 2011).
En el ámbito cotidiano, el control militar de la vida en algunos sectores poblacionales fue extremo. En los ciudadanos de muchas ciudades chilenas deja huella en el recuerdo de los 14 años de “toque de queda” (1973 - 1987) ininterrumpido dentro del cual se prohibía por instituciones gubernamentales circular libremente por las calles de una ciudad, generalmente en las horas nocturnas (desde las 21:00hr los primeros años y luego desde las 02 AM), obligando de este modo a la gente a albergarse en sus casas, sembrando el terror de quien anduviera por la calle luego de esas horas.
De este modo la calle espacio tan recurrente de manifestación popular fue completamente anulado (Rojas, 1988), lo que junto con la represión política, consolidaron un clima de miedo hacia el Estado por parte de la población, que afectó principalmente a los grupos sociales de menores recursos. Lo que quedó retratado en las 2.279 víctimas registradas muertas en el informe Rettig el año 1991 entregado al presidente Aylwin por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, (1991), los primeros afectados fueron los obreros y campesinos (30, 1%) seguido por los estudiantes (14, 2%) y los empleados no profesionales (13,4%).(Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, febrero 1991).
Tras esta doctrina la mentalidad de gobierno, partía de la base que una vez que se eliminaran rigideces y distorsiones en la estructura social y del funcionamiento de los mercados, directamente vinculados con el modo de la anterior administración del Estado benefactor y su relación y compromiso social con la población, se volvería a una estabilidad y prosperidad económica base de la estabilidad nacional. En esta línea dentro de los primeros diez años de dictadura militar (principalmente), la acción del Estado hacia la población se dio entre la imposición del sistema neoliberal y el terrorismo de Estado, en su forma de violencia política y de disciplinamiento social.
El mantenimiento del régimen y la prevalencia de los cambios sociales por éste encausado fue posible por medio de la lógica de seguridad del Estado que lo blindo de la acción contestataria de la población, y también por medio de la herramienta política como la modificación de la constitución en el año 1980. (Salazar y Pinto, 1999). La
política, tomó forma en la detención para mayo de 1975 de 41.359 personas; en los 20.000 chilenos tuvieron que exiliarse solamente entre 1973- 1974, los 2.000 casos de detenciones seguidas de desapariciones practicadas en el país entre 1973 y 1976.
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constitución del 1980, aprobada por medio de un plebiscito sin ninguna garantía necesaria para el pronunciamiento libre e informado de los ciudadanos, constriñó la expresión de la soberanía popular y le dio un carácter rígido a la constitución (Fernández, 2002), incorporando clausulas constitucionales que fijaron una idea de protección del Estado en relación a la población desde la imagen del pueblo armado, haciendo eco del miedo de los pinochetistas, descolgando de la memoria el enfrentamiento de clases, transformándolo en poder constitucional, desde el que se le otorgó por largo tiempo un poder supremo a la clase militar (Salazar y Pinto, 1999).
En palabras del abogado y académico chileno Francisco Fernández (2002) la constitución del 1980 conllevó por una parte, una serie de enclaves autoritarios, confiriéndole a órganos o instituciones no electas por la ciudadanía atribuciones que le permiten intervenir y/o eventualmente condicionar el ejercicio de las facultades propias de autoridades democráticas, y por otra, cerrojos institucionales, incorporando normativas que coartan y constriñen la posibilidad de que la mayoría de la ciudadanía pueda introducir innovaciones institucionales que le permitan gobernar sin trabas indebidas por parte de minorías políticas, a las que nos referiremos al dar cuenta del proceso de transición a la democracia, por la continuidad que tiene esta constitución posterior al término de la dictadura militar.
Pese a lo anterior, por medio de la constitución del año 1980 se resituó el funcionamiento parlamentario, pero se condiciona su actividad política y capacidad de decisión, diluyendo la posibilidad de participación política de grupos minoritarios y contrarios al régimen, y asegurando la presencia de la clase política partidaria al régimen dentro del mismo.
A su vez que se restaura la participación ciudadana, luego de 7 años de anulación pero rigidizada a dos canales constitucionales: el deber de votar (en los espacios que el régimen define), y la posibilidad de peticionar, limitándose así la participación ciudadana, y el estado de derecho en un contexto de continuidad de represión política (FOSUPO y UDP, 2011). Fue en este marco que se establece desde la constitución la permanencia de la dictadura por ocho años más (1980- 1988), tal como también se declara el llamado a plebiscito cumplido ese periodo para decidir si Pinochet seguirá al poder hasta el 11 de marzo del 1997 (Fernández, 2002). La dictadura así determinó su campo de acción y sus propias normas de transición a la democracia.
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