Benefits and costs of the changes

Si bien el concepto de seguridad está asociado al orden público interno y el de

defensa a la guarda de la soberanía territorial y a la seguridad del país en el orden externo, el enfoque que el gobierno de Álvaro Uribe le dio a su política pareció condensar los dos conceptos en un solo. De hecho, a expensas del Acuerdo Militar de 2009 con Estados Unidos buscaba obtener recursos para atender los dos frentes. Así, según sus cálculos, conseguiría potenciar la capacidad táctica para enfrentar a la guerrilla y al narcotráfico, al tiempo que dispondría de recursos estratégicos para ejercer un efecto militar disuasivo frente a países que él concebía como una amenaza.

Su intención de ‘rentar’ la protección de Estados Unidos a cambio de ofrecerle la opción de operar desde siete bases colombianas, no supuso, sin embargo, que el gasto militar quedase en segundo plano. El rezago estratégico de las Fuerzas Militares, sobre el cual ya advertimos en el primer capítulo, sumado al declive del Plan Colombia y la lectura oficial sobre las amenazas externas, hizo que gasto de la Fuerza Pública pasará de representar el 3.3% del PIB en el año 2007 al 3.7% finalizar el año 2008 y se proyectara a un porcentaje ligeramente superior de 201143. Para este último año los gastos en defensa y seguridad presupuestados eran de $21 billones, de un total de $147 billones apropiados para este último año por el Presupuesto General de la Nación.

Uno de los elementos que identifica el giro que se dio luego de la posesión de Juan Manuel Santos es el esfuerzo por deslindar de nuevo los conceptos de

seguridad y defensa, aunque sin desconocer su mutua interrelación. Uno de los

1. 43 La cifra está contenida en el documento de orden público titulado “Gasto en Defensa y Seguridad 1998-2011), disponible en www.mindefensa.gov.co/.../Mindefensa/.../ Gasto%20en%20defensa%20y%20Seguridad%201998-2011.pdf. Recuperado el 11 de junio de 2011 a las 14:04.

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primeras decisiones proyectadas en el seno del Consejo Nacional de Seguridad fue la de emprender un fortalecimiento progresivo de la industria militar colombiana para atender las necesidades de recuperación del orden público interno y de hacer un uso racional de los recursos para preservar la externa, potenciando en esta última el uso de la diplomacia como arma para el ejercicio del “poder suave”44.

En mayo de 2011, la viceministra de Planeación y Estrategia del Ministerio de Defensa, Yaneth Giha, presentó un balance según el cual de los $21 billones asignados a esa cartera, un total de $9 billones estaban destinados para gastos de personal y $3,52 billones se iban en transferencias; 17% eran gastos generales y el 7% restante estaban en inversión. En los últimos años, con los recursos que llegaron provenientes del impuesto al patrimonio, solo en hombres las Fuerzas Armadas crecieron el 30%, acompañado de un incremento en equipos e infraestructura. Pero el presupuesto no crecía en la misma proporción45.

En ese escenario, la potenciación de la industria militar nacional como eje una visión de generación de conocimiento para sustituir importaciones, cobijada por desarrollos de ciencia y tecnología. Empresas como la Industria Militar (Indumil), la Corporación Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval (Cotecmar) o la Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia (CIAC) avanzarían en el desarrollo de proyectos que las pondrían a la vanguardia en la región y podrían convertir al país en un hub de desarrollo.

44 _{El reconocimiento de esta proyección estratégica surgió de una conversación de consulta} sostenida por el autor de este trabajo de investigación con el alto consejero presidencial para la Seguridad, Sergio Jaramillo Caro, el 2 de junio de 2011.

45 _{Ver el artículo “La dama de los billones”, disponible en www.}

dinero.com/edicion.../dama-

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Indumil, por ejemplo, empezaría a fabricar visores nocturnos que permitirían ahorrar hasta 35% de su costo y Colombia abastecería a Latinoamérica. También seguiría haciendo uso intensivo de las transferencias de tecnología con antiguos proveedores para la producción de fusiles y municiones.

La insuficiencia de recursos para el sector defensa y seguridad se sumaba al comienzo del gobierno de Santos a un déficit presupuestal de $1,5 billones padecido por la administración de Justicia y a un rezago de $8 billones para la ejecución de programas de mejoramiento de la calidad de la educación, de acuerdo con un informes coincidentes del Departamento Nacional de Planeación y la Contaduría de General de la República durante un debate de control al gasto público realizado por la Comisión IV del Senado en abril de 201146. Otros factores concurrentes como el invierno que azotó al país durante el primer semestre de ese año y que ocasionó pérdidas por $3 billones, representados en pérdidas de bienes productivos y destrucción de infraestructura física, y la crisis del sistema de la Salud han empujaron al país a redefinir prioridades en el gasto.

Ante los costos que generaría el ejercicio de enfrentar amenazas externas mediante el aparato militar, el gobierno tendría entonces que generar estrategia para ejercer una suerte de “poder blando” a través de una diplomacia activa y de una proyección fuerte en escenarios de integración en los que el mensaje colombiano no ha encontrado hasta ahora el eco necesario. La atención de estos requerimientos se ve favorecida por el clima de distensión obtenido en los primeros meses de gestión por el presidente Santos, pero requerirá de la preparación de nuevas agendas geográficas y temáticas que le den a la política exterior una vocación de política de Estado.

46 _{Las cifras que aquí se citan sus recogidas del acta de la sesión, obtenida mediante el ejercicio} de una Derecho de Petición ante la secretaría de la corporación legislativa.

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