Basic measurement premises

La literatura especializada sugiere diferentes hipótesis sobre la relación que existe entre el mercado y el poder político de chileno. Una de las más interesantes, científicas y aptas para aproximarse a esta investigación es la planteada por Rolando Álvarez en su documento Gran empresariado, poderes fácticos e imaginarios políticos. El caso de la transición democrática chilena (1990-2000).

El autor propone eliminar la concepción de poderes fácticos para analizar al empresariado chileno y las formas de establecer sus relaciones con el Estado chileno, planteando abiertamente que este grupo de la sociedad civil actúa, más bien como un partido político capaz de incorporarse al sistema de toma de decisiones políticas del país que como un poder fáctico.

198 Durante esta década esta nueva generación de empresarios-políticos desplegó el imaginario político cuya construcción se había iniciado durante el régimen militar. Esto significó poder intervenir en todas las materias públicas que les atañeran e incluso de las disputas internas de la oposición de derecha, tomando posiciones en cada uno de estos debates (Álvarez, 2011: 2)

Esta capacidad del empresariado chileno para mimetizarse y mezclarse con la clase política del país le permitió ingresar, participar, intervenir y exigir el retorno de la democracia al país durante la década de los ochenta. Este gran apoyo e impulso que recibió la clase política de la Concertación por parte del empresariado chileno traería consigo un costo muy alto de pagar, costo del que la Concertación también se benefició durante sus veinte años de gobierno, por lo que el costo en realidad lo pagó la sociedad chilena en general.

El empresariado chileno promovió y protegió la transición a la democracia de manera institucional y no a través de un quiebre, ya que requerían mantener la estabilidad política para conservar, así también, la económica y no perder sus inversiones. Esto se logró gracias al fuerte control que tienen de los medios de comunicación de masas y el financiamiento de las campañas electorales de ambos bloques en disputa. (Drake y Jaksic, 1999)

Decisiones tan trascendentales como el tipo de democracia que adoptaría Chile tras dejar a tras la dictadura, fueron las que adoptó el empresariado chileno, imprimiéndole el sello conservador, limitado y tendiente al procedimentalismo político que tanto caracteriza a esta clase. ―Este papel político a los grandes empresarios, por lo tanto el origen de su poder no era ni fáctico ni transitorio, sino que legitimado por el nuevo orden civil y permanente en el tiempo.‖ (Álvarez, 2011: 3)

Esto se ve, por ejemplo, durante el gobierno de Michelle Bachelet, cuando durante el año 2008 anuncia la incorporación de Juan Gabriel Valdés, ex representante de Chile ante la ONU y ex Canciller del Gobierno de Eduardo Frei, para liderar el quipo de trabajo que buscará re-impulsar la imagen de Chile en el exterior, el que afirma que la ―SNA [Sociedad Nacional de Agricultores, un fuerte grupo económico y aristócrata de Chile] ya ha jugado en rol muy importante [en la imagen país].‖ (Valdez, 2008)

199 Frente a esto, el presidente del sector, Luis Mayol, manifiesta abiertamente que, si bien es cierto, el Estado chileno ha sido importantísimo para que este sector crezca, es necesario que avance en la letra chica de los convenios internacionales. También se presiona abiertamente al Estado para que entregue recursos para financiar programas de erradicación de plagas, pero también solicitan abiertamente que se suspendan las ventas de dólares en el mercado local y se recurra al endeudamiento interno para financiar el déficit del fisco.

Esta confianza para decirle al Estado, y en particular al ejecutivo independientemente de la ideología política de éste, cómo dirigir temas financieros, fiscales e incluso laborales, se da de la cercanía que existe entre ambas institucionalidades, porque como lo manifiesta abierta y públicamente en la revista del sector, ambas partes deben trabajar ―como socios.‖ (Mayol, 2009)

Este sector tan importante dentro de la economía del país, no deja de manifestarse frente a dos temas relacionados con esta investigación: la violencia mapuche y la existencia de omisiones intencionadas del Estado para favorecer la instalación de las grandes forestales en la región de la Araucanía, gatillando así el conflicto entre agricultores y población mapuche.

El primer problema está relacionado con la baja en el precio de las tierras de los grandes agricultores, producto de lo que ellos denominan seguridad y violencia mapuche que afecta a la región de la Araucanía. En segundo lugar, como la instalación de las grandes forestales también ha implicado una gran pérdida de territorio cultivable, ha desplazado a la población y por supuesto ha supeditado los intereses de los agricultores a los de los forestales.

Frente al tema de la seguridad y de los hechos de violencia acaecidos, en la Revista el Campesino de Primavera/ Verano del año 2009 -voz oficial de los grandes agricultores- terratenientes y empresas forestales del país, donde se plantean abiertamente sus posturas e ideas políticas- se publicó un artículo especial sobre la situación, donde se entrevista a tres personas entendidas en el tema, que vale la pena mencionar. El primero de ellos es el académico José Bengoa, quien destaca, frente al tema de las tierras de los agricultores

200 reclamadas por los mapuche, que existen falencias técnicas y conceptuales graves por parte de la justicia chilena para el encausamiento del conflicto.

El derecho de propiedad inscrito obviamente es un derecho constituido y protegido en forma absoluta por la Constitución. Pero, al lado de eso se está construyendo un derecho, que es el indígena, el cual tiene elementos y tradición en la judicialidad chilena, tiene elementos importantísimos, referentes al derecho consuetudinario, es decir al derecho no escrito. Hoy a nivel internacional este derecho se ha desarrollado enormemente, como en el Convenio 169 de la OIT de la Organización Internacional del Trabajo y como es la Declaración Internacional de los Derechos Indígenas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el voto favorable de Chile.( Bengoa, 2009)

Con este aporte, José Bengoa, en cierta forma aliviana la carga de la situación al poder ejecutivo y pretende poner énfasis en la responsabilidad que también tiene el poder judicial en este tema. Al insinuar que su escasa experticia en ámbito del derecho consuetudinario ha generado grandes desencuentros en el reconocimiento de la propiedad de la población indígena. Por otra parte, también apela a la responsabilidad ética y moral de grandes hacendados que tienen en su posesión tierras que legalmente (comprobado a través de títulos de merced entregados a principios del siglo XX) pertenecen a la población mapuche. También en esta entrevista aparece un interesante análisis de la señora Mirtha Casas, miembro del proyecto Comunicación intercultural, participación indígena y mediación en las comunas del cono sur de Arauco y parte del equipo intercultural del programa Servicio Civil para la Paz, además de contar con más de veintiún años de experiencia en la temática indígena. La analista menciona algunos ejes de importancia para realización una comprensión más acabada de la situación de la región de la Araucanía.

El primero de ellos tiene relación con violencia mapuche, como un claro reflejo de una manifestación social de malestar, desencanto y mecanismos de canalización de demandas a través de una protesta legítima que ha permitido poner en agenda los temas de interés de la población indígena mapuche. La violencia como mecanismo de visibilización de la

201 demandas mapuche demuestra una clara incapacidad del gobierno, en términos políticos y técnicos, para dar una solución efectiva y conducente al conflicto.

Según la especialista, esta incapacidad estatal radica en dos problemas principalmente; en lo macro, a la desconfiguración ideológica, política y económica a nivel mundial potenciando las diferencias raciales; y en lo micro la inexistencia de un discurso común entre los dirigentes mapuche, lo que dificulta las negociaciones sistemáticas con las autoridades estatales. Frente al tema de los empresarios es enfática:

Los empresarios no consideraron ni política ni técnicamente la variable sociocultural ‗etnias‘ a tiempo. No captaron el contexto sociopolítico de manera integral. Además, no pocos dirigentes indígenas se restaron de participar en un proyecto por la paz, pues esperan que la cooperación internacional apoye abiertamente ‗su‘ causa, ‗su‘ lucha. ‗Las mayorías silenciosas‘- como les llamamos en la región- con su omisión fomentan veladamente que unos pocos agredan y violenten a conciudadanos. (Casas, 2009)

Ante la ineficiencia de los gobiernos, ya bastante precisada en este punto, se deduce el simple hecho de que, a pesar de que se han creado y realizado innumerables instancias para el dialogo y la negociaciones, se encuentra un punto fundamental: que el Estado chileno al no reconocer realmente al Pueblo Mapuche como tal y además como un actor político preponderante en este conflicto, hace caso omiso a las peticiones, planteamientos y demandas de éste, por lo que algunos grupos optan por la violencia.

Los gobiernos en los últimos años han estado equivocados en las políticas que han desarrollado para enfrentar las demandas de nuestro pueblo . Entre algunos, que son huincas (no mapuche), elaboran planes para implementar, pero no han tomado en cuenta nuestros requerimientos. Todo el dinero que se ha gastado en estos años se ha ido en asesorías y ha beneficiado a algunos que nos son mapuche. Hay comunidades que no han visto ni un peso, y estamos hablando de, por ejemplo el Programa Orígenes, financiado por el BID el año 2004. (Ñanculef, 2009)

El representante actual de los agricultores, por su parte, se remite a apelar al Estado de Derecho frente al tema de la violencia por parte de la población mapuche en la Región de la

202 Araucanía, y simplifica y reduce así, toda la disputa del problema de las tierras a la incapacidad del Estado (poder judicial y ejecutivo) para resolver el conflicto, absolviendo de cualquier responsabilidad ética y fáctica a los grandes terratenientes en el conflicto de la tenencia de tierras.

Don Luis Mayol, hace un llamado al gobierno a frenar la escalada violencia que se ha generado en la región de la Araucanía en contra de los grandes terratenientes, ya que esto ha tenido implicancias directas en el valor de las tierras de los hacendados, afectado la productividad de las tierras, las posibilidades de invertir de invertir en ellas o de acceder a créditos bancarios para iniciar las siembras producto de la inseguridad.

Desde el punto de vista productivo están en rubros tradicionales que hoy presentan dificultades y, sobre todo, viven en una situación de inseguridad. Todo esto implica que, para ellos, el acceso al financiamiento sea muy difícil. Dada la situación de inseguridad, sus garantías, que son las tierras, no son tomadas en cuenta por los bancos, o lo son por valores muy bajos. Como gremio, estamos preocupados de esta situación. (Mayol, 2009)

Sin embargo, no todos en el gremio visualizan única y exclusivamente al Estado por su mala gestión en temas de políticas públicas y en la práctica del derecho, o las mapuche por los actos de violencia frente al problema de las tierras en la región de la Araucanía, sino que también identifican a un tercer actor, que son las forestales. Manuel Riesco, dirigente agrícola de la Asociación de Agricultores de la Región de la Araucanía por más de quince años señala que:

Antiguamente los mapuche tenían fundos a los lados, agricultores a los lados, que les daban trabajo en un período del año, porque ellos también tienen trabajos propios en sus tierras, eso se acabo con la forestación y quedaron si pan ni pedazo: no tienen trabajo, no tienen escuelas, porque como se fue despoblando para meter árboles quedaron ahí abandonados y cada vez más pobres, más pobres, más pobres y menos culturizados. (Riesco, 2009)

203 Este tercer actor que parece inexistente en papeles, discursos, hechos, incluso a la hora de solicitárseles entrevistas y documentación65 es el más poderoso de todos los mencionados hasta ahora y sobre el que recae gran parte de la responsabilidad de que el conflicto haya llegado a esta situación, e incluso de que las situaciones de enemistad de los que antiguamente tenían una relación de vecindad y laboral se haya quebrantado, tiene directa relación con la aparición de este nuevo actor66.

El poder de este importante, pero bien camuflado actor se encarna en la familia Matte, una de las más adineradas del país y más influyentes en parte importante de la historia política desde principios de siglo XX. El conglomerado Matte ha sido protagonista y miembro activo de los cambios y continuidades del sistema político chileno. Miembros de esta familia han sido ministros de diferentes gobiernos y durante distintas décadas, destacándose su rol en la fuerte oposición que representaron al gobierno y políticas de Salvador Allende.

Desde antes, integrantes de la familia tuvieron cargos parlamentarios y ministeriales, apoyando a la oposición a Balmaceda en tiempos de la guerra civil de 1891. Más tarde Lis Matte fue ministro del general Ibáñez en 1930 y dirigente de la Sociedad de Fomento Fabril. Su sucesor, Arturo Matte Larraín, incluso fue candidato a la presidencia de la república en 1952 y al casarse con la hija del ex presidente Arturo Alessandri Palma, ancló su nombre en la familia. Esto explica que Jorge Alessandri Rodríguez fuera presidente de la ‗papelera‘ (Álvarez: 2011, 8).

La cabeza hoy de la familia Matte es Eliodoro Matte Larraín, ingeniero con un máster en la Universidad de Chicago. Ha procurado vincularse con el mundo intelectual académico y fue docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También presidente del

65 _{Forestal MINICO se negó en varias a ocasiones a responder preguntas, facilitar documentación o}

información referida a la relación de la institución con el gobierno de Michelle Bachelet. El hermetismo y dificultad para comunicarse con miembros de la empresa contrasta con la buena disposición de forestal Arauco y su equipo de relacionadores públicos de esta otra empresa forestal.

66

La primera referencia histórica sobre los grupos económicos con que uno se encuentra es la investigación realizada por el ex presidente Ricardo Lagos realizada en 1960 para obtener su título de abogado en la

Universidad de Chile con el título de ―La concentración del poder económico‖ y donde se identificaban once

grupos económicos que controlaban las finanzas, la agricultura y el comercio. Hoy en día la referencia obligada para estudiar estos temas es Ernesto Carmona con su libro ―Los dueños de Chile‖ (2003).

204 Centro de Estudios Públicos (CEP)67 y vicepresidente del consejo directivo de la Universidad Finis Terrae, además de financiar el Centro de Investigación Científica de Valdivia, uno de los más importantes, modernos e importantes del país.

Sin embargo, sus círculos de influencia también se encuentran en el ámbito político, ya que financia los centros más importantes de opinión política y pública de Chile, como es el Instituto Libertad y Desarrollo 68 y la Fundación Paz Ciudadana.69 Sus intereses no sólo están relacionados con lo económico, educacional y político, sino también con lo espiritual por lo cual es miembro activo de los Legionarios de Cristo. En el ámbito cultural y de entretención masiva, los Matte llegan a todos los hogares chilenos del consejo asesor de Canal 13 a cargo de Patricia Matte Larraín y del directorio de Televisión Nacional de Chile TVN con Bernardo Matte Larraín.

La familia Matte, dueña de la papelera de aquellos años, es la que se ha apoderado de gran parte de la región de la Araucanía bajo el nombre de Forestal Mininco, la misma que sólo hacia el 2001 tenía 346,045 hectáreas70 plantadas de bosque exótico. Ellos se autodefinen de la siguiente forma:

Comercializamos madera aserrada, rollizo aserrable y pulpable y semillas de calidad generando ventas anuales estimadas en 600 millones de dólares. Somos líderes en nuestro país, abastecemos a CMPC Celulosa y CMPC Papeles, áreas centrales en los negocios desarrollados por el holding CMPC. Operamos en Asia, Europa, Estados

67 _{Fundado en 1980, el Centro de Estudios Públicos, CEP, es una fundación privada, sin fines de lucro, de}

carácter académico y dedicada a los temas públicos. Su finalidad es el estudio y difusión de los valores, principios e instituciones que sirven de base a una sociedad libre. El CEP se propone cumplir funciones orientadoras de la opinión pública y de la toma de decisiones, a través de una adhesión explícita a las libertades personales, el derecho de propiedad como resguardo de las mismas, y la democracia como forma pacífica y estable de gobierno.

68 _{Como centro de investigación, Libertad y Desarrollo busca promover la libertad en los campos político,}

económico y social, proponiendo fórmulas concretas para el perfeccionamiento de un orden social libre a través del análisis, investigación y difusión de políticas públicas.Esta labor se canaliza en Programas, integrados por investigadores con sólida formación académica. Esto permite realizar diagnósticos y presentar propuestas concretas de políticas públicas.

69 _{Fundación Paz Ciudadana es una institución sin fines de lucro cuya misión es producir tecnología e}

innovación para el perfeccionamiento de las políticas públicas en materia de reducción del delito, sobre bases estrictamente técnicas, desideologizadas y apolíticas. Este trabajo se extiende a todas las áreas relevantes para la disminución de la delincuencia e incluye la prevención social y situacional, el sistema judicial y penitenciario, y la reinserción de los infractores.

70 _{Ficha sector madera Región de la Araucanía www.conaf.cl/bosques/seccion-conaf-araucania.html}

205 Unidos y Medio Oriente y contamos con 14 representantes en el exterior incluyendo Japón, China, Italia y Reino Unido.71

Sin embargo, este explosivo crecimiento y éxito no podría haberse dado sin el respaldo abierto del Estado para la instalación de esta empresa en la región de la Araucanía. Como asevera Manuel Riesco, todo fue posible porque ―el gobierno transó con los forestales que los forestales no se tocan y de ahí se trasladó el problema a los agricultores. Entonces si quieren convertir todo esto en pino‖ (Riesco, 2009). Esta afirmación es realmente relevante, ya que un actor tradicional del mercado nacional (agricultores), reconoce abiertamente que existe una predominancia de otro actor (forestales), al punto de que el Estado lo blinda a pesar de los costos sociales que esto implique.

Las empresas forestales plantaron lo que la ley chilena les permitió plantar, la ley fue mal hecha, fue mal pensada. Las sociedades no andan nada más que por economía, no estoy en contra del libre mercado, pero tampoco la ley de la selva que opera en Chile, por lo tanto si obviamente iban a plantar toda una región de árboles o no quieren que exista la agricultura y la hacen desaparecer, ¿Qué va a hacer de esa gente? ¿Se la van a llevar Santiago a trabajar al Ministerio de Obras Públicas? ¿A todos, no sólo a los mapuche, a los no mapuche también? ¿Se los van a llevar al Ministerio de Obras Públicas a trabajar haciendo veredas públicas? ¿Qué van a hacer? Entonces, las políticas hay que concebirlas un poquito más amplias que miradas desde el punto de vista economicista nada más, porque obviamente parte de este conflicto se generó por falta de oportunidades de trabajo para esa gente. (Riesco, 2009)

La situación expuesta por Manuel Riesco, nos permite entender que la relación existente entre las forestales y el Estado es más bien de dominación. La dominación de las forestales, en particular MININCO, por sobre el poder político, se puede entender a través