Tras la breve etapa democrática 1973-1976, el periodo iniciado con el Golpe de Estado de 1976 puede caracterizarse como el del inicio de un régimen neoliberal de acumulación, en el cual, de manera esquemática podemos reconocer la conformación de dos modelos de acumulación claramente diferenciables: el modelo liberal corporativo (1976-1983) y el modelo de convertibilidad (1989-2001), siendo que
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durante el periodo de gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) no se llegarían a conformar rasgos distintivos para la conformación de un modelo singular de acumulación.
El modelo liberal estaría caracterizado, siguiendo a Castellani (2009) por seis rasgos fundamentales que lo distingue del modelo precedente: a) la modificación en el eje de valorización del capital, que se desplazó desde el sector industrial hacia el financiero; b) el inusitado proceso de centralización del capital, que se manifestó en el crecimiento y diversificación de los grupos locales y conglomerados extranjeros; c) la transformación regresiva y heterogénea del aparato industrial, que implicó una importante reducción del producto sectorial y un aumento del grado de concentración de la producción; d) la consolidación de una estructura de distribución de los ingresos profundamente regresiva, e) la existencia de una crisis externa y fiscal sin precedentes, derivada, entre otras razones, del alto nivel de endeudamiento público, de la estatización de los pasivos privados y de un persistente proceso de “fuga” de activos líquidos; y f) la transferencia de cuantiosos recursos públicos al capital concentrado local. A pesar de estas profundas transformaciones inspiradas en las corrientes liberales y ortodoxas del pensamiento económico, con un fuerte impacto en la economía y sociedad argentina, las políticas desarrolladas durante este modelo resultarían en apariencia contradictorias, dando un perfil no estrictamente liberal a la intervención. Esto daría lugar a un alto grado de ambigüedad en las políticas implementadas, que incluyeron medidas orientadas a disminuir el peso del aparato estatal en la economía con otras que suponían una importante intervención económica, entre las que destacan: planes de obras públicas, promoción industrial, la ampliación del complejo militar-industrial, etc. Tal como señala la autora, esta aparente contradicción resultó ser completamente funcional a los intereses materiales y políticos de una fracción de la clase capitalista: la integrada por las grandes empresas nacionales y extranjeras estrechamente vinculadas al accionar estatal. La generación de ámbitos privilegiados de acumulación que fortalezcan la posición material de estas fracciones del capital asociadas directamente al Estado puede explicar, entonces, estas aparentes ambigüedades y ciertas continuidades con respecto al régimen de acumulación previo. (Castellani, 2009)
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Cabe destacar que el cambio en el patrón de acumulación se logró con un alto grado de intervención estatal aunque con una orientación diferente al período precedente, generando a través de un férreo disciplinamiento social (mediante mecanismos represivos ilegales) una significativa transferencia de ingresos en varias direcciones. En síntesis, a partir de lo expuesto por Castellani, encontramos que dichas transferencias se han producido: a) desde los trabajadores hacia los capitalistas, b) desde el sector público hacia el sector privado, c) desde el sector industrial hacia el agropecuario, d) desde los pequeños y medianos propietarios hacia los más grandes, e) desde los productores de bienes transables hacia los de bienes no transables; y finalmente, e) desde el Estado Nacional hacia los acreedores externos. Todas estas características han generado una reestructuración de las diversas fracciones del capital, resultando en un reposicionamiento privilegiado para los grupos económicos locales vinculados a las actividades estratégicamente favorecidas por el Estado.
Culminado el proceso dictatorial, el primer gobierno de la transición democrática, encarnado en el Dr. Alfonsín, debía enfrentar el desafío de recomponer la capacidad de gestión de un Estado que frente a las crecientes demandas, a la estructura socioeconómica fuertemente polarizada, la inflación creciente, y el poder de los grupos económicos locales de presión, aparecía como amenazado.
Luego de intentar sin éxito un plan de corte “nacional-desarrollista” (Plan Grinspun) Alfonsín modificó su estrategia lanzando un programa de ajuste heterodoxo, generando una relativa continuidad en cuanto al mantenimiento de los rasgos más perversos de la orientación económica estatal de la dictadura, que llevaron a la consolidación de un pequeño grupo de grandes firmas estrechamente vinculadas al accionar del Estado. Es decir que a pesar de los cambios en el régimen político y en el contexto internacional, durante esos años se mantuvieron y profundizaron los principales ámbitos privilegiados de acumulación generados en la etapa anterior y esto posibilitó la consolidación de una poderosa fracción empresaria en detrimento de los sectores populares.
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En el contexto socioeconómico y político brevemente expuesto, la planificación territorial pierde centralidad como proyecto global de alcance nacional y/o regional. Las referencias explícitas a la planificación del territorio pierden lugar en los discursos y documentos de la época y en el rol ejercido por el Estado. Sin embargo, las acciones y proyectos puntuales, las regulaciones sectoriales, las normas regulatorias de los ámbitos urbanos, e incluso las omisiones pueden considerarse como una forma de planificación del territorio tendiente a facilitar la realización en el espacio de los principios que caracterizan al modelo de acumulación liberal corporativo.
En este sentido, el periodo autoritario iniciado en 1976 cancela algunos interesantes debates y críticas sobre la planificación territorial que comenzaban a esbozarse en Argentina, dando lugar a una etapa en la cual la planificación del territorio a nivel nacional y regional pierde centralidad, mientras que la planificación territorial a nivel local se lleva adelante mediante instrumentos normativos desarrollados por gobiernos locales, con leyes (decretos) y códigos de ordenamiento en el marco de la planificación urbana.
Durante este período se sancionaron una serie de normas tendientes a reorganizar el territorio, sobre todo en Capital Federal y Buenos Aires. En 1976 se sancionó la ley de locaciones urbanas liberando al mercado de alquileres con claro perjuicio para los sectores populares. De la misma forma, la sanción de la ley 8912, de 1977, que regula el uso, subdivisión, ocupación y equipamiento del suelo en Buenos Aires, provocó un importante encarecimiento en el suelo urbano, dificultándole a la clase subalterna el acceso al mismo. Articulado con estas normas de neto corte elitista, se llevan a cabo las políticas de erradicación de villas de la Capital Federal, y se implementa en febrero de 1977 el código de planeamiento que contiene importantes instrumentos de regulación del sector privado y de inversiones por parte del sector público. Entre las inversiones más importantes que dicho código propone se encuentran las playas de estacionamiento y las autopistas, junto a un tratamiento especial para los clubes de campo. Es evidente que en su conjunto estas normas tienden a acrecentar la segregación socioterritorial y son claramente regresivas con respecto a los logros sustitutivos. Estas políticas de planificación del territorio constituyen instrumentos que han tenido, y aún mantienen, un fuerte impacto (restrictivo) en el acceso al suelo para
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la mayor parte de los sectores populares urbanos del país.
Durante la vigencia de este modelo, en coherencia con la perspectiva neoliberal asumida por el proyecto, se plantea el retiro del Estado como agente principal de la planificación del territorio, dando lugar a la preeminencia del mercado como mecanismo de asignación, a la desregulación y privatización de las ciudades, al cuestionamiento de la planificación como herramienta válida y a la priorización de proyectos autónomos como dispositivos para la transformación territorial (Reese, 2006). Al respecto Tobio (2010, p. 3) señala “el tránsito de un modelo a otro remite, de manera fundamental, a decisiones de orden político institucional que fueron decisorias para emprender el desmantelamiento de las perspectivas e instrumentos de planificación territorial”. Por lo tanto, señala el autor, en esta etapa cae en desuso cualquier instrumento de planificación territorial de escala nacional o regional.
Sin embargo, dicho retiro de la planificación por parte del Estado pasa a ser parcial en la medida que se mantienen y profundizan una serie de medidas sectoriales orientadas a proteger y fomentar determinados nichos y espacios regionales. En este contexto, los regímenes de promoción industrial46 espacialmente selectivos que se mantienen, reformulan y profundizan en esta etapa constituyen experiencias de planificación del territorio que aún desde una perspectiva cualitativamente distinta al desarrollo regional promovido durante el modelo desarrollista, resultan ilustrativas de la vigencia de la planificación del territorio en este período. En este sentido, dichos incentivos fiscales promueven y facilitan las extraordinarias vinculaciones de grupos empresarios locales con el Estado, en el marco de conformación de ámbitos privilegiados de acumulación, al tiempo que priorizan ámbitos espaciales en las cuales la fuerza de trabajo presenta escaso nivel de sindicalización y organización política.