Durante las últimas cuatro décadas (1960 - 2000), Colombia ha vivido en permanente conflicto político y social. Con el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán en 1948, se inició un gran conflicto de represión política por los gobiernos conservadores, que dio origen a las llamadas guerrillas liberales, las cuales tuvieron su expresión más fuerte en los Llanos Orientales. A mediados de la década de los años 60, surgieron las autodefensas campesinas como respuesta a la arremetida oficial que pretendía arrebatarles la tierra; de estas autodefensas derivarán las guerrillas comunistas (FARC, ELN, EPL) y, posteriormente, otras expresiones armadas de oposición al Estado, como el Movimiento 19 de Abril, M-19, el movimiento indigenista Quintín Lame, la Autodefensa Obrera, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, etc. El origen y desarrollo de todo este movimiento tuvieron su explicación en la opresión política, social y económica a la que el poder sometió a la sociedad más necesitada.
Paralelo a este proceso, el Estado colombiano incrementó políticas contrainsurgentes que afectaron, fundamentalmente, a los sectores populares y a las organizaciones cívicas y sociales.
Los dirigentes de partidos de oposición, los líderes sindicales, campesinos y estudiantiles y las expresiones democráticas fueron los más afectados; la cárcel se convirtió en un medio para neutralizar a los considerados "enemigos del Estado". Posteriormente, se implemento la guerra sucia como modelo de represión, mediante la aplicación de un terrorismo de Estado que se materializa en la práctica masiva de encarcelamientos, ejecuciones extrajudiciales, genocidios políticos, torturas, criminalización de la protesta sindical y popular, asesinatos, desplazamientos forzados de personas, desapariciones forzadas, etc.
A partir de 1988 se ha mantenido un promedio de 100 asesinatos diarios, de los cuales 10 son por motivaciones políticas; cada tercer día una persona es desaparecida de manera forzada, en su mayoría por agentes estatales. El número de desplazados supera los dos millones de personas, especialmente mujeres y niños; en los últimos 10 años se han ejecutado 20 mil dirigentes populares. Lo más preocupante, quizá, es que el índice de impunidad alcanza casi el 100% en los casos de violaciones a los derechos humanos. La negación de justicia es casi total.
La situación no ha mejorado en estos últimos años, a pesar de las promesas electorales y de los anuncios de los últimos presidentes. Hoy día, el actual, Pastrana, impulsa y adelanta conversaciones con las organizaciones insurgentes con el propósito de lograr la paz; sin embargo, sus políticas económicas y sociales resultan supremamente lesivas a la inmensa mayoría de colombianos, lo cual degenera en graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. El Estado colombiano tramitó con el gobierno de los Estados Unidos apoyo apara el denominado Plan Colombia, que, en sustancia, se diseñó para fortalecer el aparato militar, so pretexto de combatir al narcotráfico. La ejecución del famoso plan traerá consigo un escalamiento del conflicto armado interno, un incremento en las violaciones a los derechos humanos y una mayor exclusión social, dado que éste
apoya las políticas neoliberales. Su aplicación se calcula en diversas fases que llevarán tres o más años.
A pesar de los diálogos que se adelantan con la guerrilla, el panorama es desolador; los índices de pobreza y desempleo aumentan en forma alarmante, según cifras oficiales, el desempleo en relación con la población potencialmente activa está por encima del 20%; la escasa inversión social y el ajuste fiscal incrementarán la pauperización de la sociedad colombiana.
Conforme al informe de 1999, presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, el Estado colombiano no ha cumplido a cabalidad con las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Durante el gobierno Pastrana, la situación de derechos humanos se agravó de manera inquietante. Se tradujo en una profundización del conflicto interno, criminalización de la pobreza y la protesta social, recorte de las garantías constitucionales, incremento de asesinatos por razones políticas, masacres y genocidio contra la oposición.
A pesar de que -formalmente- Colombia es un Estado social de derecho, la realidad social y política indica que no es un Estado de derecho, y menos un Estado social de derecho. No es un Estado de derecho porque la Constitución política es violentada con mucha frecuencia por las máximas autoridades nacionales; porque no se permite la libre participación democrática y se acude al terrorismo para eliminar al opositor político, tal como ocurrió con los integrantes de la Unión Patriótica, UP, que fueron sometidos al genocidio; porque la división funcional del poder público en la realidad no existe, debido a la intromisión del poder ejecutivo en asuntos de competencia de las ramas legislativa y judicial; porque los órganos de control no funcionan o lo hacen muy precariamente, con lo que se pierde el "control del poder". Además, no es un Estado social de derecho, debido a que el Estado no impulsa políticas sociales, sino que, por el contrario, impone políticas económicas y políticas que benefician a las élites del poder, en perjuicio de los derechos fundamentales de las inmensas mayorías. Así las cosas, es imperioso trabajar arduamente por la construcción del Estado social de derecho que sigue siendo una aspiración y una necesidad de la sociedad colombiana.
Agudización del conflicto interno
A pesar de que desde finales de 1998 el gobierno del presidente Pastrana despejó cinco municipios al sur del país con el objetivo de adelantar conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de, Colombia, FARC, el conflicto armado está en un constante escalamiento, dado que, por un lado, las condiciones objetivas y subjetivas que lo originaron perviven y, por otro, las partes determinaron "negociar en medio de la guerra". Las FARC tienen en su poder medio millar de integrantes del Ejército y la Policía retenidos en combate. Esta organización guerrillera ha exigido el trámite de una ley permanente de canje para facilitar el intercambio de prisioneros, punto sobre el cual apenas se alcanzó un acuerdo humanitario para permitir la libertad de los prisioneros enfermos de las dos partes.
El conflicto armado sufre agravamiento por el avance del paramilitarismo en toda la geografía nacional. El paramilitarismo, a nuestro juicio (elaborado a partir de la comprobación que de ello hemos hecho en nuestro trabajo), es una estrategia contrainsurgente del Estado, mediante la cual se lleva a cabo la guerra sucia contra líderes sociales, populares, sindicales, defensores de derechos humanos y personalidades democráticas. El paramilitarismo está ligado al Estado, entre otras razones, porque éste no aplica acciones concretas para desmantelarlo y someter a la justicia a sus impulsores e integrantes.
En sus informes, la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas ha reconocido el vínculo entre el paramilitarismo y la fuerza pública y sectores gremiales de la producción. De la misma
manera, en forma reiterada, ha instado al gobierno a combatir efectivamente ese fenómeno, a lo cual el Estado ha respondido con promesas y evasivas, en tanto el aparato paramilitar sigue en ascenso. La justicia sin rostro
La justicia regional, conocida comúnmente como "justicia sin rostro", operó desde 1990 hasta junio de 1999. A través de la ley 504/99, teóricamente el congreso la derogó; no obstante, mantuvo la duplicidad de términos, la detención preventiva como medida general y no excepcional, subsistieron los fiscales y testigos sin rostro para ciertos delitos y con previa autorización del Fiscal General. En otras palabras, se mantuvo la esencia de la justicia sin rostro.
La ley 504/99 fue demandada por inconstitucional ante la Corte Constitucional. Esta alta corte decidió declarar contraria a la Constitución la existencia de los fiscales y testigos sin rostro, pero mantuvo vigente la duplicidad de términos y la medida de aseguramiento de detención preventiva como única posible para aplicar en la hoy llamada justicia especializada. En resumen, en Colombia aún existe una justicia paralela a la ordinaria.