Según la Fundación Social, IFA y Auswartiges Amt e el documento Desaparición
forzada, política criminal y procesos restaurativos. Dilemas y desafíos de la verdad, la
justicia y la reparación en el contexto colombiano diferentes teóricos se han dado a la
tarea de diferenciar los niveles de reconciliación, entre ellos, se encuentran la
reconciliación interpersonal y la reconciliación nacional o política, planteando que una
reconciliación política no necesita de procesos de verdad y perdón ya que estos se
encuentran dentro de la esfera de lo moral:
La reconciliación política puede […] desentenderse de los retos morales y psicológicos que
enfrentan muchos de los individuos ofendidos, pues a diferencia de la noción religiosa o moral, la reconciliación política no requiere el perdón. Se trata más bien de un proceso de construcción de ciudadanía y de respeto mutuo que requiere una especie de pacto social basado en el reconocimiento de los unos y los otros como participantes en las deliberaciones y en la toma de decisiones democráticas. Un punto elemental de este pacto es el reconocimiento del diálogo como herramienta para asegurar la coexistencia pacífica, la cual permitirá la futura reconstrucción de los grupos salientes del conflicto (2006, p. 236- 237).
En cambio que la reconciliación interpersonal se fundamenta en los procesos de
verdad y restablecimiento de dignidad de las víctimas a través de diferentes acciones,
que permitirán el establecimiento de relaciones entre las víctimas y los victimarios:
La reconciliación interpersonal se refiere a la restauración o construcción de las relaciones entre individuos víctimas, victimarios y otros miembros de la comunidad; se trata de la
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restauración de las relaciones condigo mismo y con los otros. Este proceso puede implicar
[…] reconocimiento de responsabilidades, arrepentimiento, perdones, y acciones restaurativas (2006, p. 237).
El documento, retomando a Boraine en What price reconciliation, señala que los dos
niveles de reconciliación son complementarios, pues la reconciliación no sólo es
responsabilidad de las personas, sino de los gobiernos, quienes deben crear los
mecanismos, estrategias y acciones suficientes para que estos dos niveles se
articulen “… sería equivocado, de hecho peligroso, afirmar que la reconciliación y la
unidad no son responsabilidades del gobierno o de las estructuras políticas, y que
simplemente se logran mediante un comportamiento amable entre las personas en
actos y encuentros individuales” (2006, p. 237)
La reparación es un tema que cada vez gana más espacio en el terreno de la
reconciliación nacional, pues aunque está basada en el daño que ocurrió en el
pasado, también tiene en cuenta la construcción de un futuro mejor, a través del
reconocimiento de los hechos acaecidos y del derecho de las víctimas a recibir una
compensación por tales hechos, esa compensación no sólo material sino en muchos
casos simbólica como la construcción de memoria colectiva, que le da a la víctima una
esperanza: “… la pretensión de traer a la consciencia el más tenebroso de todos los
recuerdos es una pretensión esperanzadora. Pues significa despedirse
definitivamente de aquella idea pesimista de que todo se olvida” (Margalit, 2002, p.
67)
Se hace necesario entonces que los programas de reparación estén vinculados
políticamente desde el gobierno para que, teniendo en cuenta la necesidad específica
de cada población, se garanticen la distribución de los beneficios a todas las víctimas
que sufrieron daños a causa de la violencia y no se generen exclusiones negativas
que podrían intervenir de forma negativa durante los procesos de reconciliación “las
reparaciones no son sólo un tema técnico, sino también uno político” (Fundación
Social, IFA y Auswartiges Amt, 2006, 245).
La reparación es concebida desde el Estado y desde la sociedad como una necesidad
frente a una problemática específica. En su origen, como en el caso del Chocó, y
específicamente de Bojayá, se trata de una situación problemática social en la que se
hace necesaria una intervención estatal. Al respecto señala Roth que «es posible
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decir que una política pública existe siempre y cuando instituciones estatales asuman
total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o
necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de las cosas
percibido como problemático». (Roth, 2002, p. 27)
Pero para que se produzca la intervención es necesario definir una política,
particularmente entendida como definición d propósitos y programas de las
autoridades públicas. Es en este complejo punto donde se hace fundamental el
análisis y la investigación sobre las acciones políticas, o con una dimensión política
importante como en el caso de Kilele, tanto públicas como privadas, que permitan
definir criterios y lineamientos para el establecimiento de programas y propósitos de
política pública que estén enfocados hacia la solución efectiva de las problemáticas
sociales: «el análisis de las políticas públicas consiste en examinar una serie de
objetivos, de medios y de acciones definidos por el Estado para transformar parcial o
totalmente la sociedad así como sus resultados y efectos».
Kilele, por muchas de las razones anteriormente expuestas en el capítulo 3, se trata
de una acción política que resulta particularmente propicia para el análisis, en la
búsqueda de establecer programas y acciones de política pública que enfrenten una
realidad social y humana en la que el Estado asume una responsabilidad moral y
política que además está consagrada en los convenios y leyes que definen su razón
de ser.
Por otro lado, es claro para Roth (p. 19) que en la configuración de las reglas de juego
operantes, en efecto, en la definición de políticas públicas y las acciones del Estado,
intervienen actores sociales diversos, entre ellos, y en particular, sectores
representativos de la sociedad civil. Kilele es un caso particular de una acción, en
origen privada, que tiene consecuencias políticas públicas relevantes. Entender a los
realizadores como un actor político permite legitimar un análisis que indudablemente
es útil para la formulación de política de reparación a víctimas.
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Al mismo tiempo, el análisis de Kilele se convierte en elemento para la planificación
política, al revelar aspectos constitutivos de acciones concretas de reparación
11. Este
elemento de mirar hacia el pasado y el futuro, es clave en el proceso de planificación
para Matus (1989) entendida como “el cálculo que precede y preside la acción
haciéndose el eje central de la tarea de gobierno. Planificamos, dice, entre otras
razones, porque es necesario articular el presente con el futuro, porque es necesario
articular el conocimiento con la acción y porque es necesaria una coherencia global
de las acciones parciales de los actores sociales” (Ocampo, 2007, p.2).
Indudablemente, las decisiones y las acciones del Estado deben surgir de una mirada
crítica sobre sus mismas realizaciones, pero también sobre el contexto político y
social, y de las acciones que de allí derivan, para la adecuación de su accionar a los
problemas reales de la sociedad.
2. Aporte de los resultados obtenidos a una política de reparación
In document
A study of thyroid dysfunction and its associated risk factors among type 2 diabetes mellitus patients
(Page 99-115)