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Otro de los problemas que sobresalen frente a la Política de Seguridad Democrática, es el tema de las fumigaciones de los cultivos ilícitos. Como parte del Plan Colombia, el gobierno colombiano se ha embarcado en una campaña masiva de erradicación de cultivos ilícitos, donde se utiliza indiscriminadamente fumigación química aérea74. Dichas fumigaciones no solo destruyen los cultivos ilícitos sino también las cosechas legales, poniendo en riesgo además a los animales y la población. Aquí cabe resaltar que en muchas ocasiones, las personas que se desplazan a causa de dichas fumigaciones y por la carencia de medios para subsistir frente a ello, son consideras como emigrantes voluntarios, lo que vulnera sus derechos y los ubica en el listado de víctimas irreconocibles del conflicto colombiano.
En este mismo contexto, de personas desplazadas a causa de las fumigaciones, según CODHES, “entre 1999 y 2003 por ejemplo, fueron desarraigadas 200.000 personas (35.000 familias), como resultado de las operaciones antinarcóticos y de fumigación, ordenadas por el gobierno para privar a los grupos armados de su
73 MENCOLDES et al, Op. Cit., p. 3.
fuente principal de financiación”75. El hecho de considerar las personas que se desplazan por causa de estos programas como migrantes voluntarios, comentado en el párrafo anterior, no solamente está minando los derechos fundamentales de protección, sino que además ignora la presión que existe por parte de los grupos armados para que los campesinos cultiven la droga. Esta ausencia de un reconocimiento especial del problema, se convierte igualmente en una nueva causa de destierro, conflicto, miseria y profundiza los sentimientos de angustia y descontento de las comunidades desplazadas.
Según el informe presentado por el gobierno actual al Congreso de la República a finales del año 2006, por vía aérea, durante el cuatrienio 2002-2006, se asperjaron 564.296 hectáreas de coca con lo que se superó en 10,6% la meta cuatrienal programada, e igualmente, se erradicaron 9.573 hectáreas de amapola76. Sí bien es cierto, se cumplieron los objetivos del gobierno relacionados con la erradicación por aspersión, quedan muchas dudas sobre las consecuencias de corto y largo plazo, no sólo para las comunidades, sino además para el medio ambiente y las futuras cosechas en el país. No en vano se han realizado estudios a través de ONG e institutos que han demostrado que a futuro pueden existir efectos devastadores para el equilibrio medioambiental y la subsistencia de las especies y la flora. Un ejemplo claro de ello son los niveles de deforestación y la pérdida de calidad de las tierras que podrían condenar a las comunidades a nuevos desplazamientos.
Por otro lado, y en términos de erradicación manual de cultivos, también existen grandes contradicciones y problemas. Primero, la magnitud de los cultivos de coca supera en grandes proporciones los esfuerzos de erradicación por esta vía; hecho
75 CODHES, citado por NRC/IDMC. Colombia: respuesta gubernamental al problema de
desplazamiento interno criticada al agudizarse el conflicto, Op. Cit., p. 6.
76 Presidencia de la República y DNP. Informe del Presidente Álvaro Uribe Vélez ante el Congreso
de la República del 20 de julio de 2006, Op. Cit., p. 38.
que cuestiona la efectividad de los programas utilizados por el gobierno nacional hasta el momento. Segundo, los campesinos o personas involucradas en el proceso de erradicación manual, han sido blanco de ataques de los grupos armados y de las minas antipersonales descritas anteriormente. Aunque se ha contado con la presencia del Ejercito Nacional para la protección, sigue siendo cuestionable el riesgo que representa para los civiles su participación en esta tarea.
En erradicación manual, según el mismo informe, “con la creación del grupo móvil de erradicación en 2005, se eliminaron 39.215 hectáreas principalmente de parques nacionales naturales y zonas con ecosistemas ambientalmente estratégicos. Este resultado representa una avance de 98% de cumplimiento con respecto a la meta programada”. Cabría preguntarse sin embargo, en términos de costos sociales, vidas, accidentes y costos económicos, cuáles han sido los resultados de dicha política. Así por ejemplo, sí se retoma a manera de ejemplo el caso de la Serranía de la Macarena, donde el proceso de erradicación manual dejó 28 víctimas fatales entre erradicadores, policías y militares77, surgen cuestionamientos frente al tema de la protección.
Finalmente, el Programa de Substitución de Cultivos Ilícitos, no ha sido suficiente ni exitoso, teniendo en cuenta que no se trata solo de proponer nuevas alternativas para el cultivo, sino de crear las condiciones para su transporte y comercialización. De igual manera, ha habido inconsistencias en cuanto a la planeación de los proyectos, omitiendo en varias situaciones las características de la zona, el tipo de cosecha que puede lograrse así como los tiempos de las mismas, aspectos frente a la producción y comercialización y finalmente viabilidad para la venta de ciertos productos. Esto, sin mencionar que las limitaciones de los procesos de acompañamiento ponen en riesgo la sostenibilidad de los proyectos,
77 Organización de Estados Americanos –OEA-. (2006). Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas. Política de erradicación de cultivos ilícitos de Colombia. Disponible en:
y que el problema de la tierra, se convierte en obstáculos para el desarrollo de los mismos.