La acción ciudadana como garantía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, se vuelve inaplicable al no ser desarrollada tanto doctrinariamente como jurídicamente, manifestándose un escaso uso de la misma por parte de los ciudadanos a la hora de exigir el cumplimiento de sus derechos, en el presente trabajo de investigación específicamente se realiza un análisis, mediante la elaboración de un documento de análisis jurídico, en el que se consideren todos los puntos sustanciales para determinar la importancia de la acción ciudadana como mecanismo de protección de derechos. La acción ciudadana en nuestro ordenamiento jurídico.
El artículo 99 de la Constitución de la República de 2008 dispone, al referirse a la acción ciudadana, que: esta se ejercerá en forma individual o en representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de un derecho o a la amenaza de su afectación; será presentada ante autoridad competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción no impedirá las demás acciones garantizadas en la Constitución. Dentro de estas garantías se contempla la acción ciudadana como garantía para la protección de derechos, registrando un escaso uso de la misma y la imprecisa normativa que rodea a esta acción volviéndola inaplicable al no ser desarrollada en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana razón por la cual la sociedad no la ha utilizado en protección de sus derechos.
Cabe entonces que esta norma desarrolle esta garantía estableciendo, su objeto de protección, legitimados activos y pasivos, requisitos de admisibilidad, derechos a protegerse y el debido procedimiento que ha de darse a la norma, pues la falta de desarrollo normativo afecta directamente a que se propicie el pleno ejercicio de esta como mecanismo de protección de derechos de los ciudadanos.
Lo que se podría establecer que en los diversos niveles de gobierno poco o nada se ha hablado de la acción ciudadana para la defensa de derechos, la cual conforme al artículo 95 de la Constitución es una garantía cuyo objeto de protección son los derechos. La generalidad con la que se plantea a esta acción deja la duda en quién tiene la titularidad
también en forma preventiva, y si su objeto está orientado a todos los derechos sean o no constitucionales o si solamente se la podría plantear ante derechos de participación, lo que tampoco ha sido desarrollada por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Constitución, volviéndola casi nula en su ejercicio dentro de nuestro país.
Entonces podríamos decir que estos organismos al aplicar una normativa la cual no se encuentra plenamente desarrollada en la ley como es el caso de la acción ciudadana, y por lo que al existir un grave error de no establecer en la norma cuándo aplicar la acción ciudadana, el camino por el cuál debe conducirse, y la titularidad de quienes pueden ejercerla se está dejando que se cometan ciertas violaciones de fondo y forma, que podrían afectar directamente al goce y ejercicio de esta garantía en protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Falta de desarrollo normativo sobre la acción ciudadana
La falta de normas jurídicas claras, específicas que regulen de mejor manera la acción ciudadana, causa que se vulnere el derecho de participación ciudadana; por lo que ha quedado demostrado que la acción ciudadana no se encuentra debidamente delimitada como las demás garantías; esto conlleva la necesidad de nuevas perspectivas a nivel teórico y político, que consideren esos diversos ámbitos locales y nacionales, tanto en la transformación de las relaciones cotidianas como en la modificación de los sistemas de toma de decisión en los estados, esta es la perspectiva que se abre en este trabajo de investigación, buscando que por medio de esta y las demás acciones se proteja nuestros derechos establecidos en la Constitución.
Importancia de la acción ciudadana como mecanismo de protección de los derechos en nuestro ordenamiento jurídico.
Nuestro ordenamiento jurídico a fin de garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza y para garantizar la eficacia y supremacía constitucional, cuenta con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional la cual en su artículo 1 establece el objeto y finalidad de la ley, en su artículo 6 estipula la finalidad de las garantías jurisdiccionales que consiste en la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como también la reparación integral de los daños causados por su violación.
En cuanto al tema de investigación una de las innovaciones de la Constitución del 2008, como parte de las garantías constitucionales es el reconocimiento de las garantías jurisdiccionales contemplado en el artículo 86 de la Carta Magna, cuya finalidad u objetivo es la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y entre una de estas garantías tenemos la acción ciudadana como se establece en el artículo 99 de la misma, acción que procede cuando se haya producido la violación, amenaza o afectación de un derecho.
La Acción Ciudadana al ser el mecanismo que permite a todos los ciudadanos exigir el cumplimiento de sus derechos se convierte en un tema de transcendental importancia en nuestra sociedad porque constituye en un elemento fundamental para la democratización del país y para ampliar la capacidad de influencia de la ciudadanía sobre el proceso de toma de decisiones en todos los niveles de la gestión pública en donde la transparencia y la participación ciudadana se practican, dando sustento a la Democracia.
La preocupación central de una democracia auténtica consiste en garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan una posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas. Así, cuando nuestra Constitución establece desde su primer artículo que el Estado es un Estado Constitucional de derechos y de justicia, social, democrático y soberano está asumido el reto y el compromiso de promover la participación ciudadana en todos los espacios de la vida social.
3.5. Validación, aplicación y evaluación de los resultados de la aplicación de la