DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
VI LEGISLATURA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, INGENIERO RAYMUNDO COLLINS FLORES, ANTE EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE QUE INFORME SOBRE LA POSIBLE COMISIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN ESTE INSTITUTO, REFERIDOS EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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mil 500 viviendas que serían entregadas a las familias de escasos recursos que allí habitaban.
Sin embargo, una vez construidas las dos mil 500 viviendas, la inmobiliaria y constructora, entregó sólo mil 500 a los solicitantes de vivienda afiliados al INVI, pero se quedó con mil departamentos que estuvo vendiendo a precios que oscilaban entre un millón y un millón 200 mil pesos a mercado abierto, a precios inalcanzables para las clases populares y la mayor parte fueron entregados a trabajadores del Tribunal Superior de Justicia.
9. Que también se denunció el Fideicomiso que se estableció para la entrega de mil departamentos a Banca Mifel y CYD, Desarrollo Urbanos, S. A., empresa filial de URBI, mismo que fue utilizado como pretexto para desalojar a decenas de familias que residían en los terrenos expropiados bajo el pretexto de la construcción de los departamentos. Sin embargo tampoco se les entregaron los inmuebles, estos fueron entregados a otras personas que ni siquiera residían en esos terrenos y posteriormente para justificar esa irregular transacción, violando todas las reglas jurídicas y de operación y políticas de administración crediticia y financiera, el Instituto Nacional de la Vivienda firmó con Urbi y Banca Mifel un ilegal “Contrato de Fideicomiso Irrevocable” que le permitió entregar las viviendas subsidiadas a la iniciativa privada.
Con esa operación ilícita se afirmó que “el INVI generó un jugoso negocio al entregar mil de esos departamentos a la Inmobiliaria URBI asociada con Banca Mifel, como excedente, los que no terminaron siendo comercializados a mercado abierto a familias de nivel medio y medio alto, pues su costo se elevó por encima del millón de pesos”.
10. Que el pasado mayo del presente año3 el medio de comunicación La Jornada refirió, que,
el INVI, durante la administración encabezada por José Antonio Revah Lacouture, firmó
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, INGENIERO RAYMUNDO COLLINS FLORES, ANTE EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE QUE INFORME SOBRE LA POSIBLE COMISIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN ESTE INSTITUTO, REFERIDOS EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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con la empresa inmobiliaria URBI, que se declaró en “suspensión de pagos” ante la Bolsa Mexicana de Valores, un convenio de “alto riesgo”, fijando como garantía, al parecer, los predios expropiados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, poniendo de esta forma el INVI en peligro dichos predios al negociar con URB.
Razón por la cual las Organizaciones del Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática (MUP-CND) exigieron publicar y transparentar el contenido del convenio, y que las autoridades competentes intervinieran para ejercer una auditoria al INVI y que el Gobierno del Distrito Federal impida, por conducto de las instancias necesarias, que cualquier propiedad inmueble y predio desincorporado o expropiado en favor del INVI sea susceptible de embargo.
11. Que desde el pasado 5 de junio del presente año, diversos medios de comunicación han hecho puntuales denuncias de casos de corrupción y de quejas que han realizado constructoras, proyectistas y gestoras de vivienda donde señalan que el INVI les ha solicitado hasta 10 millones de pesos para permanecer en el Instituto como proveedores, además de un porcentaje entre 5 y 10 % del total de sus contratos, solicitud que evidentemente es contraria a la ley y que debe ser erradicada de todo ente de la Administración Pública del Distrito Federal.
12. Que todos los recursos que ejercen los entes públicos sea cual sea su naturaleza en el Distrito Federal deben tener como única finalidad las establecidas en sus ordenamientos jurídicos mismos que se establecieron desde su creación, y que de llevarse a cabo de forma distinta, todos los ciudadanos del Distrito Federal tienen el Derecho de que se rindan cuentas por parte de la autoridad y en caso de estar en el supuesto de un ilícito ser sancionados con forme a las leyes aplicables.
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el programa de Derechos Humanos del Distrito Federal es una herramienta
para el diseño, programación y presupuestación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Propone estrategias transversales para todos los órganos del Gobierno local, contenidos en 2412 líneas de acción agrupadas en 25 capítulos sobre derechos y grupos de población en tres núcleos problemáticos. El PDHDF contempla en su Capítulo 26 temas y derechos tan importantes para la materia de vivienda como el manifestado e el numeral 26.2, mismo que a la letra dice:
26.2 Derecho a una vivienda adecuada de las poblaciones callejeras
SEGUNDO.- Que es obligación de los Legisladores representar los intereses de la
ciudadanía y gestionar la solución de las necesidades colectivas ante las autoridades competentes; por lo que tenemos la obligación de garantizar la transparencia en el actuar de un Instituto de carácter social.
TERCERO.- Que la misión del Instituto de Vivienda del Distrito Federal es atender la
necesidad de vivienda de la población residente en el Distrito Federal, principalmente la de bajos recursos económicos (vulnerable y en situación de riesgo); a través de la otorgación de crédito de interés social para vivienda digna y sustentable. Su finalidad es contribuir a la realización del derecho humano básico que significa la vivienda.
CUARTO.- Que el propio Instituto hace referencia a los valores institucionales de
responsabilidad, honestidad y transparencia.
QUINTO.- Que la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos establece que
los servidores públicos observarán en el ejercicio de sus funciones los principios siguientes: SALVAGUARDAR LA LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA.
SEXTO.- Que en el Programa de General de Desarrollo para el Distrito Federal 2013- 2018,
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que, la meta es ampliar la cobertura de los programas de mejoramiento de vivienda incluyendo criterios de equidad de género, preferentemente dirigido a la población de bajos recursos económicos, en condiciones de vulnerabilidad y en situación de riesgo.
En virtud de lo anterior sometemos a consideración de la Diputación Permanente de esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la aprobación por urgente y obvia resolución de la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE
APRUEBA LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE