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5. Additional Issues

En la imagen comparada entre políticos y ciudadanía veíamos que los españoles consideran algo menos capacitados a los segundos, pero mejor pertrechados moralmente que a los primeros. Con ello hemos captado la confianza vertical, hacia los políticos, en dos dimensiones concretas (capacidades y principios morales). Pero además, también hemos visto que aunque se conside- ra que los valores de la ciudadanía son superiores a los de los políticos, su valoración también es más bien modesta: la media de los tres rasgos considerados se sitúa en torno al 4, en una escala de 0 a 10 (gráfico 6.3).

Por tanto, aunque mejor que respecto a los políticos, tampoco existe un nivel muy amplio de con- fianza moral hacia el resto de la ciudadanía. Para profundizar en este asunto recurrimos a una de las formas más habituales de medición como es la confianza generalizada. Aunque existe mucho debate sobre su significado sustantivo y sobre la validez de las preguntas que suelen emplearse para medirla, cabe entenderla como una actitud genérica acerca del comportamiento que se es- pera de los demás (Nannestad, 2008). A este respecto, España suele destacar por unos niveles bajos de confianza generalizada frente a otros países europeos (Norris, 2002: 150), como reflejan también los entrevistados en nuestro estudio, al mostrarse escépticos respecto al comportamien- to y la respuesta de los demás: ni consideran que «se puede confiar en la mayoría de la gente», ni tampoco, al contrario, que «nunca se es lo bastante prudente»84. Entre estos dos extremos,

valorados en una escala de 0 a 10, la puntuación media es igual a 4,5. Lo mismo cabe decir sobre sus expectativas sobre la honestidad de la mayoría de la gente: la puntuación media entre los extremos de considerar que la mayoría de la gente se aprovecharía o sería honrada es igual a 4,6. Las respuestas a estas dos preguntas, que medirían la confianza generalizada, muestran una relación estrecha y estadísticamente significativa (r=0,597)85.

No obstante, el indicador de confianza generalizada no correlaciona con los principios morales atribuidos a la ciudadanía (r=0,032, no significativa) y solo lo hace débilmente con sus capaci- dades (r=0,138). Si se consideran los dos indicadores de confianza generaliza por separado,

84 Véase la pregunta 25 del cuestionario, en el anexo.

85 En el estudio de Hibbing y Theiss-Morse, el 60 por ciento de los norteamericanos cree que no se puede confiar en la gente y el

52 por ciento piensa que la mayoría se aprovecharía si tuviera la oportunidad de hacerlo (2002: 113). No relacionan estos indica- dores con la valoración de la ciudadanía.

92 / Opiniones y Actitudes

la buena valoración moral de la ciudadanía se relaciona con la creencia sobre la honradez de la mayoría de la gente (r=0,161), pero no con el hecho de confiar en ella (0,001, no significativa) (gráfico 6.6). Pareciera, pues, que de existir relación entre valoraciones y confianza generalizada, esta se debe, sobre todo, a su componente moral, a la «honradez», más que a una apreciación genérica de confianza en los demás.

Gráfico 6.6. Correlaciones entre la valoración de valores y capacidades de la ciudadanía con diversos indicadores de confianza interpersonal

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 Confianza generalizada

Confiar en la mayoría de la gente La mayoría sería honrada

Valores Capacidades

La correlación de los valores de la ciudadanía no es significativa ni para el indicador de confianza generalizada, ni para el de confianza en la mayoría de la gente.

Fuente: CIS 2860.

Así pues, existe una «brecha moral» tanto entre políticos y ciudadanía como entre los entrevistados y los «otros» como el público corriente. Aunque consideren que el público corriente es algo menos egoísta y corrupto que los políticos, no son muy propensos a confiar en los demás, ni consideran que la mayoría de la gente sea honrada86. Esta percepción desfavorable también parece reflejarse

en las opiniones sobre las razones que pueden hacer que la ciudadanía no participe políticamente. Para la mayoría, «a la gente le falta tiempo para dedicarse a tomar decisiones sobre asuntos polí-

86 En parte, la ausencia de una relación estrecha entre confianza generalizada y valoración de la ciudadanía puede deberse a la for-

mulación de la segunda. Al preguntarse en paralelo a la opinión sobre los políticos, puede haberse incentivado la comparación aunque no se haya pedido explícitamente.

¿«Democracia sigilosa» en España? / 93 ticos importantes» o tiene «poca información sobre política» como para hacerlo, pero también se considera que a «la mayoría de la gente no le interesa la política» (tabla 6.1). De estos resultados podría deducirse que para la ciudadanía, a pesar de su valoración de los políticos, estos resultan necesarios como «profesionales de la política»: si a la mayoría de la gente no le interesa la políti- ca y es tan poco de fiar como los políticos, al menos estos últimos están más capacitados para tomar decisiones, tienen los recursos necesarios para ello (por ejemplo, información y tiempo).

Tabla 6.1. Razones por las que se considera que la gente no se involucra políticamente (porcentajes sobre el total de respuestas)

Falta de tiempo Falta de información Falta de interés

Muy en desacuerdo 10,3 4,0 6,2 En desacuerdo 22,0 18,8 23,9 De acuerdo 45,5 49,4 46,2 Muy de acuerdo 22,2 27,8 23,7 Total 100,0 (2.256) 100,0 (2.322) 100,0 (2.276) Fuente: CIS 2860.

En esta línea, según el estudio CIS 2661 (2005), de entre las razones dadas por los entrevista- dos para no haber participado políticamente, la más importante era la de «no haber tenido nin- gún problema» (cerca del 43 por ciento), casi el doble que quienes declararon no haberlo hecho porque no les interesaba la política. Es decir, la esfera política no es solo un espacio en el que discutir sobre el interés común, sino que también se percibe como un ámbito en donde dirimir y resolver «asuntos privados». De hecho, después de donar dinero a una asociación o formar parte de alguna de ellas, el comportamiento político no electoral más extendido es el contacto con una autoridad pública (Navarro, Cuesta y Font, 2009), que, como otras evidencias muestran, suele ser un «contacto particularizado», sobre asuntos privados cuya gratificación es más bien material que cívica (Verba, Schlozman y Brady, 1995).