Una buena noticia para el avance de la ética pública es la ten- dencia observada en la últimas décadas consistente en avanzar en la métrica de corrupción y de la falta de transparencia, por un lado, y en los esfuerzos persuasivos -sino contundentes- para relacionar niveles de crecimiento económico con la calidad del estado de dere- cho. El Banco Mundial y el Foro Económico Mundial han sido pio- neros en este sentido. Por ello, la invocación a la mayor ética públi- ca ya no tiene sólo un carácter moral, sino uno completamente prác- tico: la corrupción y la falta de transparencia empobrecen a los pue- blos de un modo cada vez más claro y nítido.
En el ámbito privado, la tendencia de vincular desempeño eco- nómico con la ética se traduce en la tendencia, cada vez más seria y masiva, de identificar y aplicar la responsabilidad social a la activi- dad de las empresas. Aún cuando todavía hay espacio para el es- cepticismo frente a quienes aspiran más a «parecer» que a «ser» socialmente responsables, los avances son notables y permiten abri- gar mayor optimismo acerca de la conciliación posible y necesaria entre los fines de la empresa y el bien común. En parte por virtud, en parte por necesidad, muchas empresas reconocen hoy que su sus- tentabilidad depende de ser percibidas como factores de mejora so- cial que trasciende el beneficio de los accionistas. Hubo tiempos en que algunos pensaron que el bien común solo se lograría suprimien- do la empresa privada, hoy la empresa privada busca demostrar su efecto positivo sobre proveedores, consumidores, trabajadores, co- munidad y medio ambiente. Esta es, quizás, una de las tendencias modernas más promisorias en la vinculación de la ética y la econo- mía.
Los capitales son móviles y las personas migran. Los únicos factores fijos de la producción son hoy la tierra y las instituciones. Son estas, finalmente, una fuente de ventajas competitivas trans-
versales. La calidad del estado de derecho, el imperio de la probidad y la transparencia en la gestión de los asuntos públicos y los niveles de confianza interpersonal y en las instituciones públicas y privadas son esenciales para el crecimiento económico. Los niveles de inversión, ahorro, innovación, control de la fuga de cerebros y paz social depen- den muy esencialmente de la fortaleza y la legitimidad de las institu- ciones públicas. La ética pública, por tanto, es una condición habilitan- te para el desarrollo económico. Ello incide en un doble sentido: 1. como factor de competitividad o «clima de negocios»
2. como fortaleza institucional que, en un escenario democrático, contribuye a un debate o discernimiento permanente acerca de los fines y prioridades de la acción pública, favoreciendo el res- cate de la rectoría de la ética para un orden económico social y ambientalmente sustentable.
La sofisticación de la métrica o medición de la calidad de las instituciones es un avance notable de los últimos años. Pero más lo es el consenso alcanzado acerca de su relevancia para al desarrollo económico. En 1997 el Banco Mundial, cuyas políticas previas pro- movían ajustes fiscales y políticas de privatización que no siempre reconocían el rol esencial de las instituciones públicas, elaboró su ya famoso informe «El Estado en un mundo en transformación» en el que, casi a modo de autocrítica, rescató el valor esencial de las ins- tituciones. El mismo Banco elaboró una metodología para medir la calidad de la gobernabilidad en los países del mundo1. Entre los 6
factores considerados se contempla el control de la corrupción, la rendición de cuentas de las autoridades y el estado de derecho. No debe sorprender que de los 20 países más competitivos del mundo, según el Foro Económico Mundial, 17 coincidan con los más trans- parentes del mundo, de acuerdo al Índice de Percepción de Corrup- ción elaborado por Transparencia Internacional. Se podrá discutir si, la competitividad es causa o efecto de la ética pública, y en que
proporciones, pero lo innegable es que resulta excepcional encon- trar países con buenos desempeños económicos en que la corrup- ción predomine. Por ello, el deterioro de la ética pública es el dete- rioro de la actividad económica.
La transparencia en la función pública, y también en las institu- ciones privadas, ofrece un potencial notable en la prevención de malas prácticas y en el estímulo de las mejores. Así como pocos se atreven a incurrir en irregularidades si su conducta se despliega ante los ojos escrutadores e intolerantes del público, la transparencia tam- bién estimula la eficiencia en el desempeño de las personas e institu- ciones. La consigna parece ser: «dado que estamos bajo observa- ción, mejor será verse bien». Las propiedades higiénicas y estimu- lantes de la transparencia se manifiestan virtuosamente en los cam- pos públicos y privados, y contribuye a la confianza en la democra- cia y los mercados. La ética profundamente democrática de la trans- parencia -en cuanto reconoce que son los ciudadanos los verdade- ros titulares de la información que les concierne- es, por lo mismo, un aporte ético clave para la economía.