por María Gabriela Tieser1
A los ya expuestos motivos para que el Poder Judicial esté en el banquillo de los acusados, yo sumaré un poquito más de nafta, digamos. Entonces voy a leer esto: “Las prostitutas representan en el mundo el papel de las sentinas en los barcos o de las cloacas en los palacios. Si se suprimiesen, sería tanta la hediondez que nadie la soportaría”. Es una cita del doctor Montezanti, exintegrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Ahora ya no está más, porque tuvo la gentileza de jubilarse. Utilizó esta frase para terminar revocando los procesamientos del intendente y del jefe de la Policía del pueblo de Lonquimay, de La Pampa, que eran cuanto menos, partícipes necesarios del delito de trata de personas en ese pueblo, de un prostíbulo que tenía tres mil millones de años y donde las mujeres, obviamente, estaban sometidas a todo tipo de vejámenes, incluido tener que ir a la municipalidad a que le den la constatación de que estaban “sanitas” para recibir a los hombres que quisieran pasar por ahí.
Yo integro el Ministerio Público Fiscal. Nosotros nos encargamos de perseguir ese tipo de delitos — incluido el delito de trata de personas—, un delito que tiene muchas aristas que lo tornan complejo. Si bien hay una ley que es bastante precisa, es bastante completa y permite tener englobadas la mayoría de las acciones típicas, la mayoría de las situaciones, fue modificada en el año 2012 y logró ser más precisa, dándole al sistema judicial una herramienta por demás importante para la persecución de este tipo de delitos. Hay cuestiones que siguen obviamente enquistadas dentro de la estructura del Poder Judicial que posee una matriz base machista, retrógrada, conservadora, y que impide muchas veces tener una mirada nueva y muchos avances que, por suerte, son impulsados desde el Ministerio Público Fiscal; en otro caso, desde los querellantes y, en una gran cantidad de casos, desde organizaciones sociales que empiezan a tener injerencia, muchas veces para no solamente instar los procesos penales y las persecuciones de ciertas cuestiones que joden a toda la sociedad, como es el caso de la trata o el caso del narcotráfico.
Nosotros tratamos de hacer nuestra parte. Pese a ellos hay un sinfín de cuestiones que dificultan la tarea investigativa y, por sobre todo, un abordaje serio de la problemática. Entre ellas este tipo de resoluciones, dictadas por jueces que ahora siguen ejerciendo. Montezanti no trabaja más, pero por ejemplo, en este momento tenemos a la jueza subrogante Filipuzzi, que terminó haciendo más o menos lo mismo, aunque en términos menos desagradables. Entonces terminó sosteniendo que una mujer o un grupo de mujeres que le piden al tratante que por favor les “dé trabajo” para comprar la
leche de sus hijos, no se encuentran en situación de vulnerabilidad, que están en condiciones de absoluta libertad para decidir de sus acciones y que, en ese caso, no hay trata de personas. Procura sacarse de encima la causa, porque aquí se evidencia claramente el posicionamiento ideológico de muchas y muchos en esta sociedad, en particular por el rol que ocupa la mujer en la misma. Pretenden no hacer el mínimo esfuerzo laboral y como pueden fundar sus decisiones en una amplia gama de argumentos, disponen de que haya facilitación de la prostitución y, de esa manera, declinan competencia a favor de la provincia, para que muera entre cientos y miles de expedientes.
Esto es lo primero que quería decir en términos de cómo arrancamos. Hacia dónde vamos es bastante más complejo, pero me parece que concretamente, es necesario que se den ciertos debates dentro del sistema judicial. Debates que tenemos que darnos para definir situaciones y acciones. Por ejemplo, hoy leía un texto de Amar, en el que se reclamaba el cese de la persecución estatal a los clientes de los prostíbulos, porque de esa manera se las estaría persiguiendo a ellas también, digamos. Entonces nos pusimos a discutir con compañeros en el trabajo a ver qué pensábamos respecto a esto. Nosotros creemos que los clientes tienen que ser citados, por lo menos como testigos. Y cuando no, tendrían que ser imputados directamente en la causa. Éste es un debate que tiene que darse dentro del sistema judicial. Lo pelearemos con el fiscal Cántaro hasta que él se jubile y yo tenga muchos años más. Pero creemos que tienen que ser parte del proceso como partícipes, testigos o coautores.
En este sentido, la ley de trata de personas (Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, Ley N° 26.364) ha avanzado muchísimo. Incluso ha precedido a la construcción comunitaria que hemos hecho entorno de lo que es la trata de personas. Fijó una gran cantidad de acciones típicas como el ofrecimiento, la captación, la recepción, el acogimiento de las mujeres con fines de explotación. Son varios los fines de explotación, en este caso hablamos de la explotación sexual. Para avanzar en ese tipo de investigaciones, la estructura del Ministerio Público, al igual que la de muchos organizamos estatales, tienen dificultades serias.
Tiene dificultades, en primer lugar, en torno a cómo llevar las investigaciones adelante y, por el otro, la necesaria y ausente asignación de fondos por parte del Estado. Nosotros hacemos un operativo en el cual se rescata, también entre comillas, a las víctimas y podemos conseguir —a lo sumo y haciendo un esfuerzo increíble— dos días para que tengan dónde parar, tratando de evitar que al lugar vaya el tratante e intente llevársela de los pelos; atención médica primaria gracias al Hospital Penna y listo, ahí se terminó. Luego hay que poner voluntad, eso es lo que dicen incluso hasta dentro de nuestro propio Ministerio Público, donde a falta de recursos se les ha transmitido a las compañeras que integran DOVIC: “seamos creativas”. En la actualidad, tenemos en Bahía Blanca a una compañera del Ministerio, que es la representante de DOVIC y está hace siete meses dando vueltas para ver si consigue documentación para el reconocimiento de identidad de una de las mujeres que no tenía documentación al momento que se la rescató; que además necesita trabajar y nadie puede resolver nada. Entonces, nosotros quedamos engrapados en el medio de un proceso en el cual intentamos hacer lo que tenemos que hacer, que es perseguir al que comete un delito, pero el resto del sistema estatal no funciona.
Nosotros formamos parte de un engranaje que debiera permitir que esas mujeres, tras esos procesos penales, puedan salir del circuito prostibulario y reencausar sus vidas de alguna manera, trabajar de lo que puedan y alimentarse, pero eso no acontece. Bueno, en esa situación seguimos estando,
pretendemos modificarlo pero es complicadísimo. A esto se le suma la falta de especialización de las fuerzas de seguridad, que no entienden, por ejemplo, cuando van a hacer un allanamiento qué es lo que tienen que secuestrar del lugar, qué es lo relevante y qué es lo que no, porque no están formados para eso.
Consideremos asimismo, la relación que existe entre las fuerzas de seguridad, más que nada las fuerzas de seguridad locales, con todos los tratantes locales, con los privados, con los prostíbulos. Donde la fuerza policial les garantiza, en muchos casos, la posibilidad de que los tratantes mantengan a las mujeres dentro de los privados, sometiéndolas a todo tipo de vulneraciones. Obviamente que los jefes de la policía deberían tener conocimiento de esto, porque si lo sabemos nosotros ellos también. Para variar no pasa nada, digamos. Otra situación que agrava la persecución del delito de trata de personas, insisto, una Ley que dispuso de modo muy certero cómo hacer todo el tema, es que la letra de la Ley (letra muerta) cuando no sirve para aplicar en la realidad en lo concreto. Hoy leía unas estadísticas hechas por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que es la Procuraduría a cargo de la investigación de trata de personas del Ministerio Público Fiscal. En efecto, desde el año 2014 hasta la actualidad, han incrementado muchísimo las investigaciones respecto de la trata y se han condenado a más de 100 personas por el delito de trata de personas. Esto conforme con los archivos que tienen hasta el 2015. Más de cien personas procesadas y más de 570 mujeres rescatadas. En efecto, la Ley va dando sus frutos y la persecución penal, la investigación con cierto grado de certeza, va dando sus frutos. Ahora, cuando en ese mismo informe una pasa a mirar las estadísticas en torno a las detenciones de policías involucrados en este tipo de delitos, hay uno cada quince causas, uno cada veinte causas ¿Por qué? Porque las investigaciones se van dando muy parcializadas. Incluso es una lógica propia del Poder Judicial parcializar, digamos, fragmentar la investigación. Entonces, una parte de la investigación queda en provincia, otra en la justicia federal y la causa federal se termina dividiendo en cinco causas. Por un lado, se investiga al funcionario público que no cumplió con sus funciones; por el otro lado, la facilitación a la prostitución del que le alquiló el lugar; por el otro lado, el tratante, y punto, ahí se termina. Entonces se genera una invisibilización, así se oculta la verdadera dimensión de la trata, donde no puede más que sostenerse que hay un entramado delictivo del cual forman parte funcionarios públicos, funcionarios policiales, fuerzas de seguridad y “los clientes”.
Concretamente, nosotros hemos iniciado este año varias investigaciones que tienen que ver con la persecución del delito de la trata de personas en esta ciudad. Las iniciamos con un teléfono que hemos creado para hacer denuncias anónimas. En principio va funcionando, pero tuvimos que garantizar esa posibilidad del anonimato para que la gente empezara a denunciar, de lo contrario era imposible. En una ciudad que se caracteriza por estar llena de prostíbulos, llena de lugares llamados privados ahora, donde se esclaviza a las mujeres, donde se trata a las mujeres, prácticamente no hubo causas en las que se investigara de un modo integral este tipo de delito complejo.
Otra de las dificultades que tenemos es la falta de respuesta concreta del Estado luego de la realización de los operativos y donde las mujeres terminan siendo doble o triplemente victimizadas digamos, revictimizadas, porque después terminan pasando estas circunstancias. Por ejemplo, en la causa en la que se investigó a Victor Iglesias; una persona profundamente vinculada a este delito, que ha tenido varios cabaret y prostíbulos en Ingeniero White, en cada cuadra hay un prostíbulo que le pertenece a él. A este sujeto era al que llamaban mujeres que habían sido tratadas, para
pedirle por favor que las dejara volver a al circuito para darle de comer a sus hijos. Esto es lo que vuelve a pasar, en tanto el Estado no acciona y/o reacciona.
Luego, tenemos dos cuestiones más que son muy importantes. Una tiene que ver con las declaraciones testimoniales de las víctimas y hoy, cuando estaban hablando acerca de las leyes, las lenguas, el idioma, pensaba en si esto cambiaría. La segunda cuestión es la referida al adoctrinamiento que realizan los tratantes sobre las víctimas. La mayoría de las mujeres, son mujeres que han pasado por no menos de seis o siete prostíbulos; en cada uno de esos prostíbulos han pasado años. Cada uno de sus tratantes se encargó de acribillarles su voluntad y sus deseos y por sobre todo, de someterlas, de modo tal que han perdido la voz. Y cuando vienen a declarar a la Fiscalía, sostienen que estaban en el lugar por su propia voluntad; que nunca hicieron “un pase”; que nunca recibieron un centavo ahí, porque solo la estaban pasando bien con un novio y punto. Eso coarta todo tipo de posibilidades de avanzar en las investigaciones. Entonces, tenemos una suma de complejidades para el avance de investigaciones, pese a lo cual seguimos trabajando en ese sentido.
Yo quisiera hacer una acotación más, que tiene que ver una cuestión que es la siguiente: el Poder Judicial tiene que hacerse cargo el sistema judicial entero, en el cual estamos incluidos nosotros también. De hacerse cargo, de debatir, de debatir todas estas cuestiones, entre ellas de cuáles son las herramientas con las que realmente cuenta el Estado para contener a estas mujeres que son sacadas de esos prostíbulos. Asimismo, tenemos que darnos el debate acerca de qué es la prostitución, de qué concepto, porque el Estado también tiene que discutir, si no quedamos en un limbo, en un limbo en el cual todos aprovechan a hacer vista gorda y a no resolver nada. Entonces, si lo vamos a considerar un “trabajo”, debemos transitar en ese sentido y resolver cuestiones desde esa perspectiva y, si no lo vamos a considerar un trabajo, tenemos que hacer transitar otro camino y tomar decisiones. Esa es una responsabilidad de todo el Estado, tanto a través de sus órganos administrativos, resolutivos, como el judicial. Invito a todos a que sigamos exigiendo, como dijeron las chicas, que sigan exigiendo el compromiso por parte del sistema judicial, el sistema judicial en general, de hacerse cargo, de repensarse, de reestructurar su mirada respecto a la trata de mujeres.