3.2.1. Intervención y facultades de prevención del delito
La intervención policial preventiva, según la forma en que fueron dispuestas en el nuevo Código de Procedimiento Penal, es permiti- da legalmente al tomar conocimiento de la comisión de un delito de acción pública y del deber de informar de sus actuaciones al Minis- terio Público dentro de las siguientes ocho horas, debiendo limi- tarse a levantar diligencias preliminares para reunir y asegurar elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sos- pechosos.
Esta función preventiva alcanza a la atención médica que requieran las personas bajo su custodia.
3.2.2. Grado de corrupción y credibilidad de los actos de investigación El grado y magnitud de la corrupción dentro de la institución poli- cial se ve reflejado tanto en informes del propio Departamento de Estado del Gobierno Federal de los Estados Unidos del año 2000,
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Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura, se debe a la falta de recursos económicos. Aunque sin norma legal que la respalde, la policía también impone sanciones pecuniarias (multas) en casos de riñas y peleas, así como en actos de con- ciliación forzosa para asuntos de poca relevancia social.
donde claramente indica entre los niveles del Estado más corruptos a la policía boliviana y el poder judicial, que mina la seguridad jurí- dica y confianza tanto de sus ciudadanos y ciudadanas como de los inversionistas extranjeros y nacionales, al sesgar el correcto funcio- namiento de una economía que propugna ser competitiva y trans- parente, pero que en los hechos está distorsionada por prácticas corruptas no perseguidas ni sancionadas adecuada y oportunamen- te por las autoridades competentes (policía, ministerio público y poder judicial).
Un informe elaborado en 1999 por JEFFREY SACHS para el Foro de Davos31 reveló que según una encuesta aplicada a 4.000 empresarios
en el mundo, se establecía que entre 59 países estudiados, Bolivia es campeón mundial de la corrupción donde más se cobran sobornos y donde más inseguridad jurídica se evidencia a nivel del poder judi- cial y de la policía32.
Otra referencia sobre el grado de corrupción y falta de credibilidad en la policía es constatada por Transparency Internacional que colocó a Bolivia en 1997 en el segundo lugar después de Nigeria, entre los países más corruptos. Ranking en el que Bolivia ha ido mejoran- do su imagen internacional al incluirse nuevos países dentro del universo del informe anual que presente dicha organización inter- nacional no gubernamental.
Se puede afirmar que, por la forma de organización y formación recibida por los agentes policiales, la corrupción es motivada y fomentada por objetivos propios de la organización policial vincu- lados al poder político, y que tiende a la construcción de redes de ilegalismos33. Un ejemplo ilustrativo de intereses corporativos es
la formación reciente de un partido político denominado: VIMA
31 Cfr. La Razón, jueves 15 de julio de 1999, p. 1.
32 Cfr. el último informe de Transparency Internacional del año 2002 coloca a Bolivia
entre los países más corruptos de Sudamérica.
33 P. ej. Caso Blas Valencia, ex coronel de la Policía Nacional, cabecilla de una banda de
atracadores de bancos, detenido en diciembre de 2001, presuntamente vinculado con dos senadores de la República y altos mandos policiales. A la detención de Blas Valencia, le sucedió un atentado terrorista como presunta represalia contra colegas policiales.
integrado por ex directores nacionales de los servicios de inteli- gencia.
3.2.3. Programas de reestructuración de la policía nacional y marco conceptual
En 1997, durante la administración de gobierno del Presidente, y ex dictador de la década del 70, Gral. (r.) Hugo Banzer Suárez, se formuló un programa denominado Plan de Seguridad y Protección Ciudadana34, la cual se sustentaba en los siguientes pilares:
a) Reformas legales (Ley de Seguridad Ciudadana, Código de Trán- sito, Tenencia de Armas y Explosivos, Migraciones, Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco y Ejecución Penal). De estas reformas, solo la Ley de Ejecución Penal fue aprobada y se implementaron numerosos operativos migratorios, que inclu- so vulneraron derechos humanos de ciudadanos extranjeros; b) Reformas institucionales, que comprendían una profunda re-
estructuración de la Policía Nacional, del Viceministerio de Pre- vención y Rehabilitación, Servicio Nacional de Migración y Régimen Penitenciario. Debido a la fuerte resistencia de autori- dades policiales hasta la fecha no pudo realizar ningún tipo de reforma institucional que fuera efectiva.
Los objetivos de dicho programa estaban centrados en una supuesta y mayor participación ciudadana, prevención del delito, educación y mejoramiento de mecanismos de seguridad, todo ello bajo una rela- ción Estado-sociedad, que refleja un análisis demasiado simplista. A pesar de haberse asignado e incrementado paulatinamente ma- yor presupuesto destinado a dicho programa35, éste fracasó por diver-
sos factores, entre ellos la falta de verdadera voluntad política. En 1999, se volvió a intentar relanzar el mismo plan bautizado como: Plan Integral de Seguridad, Participación Comunitaria y en el año 2000
34 MINISTERIODE GOBIERNO. Plan de Seguridad y Protección Ciudadana, noviembre de
1998.
35 N.B., Desde 1990 a la fecha se incrementó el presupuesto de la policía en más de
bajo el rótulo de: Plan Ciudadela con una clara presencia y tenden- cia a la militarización de la seguridad ciudadana.
Es así que la administración de gobierno del Presidente Jorge Quiroga Ramírez, desde agosto del 200136, intenta en sus últimos
meses de gestión implementar un nuevo programa de seguridad ciudadana denominado: Plan de Vigilancia Participativa, que con- templa la participación activa de ciudadanos y ciudadanas vecinos y residentes de determinados distritos municipales, a quienes se les concede un sueldo mínimo mensual y un teléfono celular, con la misión de realizar un control preventivo permanente en el lugar donde viven (alerta temprana como función preventiva para-poli- cial). Las zonas priorizadas por el mencionado plan corresponden a áreas con alta incidencia de actos delictivos.
Dicho plan encuentra su antecedente más próximo y similar, des- pués del Plan de 1998, en otro Plan Serenazgo (Plan Tranquilidad Vecinal), implementado como una especie de fuerza para-policial y municipal, por el actual alcalde de la ciudad de El Alto37, José Luis
Paredes, y con similares características a las descritas en el plan gu- bernamental.
Lo que se evidencia de estos programas de seguridad interna es la concepción del ORDEN como un estado de hecho (estático) y no como
un proceso dinámico, al punto de que en uno de los pilares del primer programa, antes indicado, se menciona la necesidad, den- tro de las funciones preventivas de la policía, de intervenir en la vida privada de los ciudadanos para educarla en el ORDEN.
Lo que denota una carencia en el desarrollo conceptual de orden dentro de un Estado de Derecho, y dificulta la posibilidad de plan- tear el problema de la seguridad interna en términos democráticos.
36 El Presidente Jorge Quiroga Ramírez, sucede al Gral. (r.) Hugo Banzer Suárez, tras su
renuncia motivada en el debilitamiento de su salud debido a un cáncer terminal. Este último fallece el 5 de mayo de 2002.
37 El Alto es una ciudad con aproximadamente 800.000 habitantes donde se halla el
Aeropuerto Internacional, colindante con La Paz, con los más altos índices de po- breza a nivel nacional y caracterizada como ciudad dormitorio donde se evidencian grandes flujos migratorios provenientes del área rural.